El gobierno bonaerense reconoció la responsabilidad en la masacre de Magdalena

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Fue en el marco de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo hizo a través del ministro de Justicia Julio Alak, quien se comprometió a encarar medidas en el sistema carcelario.

Por Redacción La Pulseada

NOTA RELACIONADALa Masacre de Magdalena a juicio

Pasaron más de 17 años para que el gobierno bonaerense se hiciera responsable por la muerte de los 33 internos y los 2 heridos que fueron víctimas del incendio que se desató en la cárcel de Magdalena en la noche del 15 de octubre de 2005. Fue el 9 de marzo último en el marco de la revisión del juicio que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El vocero de ese reconocimiento, considerado “único” e “histórico” por la organizaciones que representan a las víctimas, como el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, quien reconoció la responsabilidad en la tragedia y se comprometió a llevar adelante una serie de medidas que no vuelva ocurrir algo similar.

La causa por la denominada «Masacre en el penal de Magdalena», donde fallecieron 33 personas privadas de su libertad y solo fueron condenados tres integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), llegó a la CIDH para una revisión del caso. Fue allí que Alak dijo: “Este hecho lamentablemente ha decidido al Estado de la provincia de Buenos Aires a reconocer la responsabilidad por la violación de los derechos humanos de los fallecidos y heridos en el incendio”.

Como ya informó La Pulseada, el humo y el fuego lo invadieron todo en el pabellón 16 del penal de Magdalena entre la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de octubre de 2005, día en que se celebraba del Día de la Madre. Las deficiencias en la construcción de los módulos, la presencia de colchones inflamables y la conducta criminal de los guardiacárceles que no abrieron las puertas para facilitar el desalojo, constituyeron el cóctel explosivo que configuró la peor tragedia en la historia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En los estrados judiciales penales de la Provincia, solo fueron condenados el exdirector de la Unidad, Daniel Oscar Tejeda, el entonces jefe de guardia Raimundo Héctor Fernández y el oficial a cargo, Rubén Alejandro Montes de Oca. Más adelante Casación anuló la absolución María del Rosario Roma, en tanto que fueron absueltas otras 13 personas.

No hubo condenas por las responsabilidades políticas contra los funcionarios de aquel entonces y recién ahora el Estado reconoce esas culpas en función de la gravedad de lo que ocurrió: de los 58 internos, murieron 33 por la inhalación de gases tóxicos y quemaduras graves en sus cuerpos. Sólo 2 del total de detenidos tenían condena, el resto purgaba prisión preventiva a la espera del juicio.

LA DISCULPA

El siguiente es el fragmento completo en el que el ministro Alak reconoce, en duros términos, la responsabilidad del Estado bonaerense:

“El incendio en el año 2005 en el pabellón 16 del penal de Magdalena constituye una de las tragedias más grandes de la historia penitenciaria argentina. Dada la gravedad de esto decidí participar personalmente de esta audiencia. Desde el inicio de nuestra gestión, en diciembre del año 2019, llevamos adelante una agenda conjunta con la parte peticionante y otras organizaciones de derechos humanos para que tragedias de esta naturaleza no vuelvan a suceder en la provincia de Buenos Aires”.

“Quiero manifestar ante esta Comisión que este hecho lamentablemente ha decidido al Estado de la provincia de Buenos Aires a reconocer la responsabilidad por la violación de los derechos humanos de los fallecidos y heridos en el incendio”.

“Esta posición se sustenta en los pronunciamientos dictados por los tribunales penales, civiles y contenciosos administrativos de la provincia de Buenos Aires”.

“El reconocimiento comprende, en primer lugar, la violación del derecho a la vida y la integridad personal de los 33 detenidos que murieron a causa del incendio y de los dos detenidos que resultaron heridos. En su gran mayoría jóvenes menores de 30 años que cumplían prisiones preventivas”.

“Los pronunciamientos judiciales revelan que no se cumplió con el deber de prevención y el empleo de módulos de bajo costo como un intento de paliar el hacinamiento carcelario. Esos módulos no respetaban los estándares internacionales de alojamiento de personas detenidas. A su vez esos módulos tenían factores de riesgo, como la presencia de colchones inflamables o el hecho de que no se encontraba operativo el sistema de prevención contra incendio por distintas deficiencias en la construcción y supervisión de la obra”.

“Los agentes penitenciarios que fueron condenados por el cierre de los accesos y la omisión de llevar adelante mecanismos de rescate carecían de entrenamiento y capacitación para abordar situaciones de emergencias de esta envergadura”.

“En segundo lugar, la responsabilidad del Estado en cuanto a las garantías judiciales radica en la demora judicial constatada en la causa penal”.

“En definitiva, venimos a reconocer la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la CIDH en relación con el artículo 1.1 en perjuicio de las 33 personas fallecidas y las 2 personas heridas”.

Alak en la audiencia ante la CIDH

EL PLAN

En el segundo tramo de su presentación, el ministro remarcó la apertura de diálogo con las organizaciones peticionantes ante la CIDH, con medidas trabajadas en conjunto con las organizaciones. En ese marco se estableció la siguiente agenda de trabajo:

  • Evitar el alojamiento de personas detenidas en instalaciones que no cumplan con requisitos mínimos de seguridad habitacional y asegurar la existencia de mecanismos de lucha contra incendios.
  • Establecer pautas mínimas para investigación de muertes en contexto de encierro y la puesta en funcionamiento de estructuras especializados que aborden este tipo de casos.
  • Estabelcer un control interpoderes con intervención de organizaciones de la sociedad civil que monitoree la superpoblación carcelaria a partir del establecimiento de cupos con estándares internacionales.
  • Establecer criterios que homogenicen las reparaciones económicas realizadas respecto de las que están pendiente pendientes

LAS OBRAS

A partir del reconocimiento de este antecedente como “gravísimo”, durante la presentación Alak informó de las medidas estructurales que se tomaron.

Habló de un Plan de Transformación Penitenciaria, compuesto por sus dos programas:

Por un lado, el Programa de Infraestructura que está en ejecución y contempla la construcción de 8 nuevas unidades y 16 alcaidías.

Y por otro del programa de inclusión en contexto de encierro, que se compone de 5 ejes centrales: preservación del vínculo familiar; regularización documentaria, educación; trabajo y producción; y enlace territorial con municipios. “Todo ello con el objetivo de bajar la tasa de reincidencia”, explicó.

A continuación el tuit de la CIDH con el video completo de la audiencia. En el minuto 26´30 la participación del ministro de Justicia Julio Alak

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