El derecho a tener barrio

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Dos años después de la llegada de las primeras familias, el campo de vuelo de lo que fue el Club de Planeadores en Los Hornos está totalmente ocupado. El proyecto de urbanización, las disputas políticas que lo rodean, las tensiones entre vecinos y una relocalización conflictiva. El telón de fondo: pobreza, estigmatización y un profundo déficit habitacional.

Por Pablo Spinelli
Fotos Gabriela Hernández

Nota de la edición especial 20 años

El proceso de ocupación de tierras fiscales que comenzó a mediados de febrero de 2020 en las 161 hectáreas del predio de Los Hornos donde funcionó el Club de Planeadores La Plata concentra buena parte de los dramas argentinos de los últimos 40 años: la profundización de los índices de pobreza y desocupación, la condena de quienes están excluidos de la posibilidad de acceder a una vivienda propia o de alquiler y la histórica falta de políticas para revertir ese déficit, los negociados que se promueven usufructuando la necesidad y los discursos discriminatorios y la segmentación social alimentada por algunos medios. A ese cóctel se suma el abismo político que en este tiempo parece clausurar cualquier posibilidad de acuerdo entre gobiernos de distinto color.

Dos años después de aquellas noches previas a la pandemia en las que un puñado de familias empezó a instalarse con precarias casillas de chapa y nylon en el lugar, la zona es mucho más que el germen de un barrio encaminado –sin marcha atrás– hacia su consolidación. El modo en que los gobiernos provincial y municipal logren o no acompañar ese proceso puede ser decisivo para el futuro del lugar y sus habitantes. Definirá una integración conflictiva pero más o menos ordenada hacia un nuevo sector urbano con los servicios necesarios para una vida cotidiana digna o derivará en una descomposición hacia un asentamiento informal con características más parecidas a las de una villa.

La superficie del predio es comparable con 80 de las 1.600 manzanas que tiene el casco urbano o con el espacio que ocupa el Bosque

La mayor parte de las calles tiene un tendido eléctrico instalado por los propios vecinos.

Con matices, la situación de Los Hornos es el reflejo potenciado de un tipo de urbanización que en La Plata es más regla que excepción. La Pulseada lo abordó en un informe de junio de 2015 (Nº 130 de su edición impresa), donde daba cuenta de los asentamientos existentes en el distrito. Y lo actualizó en septiembre de 2019 (Nº 173), cuando puso el foco en un predio ocupado en Barrio Aeropuerto, un sector de Villa Elvira que volvió a estar en agenda desde enero de este año, por otra toma gestada durante la producción de esta nota.

El “predio” de Los Hornos, como muchos vecinos prefieren llamarlo para evitar “asentamiento”, “megatoma” o “la toma más grande de la provincia de Buenos Aires”, está a pocos minutos a pie del cuadrado fundacional de la ciudad. Se llega rápidamente por la avenida 72, diez cuadras después de dejar el Cementerio y abarca un enorme polígono que tiene como principales laterales las calles 76 y 85, de 143 a 152. Eso representa una superficie comparable con 80 de las 1.600 manzanas que tiene el casco urbano o con el espacio que ocupa el Bosque.

Casi todas las arterias que lo atraviesan están abiertas y siguen las líneas de las calles de Los Hornos. Es de fácil acceso desde el centro de Los Hornos por la prolongación de las avenidas 143 y 149, más hacia el sudeste por las calles 80 u 83 o llegando desde el fondo de la localidad por 152. Hay un proyecto de urbanización que ya pasó del papel al terreno y demarcó unas 60 manzanas destinadas a viviendas únicas con servicios. Son las que están sobre el sector del predio más cercano a la zona urbana.

En ese mismo plan, otra superficie, más ligada a la zona rural, está destinada a espacios públicos, a equipamientos deportivos y a emprendimientos productivos. Según los informes hidráulicos es inundable y no apta para el uso residencial; pero allí también hay mucha gente que instaló su vivienda precaria y espera –o se resiste según el caso– una relocalización.

