Son espacios centrales para la red de cuidado de cualquier familia. La mayoría se ubican en comunidades donde no hay jardines públicos. Hace 7 años se sancionó una ley que los ampara pero aún muchas organizaciones no cuentan con el reconocimiento del Estado.
Estas instituciones, que cuentan con diferentes formas de gestión, están encargadas de brindar educación y cuidado a niños y niñas desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco años. «Los jardines comunitarios somos organizaciones sociales que nacen para cubrir las necesidades que hay en las comunidades y los barrios», señaló Carolina Martignago, integrante del Colectivo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (CONNAF) a La Pulseada Radio. La mayoría se encuentra ubicada en territorios con derechos vulnerados y donde no hay jardines públicos.
En la última semana de octubre se movilizaron en La Plata y realizaron una caminata hacia el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires para exigir la plena implementación de la ley 14628, sancionada en el 2014. Allí se establece que «es obligación del Estado reconocer, amparar y contener las propuestas educativas no convencionales, en un marco normativo que propenda a su incorporación progresiva al sistema de educación formal». Además de reconocer su identidad comunitaria y el correspondiente aporte presupuestario, garantiza los derechos de sus trabajadores.
Actualmente, hay 200 experiencias de este tipo registradas en la provincia de Buenos Aires, aunque se calcula que son muchas más. Sólo las nucleadas por la CONNAF amparan a 60.000 niños y niñas y a 5.000 trabajadoras.
«La planta funcional no son sólo las educadoras o las maestras en las salas, sino también el equipo de funcionamiento, los auxiliares, el personal administrativo, el equipo de conducción; algunos tienen psicólogas y psicopedagogas que son profesionales fundamentales, sobre todo porque trabajamos con comunidades con derechos vulnerados», remarcó Carolina, que también es es directora del Jardín Comunitario San Jorge de Avellaneda. «A partir de un reconocimiento viene de la mano un salario digno y la obra social», agregó.
Hay 200 jardines registrados pero son muchos más. Sólo los de CONNAF amparan a 60.000 niños y niñas, con 5.000 trabajadoras.
Parte del reconocimiento para los jardines es que cada uno cuente con su Código Único de Establecimiento (CUE). Esto habilita, por ejemplo, a que las instituciones puedan firmar a las familias las libretas para continuar percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el boleto estudiantil. «Las familias nos eligen y es gravísmo que no podamos firmarles las libretas. Tenerlo es simplemente una gestión, no requiere presupuesto», señaló Martignago.
Otro de los puntos importantes de la ley es que allí se dispone que el Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad encargada de garantizar alimentos acordes a los requerimientos nutricionales de los niños y niñas. Sin embargo, este punto muchas veces no se cumple y la alimentación es garantizada por los equipos de los jardines. «La realidad es que el Estado sabe que estamos, que existimos y nos habilita a funcionar, pero la parte económica la sostenemos las organizaciones», expresó.
El problema de la escasez de espacios de cuidado para los bebés de las familias que trabajan se evidenció también entre las instituciones privadas durante el los cierres que impusieron las medidas sanitarias frente a la pandemia y llevaron a que muchos «maternales» no volvieran a abrir sus puertas.
