La fiscal María Cecilia Corfield describió de esa forma al edificio de 47 entre 25 y 26, donde funcionaba el Instituto Provolo, que fue allanado por abusos sexuales. Además de la funcionaria, el experto jurídico de la Red nacional de víctimas y un representante letrado de afectados en Mendoza analizan el caso llamado a ser una bisagra respecto de los delitos sexuales de miembros de la Iglesia.
Por Carlos Gassmann
Ilustración Claudia López Osornio
Subnota > La causa contra el cura Lorenzo
El Instituto Antonio Provolo para la Educación de Sordomudos se creó en Verona por iniciativa de ese sacerdote italiano en 1830 y quedó más tarde bajo la órbita de la Compañía de María, dependiente del Vaticano. Sus escuelas para hipoacúsicos se caracterizaron hasta hace poco por enseñar la lectura de labios y no la mucho más extendida lengua de señas. La institución se extendió a otros países y a S udamérica llegó a Bolivia, Paraguay y Argentina, donde creó sedes en La Plata –desde 1914– , Luján de Cuyo (Mendoza) –en 1995– y el barrio porteño de Flores. Pero entre los muros de establecimientos dedicados a un fin tan noble tuvieron lugar también prácticas non sanctas . En una carta enviada al Papa Benedicto XVI, 67 alumnos firmantes, en representación de muchos otros, denunciaron que entre 1950 y 1984, en la casa matriz de Verona, sufrieron abusos sexuales por parte de 25 sacerdotes. Esa lista de delitos, que se reiteraría después en otras filiales de diferentes lugares del mundo, incluía violentos castigos físicos, sodomizaciones en dormitorios, baños y hasta confesionarios y otros tipos de vejaciones sexuales.
Lo que se sospechaba quedó confirmado cuando un periodista italiano se hizo pasar por un ex pupilo y le realizó una cámara oculta al anciano sacerdote Eligio Piccoli , ya postrado en una cama en las proximidades de Verona. El clérigo, además de admitir que él mismo y otros curas abusaban frecuentemente de los menores sordomudos, contó que a los que eran descubiertos las autoridades veronesas les planteaban dos alternativas: volver a sus casas o marchar a América. Tal el caso del prelado Nicola Corradi , acusado en Italia por hechos ocurridos desde 1955 en adelante, quien entre 1979 y 1982 –se discute el año preciso de su ingreso al país– llegó a La Plata para hacerse cargo de la sede local del Provolo, en 47 entre 25 y 26, y 14 años después partió para lo mismo a Mendoza. Hoy se encuentra bajo arresto domiciliario, acusado de múltiples hechos aberrantes, cometidos tanto en la capital bonaerense como en Luján de Cuyo, que podrían costarle hasta 50 años de prisión.
Como mínimo desde 2014, el Papa Francisco fue informado al menos en tres oportunidades de que los abusos en perjuicio de menores italianos sordos se habían cometido también contra niños y adolescentes hipoacúsicos de su país de origen. Pero no tomó medida alguna hasta que, en diciembre de 2016, estalló el escándalo en Mendoza, que rápidamente se extendió a La Plata, y entonces dispuso enviar a la provincia cuyana a dos curas cordobeses, Dante Simón y Juan Martínez , para que iniciaran la investigación canónica preliminar. Ambos terminaron procesados por la justicia ordinaria por ocultar pruebas y obstruir el proceso civil. Luego desde Roma se nombró a Alberto Bochatey como “comisario apostólico” para el Provolo. Todos los medios de prensa que intentaron hablar al respecto con ese obispo, que es auxiliar en La Plata , no obtuvieron otra respuesta que el silencio.
