El ciclo lectivo está marcado en muchos establecimientos de La Plata por amenazas diarias que obligan a activar los mecanismos de protección y control. La respuesta del Estado fue sólo punitiva y viola la ley de promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los que casos en que se detectó que estaban involucrados.
Por Mariana Arocena
Fotos Luis Ferraris
Basta un llamado anónimo al 911 informando que se puso una bomba en una escuela para que se activen los mecanismos y protocolos para desactivarla: evacuar a la totalidad de la comunidad educativa del edificio y llevarla a un lugar donde esté a resguardo mientras se espera que la brigada antiexplosivos de la Policía Bonaerense revise cada rincón del colegio y confirme que no hay peligro.
Hasta aquí es una vieja historia conocida por generaciones de alumnos y ex alumnos de colegios de la ciudad; pero se convirtió en un problema mayor cuando la cantidad de falsas alarmas en toda la región ascendió a más de 600 en lo que va del año. Y se vuelve en un problema aún mayor cuando a la complejidad de la estructura movilizada en vano, de las clases perdidas y de la cantidad de estudiantes y docentes evacuados a diario tratando de no volar por el aire, se suma la ausencia de estrategias no punitivas por parte de las instituciones involucradas para abordar el tema, sobre todo cuando se detecta que quien hizo la llamada es un niño o un adolescente.
Al momento todas las causas por amenaza de bomba se encuentran unificadas en la UFI 1 a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, lo que quiere decir que están bajo la órbita del fuero de adultos. Rodrigo Pomares, Coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) analiza la gravedad de la situación en diálogo con La Pulseada: “Una de las cosas que nos alarma es que todas las intervenciones que se realizaron con el tema de las amenazas de bomba y en las que están involucrados niños, han sido absolutamente represivas, tanto por parte de los establecimientos educativos como de la justicia dando intervención al fuero de adultos. Se realizaron despliegues irrisorios: desde helicópteros hasta carros antibombas y cortes de calle. La magnitud de estos procedimientos en relación a quienes eran los destinatarios –niños de 14 años inimputables– es un contrapunto gigante”.
Fuera del sistema de protección
En un video que publicó el diario El Día el 28 de junio se ve a un adolescente sentado en su cama en pijamas, mientras un policía sostiene un celular en alto y lo interroga: “¿Esto es tuyo?”. Luego, la fiscal pide que se haga una llamada al número implicado y el teléfono suena. Así le anuncian a la familia del chico que está imputado por el delito de intimidación pública, por ser el autor de una amenaza de bomba al colegio Normal 1 donde asiste. El Gabinete de Delitos Informáticos de la DDI La Plata obtuvo a través de la empresa prestataria el número de abonado telefónico y el nombre del titular de la línea, y así llegó hasta el lugar. Unas semanas después, el operativo se repetía en la casa de otra familia.
“Lo que entendemos es que ante cualquier situación de conflicto que se genere con un niño, niña o adolescente lo primero que hay que hacer es dar intervención a los organismos de protección y promoción de los derechos del niño establecidos por ley, y en todo caso al fuero de responsabilidad penal juvenil para que evalúe la situación y disponga una medida. El delito que se les está imputando es el de intimidación pública y este es esencialmente doloso: el dolo en este caso tiene que ser la intención de generar alerta en la sociedad”, remarca Pomares.
La Policía realizó despliegues irrisorios: “Desde helicópteros hasta carros antibombas y cortes de calle”, denuncia Rodrigo Pomares, de la Comisión por la Memoria
El abogado añade que “está claro que lejos está de ser esa la intención de los niños. En los casos en que fueron chicos sabemos que estuvo orientado a que ese día no hubiera clases. Eso no tiene nada que ver con el delito que se está investigando o la lógica con que ese tipo penal fue creado; de manera tal que lo primero que tendría que hacer un fiscal es, si no hay entidad necesaria y suficiente para mover todo el aparato penal, desestimar eso y derivar el caso al foro de responsabilidad penal juvenil a que evalúe la situación y disponga una medida acorde”.
