17 penitenciarios comenzaron a ser juzgados en agosto por sus responsabilidades en la represión e incendio que terminó con la vida de 33 presos en octubre de 2005. La Pulseada conversó con los equipos de los tres organismos de derechos humanos que integrarán la querella durante el juicio que se estima durará hasta noviembre.
Por María Soledad Vampa
Esa noche los gritos se ahogaron en la densidad tóxica del humo negro que desprendieron los colchones. Año tras año -hasta contar 12- el polvo que juntan los expedientes en los recovecos de la burocracia judicial los siguió asfixiando.
La peor tragedia del sistema penal bonaerense dejó como saldo 33 muertos en la Unidad Penal Nº 28 de Magdalena, en octubre de 2005. Crónica de una tragedia anunciada, ignorada y con posibilidad de seguir repitiéndose hasta hoy.
Esa noche, en vísperas del día de la madre, se incendió un pabellón donde casi 60 personas mantenían una convivencia forzosa bajo custodia del Estado y a disposición de la Justicia. Más de la mitad murieron asfixiados o calcinados. Esa justicia que debía hacerse cargo de definir las condenas de los detenidos y garantizar sus derechos demoró más de una década en llevar a juicio sólo a los responsables inmediatos de esas muertes. Lo hizo presionada por varios organismos de derechos humanos, entre ellos los que ahora integrarán las querellas en el juicio contra 17 agentes penitenciarios por la tragedia conocida como la “masacre de Magdalena”.
Sofía Caravelos , del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ); Agustina Lloret y Mariano Lanziano , del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Margarita Jarque , de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), coordinan los equipos de abogados que representan a las familias de las víctimas como particular damnificado en el juicio que inicia el 15 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata.
“El paso del tiempo es una estrategia que protege a los responsables y en cierto sentido oculta la responsabilidad del Estado. Magdalena no es un hecho aislado, hubo muchos hechos, aún en el presente como el caso de la comisaría 1ª de Pergamino por traer el más cercano, pero hubo más, incluso previos. Y el paso del tiempo viene por un lado a garantizar impunidad y por otro a no revertir las condiciones de detención sino a consolidarlas”, dice Margarita Jarque en un diálogo de La Pulseada con los y las abogadas que participarán de la querella. “Que el juicio llegue 12 años después quizás también hace que se esfume el contexto del sistema penitenciario en ese momento. Había una situación de sobrepoblación del sistema carcelario, a propósito de una cantidad de leyes que no beneficiaban la prisión preventiva por fuera del sistema penitenciario, recordemos que la mayoría de los que estaban ahí no tenían condena”, explica Sofía Caravelos.
Al describir ese contexto todos coinciden en que esas condiciones nunca cambiaron estructuralmente y hoy se reeditan. El juicio llega en un año de elecciones cuando las campañas políticas se anclan en las recetas ya probadas y fallidas de la demagogia punitiva. “Ahora se repite esta cuestión discursiva y hasta la necesidad por parte del Estado de meter pibes en cana. Y nos lleva a la época de Magdalena en que se había dictado la emergencia del Servicio Penitenciario, se había prorrogado esa emergencia…”, repasa Agustina Lloret sin necesidad de completar la enumeración. “Todos los organismos acá presentes estamos denunciando una situación análoga a la de ese momento. No es que dejó de ocurrir en estos 12 años, pero ahora se agravan aún más las condiciones por un contexto general más represivo que da otro marco de violencia, y de utilización de la violencia por parte del Estado”, continúa Caravelos. “Y respecto de esta reedición y de la sobrepoblación creo que la nota más característica tiene que ver con que ya en cuatro ocasiones en los últimos meses el Ministerio de Justicia solicitó rehabilitar el pabellón clausurado, el 16”, cierra Mariano Lanziano.
Sin habilitación
El pabellón del incendio era uno de 4 módulos construido bajo la modalidad de estructuras de “bajo costo”. Se levantó con posterioridad al resto del penal, como un anexo. Estos espacios fueron ampliaciones edilicias que permitían aumentar la capacidad de las unidades sin el costo de los servicios adicionales que corresponden a un lugar donde se alojarán personas (como cocinas, talleres, etc.). Los licitaron y construyeron durante la gestión de Felipe Solá como gobernador, en la que Fernando Díaz (ver recuadro) estaba como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En Magdalena los módulos generaron 240 plazas nuevas con un gasto diez veces menor al que implicaría el resto de las obras, según datos que el mismo Ministerio de Justicia le informó a la Corte Suprema. Y se habilitaron sin que tuvieran siquiera el final de obra.
