En el país de la identidad

Fueron robados, vendidos o dados en adopción en cualquier época, y persiguen su historia. El gobierno bonaerense promulgó este año una ley para que sus búsquedas, ajenas a los delitos del terrorismo de Estado, también sean reconocidas y apoyadas.

“Sin ser hijos de desaparecidos, también buscan su identidad”, dijo Elisa Carca, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense, minutos antes de que esa cámara aprobara la Ley de Identidad de Origen, en abril pasado. Madres, hijos y hermanos que se definen como “buscadores de identidad” y habían llegado desde todo el Conurbano la miraban por una pantalla ubicada en el hall. Varios lloraron. Esta ley es la mayor novedad de los últimos quince años en materia de derechos humanos, quizá equiparable a lo que fue la ley de niñez.

Que su sanción haya pasado desapercibida para los organismos de derechos humanos y los medios demuestra cuánta falta hacía y cuánto falta para que el fenómeno masivo y heterogéneo que viene a contener, garantizado desde el fondo de los tiempos por secretos de familia, complicidad estatal y tolerancia social, encaje al fin en la agenda argentina de la identidad.

El problema de quienes buscan su origen es que, si nacieron antes o después del terrorismo de Estado (1974-1983), casi no tienen a dónde recurrir. Y si nacieron durante ese período pero no son hijos de desaparecidos (porque ya cotejaron su ADN con el de los familiares), tampoco. Sus historias quedan a la deriva, en una telaraña de comunidades virtuales donde comparten sus pesquisas artesanales, sus partidas de nacimiento truchas, su angustia y su ilusión. Pero esto no es todo: si por milagro dan en Facebook con una posible madre, un padre o un hermano, tienen que ir a un laboratorio privado, donde un cotejo de ADN hoy ronda los $40.000. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) se usa exclusivamente desde 2009  para buscar a los nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo y no hay otro laboratorio gratuito para esto.

Nadie conoce mejor esta realidad que las oficinas abocadas a la búsqueda de los nietos: el BNDG, la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y la Uficante (Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, del Ministerio Público Fiscal). Porque es en ese circuito donde vive el “elefante en el living” del que nadie habla. Los otros. En 35 años de vida, el emblemático BNDG, impulsado por las Abuelas, contribuyó a localizar a 130 de unos 350 nietos buscados, hijos de militantes torturadas y asesinadas. Pero acumuló también más de 13.000 casos que dieron negativo contra las familias de los desaparecidos; la impresionante cifra fue confirmada a La Pulseada por la directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero.

El fiscal Pablo Parenti, de la Uficante, lo había resumido en una resolución de 2019: “Cuanto más profundizamos en investigaciones para localizar a los hijos de desaparecidos, más nos topamos con otro fenómeno muy diferente, pero coetáneo: las decenas de miles de inscripciones irregulares que ocurrieron en nuestro país durante muchos años. Un fenómeno que, como se sabe y podemos comprobar, fue mucho más masivo”. Mientras el último nieto apareció hace ya tres años, los buscadores que dan negativo crecen de a cien por mes. Recién ahora, una ley bonaerense habla de ellos.

El Banco Nacional de Datos Genéticos localizó a 130 nietos apropiados, a la vez que acumuló más de 13.000 casos que dieron negativo contra las familias de los desaparecidos

1978, Clara

Clara Lis supo a los 27 años que el hogar donde la criaron, con amor, no era el de su familia biológica. Como nació en 1978, aportó su muestra genética al BNDG, por si resultaba hija de desaparecidos, pero dio negativo. Ella es una de los 13.000. No sabe quién es su mamá, pero sabe quién la vendió. Fue Nilda Civale de Álvarez, una partera que entre 1966 y 1978 se dedicó a este negocio. Clara la llevó a juicio y logró la primera condena por supresión de identidad por fuera de crímenes de lesa humanidad de la Argentina hace diez años. “Me acuerdo de que yo le miraba las manos, porque pensaba que esas manos habían cambiado definitivamente el rumbo de mi vida para siempre”, recordó Clara en una entrevista reciente de Yanina Sibona para TN.

