Asesinado por disputar la ciudad

JuicioRamirezAgustín Ramírez se formó con las comunidades eclesiales de base en uno de los primeros asentamientos organizados del país y se convirtió en líder barrial. En 1988 tenía 23 años, había sido uno de los primeros objetores del servicio militar y dirigía un periódico en el sur del Conurbano. Denunció una estafa inmobiliaria y la Policía lo mató. Familiares, amigos y organizaciones buscan reabrir el caso y que se lo considere delito de lesa humanidad.

Por Daniel Badenes

Francisca Quintana: seis pibes paridos y criados, otros tantos queridos y cuidados en el barrio; petisa, fuerte: esa fortaleza de las mujeres que han dado todo en la vida. Aunque lleva más de cuatro décadas viviendo en el conurbano bonaerense, sus palabras sencillas tienen siempre ese inconfundible tono correntino. Francisca cuenta y se emociona. Usa toda la palma de la mano para secarse las lágrimas. “Agustín siempre veía muy claras las cosas. Era un chico que nunca tuvo ningún rencor. Y era muy andariego –dice—. Yo le decía que pare un poco pero no me hacía caso, porque quería estar siempre comunicado con los demás… Un montón de actividad tenía todo el tiempo”.

Francisca sigue viviendo en la humilde casa ubicada en 820 y 891, la calle que ahora lleva el nombre de su hijo asesinado. Allí donde en noches de frío y lluvia él llegaba con desconocidos —“señoras grandes, chicos que encontraba viviendo en la calle…”— para darles un reparo:

—Pero Agustín, no tenemos lugar… — decía Francis.

—Quedate tranquila, mamá. Ellos van a dormir en mi cama. Yo me arreglo acá, me quedo con el mate, tengo que escribir para el periódico.

Así era Agustín “El Capi” Ramírez: hijo de Francisca y Juan, 23 años cumplidos en 1988, el año en que lo torturaron y lo mataron por defender el derecho a la tierra y la vivienda.

No hay amigo, compañero, vecino, que no lo recuerde con una palabra de bondad y una anécdota. “La vida de Agustín yo la defino como cristiano: que quien quiera conocer un santo, que conozca la vida de Agustín”, intenta resumir Pablo Pimentel, abogado de Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que lo conoció en la lucha.

A veces parece mentira cuando dicen que tenía 23: la solidaridad en las tomas, la militancia contra el servicio militar, las rondas acompañando a las Madres, el periódico barrialLatinoamérica Gaucha, los fogones, su trabajo como obrero del vidrio, la organización del barrio contra la usura inmobiliaria. Mentira fue, en cambio, la que titularon varios diarios al día siguiente de su muerte, basados en la versión policial: “Guerra entre patoteros”.

Los últimos que lo vieron sabían que “el Capi” había salido a buscar unos postes para instalar en el asentamiento Tierras de Jerusalén, donde estaba trabajando. Su compromiso era incesante: días antes había participado de una marcha por las inundaciones y se había ido hasta La Plata para averiguar sobre la situación catastral de unos terrenos…

La noche del domingo 5 de junio de 1988, cuando en San Francisco Solano supieron que Agustín y su amigo Javier Sotelo, de 18, estaban muertos, todos entendían cuál era el verdadero enfrentamiento.

El derecho a la ciudad

“Agustín y sus amigos dieron una disputa sobre cómo se construía la ciudad, dónde querían vivir y cómo querían vivir. Y no lo hicieron tres o cuatro iluminados sino con un grupo grande, masivo, con capacidad de construir mayorías”, remarca José Luis Calegari, del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, una ONG que trabaja en las barriadas populares de Florencio Varela, donde hoy un barrio y una escuela reivindican el nombre de Agustín. El abogado sabe bien lo que se juega en una toma: “No fue un asesinato porque tenía un problema con la Policía, sino porque él lideraba la discusión sobre ese territorio. Se dio una pelea contra sectores concretos, que aparecen encarnados en la inmobiliaria Martino”.