“Es probable que sea el peor caso de abuso eclesiástico por la cantidad de víctimas y porque son personas sordas, lo que vuelve aún más crítica la situación” (Carlos Lombardi, de la Red de Sobrevivientes)
Un protagonista destacado de esta historia es Daniel Sgardelis, quien nació hace 43 años en Tartagal (Salta), donde hoy reside. En la década del ’80 y principios los ’90 estuvo como pupilo en el Provolo de La Plata. Tres años antes de que los hechos de Mendoza se hicieran públicos subió un video grabado en lengua de señas a YouTube en el que narraba lo que había sufrido en el colegio platense e instaba a otras víctimas a formular la denuncia. “A nosotros ya nos arruinaron la vida y no tenemos que dejar que a otros chicos sordos le hagan lo mismo”, era parte del mensaje. Fue de los primeros en declarar en Mendoza, prestó luego testimonio por teleconferencia desde la capital salteña frente al ex fiscal platense Fernando Cartasegna y más tarde lo hizo cara a cara. Contó que en la escuela fue golpeado, obligado a trabajar y abusado sexualmente por curas, monjas y laicos. Reveló que varias víctimas se suicidaron y que él mismo intentó quitarse la vida. Además del valor de su propio testimonio viene jugando un papel fundamental al convencer a otros afectados que conoce para que se presenten a declarar. Asegura que lo ocurrido en La Plata y Mendoza también pasó en Flores. Y que las vejaciones se repetían en la colonia de vacaciones que el Instituto tenía en Valeria del Mar.
¿Estamos ante el peor caso de abuso eclesiástico denunciado hasta el presente en la Argentina? La Pulseada habló con la titular de la UFI 15 de La Plata, María Cecilia Corfield, a cargo ahora de la causa ; el asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en la Argentina, Carlos Lombardi y el abogado de algunas de las víctimas mendocinas, Oscar Barrera. Lombardi considera que “es probable que sea así no sólo por la cantidad de víctimas sino también porque son personas sordas, lo que vuelve aún más crítica la situación”. Barrera plantea que le cuesta hacer esa evaluación “porque cualquier delito de este tipo es de una gravedad superlativa” pero especifica que “lo del Provolo es especial por la particular forma en la que los delitos se cometían, con una vulneración extrema de los derechos de víctimas múltiplemente indefensas, por ser menores, por ser pobres, por ser sordos, por sus desfavorables condiciones familiares y por garantizarse el silencio de los abusados al impedírseles comunicarse mediante la lengua de señas”.
Los afectados ya se cuentan por decenas pero es muy difícil, por varios motivos, que alguna vez se sepa con exactitud cuántos son en realidad. Sólo en Mendoza se estiman más de 200. Los procesos judiciales resultantes tienen una dimensión y una complejidad que pueden parangonarse con las megacausas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.
Los hechos de Mendoza
Pocos podían imaginar qué puertas se estaban abriendo cuando el 25 de noviembre de 2016, a instancias del presidente del Movimiento de Sordos, Luis Batistelli y con la colaboración de la senadora provincial Daniela García y la vicegobernadora Laura Montero, se denunció que en la sede de Luján de Cuyo se cometían graves abusos. Esa misma noche quedaron detenidos dos sacerdotes, el italiano Corradi –hoy tiene 84 años– y el argentino Horacio Corbacho –actualmente cuenta con 58–. Con el avance del proceso judicial se constató el ultraje de 17 menores sordos que tenían entre 4 y 17 años al momento de ser vejados, aunque se sabe que hay muchos otros que sufrieron lo mismo pero, por discapacidad o imposibilidad psicológica, no se han presentado aún ante los tribunales.
Los imputados por acción, complicidad o encubrimiento ya suman 15. Entre ellos se cuentan, en cumplimiento de prisión preventiva, Corradi y Corbacho y las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez . E ntre los laicos, el jardinero Armando Gómez , el empleado José Luis Ojeda , la ex representante legal Graciela Pascual , cuatro ex directores y otros ex miembros del personal.
Ya en 2008, Cintia Martínez , madre de un chico mendocino que en ese momento tenía 11 años, había realizado una denuncia que quedó en la nada. Todo fue distinto 8 años después. Ahora, con diferentes tramos de expedientes, ya hay un condenado, el monaguillo Jorge Bordón , quien aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y fue sentenciado a 10 años de cárcel. “ Más allá de lo justa o injusta de esa pena, lo importante fue su confesión, por que confirmó la veracidad de los hechos ”, analiza el abogado Barrera . También se demostró el correcto desempeño de los intérpretes de lengua de señas , quienes habían sido vapuleados por las monjas imputadas y hasta llegaron a ser denunciados por algunas defensas. “Aunque pudo ser una condena mayor es emblemática: es la primera en el mundo por abuso a personas sordas en el ámbito de un Instituto con sedes en varios países” , valora el abogado de las víctimas.