Pero Civale se guardó los secretos y Clara aún busca su historia. Con los años, se volvió una referente y gran comunicadora del tema. Es locutora y la voz institucional de Radio Nacional, y en 2021 sus columnas en el programa Ahí Vamos, de Gisela Busaniche, se destacaron por explorar todas las aristas de un tema incómodo y sacar al aire voces tanto de víctimas como de funcionarios de primera línea.

“La ley es una luz de esperanza para miles de personas que hace años venimos buscando en soledad a nuestras familias, a quienes el Estado nunca nos pidió disculpas –dijo Clara a La Pulseada en el Senado, entre lágrimas, con su bebé, Santiago, a upa–. Esperanza no sólo para quienes somos hijos e hijas, sino también para muchas madres, que buscan sus bebés robados o separados de ellas en distintas circunstancias. Es muy importante para nosotros conocer la verdad. Esta ley tiene que permitir el acceso igualitario a búsquedas con acompañamiento institucional. Todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad de origen. Y ojalá esto impulse una ley nacional”.

Esto es un rompecabezas donde todos se necesitan: los hijos buscan su identidad y las madres buscan a sus hijos. Por eso quienes tuvieron un bebé entre 1974 y 1983 pueden probar suerte en el BNDG, por si sus hijos alguna vez creyeron ser hijos de desaparecidos y están entre los negativos, como Clara Lis.

“La ley es una luz de esperanza para miles de personas que hace años venimos buscando en soledad a nuestras familias, a quienes el Estado nunca nos pidió disculpas” (Clara Lis fue vendida por la partera al nacer)

1983, Alicia

María Alicia Predazzi es una madre que dejó su ADN en el BNDG, porque su caso encaja en el periodo de la dictadura y su hijo podría haber ido con dudas, o podría ir en el futuro. El bebé que le robaron se iba a llamar Nicolás y nació el 30 de noviembre de 1983 en la clínica Honaine, de San Martín. Alicia, de entonces 26 años, tenía mucho acompañamiento, del papá de su bebé y de toda su familia, pero igual le pasó: le hicieron una cesárea y le dijeron que su hijo había nacido muerto. Ante su demanda, le entregaron un cuerpo. Tuvieron que comprar un cajoncito y pudieron despedirlo. “Yo quería bautizarlo y darle sepultura”, recuerda ella. Pero lo había escuchado llorar. Y eso junto a otros detalles se le quedaron adentro para siempre, como una espina. Tiempo después salió en los diarios un robo de bebés ocurrido en la misma clínica y las sospechas de Alicia se reactivaron. Hasta que, finalmente, un estudio de ADN demostró que el cuerpito que le habían entregado era de otro bebé.

A María Alicia Predazzi le dijeron que su bebé nació muerto pero ella escuchó su llanto. Un estudio de ADN posterior demostró que el cuerpito que le entregaron era de otro bebé

Pasaron casi 40 años. Alicia sigue de pie. Habla de la “mafia del tráfico de bebés” y del “infierno” que vivió peregrinando por oficinas bonaerenses para encontrar una respuesta: “La justicia se burló de mí. Nunca investigaron nada. Me tuve que poner yo. A la mayoría de las mamás que escucharon llorar a su bebé robado no les dieron cuerpo ni papeles para demostrar lo que dicen. Y a mí que tengo las pruebas tampoco me sirvió”.

“Es difícil y desmoralizante, y a veces te cansás de contarlo. Yo estuve muchos años encerrada en el dolor del miedo. También estuve enojada con mi mamá, que le creía al médico y no a mí como mamá. Con el tiempo se sana: hizo lo que pudo. Hoy les digo a todas las mamás que salgan y cuenten. Eso te alivia la mochila que llevás”. Alicia integra el grupo Madres por la verdad. Hoy está jubilada y participa también del Foro de Santos Lugares, un espacio coordinado por Marta Pelloni que se ocupa de niños y adolescentes, de violencias y abuso. “Yo busco la verdad y cerrar la historia. La posibilidad de la vinculación es otra cosa. Pero la verdad es un derecho”, sostiene.

