Promueve inclusión, cuidado y derechos de personas con tuberculosis, hepatitis, VIH y otras ITS. Debiera ser tratado antes de fin de año.
Foto de portada: Tomás Labrousse para Ciclo Positivo
Epidemias olvidadas. Así definen en la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) la falta de respuestas efectivas desde el Estado nacional a enfermedades virales como la hepatitis y el VIH, pero también la tuberculosis u otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
En concreto, la entidad se manifestó “preocupada”, por el peligro que corre el Proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis de perder estado parlamentario si la Cámara de Diputados nacionales no da media sanción antes de fin de año.
De no conseguir dictamen en las comisiones de Salud, Presupuesto y Legislación General de la Cámara baja del Congreso, la iniciativa perderá la posibilidad de ser ley, puesto que el plazo máximo para su tratamiento en el recinto es diciembre próximo. No es la primera vez que sucede. El proyecto se presentó anteriormente en 2016 y también en 2018. A pesar de los logros conseguidos en esas instancias, la iniciativa perdió estado parlamentario en ambas ocasiones. Barajar y dar de vuelta.
El proyecto se presentó anteriormente en 2016 y también en 2018 y perdió estado parlamentario en ambas ocasiones. Y volvieron a intentarlo ingresando la iniciativa el año pasado
Se hizo un tercer intento durante la pandemia. Las organizaciones sociales que promueven la iniciativa, nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, volvieron a ingresar el proyecto el año pasado. A once meses de la gesta, desde la Fundación GEP, una de las entidades que impulsa la idea, advirtieron que existe “una profunda preocupación por la demora en el tratamiento” de un proyecto que puede salvar vidas.
Si bien ya existe una normativa en el país, la Ley nacional de SIDA Nº23.798, sancionada hace más de 30 años (1990), el actual proyecto que aguarda debate en Diputados propone regulaciones con una perspectiva en derechos humanos, los garantiza e impulsa un marco previsional específico para las personas con VIH.
En diálogo con La Pulseada, el presidente de la Fundación GEP, José María Di Bello, explicó que en lo único en que avanzó la Cámara baja fue que el texto “se puso en temario en la comisión de Salud en asesores hace dos semanas”. “Teóricamente, ahora debería pasar a los diputados” que conforman dicha comisión, estipuló el referente y agregó que la iniciativa deberá ser revisada también por “la Comisión de Presupuesto y de Legislación General”.
“Estamos muy expectantes. En 2018, con el Gobierno macrista no teníamos esperanzas. Ahora tenemos esperanza y fe y nos desilusiona mucho que hayan pasado once meses sin avances”, aseguró Di Bello a este medio. Es que, al faltar tantos pasos antes del debate en Diputados, es más probable que la iniciativa no consiga la preciada media sanción antes de diciembre. La alternativa está en acelerar el tiempo. Por eso, Di Bello comentó que como todavía “falta dictamen de mayoría” en las tres comisiones tratantes del proyecto, el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Pablo Yedlin, propuso que “se trate el texto de manera conjunta, para llegar a la media sanción antes de fin de año”. La opción permanece vigente, así como la iniciativa, que entre otras cosas, promueve por primera vez en Argentina un marco regulatorio para la tuberculosis y la hepatitis viral, además de otras ITS.
La iniciativa, entre otras cosas, promueve por primera vez en Argentina un marco regulatorio para la tuberculosis y la hepatitis viral, además de otras ITS
Otro de los proyectos de ley presentados ante el Congreso el año pasado fue el pedido para que se oficialice el 12 de agosto como el Día de la visibilidad de los Derechos de las Personas con VIH, en homenaje al nacimiento de Roberto Jáuregui, un activista argentino por los derechos de las personas con VIH o SIDA, quien fue el primer coordinador de la Fundación Huésped y falleció por la enfermedad en 1994. Esto también puede perder estado parlamentario a fin de año.
La importancia de la ley
En su primer artículo el proyecto declara de “interés público la respuesta integral para los tratamientos para VIH SIDA y otras infecciones de transmisión sexual”, afirmó Di Bello. “Este proyecto tiene un enfoque desde los derechos humanos y un capítulo específico con cuestiones de género y para mujeres y personas con capacidad gestante”, manifestó el presidente de la entidad que lucha por los derechos de las personas con VIH.
Por otra parte, el texto prevé un marco previsional específico para las personas con diagnóstico positivo de VIH, así como la creación de un Observatorio contra el Estigma y la Discriminación a personas con VIH o SIDA, bajo la órbita del INADI. Di Bello detalló que de sancionarse la ley “se podrá acceder a las pensiones no contributivas para las personas con VIH, algo que sucede desde 2011, pero ya nos pasó que esas pensiones se dejaron de dar y no queremos que dependa de una gestión el acceso a la previsión social”.
Además, se establece que las personas con VIH puedan acceder a una jubilación si cumplen tres requisitos: reunir 20 años de aportes, llegar a los 50 años y más de una década con diagnóstico positivo. “Esto es porque efectivamente las personas con VIH no llegan a la edad jubilatoria, por la propia enfermedad, por el envejecimiento prematuro del organismo y del sistema inmunológico”, describió el titular de la GEP. A la par, el proyecto impulsa sanciones contra la discriminación en ámbitos educativos y laborales, especialmente contra los test forzosos.
Vale aclarar que la iniciativa define “poblaciones con mayor prevalencia” de contraer VIH, explicó Di Bello y agregó que se “mencionan específicamente en el proyecto de ley para garantizar sus cuidados”. “También tiene un artículo sobre personas privadas de la libertad y en contexto de encierro, para garantizar sus tratamientos y la confidencialidad de sus diagnósticos”, puntualizó.
“Además de tratarse de una ley de VIH, ya de por sí esta ley incluye a las enfermedades transmisibles con mayor prevalencia en Argentina y el mundo, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, enfermedades transmisibles que no tienen una normativa vigente”, concluyó el titular de la FGEP.