La intimidación pública es un delito que prevé de dos a seis años de prisión para quien, con el fin de “infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes (…) amenazare con la comisión de un delito de peligro común”. Las investigaciones y causas promovidas en contra de los adolescentes allanados fueron efectuadas faltando a –entre otras– la ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños que prevé que ante la comisión de delitos penales por parte de un niño, este “debe ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que tengan en cuenta la edad del niño, la importancia de promover su integración y que asuma una función constructiva en la sociedad”.
A raíz de estos hechos la CPM presentó un hábeas corpus ante el Juzgado de Garantías de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 requiriendo que cuando se inicie una causa por amenazas de bomba como delito de intimidación pública y haya niños, niñas y adolescentes que puedan estar involucrados, se tramite inmediatamente en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en lugar de ordenar allanamientos violentos, se pongan en funcionamiento los dispositivos que el sistema prevé para estos casos. La medida fue rechazada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 a cargo de Fabián Cacivio habilitando a que estos procedimientos se repitan. “Mantener esta lógica es avalar y consolidar una irregularidad absoluta”, dice Pomares.
El chip del hermano
El 13 de agosto Gisela Longobucco estaba en su trabajo, cuando recibió mensajes de WhatsApp en el grupo de vecinos diciendo que había policías en su calle. Enseguida llamó a su casa pero nadie contestó y empezó a preocuparse.
Esas últimas semanas había estado yendo y viniendo al Normal 1 porque habían allanado la casa de un compañero de su hijo, de 14 años, por ser el presunto autor de una amenaza de bomba. Al hablar con su niño sobre el tema, y cuando el chico vio la situación en que quedó la familia de su amigo tras el accionar de la Justicia, les había confesado que en el grupo también habían hecho una llamada usando el chip de un celular roto de su hermano menor, de 11 años.
Las dudas latían en la cabeza de Gisela camino a casa. Cuando llegó, la Policía estaba en su puerta y no la dejaban pasar ni le daban explicaciones. Desesperada las exigió y confirmó la sospecha: “Esto es un allanamiento por las amenazas de bomba”.
“Un policía se llevó al más chico a su habitación a hacerle preguntas mientras otro interrogaba a mi otro hijo en la cocina”, cuenta Gisela sobre el allanamiento en su casa.
“Yo no estuve desde el principio. Cuando se van el nene más chico me dice ‘ayudame a ordenar la habitación’. Era un desastre, estaba todo tirado y dado vuelta. Habían sacado todos los cajones de la cómoda, desparramado todos los juegos de mesa, las fichitas y las cartas; como buscando el chip en las habitaciones de los nenes. Un policía se llevó al más chico a su habitación a hacerle preguntas mientras otro interrogaba a mi otro hijo en la cocina. Él les contó que había llevado el chip y que después de hacer la amenaza en la escuela lo habían tirado. Así y todo buscaron hasta que hicieron las pruebas y comprobaron que ningún teléfono sonaba”, cuenta Gisela.
Cuando el abogado de la familia accedió a la causa en la fiscalía donde estaba radicada la denuncia, constataron que el denunciante había sido el director del Normal 1. Gisela volvió a la escuela en busca de respuestas: “Fuimos a hablar sobre eso a la escuela y nos dieron la espalda. Les dijimos que estábamos dispuestos a colaborar en lo que hiciera falta para pensar como generar conciencia sobre el tema y que queríamos que el gabinete interviniera con todo el curso. ¿Cómo podía ser que la escuela le hubiera abierto las puertas a la policía para que les diera una charla sobre la problemática de las amenazas de bomba, y resultara ser la misma policía que nos había allanado?”.
Rodrigo Pomares señala: “Muchas de las denuncias están promovidas por los directivos de las escuelas, porque rige una resolución interna de la Dirección General de Cultura y Educación de septiembre de 2017, donde se instruye a la jefatura de distrito sobre el procedimiento que tienen que hacer los establecimientos educativos cuando detectan conflictos o problemáticas graves, entre ellos las amenazas de bomba. El temperamento ahí es la denuncia ante la policía o fiscalías e insta a que se presenten como particular damnificado en las causas. Sugiere una actividad desde los establecimientos educativos de denunciantes”.
