Pidieron 15 años de prisión para seis prefectos por torturas

Se solicitaron penas entre 12 y 15 años por los delitos de tortura y robo agravado para los imputados Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Eduardo Sandoval, Ramón Falcón, Osvaldo Alberto Ertel y Yamil Marsilli por el caso de Ezequiel e Iván, en la villa 21- 24 en 2016. La sentencia debería contemplar una reparación a los jóvenes que resultaron víctimas de esos hechos. El viernes continúan las audiencias.

Luego de escuchar las declaraciones de los imputados comenzaron los alegatos de la querella del CELS que representa a Ezequiel Villanueva Moya detenido y torturado junto a Iván Navarro por seis agentes de la Prefectura Naval Argentina en septiembre de 2016. El CELS solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal 9 que condene a 15 años de prisión a los imputados Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Osvaldo Alberto Ertel, y para Yamil Marsilli, 12 años de prisión, todos ellos responsables de los delitos de tortura y robo agravado.

Durante el juicio se pudo reconstruir lo ocurrido la noche del 24 de septiembre de 2016 en la que Iván y Ezequiel fueron privados ilegalmente de su libertad por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en la villa 21-24 de Barracas. Los dos jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un destacamento de la Prefectura, ubicado a pocas cuadras del lugar en el que fueron detenidos. Ezequiel fue llevado al interior de la garita: allí lo golpearon y amenazaron. Dentro de uno de los móviles, Iván también fue golpeado. Después de esta primera sesión de tortura, los dos jóvenes fueron trasladados a un descampado frente al Riachuelo. En ese lugar fueron nuevamente sometidos a torturas y humillaciones, y el robo de varias de sus pertenencias. Los golpes siguieron durante varios minutos hasta que comenzaron los simulacros de fusilamiento. Luego los dejaron ir.

El juicio confirmó los testimonios de las víctimas y sus familias, dejó en evidencia la nula investigación interna sobre un caso que había tomado notoriedad pública y permitió visibilizar una grave problemática. La futura sentencia debería permitir reparar a las víctimas y avanzar en una discusión seria sobre las políticas de seguridad en los barrios populares y el rol del Estado frente a casos como los de Iván y Ezequiel.

“Estos hechos son un ejemplo de las rutinas de hostigamiento, detenciones ilegales, golpes y, en algunos casos, torturas que los efectivos de la PNA vienen desplegando en la zona de Barracas. En los últimos meses las denuncias de las organizaciones sociales presentes en el barrio han aumentado. La PNA sigue teniendo el control operacional de barrio y estas prácticas violentas se repiten. Durante el juicio el propio Ministerio de Seguridad de la Nación atacó a la querella de La Poderosa y a las organizaciones que militan en el barrio de Barracas, en un intento por deslegitimar a sus integrantes mientras transcurría el proceso judicial”, difundieron desde el CELS.

El viernes 10 de agosto continuarán las audiencias con los alegatos de La Poderosa y el Ministerio Público Fiscal.

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