Las tierras inundables

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Hay cerca de 1.200 viviendas que deberían ser removidas y sus familias reubicadas porque ocupan zonas no aptas. La resistencia de los vecinos y un conflicto que late.

Por Pablo Spinelli
Fotos Gabriela Hernández

Nota de la edición especial 20 años

Para llegar hasta el fondo, la zona más alejada del predio si se tiene como punto de partida la trama urbana de Los Hornos, es necesario transitar a paso humano unas 12 cuadras. Es fácil entrar por la proyección de la avenida 149 que unos 600 metros antes pasa por la puerta de la cárceles de mujeres. Pero también hay accesos a través de 143 a la altura de 76 y por la 80, una arteria que en Los Hornos ya no es avenida sino calle angosta.

La referencia para el encuentro con La Pulseada es la doble hilera de pinos altos que flanquea lo que fue el casco del Club de Planeadores. La anfitriona es Matilde Arce Yegros, una mujer de pocas palabras, pero eficiencia implacable a la hora de convocar a otros vecinos. Llegó al barrio en diciembre de 2021 para estar cerca de su hijo y de su nuera Ramona, que también se suma a la charla.

El grupo de vecinos expresa una preocupación: saben que ocupan una zona considerada inundable, pero se muestran reacios a una reubicación. Instalaron sus casillas, hicieron contrapisos y el pozo para el baño y perforaron la tierra para colocar una bomba y extraer agua. Varios de ellos son paraguayos dedicados a la construcción y parecen tener más recursos que la media de los habitantes del predio para afrontar una radicación desde cero. En ese sector hay algunos que fueron más allá de las casillas de madera y chapa y levantaron paredes de ladrillo.

“Llegamos acá y terminó siendo la zona más linda, muchos vienen los fines de semana a buscar sombra”, dice Mía León Espinoza, la más locuaz de las vecinas. Conversa con La Pulseada una tarde de domingo al cobijo de los pinos. En un rato se despedirá de su pareja, el albañil Héctor Giménez, para irse toda la semana al barrio porteño de Palermo, donde trabaja cama adentro. También se sientan a conversar Braian Romero y Carla López, quienes armaron su casilla de madera enfrente de la arboleda; Ramona, la nuera de Matilde; y Margarita, que explica que se mudó al predio cuando la pandemia ya había empezado y no pudo seguir pagando el alquiler.

La primera casilla con techo levantada por los vecinos del fondo, durante una noche de tormenta.

Carla y Brian se quejan porque nunca llegó nadie a ese sector a decir cómo se resolverá su situación. Les preocupa que en algún momento vengan a desalojarlos. Y cuentan que lo que en los primeros cinco meses fue marcar el terreno y armar unos cobertizos de chapa, para mediados de aquel 2020 derivó en la construcción de las primeras casillas de madera.

“La mayoría empezó a hacerlas en ese medio año y muy de a poco, porque teníamos miedo de lo que podía llegar a pasar –cuenta Mia–. Era muy difícil entrar las maderas, teníamos que esperar a que los gendarmes que se paraban en las entradas no estuvieran, hacerlo de noche o en los cambios de turno y a escondidas, a las 5 de la mañana”.

En la esquina donde Héctor y Mía levantaron su casa está la bomba comunitaria.

Sospechan que las autoridades no se acercan a ese lugar para no reconocerlos como habitantes del predio. “Se ve que hacen mucho trabajo en la zona de adelante –dice Carla en referencia a los sectores donde los vecinos ya recibieron un documento que los reconoce como ocupantes– pero hasta acá nunca entran”. “Nadie vino a decir, ‘los vamos a ayudar de tal manera o vamos a urbanizar de esta otra’, o a advertirnos que no hagamos un piso o un pozo del baño, porque nos van a reubicar”, completa Braian.

Saben que ese sector está destinado a un espacio verde, pero lamentan que en otras manzanas donde los vecinos fueron relocalizados otras familias entraron y ocuparon las casillas. “Si nos vamos, van a venir otros a usar lo que nosotros ya construimos”, especula.

Braian y Carla llegaron desde otra zona de Los Hornos, donde compartían un terreno.

Carla lo apoya y recuerda que al principio no querían hacer nada esperando la reubicación. “Nos decían que no teníamos que construir nada, pero no podíamos vivir todo este tiempo haciendo las necesidades en un balde”, dice. Su marido agrega que ahora ya generaron otras condiciones de vida en el lugar y no quiere saber nada con un traslado: “A mí me sacan de acá y quedo en la calle, porque no tengo la posibilidad de armar todo otra vez”.

En la esquina de la casa de Héctor y Mía está la perforación con la bomba de agua que instalaron con lo que recaudaron en las carreras a pie. Recuerdan que uno de los referentes territoriales se acercó para decirle que no avancen con eso porque seguramente los iban a sacar del área. “Ahora, después de dos años, nos dijeron que estaba bien lo que hicimos porque ayudamos a mucha gente que viene todos los días a buscar agua”.

A simple vista se ve que la intervención de la Subsecretaría de Hábitat está más presente en los cuatro sectores que el proyecto contempla para viviendas. Pero la organización vecinal en la zona “no apta” no se queda atrás. Hicieron zanjas que sirven para canalizar el agua cuando la lluvia lo anega todo. “Se desagota rápido así que con una obra mejor hecha creemos que acá se podría vivir tranquilamente”, dice Braian. “Hemos pasado lluvias, pero nunca se ha inundado, solo las calles quedan totalmente tapadas y por eso todos acá tenemos un par de botas”, agrega Carla.

El futuro de ese sector del barrio y de otras decenas de manzanas en las que se levantan unas 1.200 casillas que debieran ser relocalizadas es incierto. Dependerá de una disputa en el territorio, pero también en los escritorios administrativos y judiciales. La causa penal por usurpación fue cerrada por el juez Alejo Ramos Padilla por considerar que en la toma no hay delito. Pero en sus fundamentos reclama a la Provincia y la Municipalidad que pongan especial atención en la relocalización de esas familias.

Mientras tanto sigue pendiente el conflicto por el listado de vecinos que realmente ocupan la tierra y son quienes según el gobierno provincial tendrán “legitimidad” para acceder a una reubicación con la que no todos están de acuerdo.

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