La disputa llevaba unos años en el sur del Gran Buenos Aires, cuna de las primeras tomas de tierras urbanas que hubo en el país con el objetivo de constituir viviendas. En la segunda mitad de 1981, unas 4.600 familias ocuparon terrenos de los partidos de Quilmes y Almirante Brown —por donde alguna vez pasó el Ferrocarril Provincial— a partir de las cuales se formaron seis asentamientos: La Paz, Santa Rosa, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas, ubicado detrás de la fábrica de vidrios Rigolleau, hoy conocido como barrio 2 de abril. Ya se sentían fuerte los coletazos del plan económico de la dictadura y Quilmes era “una verdadera ciudad sitiada por el hambre”, como la definió el entonces obispo Jorge Novak, referente de una de las diócesis más comprometidas en la defensa de los derechos humanos.

En pocos meses se instalaron más de 20.000 personas que estaban privadas del derecho a la vivienda. Algunas llegaban expulsadas de la Capital, donde la intendencia de facto tuvo un férreo plan de erradicación de villas. Otras, en cambio, venían de migraciones recientes del Noroeste y el Litoral —como la familia Ramírez, de Corrientes—. Algunos traían la memoria de la organización de las ligas agrarias, que sin duda contribuyó a forjar una experiencia novedosa donde las mujeres y los jóvenes tuvieron un rol protagónico. A diferencia de lo que solía ocurrir en las villas, los ocupantes definieron las manzanas y construyeron sus casas previendo espacios para calles, plazas y lugares comunitarios.

“No se organizaron con el formato ya conocido de la villa, pero tampoco bajo los parámetros de la ciudad hegemónica o dominante”, caracteriza el investigador del CONICET Pablo Vommaro, que estudió los asentamientos de Solano y Rafael Calzada. Según este historiador, la experiencia “va más allá y logra la producción de un verdadero hábitat alternativo instituyendo usos del espacio decididos y llevados a la práctica en forma comunitaria”. Los asentamientos promovían la participación directa en las decisiones. Cada manzana tenía su asamblea y definía dos delegados elegidos por los vecinos. Esos delegados confluían en una asamblea más grande y a su vez se coordinaba con otros asentamientos. Para Vommaro, “podemos hablar de verdaderas formas de autogobierno paralelas al estado, instituciones de gobierno popular no ligadas a las formas estatales modernas”. “El origen de los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTDs) que se formaron en Solano a partir de 1997 puede rastrearse en ciertas formas de organización comunitaria y territorial que se constituyeron en las tomas y posteriores asentamientos a partir de 1981”.

Esa capacidad de organizarse tenía un germen: las comunidades eclesiales de base que se habían formado en la zona a principios de los ‘80, especialmente con el impulso del cura Raúl Berardo. Miembro del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, Berardo llegó a la capilla de Caacupé —ubicada a cinco cuadras de la casa de los Ramírez— después de pasar un tiempo en el sur de Brasil, donde vivió los inicios del Movimiento de los Sin Tierra. Una vez en Solano, fue uno de los que más insistió en la necesidad de organizar los asentamientos. Y cuando llegaron las topadoras, se puso en primera fila para frenarlas. Por esos días, un diario tituló: “Cura comunista en toma de tierras”.

Ocupar, resistir, producir

Todavía regía la dictadura; la pelea no era nada fácil. Ese noviembre de 1981, en el barrio La Paz apareció asesinado el primer presidente de la Comisión del Barrio. El hecho nunca fue esclarecido. Los medios de la época aliados del régimen, como la revista Somos, intentaron responsabilizar a la “subversión”. Ese mismo mes los asentados tuvieron que resistir las topadoras. Con el respaldo de la Iglesia local —Berardo en la calle y Novak presentándose ante las autoridades militares— el desalojo se detuvo, pero quedó un cerco de 3.000 efectivos policiales que duró seis meses. Se retiró al inicio de la guerra de Malvinas. En ese período, 14 chicos murieron por diarrea sin poder recibir atención médica. El saldo no fue aún más trágico por la solidaridad colectiva: entre los jóvenes de las comunidades se organizaban para pasarse agua, alimentos y medicación.