El Plan y la organización

El proceso de urbanización es largo y conflictivo y plantea hacia el interior del barrio muchas tensiones aún irresueltas que se advierten a primera vista. Describirlas sin caer –aunque sea involuntariamente– en una toma de posición presenta dificultades que intentarán evitarse en esta nota. Tal vez alcance con explicar que el espacio para viviendas está dividido en cuatro sectores, que actualmente atraviesa un proceso de asignación de lotes y que no hay a la vista una organización nítida que articule con el Estado. Esa conexión se da a través de líderes o delegados territoriales que no siempre tienen la aceptación generalizada, lo que genera disputas por la representatividad y miradas contrapuestas sobre la evolución del proceso.

El plan contempla que haya 1.566 lotes destinados a viviendas con servicios, de los cuales 1.052 ya fueron asignados

El proyecto habitacional para lo que fuera el aeródromo Elizalde, donde hasta 2015 operó el campo de vuelo del Club de Planeadores La Plata, tuvo en mayo de 2020 –cuando la ocupación era aún incipiente– el aval del Consejo Único de Ordenamiento Territorial (CUOT), un órgano consultivo de la Municipalidad de La Plata, y eso se tradujo en una declaración de interés municipal y social aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante. Parecía gestarse en ese momento una acción con participación de los tres niveles del Estado: el gobierno nacional cediendo las tierras, el provincial trabajando en el desarrollo urbanístico y el municipal en la provisión de los servicios. Pero a los pocos meses se desarticuló el trabajo conjunto entre los gobiernos local y bonaerense y eso frenó muchos de los aspectos burocráticos vinculados con su consolidación.

Hay delegados por sector que coordinan con el gobierno provincial, pero también otros que tienen ascendencia sobre sus vecinos y están desligados de esa relación con el Estado. Existen organizaciones solidarias espontáneas que proveen comedores, merenderos y guarderías. Y un desarrollo de infraestructura popular, promovido por los propios habitantes, que se hace visible en el tendido eléctrico en varias calles, en el zanjeo, en la apertura de senderos o en la provisión de agua.

El abordaje estatal provincial es visible en la infraestructura vial, en la presencia de una oficina de la Subsecretaría de Hábitat que funciona en un contenedor, en la instalación de tanques de agua con canillas comunitarias que son recargados semanalmente por la empresa ABSA y en el lote que ocupa la Gendarmería, única fuerza de seguridad con presencia permanente que se supone tiene como misión evitar nuevas radicaciones. Los testimonios de los vecinos coinciden en que es prácticamente nulo cualquier patrullaje policial.

Los planos elaborados por la Secretaría de Hábitat de la Comunidad, bonaerense, a los que tuvo acceso La Pulseada, contemplan 1.566 lotes destinados a viviendas con servicios. Las dos terceras partes fueron amojonados y están ocupados por familias ya censadas que recibieron un documento que acredita esa tenencia. Unos 500 lotes aptos para viviendas atraviesan (al cierre de esta nota) un lento proceso de asignación que potencia el malestar y las disputas.

En el sector del predio previsto para las viviendas se abrieron casi todas las calles siguiendo la traza de la zona urbana de Los Hornos. Aunque todavía son poco o imposibles de transitar en días de lluvias. Donde antes estaba el campo de vuelo hoy hay calles y avenidas, como la 143, la 149 o la 79, que tienen hasta sus ramblas delineadas y una circulación de doble mano (*).