Hasta hoy esa construcción sigue en funcionamiento, con modificaciones mínimas. Cada pabellón consiste en una suerte de galpón de hormigón. El 16, donde se generó el incendio, estaba dividido por algunas columnas que separaban el sector de las camas del sector de comedor. Tenía 60 camastros distribuidos en cuchetas amuradas al piso, el espacio con el que contaban por detenido en mts2 era menor a la mitad del indicado por estándares internacionales y sólo había tres baños para todas esas personas.
“El hecho de que se llamen de bajo costo describe ya la energía que el Estado tenía pensada poner en eso y describe también toda una cuestión de asignación presupuestaria. La ‘emergencia’ penitenciaria y su prórroga se fundamentaban en la necesidad de responder a un clamor social que pide solución a las cuestiones de inseguridad, y la resolución de crear estos módulos, de habilitarlos y de meter gente adentro tiene que ver con que no se sabe qué hacer con la cantidad de pibes que llegan a las unidades penales. Por eso hacen esto sin los requerimientos más básicos, como tener habilitada la red de incendios”, subraya Lloret.
Sin auxilio
Motín, revuelta, pelea, conflicto, reclamo son las primeras palabras que atraviesan los muros permeadas por las fuentes penitenciarias cada vez que sucede algo en una cárcel. Magdalena no fue la excepción. “La primera versión que aparece fue que se trató de un conflicto entre internos y eso desencadenó un hecho que ellos mismos produjeron, de alguna manera adjudicaron la responsabilidad de la masacre a los propios detenidos”, recuerda Caravelos. Pero los organismos enseguida sospecharon y sostuvieron una vez más que “en cualquier muerte en el ámbito penitenciario hay una responsabilidad del Estado”. Había que desarmar los rumores y hacer visible la versión que ocultaban. “Con los testimoniales quedó claro que efectivamente hubo un conflicto dentro del pabellón, pero que lo que había sucedido era una intervención represiva del servicio penitenciario que generó una actitud defensiva de los que estaban adentro en condiciones inhumanas. Y en esa defensiva se inició un incendio que los penitenciarios no combatieron. Lo que hicieron fue retroceder y cerrar la puerta dejando a más de la mitad de los detenidos atrapados adentro con el fuego”, cuenta Jarque. “Lo que sucedió fue público y notorio, hubo cantidad de testigos, se pudieron hacer pericias, etc. Las dificultades en la causa no tienen que ver con que sea un hecho de difícil reconstrucción sino más bien con obstáculos políticos y estructurales del sistema de justicia”, agrega Caravelos.
En esa reconstrucción de los hechos las querellas se encontraron con que “los que salieron fue porque parte de la actividad represiva en un pabellón colectivo tiene que ver con sacar a parte de las personas que están allí dentro. En el momento en que se genera el foco ígneo los penitenciarios se ven afectados por el humo y no pueden seguir reprimiendo, retroceden y cierran. Esto hace que los detenidos, que se habían refugiado en el fondo del pabellón, para huir vayan hacia la puerta principal. Y esto también fue un gran problema porque el foco ígneo se había generado en el medio, entonces quedaron atrapados entre esa reja, por donde salen los penitenciarios, y el fuego. Varios minutos después se abrió la puerta del fondo pero ya no tenían manera de pasar”, explica Lanziano.
Tras el fuego sólo salieron con vida tres personas. Uno falleció pocos días después, los que sobrevivieron lo hicieron gracias a las tareas de rescate que iniciaron los internos de los pabellones vecinos en soledad y bajo una lluvia de balas. Los funcionarios del servicio penitenciario omitieron asistir a las personas encerradas y buscaron impedir las maniobras de los detenidos que pretendían hacerlo. “El servicio mantuvo dos líneas de actuación –resume Lloret- la primera fue reprimir y la segunda ‘garantizar la seguridad’: en ese contexto se montó todo un operativo con refuerzos, un cordón de penitenciarios con escopetas para que nadie se fugue tirando desde el muro a los pibes que intentaban el rescate”.