“No tenemos una historia terminada. Los tiempos del barrio son difíciles para detenernos a escribirla”, se disculpa Jorge Chambi, uno de los protagonistas del asentamiento San Martín y amigo de Agustín: “Lo conocí en esa época porque él y otros jóvenes nos ayudaron a tomar esas tierras”. De tez oscura, con sus anteojos en el pecho colgando con una soguita, Chambi habla pausado: “Se pueden contar tantas cosas de él… Todas las personas con las que se vinculaba. Él establecía relaciones que no eran de enseñanza sino de intercambio. Y tenía la idea de que para cambiar la sociedad debíamos unirnos los de abajo”.

Con la impronta de su militancia cristiana, una de las iniciativas para promover esa unión fueron los llamados fogones. Ramírez organizaba reuniones en baldíos, sábado por medio, para “sacar a los jóvenes de la esquina” donde estaban expuestos a la violencia policial y al consumo problemático de drogas. Juntaban leña, preparaban mate, se contaban sus historias. “Llegaron a juntarse 450 chicos, que venían incluso de otros partidos aledaños”.

También armó y lideró dos periódicos: Latinoamérica Gaucha primero y El Fogonazo más tarde. El primero tenía un objeto claro desde el principio: comunicar a los barrios entre sí y generar un canal de expresión para los vecinos de la zona. Varios jóvenes se convirtieron en periodistas populares y formaron el Equipo Social Latinoamérica Gaucha (ESLAGA). Contaron las luchas de los sin techo, de los sin trabajo, de los inundados. En la revista también se publicaron los nombres de los desaparecidos, de los que no se hablaba en San Francisco Solano.

Fue un periódico autogestionado por sus realizadores. Más de una vez, la impresión se financió con mangazos que encabezaba “el Capi”: el primer número lo imprimió la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Quilmes. También recurrieron, sin dejarse condicionar, a los partidos que florecían en la zona. “Yo lo conocí como militante del PI, después me enteré que se había afiliado a todos los partidos en los locales de Solano”, recuerda Víctor Andreoli, que entonces era secretario del bloque intransigente del Concejo Deliberante quilmeño. “Nos pedía cada semana fotocopias para poder hacer su revista. Fue un cristiano militante, demasiado transparente para este mundo”.

“Nosotros nos dábamos cuenta de que estaba más adelantado porque nos traía propuestas novedosas, como el frente de oposición al servicio militar obligatorio —recuerda Chambi—. Traía textos y los leíamos en grupo. Nos ayudaba a entender la lógica militar”. “Con Agustín vivimos un proceso donde fuimos aprendiendo y tomando conciencia de las situaciones”, agrega otro compañero del ESLAGA, Luis “El Cabezón” Fredes, y agrega a esta historia en construcción las tareas de apoyo escolar, la relación con las Madres de Plaza de Mayo y un recuerdo de su valentía: “Hubo un asentamiento en Faluch y La Rioja, donde hubo una represión muy grande en la que un policía le pega a una embarazada y muere. Agustín le tomó la chapa al comisario y terminó haciendo una denuncia por la que expulsaron al comisario de Calzada”.

Su hermano Jorge recuerda que “dedicaba mucho tiempo a la militancia social, desde los 13 o 14 años” y remarca que su gran preocupación era “la necesidad de un lugar donde vivir que tenía la gente”. “Esa necesidad la vio Agustín y la vio también el padre Berardo. Entonces empezaron a organizar a la gente para las tomas: ‘Esas tierras les pertenecen a ustedes, son del pueblo’. Se organizaron, organizaron al pueblo y comenzaron las tomas…”.

Gatillo premeditado

“Berardo es el responsable junto a jóvenes como Agustín Ramírez quizás del mayor plan de vivienda de esa época. Era una verdadera actitud de militante. Y eso era muy fuertemente atacado”, sintetiza Luis Brunatti y ya no cabe discusión: quien lo dice era, en aquellos días de 1988, ministro de Antonio Cafiero, el primer gobernador después de la dictadura, que fue incapaz de generar un plan mejor. Decir que quedaban algunos resabios era poco: siendo responsable entre otras áreas de la seguridad, Brunatti no podía garantizarla ni para su propia familia. Tuvo que mudarse al centro y vivir con custodia. Y cuando propuso formar el Consejo de Asentamientos tuvo resistencias al interior de su propio partido.