83 de las 161 hectáreas son consideradas inundables, pero actualmente están ocupadas por cerca de 1.200 casillas

El subsecretario de Hábitat de la Comunidad bonaerense, Rubén Pascolini, indicó a La Pulseada que el proyecto tiene previstos 18.500 metros lineales de avenidas y calles, de los cuales 13.000 ya fueron abiertos y delimitados por agrimensores y las máquinas pasaron y peraltaron. “Por ahí va a poder pasar la ambulancia, el patrullero, el coche bomba y el micro en algún momento. Todo está ordenado de acuerdo al proyecto urbanístico que presentó la provincia y el Concejo Deliberante declaró de interés por unanimidad”, explicó, señalando los planos del lugar.

Chapa, madera y nylon es el material más usado en las casillas.

 

Conflicto latente

La ocupación incuba un problema de solución incierta. Del total de 161 hectáreas que ocupa el predio sólo 77,3 (el 48% del total) son aptas para el uso residencial. El resto del terreno, unas 83 hectáreas, constituyen una planicie considerada inundable que en el proyecto original son destinadas a un parque público, un sector de equipamiento deportivo y a un polo productivo agropecuario de unas 23 hectáreas que debería gestionar el Ministerio de Desarrollo Agrario.

En el predio hay 3.000 casillas, de las cuales 1.200 ocupan el sector inundable y tendrían que ser relocalizadas

Una imagen satelital del predio con la proyección del espacio destinado a las viviendas en el proyecto urbanístico.

El problema radica en que hay viviendas precarias en la totalidad del predio, algo fácil de corroborar con una caminata por el lugar o una mirada sobre imágenes satelitales que superpongan la zona proyectada para viviendas con el terreno en su conjunto (ver imágenes satelitales que acompañan la nota). Muchas familias que viven en ese sector, entre las cuales algunas aportaron testimonio a La Pulseada, avanzaron con mejoras en sus viviendas, lo que complica cualquier mudanza (ver Las tierras inundables). El último relevamiento realizado por la Subsecretaría de Hábitat muestra que en esos tres espacios que son área de influencia de la cuenca del arroyo Maldonado (parque público, zona con equipamiento deportivo y polo productivo) hay 1.187 viviendas que deberían ser removidas y sus familias reubicadas.

El subsecretario de Hábitat de la Comunidad explica a La Pulseada la marcha del proyecto urbanísitico.

La voz de los vecinos anticipa una negociación difícil y late el conflicto. Dicen ser de los primeros que llegaron al lugar, cuestionan que el contacto es casi nulo con los agentes estatales que trabajan en el resto del predio, objetan la definición de “inhabitable” de esa zona y piden obras hidráulicas para mitigar el riesgo de inundación.

El modo de gestionar el futuro de ese universo de habitantes marca una de las grandes diferencias entre los gobiernos municipal y provincial. El gobierno local encaró una fuerte ofensiva judicial con denuncias penales, pedidos de desalojo y de demolición de las viviendas que empezaron a construirse con ladrillos. A lo que agregó una avanzada discursiva con acusaciones a su par provincial y a la oposición política local a los que les endilga fomentar las ocupaciones.

La provincia –por su lado– sostiene la decisión de no avanzar con desalojos y pretende buscar una salida negociada que es lenta y compleja. Muchas familias ya fueron relocalizadas pero la dimensión del predio impide avanzar con todos los sectores al mismo tiempo. Hasta principios de mayo, de acuerdo a los planos del avance del proyecto y al testimonio de los propios habitantes, están prácticamente finalizadas las relocalizaciones en el sector 1, muy avanzadas en el 2, pero más demoradas en los sectores 3 y 4 que aparecen como los más conflictivos.

En noviembre de 2021 la ocupación ya alcanzaba a la totalidad del predio.

Más allá de las diferencias en el modo de abordar el conflicto, en Provincia coinciden con la mirada municipal respecto a la inviabilidad habitacional en lugares que pueden quedar cubiertos de agua. El propio Pascolini indicó a La Pulseada que la solución será la relocalización y que habrá que aplicar un criterio de “legitimidad” basado en la real ocupación de los terrenos.

