El juicio conocido como Brigadas comenzó en octubre del 2020 y es el proceso por delitos durante la dictadura más grande de la región. Este 26 de marzo llegó a su fin con 10 penas a perpetua, una a 25 años y una absolución. El Tribunal declaró los hechos investigados como delitos de lesa humanidad, fueron más de 600 casos que incluye a los conocidos como la Noche de los Lápices, desapariciones e incluso abortos forzosos.
Texto: Pablo Spinelli y María Soledad Vampa
Fotos: Gabriela Hernández
A menos de una semana de la emocionante concentración del 24 de Marzo en Plaza de Mayo y en medio de la andanada negacionista que emerge del gobierno nacional y amenaza con derramarse para reabrir debates que parecían saldados en torno a los conceptos de memoria, verdad y justicia, La Plata fue escenario de la conclusión de un largo proceso judicial que terminó con 10 condenas a perpetua y una a 25 años de represores que actuaron durante la última dictadura militar en cuatro centros clandestinos de detención que operaban en el Gran Buenos Aires.
El proceso en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 fue largo y el desenlace tiene un impacto especial en la ciudad. Muchos sobrevivientes que aportaron su testimonio, así como varios de la lista de 605 víctimas calculadas, son de La Plata.
Entre los casos juzgados estuvo el de los estudiantes secundarios desaparecidos en septiembre de 1976, en los episodios que pasaron a la historia como “La noche de los lápices”.
Son una muestra de esa carga emotiva las presencias durante la lectura del veredicto en la sala de audiencias de los Juzgados Federales de 8 y 50 de los sobrevivientes Gustavo Calotti, Emilce Moler y Pablo Díaz; así como la de familiares de los chicos militantes que fueron asesinados, como Nora y Marta Ungaro, hermanas de Horacio Ungaro, quien tenía 17 años cuando fue secuestrado junto a Claudia Falcone y Francisco López Muntaner, de 16; y María Clara Ciocchini, Daniel Racero y Claudio de Acha, todos de 18.
Ellos pasaron por el denominado Pozo de Banfield, uno de los lugares cuya actividad represiva ilegal fue puesta en debate durante las audiencias de un proceso que en buena parte se llevó a cabo de manera virtual, ya que comenzó durante la pandemia.
“Las Brigadas” fue el nombre genérico con el que se simplificaron las menciones a todo el proceso, ya que incluían a lo ocurrido en la de Quilmes (al igual que la de Banfied conocida como “Pozo”), Lanús (nombrada por el propio aparato represivo como “El infierno”) y San Justo (cuyos delitos fueron incorporados al proceso el año pasado).
El juicio y los condenados
Roberto Armando Balmaceda, Jorge Antonio Bergés, Jorge Héctor Di Pasquale, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Federico Antonio Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Horacio Luis Castillo y Juan Miguel Wolk son los que fueron condenados a perpetua; Alberto Julio Candioti recibió 25 años de prisión y Enrique Augusto Barre fue absuelto.
El juicio arrancó en octubre de 2020, en plena pandemia y fue el primero que se hizo prácticamente en su totalidad desde la virtualidad. Se llevaron a cabo 140 jornadas de audiencia con casi 500 declaraciones testimoniales y más de 600 casos de víctimas.
Cuando comenzó, los imputados eran 18. Hubo seis que murieron durante el proceso: Miguel Ángel Ferreyro, Ricardo Armando Fernández, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Emilio Herrero Anzoren, Eduardo Samuel De Lio y el mismísimo comisario inspector Miguel Osvaldo Etchecolatz, el principal ejecutor de las órdenes del jefe de la Policía Ramón Camps, quien muró el 2 de julio de 2022 cumpliendo otras condenas a perpetua.
Víctimas trans
Una particularidad que caracterizó al juicio es que en 2022 se incorporaron nuevas imputaciones, entre ellas las correspondientes a ocho personas trans que fueron víctimas de delitos sexuales durante su cautiverio en el Pozo de Banfield.
Las sobrevivientes Valeria del Mar Ramírez, Carla Fabiana “La Cañito” Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra “Trachyn” González, Analia Velázquez, Marcela Viegas Pedro, Judith y Claudia fueron reconocidas como víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Voces recuperadas
Una sala de audiencia repleta siguió con tensión y expectativa la larga lectura del veredicto, cuyos fundamentos se conocerán más adelante. Sobrevivientes, familiares de víctimas y militantes ocuparon los lugares disponibles en el recinto acompañados de carteles con fotos de los que ya no están.
Entre ellos, quienes dieron testimonios fundamentales en otros procesos judiciales condenatorios. Adriana Calvo, Cristina Gioglio, Nilda Eloy, Jorge Julio López, entre otros.