1988, Liliana

A Liliana Leiva le robaron su segundo hijo. Lo tuvo el 22 de noviembre de 1988 en la maternidad municipal Santa Rosa, de Vicente López, donde se había hecho todos los controles, en un embarazo normal. Ese día, ni bien llegó, empezaron a pasar cosas raras: le dijeron que su historia clínica no estaba, la dejaron sola en una habitación, le avisaron que algo andaba mal con el bebé y la ataron a una camilla. Al final, le dijeron que era un varón y había muerto, y se fueron. Pero ella siempre dudó.

Les dijeron que la clínica se ocuparía de todo. Les dieron un cajoncito y el acta de defunción de un “NN” sin sellos. Dos años después, cuando fueron a buscarlo al cementerio para cambiarlo a otro, ya no estaba. “A veces me iba hasta la maternidad llorando, como una tonta. No sé qué respuesta esperaba… –recuerda Liliana–. Un día entré pidiendo el libro de partos, y me dijeron que no iba a conseguir nada ‘ni con un oficio de Madres de Plaza de Mayo’. No sé qué me quisieron decir”. En 2016 llevó su caso a la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde le consiguieron pruebas de que en esa maternidad no hubo ningún óbito ni en noviembre ni en diciembre del ‘88: todos nacidos vivos. “Mi duda era verdad”, dice Liliana. Con esto pudo judicializar su caso.

“Con esta ley, el día que mi hijo me busque podremos encontrarnos. A él le robaron el derecho a la identidad y a mí el derecho a maternar” (Liliana Leiva, madre a la que le robaron su hijo en 1988)

Liliana es portera de una escuela y una laboriosa activista del tema. Lleva registrados 20 casos de tráfico en su maternidad desde 1965, y trabaja en una planilla de madres con la situación de cada una: si por fecha podría llevar sangre al BNDG, si probó con la técnica del ADN ancestral, etc. “Quiero que lo encuentren todas”, dice. También hizo una bandera argentina con batitas blancas para Madres unidas, un grupo que engloba a Mamá te busca, Madres por la verdad y madres independientes. La bandera dice “Dónde está mi hijo/a robado al nacer”. “La hice para que nos unamos y para que nos vean: los hijos siempre dicen que no estamos, preguntan ‘dónde están’”, explica.

Liliana pide a las madres que, si les dijeron que su hijo murió, duden y la contacten por Facebook, Instagram o la página Mamá te busca. También tienen un grupo de WhatsApp, para darse contención. “Sirve muchísimo. Más que nada en fechas como Navidad, cuando sentís que te falta algo en el corazón. Solo una mamá lo puede entender. Es un dolor que no le deseamos a nadie”. De la nueva ley, Liliana opina: “Estoy agradecida. Nos va a permitir el acceso a documentación y mi búsqueda va a estar en una unidad de investigación: el día que mi hijo me busque podremos encontrarnos. A él le robaron el derecho a la identidad y a mí, el derecho a maternar. Después de tanta lucha, la ley es importantísima. Para mí fue un día muy especial después de 33 años. Hay mamás muy grandes y otras murieron sin encontrar a sus hijos y esperando la ley”.

1969, Leonor

Leonor Lazzarano, de 70 años, es una de las madres más grandes. Su historia expresa como pocas las injusticias que atraviesan las historias que no se corresponden con la última dictadura. A ella le robaron un bebé a fines de 1969 en la “clínica de Doña Elena”, de Wilde, famosa por vender chicos desde los ’50. En 2020, el juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó archivar este caso con el argumento de que, al ser previo al plan sistematizado por los represores, no se podía inferir que fuera parte de una trama de apropiaciones. Pero esta clínica es el ejemplo perfecto de que la práctica es bastante vieja. La partera Juana Elena Arias de Franicevich (fallecida) y el médico policial Jorge Antonio Bergés (condenado por crímenes de lesa humanidad), vendían allí desde el bebé de una adolescente engañada en el ‘69, como Leonor, hasta el de una parturienta cautiva en el Pozo de Banfield, como el caso del nieto recuperado Martín Ogando, hijo de los desaparecidos Jorge Ogando y Stella Maris Montesano (ver El abrazo arrebatado – La Pulseada 177). En esa clínica se gestionaron al menos cuatro entregas de hijos de detenidas-desaparecidas.