Todas a diciembre
El Liceo Victor Mercante recibió este año al menos tres amenazas de bomba. En tres casos se comprobó que habían sido estudiantes los que llamaban al 911 dando la falsa alarma y la resolución por parte del colegio fue drástica: dejar libres a los tres alumnos sin permitir su acceso al colegio para sancionar y aleccionar a los demás sobre la gravedad del asunto.
Uno de ellos está en su último año de secundaria. No podrá transitar junto a sus amigos los últimos meses de escuela y deberá rendir todas las materias libres en diciembre. A raíz de eso sus compañeros comenzaron a movilizarse: realizaron una sentada para que no lo expulsen, intentaron negociar con la directora de la institución una medida disciplinaria que no implicara su salida del aula, juntaron firmas para elevar esto como un pedido formal no sólo ante el colegio, sino también ante la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de quien depende la institución. La respuesta en todos los casos no se modificó: no hubo vuelta atrás en la decisión.
Si esta es la estrategia para abordar un tema que afecta la convivencia dentro de la escuela: ¿A cuántos alumnos puede denunciar y expulsar un colegio hasta que estos “aprendan” el escarmiento pretendido? ¿Qué pasa si las llamadas no cesan? ¿Cómo educar jóvenes responsables por sus actos y manejar los límites cuando parecen desconocerse?
Gladys Manccini es docente en el Profesorado en Comunicación Social de la UNLP, en escuelas secundarias y es ex Directora de adultos de la Dirección general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Además, es madre de estudiantes del Normal 1 y del Liceo y se movilizó ante la resolución escolar de estos casos: “Lo primero que debe hacer la escuela cuando detecta que es un alumno de la institución el que realizó las amenazas es revisar la intervención en el tema. En primer lugar una de las cuestiones es retirar la denuncia que cae sobre él o su familia y que deriva en allanamientos con despliegues innecesarios y violentos, la creación de causas penales, el escrache público en connivencia con los medios de comunicación, etc. Y en segundo lugar creo que como docentes tenemos otras herramientas para intervenir. A un chico que cometió un error así se le puede exigir como reparación algún aporte significativo a la escuela que lo implique más en la institución y restaure de alguna manera el vínculo y sobre todo, que tenga valor el pedido de disculpas, la palabra, la movilización de sus compañeros; inclusive podría ser una sanción que tenga un costo alto para él, como ya era dejarlo libre de todas las materias; pero no la expulsión del aula”.
A partir de la sanción de la Ley 26.892 que regula “la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas” se previó la creación de espacios de participación, diálogo y consulta entre todos los sectores de una comunidad educativa, donde se establezcan acuerdos de convivencia. Es decir que la dirección ya no decide unilateralmente las reglas sino que se establece un diálogo más horizontal respecto de los modos de habitar la escuela.
“En contextos represivos y de ajuste se reinstala el discurso de la necesidad de volver a la mano dura, a las amonestaciones, al castigo ejemplar, a la expulsión (Gladys Manccini, ex funcionaria de Educación)
¿Por qué entonces, ante un caso que la escuela debe abordar pedagógicamente se cede la intervención a la Policía y la Justicia con su accionar punitivo en la resolución del conflicto? Parte de esto se explica comprendiendo el contexto en el que la institución escolar se define y actúa hoy. Las únicas resoluciones que han recibido los colegios para abordar este tema dentro de la comunidad escolar por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, han sido sobre procedimientos para actuar ante la justicia penal sin importar si el denunciado es un estudiante del propio colegio.