La definición del funcionario está relacionada con otro dato significativo que surge del último relevamiento realizado y está vinculado con la cantidad de familias que efectivamente viven en el lugar. Se detectaron 3.002 “hechos físicos” (tal como se tabula a cada casilla de madera, chapa, nylon o material) en todo el predio, 1.815 en el sector en el que la Subsecretaría está interviniendo porque es habitable y los 1.187 en terrenos inundables, pero sólo el 50% están realmente habitados.

La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad tiene una oficina en el predio que funciona en un container.

Esa evaluación fue ratificada en el lugar por varios de los vecinos y puede comprobarse en cualquier recorrida por el predio: es significativa la proporción de casillas de madera de no más de 4 metros cuadrados, sin puertas ni ventanas, en las que no hay señales de vida cotidiana. “Hay que generar algún dispositivo para determinar quién vive y quién no vive. El que vive tiene derechos, veremos cómo los hacemos valer. El vivir ahí, habitar el lugar, es lo que da legitimidad. El que no está, tendrá que irse con sus cosas. Para eso es que necesitamos generar una propuesta con mucha intervención de los estados provincial y municipal para trabajar en la relocalización”, dijo Pascolini.

 

El último relevamiento realizado por el gobierno provincial detectó que sólo la mitad de las casillas están realmente ocupadas

Muchos vecinos impulsaron sus propios emprendimientos: hay kioscos, almacenes, verdulerías y hasta servicios de remís.

La Municipalidad –en cambio– responde con una demanda más urgente y pide una pronta intervención que incluya la demolición de las casas de material que empezaron a construirse en el sector vedado. Presentó una denuncia penal en la que menciona el ingreso de camiones con ladrillos, habla de “usurpación” y “usurpadores” y repite el reclamo por “imperioso” del desalojo. En diálogo con La Pulseada, la secretaria de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata, María Botta, puso en contexto su posición. “Se instalaron viviendas de ladrillos en la áreas inundables y destinadas a espacios verdes, con el problema de que todo esto impacta en las zonas aledañas a nivel hidráulico. Pero la preocupación se extiende a todo el predio por cómo se está consolidando de manera desordenada”.

Los vecinos delimitan sus lotes con alambre y plantan árboles en busca de una sombra futura.

Esa posición tiene un efecto administrativo que genera otro grave conflicto interjurisdiccional: hasta el cierre de esta nota el gobierno municipal no había aprobado la nueva zonificación para el barrio ni los planos de mensura. Sin ese trámite encaminado no es posible dotar de servicios a los lotes que sí pueden ser habitados, lo cual redundaría en que el barrio no se consolide como tal y el proyecto quedaría al borde del fracaso. “El plano de mensura que presentaron es incorrecto”, justifica Botta. Y como argumento técnico explica que ese tipo de documentación debe contener todo lo que está sobre el predio, que en este caso serían las casillas.  La funcionaria explica que “el expediente se inició con un plano en el que el terreno estaba vacío. Por eso nosotros lo rechazamos, porque no coincide con la realidad”.

Al margen de los distintos posicionamientos políticos, las especificaciones técnicas y legales y el derrotero judicial, el arraigo de las familias se consolida semana a semana en el terreno y forma parte de un proceso complejo que parece irreversible. Según relevamientos oficiales muy previos a la producción de esta nota ya había más de mil niños y adolescentes viviendo en el lugar. Algunos bebés llegaron con pocas semanas de vida, otros nacieron allí y muchos lo harán en los próximos meses. El modo en que termine de consolidarse la zona determinará si podrán crecer con todos los derechos garantizados y en condiciones de una relativa igualdad en relación el resto de la ciudad //

(*) En agosto último convenios entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Ministerio de Defensa nacional para que el Ejército se encargue de la ejecución de obras de apertura, tratamiento de calles y marcado de cunetas en el barrio.

 

Uno de los sectores del predio no habilitados para la vivienda. Allí las calles son más irregulares.

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