Uno de los expedientes inlcuye a la representante legal Graciela Pascual, la psicóloga Cecilia Raffo , la cocinera Noemí Paz , la monja paraguaya Martínez y cuatro ex directores del colegio . “Todos están implicados por participación primaria o secundaria: comisión, omisión o violación de su deber de garantes –conociendo los abusos sexuales no cumplieron con la obligación de denunciarlos– ”, agrega.
«La Iglesia no puede decir que no sabía y dejar de responder por los abusos que cometen sus miembros. Si emprende obras de ayuda para los menores de edad está obligada a garantizar su integridad física y psíquica” (Oscar Barrera, abogado de víctimas)
–¿Cómo se ha comportado la justicia mendocina?.
“El fuero penal provincial accionó de un modo prolijo; no así el Procurador de la Corte, que fue presionado por la Iglesia”, dice Lombardi. Barrera cree que “si esas presiones existieron, no parecen haber tenido efecto sobre el ministerio público fiscal mendocino, que ha dado muestras de absoluta independencia y objetividad”. Este abogado destaca “la oposición al artero intento del arzobispado de Mendoza de obtener copia del expediente penal y la citación a declarar al cura Dante Simón, encargado del proceso canónico. Se lo emplazó a informar sobre el desarrollo y la conclusión de su investigación, cosa que no hizo y le valió estar denunciado penalmente”. Hay coincidencia en que junto a Juan Martínez, enviados por el Papa a Mendoza para la investigación canónica preliminar, no hicieron más que intentar obstruir el avance de la causa civil. “Investigaron de modo secreto e incumplieron los pedidos judiciales invocando su propia legislación: esa prebenda del Estado argentino que fue el Concordato de 1966 ”, explica Lombardi, para quien Simón “ es un sinvengüenza que sólo buscaba recopilar elementos que les sirvieran a las defensas” . Y desacredita e l procedimiento canónico : “Es una parodia de proceso judicial en el que unos curas juzgan supuestamente a otros pares por delitos comunes. Una aberración prohibida por el artículo 15 de la Constitución Nacional”.
– ¿Tuvieron razón los arzobispos de Mendoza y La Plata al deslindar toda responsabilidad diciendo que el Instituto Provolo no estuvo nunca bajo su órbita porque dependía directamente del Vaticano ?
Lombardi señala que “es propio de la mecánica habitual del encubrimiento que los obispos salgan en cualquier parte del planeta a autoexculparse, publicar comunicados pidiendo perdón y punto. Han pergeñado todo un sistema para proteger a los abusadores”. Barrera afirma que “los pactos internacionales de derechos humanos, incorporados a nuestra Constitución, tienen una jerarquía superior al Concordato que invocan y a la maraña de normas que han creado para evadir culpas. La Iglesia no puede decir que no sabía y dejar de responder por los abusos que cometen sus miembros. Si emprende obras de ayuda para los menores de edad está obligada a garantizar su integridad física y psíquica. Pero está demostrado que lo que en realidad hacen es trasladar a los abusadores o premiarlos con importantes cargos”.
Respecto de las autoridades de la arquidiócesis de Mendoza, Lombardi considera que “es claro que también podrían haber sido imputadas pero allí se cuelan la política y las presiones. En Mendoza tendrían que haber sido procesados el arzobispo José María Arancibia –quien recibió a Corradi y su superior cuando llegaron a la provincia– , el arzobispo Carlos María Franzini – fallecido el año pasado – y el vocero del arzobispado Marcelo De Benedictis– quien no se cansó de mentir e implorar a los medios que le creyeran – ”.
La causa en La Plata
A fines de 2016, tras conocerse que varios de los sacerdotes acusados en Mendoza habían pasado por La Plata, el entonces fiscal Cartasegna inició una investigación de oficio que quedó paralizada cuando ese funcionario judicial renunció en medio de un escándalo por irregularidades. Recién en septiembre del año pasado el expediente pasó a manos de la fiscal María Cecilia Corfield, quien desmintió ante La Pulseada las versiones que indicaban que las declaraciones recibidas por su antecesor eran nulas por que no estaban respaldadas por una adecuada traducción de expertos en lengua de señas. “Son válidos y no están impugnados”, dijo . Participaron intérpretes provistos por ADAJUS ( Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia ) y en un solo testimonio esa colaboración la prestó el INADI.