Manccini dice: “Es una respuesta histórica, que aparece cada vez que en nuestra sociedad se ha dado un paso hacia la democratización de la educación. A partir de la sanción de la nueva ley que convierte a la secundaria en obligatoria, empezaron a revisarse todas las prácticas y a hablar de dialogar en lugar de amonestar, de construir acuerdos de convivencia donde no es el directivo el que dice cómo hacer las cosas unilateralmente, sino que se construye entre todos en una mirada más horizontal que no tiene que ver con que este pierda su autoridad, sino con la construcción de espacios más democráticos y de dotar a los jóvenes con la responsabilidad de pensar la convivencia dentro de la escuela. En contextos represivos y de ajuste como este, todo eso de repente comienza a desandarse cuando se reinstala el discurso de la necesidad de volver a la mano dura, a las amonestaciones, al castigo ejemplar, a la expulsión”.
Así, pareciera que las estrategias que se están dando por parte de las instituciones para con los estudiantes son dos: la criminalización y la exclusión de los que realizan los llamados. Dos recursos que forman parte de un metadiscurso de estos tiempos: la mano dura.
“Es más fácil criminalizar a los pibes”
Al 20 de septiembre el Normal 1 de La Plata había recibido 46 llamados telefónicos de amenazas de bomba. La mayoría de ellos se dieron a la vuelta de las vacaciones de invierno, dos por día sistemáticamente: a las 8 y a las 11.45. Eso ha implicado trasladar a los estudiantes del secundario a la Plaza Moreno y a los de Jardín –por la cercanía del edificio– a la Plaza Islas Malvinas.
Con cada amenaza de bomba los familiares de los alumnos son notificados y en algunos casos deben abandonar sus trabajos para retirar a sus hijos de la escuela, lo cual genera desgaste en la comunidad educativa e incrementa el malestar. A raíz de esto se han reunido en la escuela varias veces para pensar soluciones pero no son los únicos que están cansados de esta situación: los pibes y las pibas del colegio también se suman a pensar cómo resolverla.
M asiste al segundo año de secundaria del Normal 1. Con expresión tranquila y sincera dice que están preocupados por la cantidad de clases que están perdiendo, que quieren tener una semana normal. “Van 46 amenazas de bomba, ya no creemos que sean todas de compañeros, nadie se zarparía tanto. Estamos cansados de no tener un día de clases normal y de recibir todo el tiempo acusaciones de que somos nosotros. Siempre es más fácil criminalizar a los pibes para sacarse un peso de encima y no buscar a otro culpable; no se están haciendo cargo de la situación”, dice y agrega: “Nosotros tratamos de concientizar a otros compañeros de que hacer amenazas de bomba no está bueno; porque además de tener un quilombo ellos, generan un problema a sus familias; pero creemos también que hay algo más que no se está investigando”.
Hoy continúan las amenazas y la incertidumbre. Continúa también la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades provinciales y de estrategias no punitivas que salgan de la criminalización de los jóvenes y reconstruyan los acuerdos de convivencia escolar, a la vez que permitan ver más allá un problema que pareciera exceder la mera picardía adolescente. La última estrategia apunta a la presencia policial en escuelas que revisen las instalaciones previamente al ingreso de estudiantes, y se quedan de guardia, a fin de evitar la evacuación en caso de llamados para “restarles efectividad”.
M cuenta que hay un sentido de pertenencia con esa escuela, que con sus compañeros suelen quedarse fuera de hora a talleres y actividades que organizan las agrupaciones, que el Centro de Estudiantes es “súper combativo” y evitó, por ejemplo, que expulsaran a un compañero por ser autor de uno de los llamados o que en otra oportunidad denunció y visibilizó casos de abuso dentro del colegio o las malas condiciones edilicias en que se encuentra la escuela: “Nosotros tenemos un colegio que a la mayoría de los que vamos nos encanta”.
Dice “nosotros tenemos” y dice “nos encanta”, que es lo mismo que decir que quieren estar en su escuela. “Sean cuales sean las circunstancias se debe identificar que están en una situación de vulneración: se los ha ubicado como los victimarios y no como un colectivo que debe ser destinatario de políticas que los preserven y los protejan. En todo caso, si se va a problematizar el tema de las amenazas de bomba, que sea a los fines de reflexionar sobre lo ocurrido y no de criminalizarlos”, considera Rodrigo Pomares.