Los presos se encontraron con mangueras sin presión y matafuegos que no funcionaban. Sólo les sirvieron para hacer boquetes en las paredes. Desesperados, armaron un pasamanos con tachitos de agua desde el baño del pabellón 17, se pusieron mantas mojadas en la cara para poder ingresar, se arrastraron así por el piso para llegar hasta sus compañeros. A casi todos los sacaron muertos.
“Y la versión que intentan instalar a lo largo de toda la causa, así como le echan la culpa a los pibes por haberse peleado, es la versión del motín, de la fuga, de que se querían escapar”, dice con indignación la abogada del CELS. “Se pone a la víctima como culpable o responsable de los hechos, esta es una matriz que se repite en todos los casos y más que si hubo o no hubo pelea entre internos lo que hay que analizar es qué es lo que produce el hacinamiento en esas condiciones. Esos son los debates siempre pendientes”, analiza Jarque.
Detrás del humo
Sobre las cenizas vinieron los traslados. “Así como en la lógica carcelaria el incendio es una forma de protesta, de manifestación en oposición a lo que está sucediendo, que en este caso fue una represión, una de las herramientas que usa el servicio como forma de castigo es el traslado, en este caso hacia quienes habían sido testigos de los hechos y podían dar cuenta de una versión diferente que en el primer momento estaba distorsionada”, explica Caravelos. Para evitar esa dispersión después de la masacre la Comisión por la Memoria presentó un habeas corpus porque se sabía que esa era la forma de intervenir del SPB para afectar a los testigos. La sentencia del juez Guillermo Atencio fue favorable, pero no se cumplió y los detenidos de los 3 pabellones afectados por el incendio terminaron distribuidos en 25 unidades penales diferentes de toda la provincia.
La causa se elevó a juicio después de dos años de investigación. En esa instancia 15 de los 17 imputados fueron sobreseídos por la Cámara Penal de La Plata. Fue gracias a la presencia y seguimiento de los organismos de Derechos Humanos que la situación pudo revertirse. “Sólo los particulares damnificados recurrimos esa decisión, el Ministerio Público se desentendió, lo cual es gravísimo en términos institucionales: si no estábamos nosotros iba a permitir que la causa terminara en esos términos, sin un debate oral. Y ese recurso fue lo que el sistema nos hizo pagar con toda esta demora de tiempo, o sea nos cobró con 5 años más: las notificaciones iban y venían, que interponíamos pronto despacho, que se radicaba en un juzgado, después en otro …”, repasa Caravelos.
Hoy, de cara al juicio, al repasar los acusados todos coinciden: siguen faltando responsabilidades. “Hay una selección algo… antojadiza en el Ministerio Público en la investigación que tiene que ver con limitarse a los que intervienen en el operativo de represión y los que hay constancia de que estuvieron en las inmediaciones del pabellón, que tuvieron acceso a la posibilidad de ejercer tareas de rescate y no lo hicieron. Ése sería como el primer grupo, los primeros 15 acusados de abandono de persona. Y después está el caso de los dos directivos: Daniel Oscar Tejeda , el director de la unidad, que se lo imputa por conocer las circunstancias irregulares en las que estaba el pabellón y el sistema de combate contra incendios, y decidir mantener alojadas personas en esas condiciones; y Cristian Alberto Núñez por tener entre sus responsabilidades la verificación del sistema de incendios y de los matafuegos y decir que estaba todo bien. Ellos dos están por homicidio culposo, los primeros 15 por abandono de persona seguido de muerte”.
Según Jarque la figura de abandono de persona con la que se va a iniciar el juicio es la “de mínima”. “Los funcionarios cerraron con llave para dejarlos a su suerte, entonces hay incumplimiento del mínimo protocolo que deben seguir quienes ejercen la función de custodia y de preservación de la vida. Porque las personas en prisión preventiva o con una condena están bajo cuidado del Estado, se supone que con una perspectiva de reinserción, y sin embargo no son los únicos que han encontrado la muerte en el encierro, la muerte violenta y por el abandono y la desidia del Estado”.
“El sistema judicial en la investigación intenta circunscribir los hechos y limitarlos a reproches individuales, y lo que terminamos debatiendo son las conductas particulares de determinado personal del servicio penitenciario, que son absolutamente reprochables, pero justamente la trampa es que no se logran pensar esas otras responsabilidades en contexto. Y la posibilidad de identificar problemas estructurales es lo que da la posibilidad de pensar en términos de políticas públicas de seguridad”, analiza Caravelos.