Hasta ahora “se han presentado a testi moniar once víctimas, siete cuando Cartasegna estaba a cargo de la instrucción y cuatro desde que la asumimos nosotros” , dijo la fiscal y confirmó que los denunciantes que se acercaron espontáneamente relataron haber sido objeto de abusos y malos tratos durante su permanencia como internos en el Provolo entre 1982 y 2002. “Los declarantes manifestaron haber padecido 17 vejámenes sexuales aunque también hicieron referencia a 21 víctimas más” , remarcó . Nicola Corradi, también ubicado entre los principales imputados de La Plata, podría ver agravada su pena.
En La Plata ya han sido mencionadas como violentadas 28 personas que al momento de sufrir el delito eran menores y hoy son adultas. Pero no todos se han presentado a declarar.
“En la etapa de instrucción en la que nos encontramos –prosigue la fiscal – ya han sido mencionadas como violentadas 28 personas que al momento de sufrir el delito eran menores y hoy son adultas. Pero no todos se han presentado a declarar. Por tratarse de un delito de instancia privada, no es obligatorio concurrir a testimoniar. Muchos consideran que es algo que quedó en el pasado y sobre lo que no quieren volver”. Por otro lado, Corfield aclaró que, pese a que siempre se nombra juntos a Corradi y Corbacho, el segundo “no está imputado en La Plata porque, mientras residió acá , estuvo principalmente en el Colegio Santa María, ubicado en 26 y 47, prácticamente sin contacto con los menores internados en el Provolo”.
También despejó dudas sobre algunos de los laicos acusados: “Darío Brítez era un chico sordo, compañero de Daniel Sgardelis en el internado. Sus hermanos, Juan Carlos y José Brítez , vinieron a La Plata a cursar estudios universitarios. Consiguieron alojamiento y comida en el Provolo a cambio de realizar distintas tareas, como desempeñarse como celadores. Sgardelis los mencionó a los dos como autores de delitos y están involucrados en la causa”.
Sobre las penas posibles, la fiscal indicó que el delito más grave de los mencionados es el de abuso sexual, con condenas que pueden oscilar entre 8 y 20 años de prisión según los agravantes. “Que se trate de sordomudos no constituye un agravante –aclaró–. Sí que los victimarios sean sacerdotes y hayan estado a cargo de la guarda y educación de los niños. Estamos hablando de un doble agravante” .
“Era un lugar que parecía detenido en el tiempo. Había tirantes desde donde los denunciantes dijeron que los colgaban o rincones donde los hacían arrodillarse sobre granos de maíz” (fiscal María Cecilia Corfield)
Agrega que se citan malos tratos, acciones típicamente asociadas a la tortura. “ En estos casos el paso del tiempo es perjudicial porque puede causar la prescripción. En cambio, en relación al abuso sexual, hay una norma, vigente desde el 10 de octubre de 2015, que contempla que el plazo de prescripción se considera desde que el menor cumple 18 años y formula la denuncia. Estamos hablando de hechos cometidos hasta 2002 , por lo que entiendo que no están prescriptos y por eso estoy avanzando en la instrucción de la causa. Pero en definitiva depende del criterio del juez considerar si se ha producido o no la prescripción”.
–¿Cuál ha sido el comportamiento de la Iglesia de La Plata?
“Hasta ahora les hice un solo requerimiento y han respondido favorablemente –dice Corfield–. No podría decir que existe, como han señalado algunos en Mendoza, una actitud de obstrucción. Yo diría que más bien parecen mantenerse expectantes: si se les pregunta, contestan, de lo contrario, se mantienen en silencio”.