Varias de esas voces fueron recuperadas durante las audiencias. De hecho, los testimonios que se escucharon durante las primeras audiencias del proceso fueron grabados gracias a los registros de juicios anteriores.
El testimonio de Adriana Calvo -fallecida en 2010- fue de cuando declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz en 2006. El de Cristina Gioglio -fallecida el 16 de enero de 2020, ocho meses antes de que comience el juicio- fue de su declaración en 2011, en el juicio del Circuito Camps.
A lo largo del proceso también fueron recuperado las voces de Nilda Eloy, Alcides Chiesa, Chicha Mariani y Luis Velazco Blake.
Delitos sexuales y abortos forzados: detalles del veredicto
El tribunal que emitió el veredicto estuvo integrado por Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers. La lectura durante la audiencia del martes 26 de marzo en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales federales de La Plata fue durante más de cuatro horas.
El tribunal declaró que los hechos «resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser calificados» y como crímenes contra el derecho de gentes, de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Nacional y la Convención sobre Imprescribitilidad sobre los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. En minoría, Basílico consideró que «los hechos, a más de resultar crímenes de lesa humanidad, lo fueron en el marco de un genocidio».
En la calificación, el tribunal condenó por el delito de desaparición forzada en los casos de personas que permanecen desaparecidas; en los casos de sustracción, retención y ocultación de niños y niñas que nacieron durante el cautiverio de sus madres y que aún no fueron localizados; y también por las agravantes previstas para la desaparición forzada por haberse producido el resultado muerte (aquellos casos en que fueron hallados e identificados los restos de las víctimas), de mujeres embarazadas y de personas menores de 18 años de edad. Entre estas últimas se encuentran las víctimas de «la noche de los lápices».
También condenó por los diferentes delitos que implicaron el ejercicio de la violencia sexual en los centros clandestinos de detención, como el abuso deshonesto y el abuso sexual con acceso carnal, y por privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos calificadas, homicidios calificados, reducción a la servidumbre y aborto forzado.
Como ya se explicó, tal como lo requirió la Unidad Fiscal a lo largo del debate y particularmente en su alegato, el tribunal consideró entre las víctimas del terrorismo de Estado a un grupo de personas transgénero que fueron secuestradas y sometidas a torturas y a violencia sexual en el Pozo de Banfield.
Por otro lado, los jueces rechazaron planteos de las defensas, entre ellos el de extinción de la acción penal por aplicación de la ley 23.492, conocida como ley de Punto Final.
Prisiones domiciliarias
Por otro lado, el tribunal también dispuso la realización, con carácter de «muy urgente», de peritajes en la salud por parte del Cuerpo Médico Forense para los condenados que actualmente cumplen prisión domiciliaria, ya que el único privado de la libertad a disposición del Servicio Penitenciario Federal es el condenado Di Pasquale.
Los jueces indicaron que el informe pericial deberá indicar si quienes permanecen en sus domicilios tienen patologías que habiliten que continúen el presidio en esa condición y una evaluación sobre el impacto en la salud que conllevaría su traslado a la cárcel.
Las condenas, la reparación, las ausencias
A lo largo de cuatro horas, entre las 14 y las 18, el presidente del tribunal leyó uno a uno los nombres de las víctimas de crímenes de lesa humanidad abordados en el proceso: en 5 casos se determinó que, si bien fueron víctimas, no pasaron por alguno de los cuatro centros clandestinos de detención y, por lo tanto, se dictó la absolución de quienes llegaron acusados por ellos.
A la hora de determinar las penas, se volvió a leer para cada uno de los condenados los nombres de las víctimas por las cuales el tribunal los consideró responsables.
La audiencia, víctimas sobrevivientes, familiares de desaparecidos, referentes de organizaciones de derechos humanos que batallan desde hace cuatro décadas, jóvenes militantes; escucharon pacientemente y explotaron en un abrazo colectivo que se extendió en pocos minutos hacia la calle. Una celebración contenida en medio de la angustia.
Una sensación agridulce percibe y describe a la agencia Andar la abogada Guadalupe Godoy, representante de la querella por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. “Se hacen presentes las ausencias que tenemos de aquellas personas que tanto pelearon para lograr estos momentos de justicia. Pienso en este caso en Adriana Calvo, en Nilda Eloy, en Cristina Gioglio, y cómo estuvieron trabajando para esta causa”.
“Fue como un bálsamo. Fue muy especial poder abrazarnos con los compañeros afuera del tribunal, especialmente porque fueron muchos años de espera”, sintetiza Rubén Schell, sobreviviente del Pozo de Quilmes.