Los abogados evalúan que si bien falta llegar a las responsabilidades políticas éste “es un juicio enorme”. El proceso que inicia a mediados de agosto proyecta llevar casi 500 testigos frente al estrado (ver ficha técnica del juicio ). “Inevitablemente se transforman en juicios grandes porque son grandes problemas, el episodio es grandísimo y es representativo de un problema que es monstruoso”, dice Lloret .
“Una memoria a habitar”
En el pabellón 16, ése en el que el Ministerio de Seguridad quiere volver a alojar detenidos, casi 12 años después todavía quedan restos del espanto: zapatillas carbonizadas, el tizne negro que cubre paredes y rejas, plásticos retorcidos, restos de frazadas chamuscadas. “Es un lugar del horror realmente y no correspondería volver a habilitarlo para tener personas detenidas. Sí tal vez como un lugar de memoria dentro del propio pabellón … ahí uno se pregunta muchas cosas porque ¿quién lo va a gestionar? ¿el propio servicio penitenciario? ¿qué va a ser de eso? … pero alguna marca debería quedar de lo que pasó y de ese daño que produjo el propio Estado”, considera Jarque
El proceso judicial se inscribe así en una tarea aún más grande y que está vinculada a poder sacar más allá de los muros la reconstrucción de la memoria de esta tragedia. “Por eso es tan importante el resultado de este juicio, de que la justicia tome conciencia de lo que tiene en manos y que pueda haber un resultado ejemplar para tratar de modificar esta rueda que venimos mencionando y que es que cada 3 o 4 años tenemos picos extremos de sobrepoblación, que la tasa de encarcelamiento viene en aumento desde hace 10 años y nunca baja”, dice Lanziano.
Dentro de la cárcel el recuerdo de la Masacre de Magdalena es una marca que conoce cada detenido de la Provincia, porque saben que las condiciones en que viven siguen siendo combustible para cualquier desgracia. Incluso hace algunos años durante una huelga de hambre por mejores condiciones de detención se propuso considerar el 15 de octubre como el día de las personas privadas de libertad. La solicitud no prosperó a pesar de que los familiares de las víctimas la apoyaron.
Son esas familias las que siguen intentando llevar sus gritos ante la justicia. “A nuestro interés político ellos le pueden dar un nombre, un rostro a cada uno de esos muertos: uno es un papá, otro es un hermano, un compañero, otro es un pibe que andaba con quilombos pero tenía atrás este relato de vida. Ellos son los que pueden dar cuenta de que no hablamos de un otro sino de parte de nosotros mismos y eso es lo que puede hacer que uno se apropie de esa memoria y no que la viva como algo que está fuera de mí. Bueno, no, esto es parte nuestra, los pibes estos son nuestros”, afirma Caravelos. “Siempre es así la memoria, siempre se está completando, siempre en movimiento … es un lugar para habitar y tal vez pasado el juicio podamos pensar más en eso”, reflexiona Jarque.
Ficha técnica del juicio
Carátula : “Fernández R, y otros s/ abandono de personas seguido de muerte” y “Tejeda, D. y otros s/ homicidio culposo”, causas Nro. 2608/1940 y acumuladas 2787/0972 y 47172.
La causa está compuesta por 25 cuerpos de expediente + 5 anexos periciales + 7 expedientes de sumario administrativo.
Fecha de inicio: 15 de agosto de 2017
Cantidad de audiencias estimadas: 48
Finalización estimada: noviembre de 2017
Jueces: Tribunal Oral en lo Criminal nº 5 de La Plata integrado por Isabel Martiarena, Carmen Palacios Arias y Ezequiel Medrano.
Querellas :
– El equipo del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) representa a dos familias: los 5 hermanos de Abel Pereyra y la pareja y las dos hijas de Juan Ariel Campos
– El equipo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) representa a Rufina Brau, la mamá de Cesar Javier Magallanes
– El equipo de la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) representa a las esposas de los hermanos Granados Baldovino (Analia Ortigoza y Carolina Delgado) y a sus hijos, ellos estaban hacía apenas 10 días en el penal.
Fiscalía Unidad Fiscal de Juicio 6 de La Plata, a cargo de Florencia Budiño con asistencia de Jorge Paolini.