Aunque los arzobispos han dicho que el Provolo siempre dependió de la congregación respectiva y no de ellos, hay publicaciones que señalan que diez años antes de que los abusos se hicieran públicos Héctor Aguer, el anterior jefe de la iglesia platense, dispuso que en el Provolo de La Plata no hubiera más pupilos que pernoctaran allí. Aquello podría implicar que conocía lo que ocurría y por lo tanto ser llamado a declarar. Sin embargo la fiscal no avanza sobre ese punto: “Desconozco si tenía atribuciones para tomar una decisión semejante o si era únicamente competencia de la congregación. Sí me consta que el director del Provolo, sea sacerdote o laico, era designado directamente desde Verona. Corradi, quien mientras fue el máximo responsable se manejó como dueño y señor del lugar, se reportaba directamente a Italia. Incluso antes de partir hacia Mendoza nombró como nuevo director a un laico”.
En noviembre del año pasado Corfield dispuso dos allanamientos en las instalaciones del Instituto y recolectó muchos elementos para la causa . “En el primero nos hicimos de mucha documentación: legajos de docentes y alumnos, fechas de ingreso y egreso de todos, planillas de asistencia, certificados médicos, videos en VHS y también varillas presumiblemente usadas para infligir castigos –aunque las víctimas dijeron que eso lo hacían con ramas de árboles– . El segundo allanamiento consistió en un recorrido en compañía de una de las víctimas –que no es Sgardelis– para comprobar si había coincidencia con lo planteado en su relato. Lo que nos había narrado parecía en principio increíble por su gravedad. Pero pudimos confirmar que el lugar era tal cual lo había detallado. Todo lo que nos había relatado pudo recrearse a la perfección”.
La fiscal describe otros detalles sobre los allanamientos: “El edificio tiene dos pisos. En la planta baja funcionan las aulas y otros espacios educativos. La planta alta está dividida en dos. En una parte estaban las habitaciones de los directivos y otras salas y la otra parte está actualmente alquilada a la Universidad Católica de La Plata. Ese sector de la planta alta se encontraba bajo llave. Vino el obispo auxiliar, Alberto Bochatey , nombrado desde Roma como comisario apostólico por la congregación, y nos abrió. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con un lugar que parecía haber quedado detenido en el tiempo. La impresión fue que nada había cambiado demasiado. Era como el escenario de una película de terror. Hallamos, por ejemplo, tirantes desde donde los denunciantes dijeron que los colgaban de las manos o rincones donde aseguraron que los hacían arrodillarse sobre granos de maíz”. El día del allanamiento, u na “fuente judicial” citada por el diario La Nación dijo que “la gran sorpresa fue ingresar a los dormitorios de los sacerdotes. Se respiraba una atmósfera medieval y había muchas cruces, como si fueran habitaciones preparadas para un ritual de exorcismo”.
–¿Por qué no borraron las huellas que podían incriminarlos?.
“Quizás se sienten intocables –cree Corfield–. Tal vez también por esa tendencia propia de militares y curas de no tocar nada y dejar todo como está. Y además porque hay indicios, como el estado en el que se encontraban las habitaciones, los cajones, la ropa o los percheros, de que el último se fue de apuro y huyendo. Se trata de un sacerdote que vino directamente desde Verona y nunca salió de La Plata. Alguien que siguió viviendo allí hasta diciembre de 2017, cuando ya hacía un año que se había iniciado la causa.
Aunque la fiscal no lo identificó, se trataría del cura Eliseo Primatti , de 82 años, otro imputado que se habría fugado a Italia. Que ahora deba pedirse su extradición es una muestra de la desidia con la que actuó Cartasegna, quien teniéndolo en la ciudad no tomó ninguna medida .
–¿Qué otros avances hubo tras los allanamientos?
“Se presentaron espontáneamente a declarar algunas víctimas más –responde la funcionaria judicial– y se realizaron pericias informáticas sobre las computadoras secuestradas. Se hallaron, entre otras cosas, materiales de pornografía infantil, pero que pertenecen a un período posterior al investigado”.
–¿Qué tiempos demandará el proceso hasta su conclusión?
“A mí –dice Corfield– me corresponde investigar y, en los casos en que lo considere necesario, solicitar al juez la detención. A partir de que el detenido es indagado hay un plazo máximo de diez meses para llevarlo a juicio”.
