Los datos nuevos y los indicios que se mantienen en la trama de la investigación por las muertes de la inundación. La lista oficial subiría a más de 70.
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Cuesta empezar a dejar atrás el 2 de abril. Explicaciones, promesas de inversión, desfile de funcionarios y mensajes sobre las reparaciones económicas y el cómputo de las muertes se entreveran en los tres poderes, y el duelo no logra empezar. Por ejemplo, no se conocen imputaciones ni una cifra de víctimas fatales que hile datos y testimonios y entonces conforme. La foto que acompaña esta nota da cuenta de ello.
Un colectivo indefinido siguen siendo los muertos mientras la causa se reacomoda en la fiscalía de Delitos Complejos, donde uno de los fiscales, Jorge Paolini, quedó a cargo de las investigaciones penales por la inundación que arrasó a media ciudad. “No tengo compromiso político; me gusta lo que hago; pero los tiempos judiciales no son los políticos”, expuso Paolini, que no está desde un principio en la causa, ante los senadores de la comisión de Derechos Humanos el 15 de mayo.
Oficialmente, Paolini comunicó sobre 67 personas fallecidas por la inundación (por ahora, entre el 2 y el 18 de abril). Pero hay más casos que deberían ser considerados dentro del cómputo oficial en breve.
Nombres en estudio
En el hospital Español fallecieron varias personas. Entre ellas, Guillermo Piombino y Mabel Telleria (70 años, murió el 3 de abril a la mañana). Como ha negado el gobernador Daniel Scioli pero admiten trabajadores, familiares de pacientes y hasta la Presidenta, efectivamente se cortó la luz allí. Muchos testimonios hablan de penumbras, de ascensores sin funcionar y básicamente de un “caos”. La hija de un paciente describió que “no había luz de emergencia” y a su mamá “la alumbraban con un celular para ver si respiraba”.
En el hospital Rossi falleció Cristina Edith Valcarce, que vivía en un geriátrico en Tolosa y está incluida entre las 37 muertes “no traumáticas” informadas por Scioli en su conferencia del 8 de abril. El fiscal Paolini contó el caso al exponer en el Senado. Fue “rescatada el 3 de abril en Tolosa en un bote”, contó, y falleció en dicho hospital.
Como “casos indirectos” con respecto al anegamiento se estarían estudiando y por oficializar: Juan José Martínez (también entre las 37 muertes “no traumáticas”), un hombre de apellido Piñero, que falleció en un geriátrico de Tolosa, el 5 de abril) y el de Ada Teresa Rodríguez, la vecina de la madre de la Presidenta, que murió el 3 de abril pero aún no ha sido oficializada por la Justicia dado que “esa cuadra estaba seca”.
También se estudia el caso de una mujer de apellido Phelan.
Y habría novedades con el caso de Josué Gonzalo Suárez Salazar, que murió electrocutado en una obra en construcción. Si bien primero integró la lista oficial, después fue desestimado por “no vinculado con el anegamiento”. Pero esta revista pudo saber que el caso, que movilizó al consulado de Perú, será incorporado en el conteo oficial.
Cifras y pistas
Los puntos fuertes de la trama inundaciones que viene reconstruyendo esta revista desde un comienzo se mantienen: fundamentalmente, el criterio para considerar si son muertes asociadas directa o indirectamente a la inundación (es decir, la polémica por el número de víctimas oficializadas), las presuntas irregularidades en el tratamiento de los cuerpos (cremaciones —irreversibles, algunas practicadas a sugerencia de agentes policiales y/o funerarios— y pocas autopsias), y el estado de algunos casos puntuales. Por ejemplo, el de los paraguayos ahogados en Villa Elvira y el de Suárez Salazar, ahora reconsiderado.
La cuestión de las cremaciones llamó la atención desde el comienzo: que hubiera cremaciones en un contexto de desastre. Ahora el juez de garantías Guillermo Atencio habría allanado salas crematorias de la región. Pero el dato concreto es que de las víctimas fueron cremadas por lo menos las siguientes ocho: Hebe Oleastro Ballve; Dolores Felicidad Fernández; Carlos Mancuso, Alberto José Colombo, Juan Carlos García, Carlos Salargue, Edgardo Reguera y Cristina Edith Valcarce.
Fuentes judiciales afirman que las cremaciones ocurrieron “porque los certificados de defunción son por ‘muerte no traumática’ y entonces no iban a ser judicializados”. Sin embargo, con las desprolijidades —como mínimo— que luego saltarían a la luz justamente en los certificados se vuelve curioso haber permitido cremaciones en una catástrofe. Irreversible es ese acto. Y poco confiables muchos certificados expedidos esas madrugadas post inundación.
Además hubo al mismo tiempo casos de “expresa prohibición de cremación” (como el de Cristhian Mendoza, no obstante sacado hacia Paraguay a través de una cochería del Conurbano) y el de los papás de Rocío Aguirre, para casos que tampoco iban a ser judicializados en teoría. E invitan a ser pensados como excepción de una regla: la desprolijidad, quizá en el marco de internas o de hábitos policiales y/o fiscales.
En cuanto a los cuerpos autopsiados, serían 9 (del total): Luján Godoy, Hugo Jurado, Haydé González, Juan Rodolfo Jurado, Nicolás Guerrero, Esteban Monjes, Nélida Reyes, Josué González Salazar, Alejandro Nuccitelli.
Después está la trama de los piratas funerarios y geriátricos, sumados a agentes de cementerios y crematorios, que buscaron pescar en el río revuelto; recaudar sobre el dolor. Pero ésa es otra historia.