Los imputados: 17 llegan al juicio en libertad
2 por homicidio culposo agravado: Daniel Oscar Tejeda y Cristian Alberto R. Núñez
15 por Abandono de persona seguido de muerte : Reimundo Héctor Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Busto, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villarreal, Mauricio Alejandro Giannobile, Maximiliano Morcella, Gonzalo Pérez
Testigos: serán cerca de 500
Alrededor de 200 detenidos : 39 siguen privados de libertad, y al menos 10 fallecieron antes de llegar al juicio
Aproximadamente 150 funcionarios penitenciarios
Peritos : 20 aproximadamente
Bomberos: 25 aproximadamente
Las 33 víctimas fatales
César Javier Magallanes Verón, Ariel Cayetano Daniel Mola Silva, Eduardo Ignacio Díaz, Jorge Javier Martín Vera Melgarejo, Pablo Ezequiel Farías Carabajal, Diego Martín del Valle González, Víctor Enrique Franco Rojas, Néstor Javier López Demuth, Cristian Leonardo Rey González, Omar Abel Pereyra Allión, Rubén Gerardo Merlo Sagués, Jorge Omar Mendoza Abdala, Rubén Darío Ayala Freijo, Agustín Sebastián Ávila Portillo, Abraham Eber Mosqueda Lecler, Roberto Alejandro Cohelo Fernández, Juan Ariel Campos Barretto, Marcos Elio Granados Baldovino, Lucas Hernán Granados Baldovino, Luis Pablo Medrano Rocha, Cristian Adrián Articaglia Cejas, Juan Carlos Tubio Sagratella, Darío Bernabé Puccio Camaño, Lucas Daniel Vallejos, José Ángel Gamarra Mujica, Eduardo Guillermo Maglioni Farías, David Ángel Perosa González, Andrés Gonzalo Gorris Martínez, Cristian Julio Javier Cáceres Fernández, Luis Alberto Torres Pacheco, Ariel Gustavo Cuevas Martínez, Nicolás Augusto Ferreyra Rodríguez y Carlos Alberto Olivera Torres.
Sobrevivientes : Juan Domingo Blanco Recalde y Ángel Eduardo Quintana Ramírez fueron los dos únicos que pudieron salir vivos. Resultaron con lesiones en sus cuerpos.
El pabellón
El Pabellón 16 es parte de un edificio compacto de hormigón construido bajo la modalidad “módulos de bajo costo”.
Superficie del módulo: 20 x 30 = a 600 mts2 divididos en 2 pabellones
Capacidad de cada pabellón según el SPB: 60 camastros
Servicios del pabellón: 3 letrinas, 3 duchas, 1 sector de cocina, sala de control (matera)
Metros cuadrados por persona en el pabellón: 4 mts2
Metros cuadrados necesarios por persona detenida según estándares internacionales: 10,66 mts2
Población: era un pabellón de “conducta ejemplar”
La mayoría eran jóvenes menores de 26 años y no habían llegado a juicio
Sólo dos personas habían sido condenadas, y una de las condenas había sido recurrida.
El modulo incendiado no contaba con el final de obra ¿por qué?
- no poseía disyuntores
- ni cable a tierra
- no tenía prueba hidráulica de desagüe
- ni prueba de hermeticidad en la línea de gas
- ni agua potable
- y no tenía aprobada la red de incendios
- La puerta de emergencia al final de pabellón estaba con candado y nunca se había utilizado
Un tal Díaz
Hace relativamente poco el nombre de Fernando Díaz , volvió a sonar (¿o nunca dejó de hacerlo?) entre las esferas más altas del poder penitenciario. El hombre que era titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) durante la Masacre de Magdalena y continuó hasta 2009 durante la gobernación de Daniel Scioli fue el que eligió María Eugenia Vidal cuando le dio salida a Florencia Piermarini tras la escandalosa fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci a fines de 2015.
Militares, presos políticos y presos comunes
El complejo penitenciario de Magdalena se ubica en el Km 111 de la Ruta provincial 11 y cuenta con cuatro unidades penales: la Unidad 28, catalogada como de “máxima seguridad”; la 35 de régimen cerrado; la 51 de mujeres, y la 36 de régimen “semiabierto” que implica que en lugar de muro está rodeada por un alambrado.
El predio fue creado en 1953 como Instituto de las Fuerzas Armadas y recién se convirtió en una cárcel para presos comunes en 1997 durante la presidencia de Carlos Menem , quien había estado allí alojado con otros dirigentes peronistas como Lorenzo Miguel por 1978. Con el retorno de la democracia también pasaron por el complejo militares como Videla , Massera , Rico y Seineldín .
