La patria contratista

Nota principal: Cuidado con el custodio

No sólo las clases acomodadas contratan seguridad privada. Otro gran cliente es el Estado. “Hay incontables ejemplos. Varias universidades nacionales cuentan en sus puertas de ingreso con guardias de seguridad privada… Y recuerdo que a mediados de los 90 el propio Ministerio del Interior de la Nación tenía guardias de seguridad”, dice Martín Medina y sostiene que la privatización de la seguridad pone en crisis “la institucionalización de la autoridad”. “La violencia deja de ser exclusiva, para pasar a ser compartida con otros grupos del ámbito privado, en el cual priman las reglas del libre juego de la oferta y la demanda”.

“Es cada vez más usual encontrar custodios de una empresa en despachos políticos, guardias de seguridad privada en algún ministerio o cámaras de monitoreo en algún hospital público”, agrega Cafferata, pero aclara que no se ha llegado a que el Estado sea el principal cliente, como sí ocurre en países centrales como Estados Unidos y el Reino Unido, donde además de compañías de seguridad privada hay empresas militares. En otras palabras, se ha privatizado hasta la práctica de la guerra: La mitad de las tropas en Irak y Afganistán son de compañías militares privadas, una alta proporción de los miembros de la CIA, del Servicio Secreto Británico, etcétera”.

Cafferata se declara “a favor, contra lo que suele opinarse” de la contratación de guardias y seguridad electrónica para instituciones estatales, entre otras razones porque “un guardia de seguridad privado le cuesta al Estado menos, tanto en términos de mantenimiento como en términos de capacitación, de lo que le cuesta un policía o un militar haciendo el mismo trabajo”. Para Lugones, el problema es claro: “Si abandona el espacio el Estado, favorece un negocio”.

La relación entre lo público y lo privado tiene muchas aristas. En su investigación, Lorenc Valcarce advierte “formas múltiples de articulación: el Estado proporciona los personales directivos y los principios de organización de las prestaciones en los orígenes de la industria de la seguridad privada; el Estado controla y reconoce la legitimidad de la actividad; el Estado compra bienes y servicios ofrecidos por las empresas del sector. Se trata pues de un mercado que se constituye contra el Estado… pero no en oposición a él, sino junto a él y apoyándose en sus recursos”. Aunque no se trataría del mismo servicio: las agencias privadas ofrecen seguridad particular y sus agentes “no pueden, y no deben ni quieren, intervenir ante un ataque que tiene lugar delante de sus ojos, pero fuera del perímetro autorizado, que coincide normalmente con la frontera espacial de la propiedad privada de quien lo ha contratado. No se trata pues de una acción en nombre del Estado, la ley y la seguridad pública, sino en nombre de los derechos de propiedad del cliente”. En ese sentido, no se trataría de la transferencia de la “función policial” al mercado, sino de otra cosa, distinta de la seguridad pública.

Sin embargo, al inicio del gobierno de Scioli trascendió la idea de que las agencias coordinen “esfuerzos, capacidades y medios” con la fuerza pública. La intención era oficializar que los vigiladores privados apoyaran el trabajo policial interviniendo en ilícitos y ofreciendo ayuda de todo tipo al personal uniformado que opera en la calle.

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