Un cuarto de siglo después, Brunatti quiere reivindicar “muchos jóvenes víctimas de la Policía, que fueron sucediéndose a lo largo de los años. Cuando se habla de considerar al homicidio de Ramírez y Sotelo como un crimen de lesa humanidad, hay que tener en cuenta la circunstancia en la que se produce. No es que recuperadas las instituciones automáticamente todo funciona como en democracia. Hay todo un tiempo en que los jueces son los jueces de la dictadura, la Policía es la Policía de la dictadura… Si fuera diferente no tendríamos la desaparición de Julio López”.

En la fecha de los asesinatos estaba en pleno funcionamiento la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (la DIPPBA), dedicada a la persecución política y con ese nombre desde 1955 (La Pulseada 16). Muchas misas, festivales y reuniones que año a año hicieron familiares y amigos de Agustín para recordarlo y reclamar justicia quedaron registradas en sus archivos, hoy desclasificados y administrados por la Comisión Provincial por la Memoria en la misma sede donde había funcionado ese servicio de inteligencia. El legajo que se abrió el 7 de junio de 1988 siguió completándose aún después del cierre impune de la causa judicial. Un informe de 1995 es clarísimo: “El nombrado Ramírez fue militante de la Comunidad Eclesial de Base (dependiente del Obispado de Quilmes), apoyo de Jorge Novak; se destacó por su participación en el grupo Los sin techo; fundó el asentamiento Tierras de Jerusalén de 8 hectáreas en Alte. Brown; fue el primero en objetar el Servicio Militar Obligatorio. Este militante de izquierda fue abatido el 05-06-88 por la Policía de la Pcia. de Buenos Aires”. Confesión de partes…

“Hubo una atención particular sobre el asesinato y sobre las acciones que se sucedieron, lo cual da una dimensión del sentido político que tuvo, porque la DIPPBA no intervenía ni hacía inteligencia sobre la criminalidad común, sino sobre toda actividad social que tenía algún sentido político —explica Sandra Raggio desde la Comisión que resguarda el archivo—. El documento de 1995 no dice asesinado o muerto: dice abatido. Es un vocabulario de guerra. Se veía mucho en los medios de prensa de la dictadura. El término abatir claramente da cuenta de ese escenario de guerra que para la DIPPBA no había terminado”.

Y eran muchas más las prácticas que no habían cesado. Cuando Francisca fue a ver el cuerpo a la morgue, descubrió que tenía varios signos de tortura. La Policía siguió hostigando a la familia. El hermano menor de Agustín, Jorge, tuvo que dejar el secundario por las persecuciones. Recién ahora, 25 años más tarde, lo está terminado. El principal testigo del hecho fue secuestrado y golpeado por los ocupantes de un Falcon verde para amedrentarlo. Ocurrió luego de visitar al ministro de gobierno para dar su testimonio. “Yo quise convencerlo de que se quedara en mi casa porque era la única manera de garantizarle seguridad —recuerda Brunatti—. Puedo contar otros hechos donde testigos que ya habían declarado, después de mi renuncia en diciembre de ese año, tuvieron presiones policiales tan fenomenales que terminaron cambiando sus declaraciones. Muchas veces, cuando se dice ‘ese caso ya se juzgó’, hay que tener en cuenta estas cosas”.

Así fue: la causa se abrió y se cerró sin verdad ni justicia, aunque en el barrio el móvil del asesinato siempre fue vox populi. En aquellos días de impunidad, el Cabezón Fredes le escribió una canción:

“Era un domingo
así amanecía
la neblina tapaba las luces del día.
Y en una esquina su cuerpo tirado
la sangre manchaba
su pelo largo.
Los vecinos decían
que nunca escucharon.
Empezaste a correr, llorar y gritar
y no te escucharon / no te ayudaron
En una esquina de Solano
Agustín te mataron (…)
“Nosotros sabemos por qué te mataron
Por dar un pedazo de tierra a nuestros hermanos”.
 

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