“¿Tienen los niños apropiados fuera del terrorismo de Estado un estándar inferior de protección para que el Estado invierta sus recursos en buscarlos?”, se preguntó en un escrito Ignacio Bellochio, el abogado de Leonor y Alberto

“¿Tienen acaso los niños apropiados fuera del terrorismo de Estado un estándar inferior de protección, como personas menos importantes para que la justicia o el Estado invierta sus recursos en buscarlos?”, se preguntó el abogado de Leonor y su esposo, Alberto Landaburo, en un escrito dirigido al juez que quería cerrar la causa. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, finalmente, revocó la decisión de Armella y ordenó que la justicia siga apoyando esta investigación, donde están en juego el derecho a la identidad y a la verdad, al margen de la época. Alberto murió en 2021, pero Leonor sigue buscando.

Un cambio social

En el caso de Leonor, la Cámara también sugirió darle intervención a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (DPRPD) del Ministerio de Seguridad bonaerense. En esa dependencia funciona un equipo especializado en identidad por fuera del terrorismo de Estado, que dirige Alejandro Incháurregui, uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense. Su trabajo condujo a resolver unas 1.000 historias en 20 años. Y está plasmado en el libro Tras la búsqueda (2009, prologado por Héctor Schmucler) y en el documental Mujeres invisibles (2015, de Clara Becerra).

Incháurregui habló de la ley con La Pulseada: “Su sanción es bienvenida principalmente porque implica que uno de los poderes del Estado prestó atención a un derecho ya consagrado en la Constitución provincial: el de que todo/a bonaerense tiene derecho a conocer su identidad de origen”, expresó.

Sin embargo, advirtió que “su eficiencia, en la práctica, probablemente sea menor a la expectativa generada, por las características de la problemática. Difícilmente una ley permita llegar a lo más íntimo de aquellas mujeres que no pudieron o no quisieron maternar a sus hijos, para que se avengan a aportar la información que complete la búsqueda de quien desea conocer sus orígenes”.

Para Incháurregui, “ello depende más bien de cambios sociales que vayan en el sentido de no estigmatizar a esas parturientas, despojarlas de la probable vergüenza, asumiendo que, en la mayoría de los casos de adopciones y apropiaciones, su vulnerabilidad era prácticamente una condición necesaria para la entrega de los niños/as. Al mismo tiempo, debe haber políticas que estimulen a los/as apropiadores, portadores de parte de la verdad, a sincerarse con sus hijos/as de crianza para ayudarlos en su búsqueda y no perpetuar su angustia con una búsqueda de identidad de origen infructuosa”.

El año pasado, la DPRPD lanzó la campaña #YoSoy, para sensibilizar sobre identidad en clave amplia y feminista. Son spots audiovisuales ideados para romper tabúes, alivianar cargas y llegar a más mujeres. Tocan temas como la orfandad, la maternidad obligatoria o la culpa. “Ando buscando a mi bebé” tiene testimonios de búsquedas y encuentros, que alientan a buscar sin miedo al rótulo de “madre abandónica”. “¿Existe el instinto materno?” cuenta la historia de la pianista Marta Argerich, que al sentirse “un poco abrumada por todo”, no crió a su primera hija. Son nueve spots.

Incháurregui agrega: “La sanción de esta ley también viene a corregir la desigualdad respecto de otros buscadores de su identidad de origen: los hijos e hijas de desaparecidos en el contexto del Terrorismo de Estado 1976-1983. El acceso a la identidad de origen para unos y no para otros está reñido con el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra la igualdad de derechos de todos/as ciudadanos. Está de más señalar que una de las condiciones de los derechos humanos es la igualdad; es decir, son para todos. Sin embargo, los organismos de derechos humanos, estatales y no estatales, no se han manifestado sobre la sanción de esta ley. Sorprende la indiferencia, por no llamarla indolencia”.  /// LP