La fiscal se muestra esperanzada: “Antes de jubilarme me gustaría que un juez acceda al video en el que registramos lo visita a las instalaciones que hicimos con aquella víctima porque lo que se ve en esa filmación es realmente terrible”.
Abogados que prefirieron mantener su nombre en reserva dijeron a La Pulseada que hay un juez de Garantías, muy próximo a la Iglesia, que parece dispuesto a negar las detenciones y posteriores indagatorias con el argumento de que los delitos ya han prescripto. Abriendo mejores expectativas, el periodista Julián Maradeo publicó al cierre de esta nota en el portal Infobae que eran inminentes los pedidos de detención de otros sacerdotes que fueron enviados a la Argentina castigados por abusos cometidos en Verona y perpetraron aquí los mismos delitos. Se trataría de clérigos que figuran en la lista que Bochatey entregó por solicitud de Corfield y entre los que se cuentan el mencionado Primatti y Giovanni Granuzzo (se presumía erróneamente que había fallecido). En esa nómina estaría también incluido Luigi Spinelli , quien se encuentra prófugo.
La fiscal concluyó con un llamamiento. “Me interesa decirles a otras víctimas, que entonces eran niños y ahora son adultos, que vengan a declarar, que estamos dispuestos a escucharlas y que las puertas de la fiscalía están siempre abiertas para ellas. A varias hemos intentado contactarlas por vías como las redes sociales. Algunas efectivamente se presentaron, otras dijeron que no querían testimoniar y otras ni siquiera contestaron. Hasta el momento, además de afectados de La Plata, contamos con declaraciones de víctimas que viven hoy en Quilmes, Rosario, El Chaco y Salta”.
Subnota > La causa contra el cura Lorenzo
¿Casos aislados o responsabilidad institucional?
El abogado Lombardi cree que “lo que hacen en materia de abusos sexuales es tan alevoso que se han ganado un repudio y una condena social y mediática generalizadas. Sólo un grupo minoritario, servil y obtuso enfoca la cuestión como propia de un número insignificante de curas. Son blanco de las falacias que las propias autoridades eclesiásticas esgrimen para blanquear el sepulcro ” .
Barrera apunta que llama la atención que “en Argentina, a diferencia de países como Estados Unidos , Irlanda o Chile, no se aborde el problema con más vigor. Los casos Provolo, Grassi , Ilarráz o Zancheta –entre otros– revelan que estamos frente a hechos aberrantes y atroces que significan una violación sistemática de los derechos humanos. En el país de donde es originario el Papa Francisco parece que se tratara de episodios aislados respecto de los cuales la Iglesia no asume responsabilidad alguna. Se limita a negar, ocultar y relativizar el testimonio de las víctimas. A las del Provolo incluso las discrimina. ¿Por qué el Papa argentino no toma una postura más rigurosa respecto de lo que sucede en su propio país? No tengo una respuesta sino varias sospechas. Como no son más que sospechas, me las guardo para mí. Pero es fundamental que esto se ventile públicamente para que la sociedad tome conciencia del flagelo que constituye ” .
Una perversidad sin límites
Algunos datos conocidos en Luján de Cuyo, donde ya se superó la etapa de instrucción y desde mayo pasado se encuentra en desarrollo el juicio, bastan para ejemplificar el grado de atrocidad que alcanzaron los hechos: los ultrajes se cometían en una capillita ubicada en los fondos del predio a la que llamaban cínicamente “la casita de Dios”. Una adolescente testimonió que fue encadenada y vejada por cuatro personas a la vez, consta en el expediente que el cura Corbacho violó reiteradamente a una niña de 5 años, la monja Kumiko Kosaka le puso un día un pañal para disimular la hemorragia y poder llevarla al comedor, una víctima declaró que en un sótano vio frascos con fetos que tendrían su origen en abortos provocados a menores que habían quedado embarazadas tras los abusos y en el dormitorio de Corbacho se encontraron, además de fotos y filmaciones pornográficas, ropa interior femenina y pastillas anticonceptivas.
Los traumas causados son tales que el fiscal mendocino contó que durante sus declaraciones varios afectados “lloraban de manera gutural, vomitaban y hasta se caían al piso de dolor” al revivir lo padecido.
