Protegerlos a ellos y no cuidarse de ellos

Ante una nueva embestida del oficialismo para modificar las leyes y condenar a personas cada vez más jóvenes, hablaron frente a nuestros micrófonos dos integrantes del Observatorio de Políticas de Seguridad bonaerenses y una abogada que es miembro de la Obra del Padre Cajade.

Fotos: Archivo La Pulseada

SUBNOTA >> La Obra de Cajade dijo “no a la baja” en Diputados

Mientras la mitad de los niños y niñas del país viven bajo la línea de la pobreza, el gobierno abrió el año electoral proponiendo, una vez más, en sintonía con la “mano dura” que supone reclama el núcleo duro de sus votantes, la baja de la edad de punibilidad.

Esta vez el planteo es reducir la edad de los 16 a los 15 años y, para maquillarlo ante los amplios sectores que se oponen, se lo inserta en un proyecto de ley destinado a reformar el Régimen Penal Juvenil que derogue al vigente decreto ley N° 22.278, impuesto por la dictadura en 1980.

Para abordar la cuestión, nuestro programa de radio convocó a Ángela Oyhandy y Santiago Galar, miembros del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, y a Zarina Surache, abogada que integra el equipo de la Obra del Padre Cajade.

Los invitados sostuvieron, entre otras cosas, que es necesario tratar el tema, más que a través de especulaciones abstractas, a partir de datos precisos y puntuales, como los que proporciona un informe elaborado por el Observatorio sobre la base de estadísticas del Fuero Penal Juvenil que cubren el período 2009-2017.

Sólo un 3 % del total de investigaciones penales iniciadas en territorio bonaerense corresponden a delitos cometidos por menores de 18 años

Este trabajo (puede descargarse completo de www.libros.fahce.unlp.edu.ar), publicado a comienzos de año, construye un diagnóstico sobre el asunto mediante el análisis de cifras proporcionadas por el Ministerio Público Fiscal. Una de sus afirmaciones más relevantes es que sólo un 3 % del total de investigaciones penales iniciadas en territorio bonaerense corresponden a delitos cometidos por menores de 18 años.

“Esto forma parte de una labor que hacemos periódicamente desde el Observatorio que consiste en construir series históricas sobre indicadores de violencia. Nosotros trabajamos los datos del Ministerio Público Fiscal, que vienen ordenados anualmente y por delitos, desde una mirada sociológica que considera el mediano plazo. Tratamos de poner los resultados a disposición de la comunidad y de los tomadores de decisiones. Agrupamos los datos y efectuamos cálculos de maneras tales que estas estadísticas se vuelvan comunicables”, explicó Oyhandy.

Centrándose en los delitos graves, uno de los datos más interesante y menos difundido es la baja sostenida que se viene computando desde 2013 hasta la fecha en los homicidios cometidos por jóvenes menores de 18 años. Entre 2013 y 2014 se observa la mayor variación interanual (27 causas menos), que se sostiene hasta 2017, el último año del que se dispone de información oficial.

“Nuestra serie se inicia con 165 homicidios dolosos producidos en 2009 y concluye en 2017, fecha final a la que llegan los registros, con 88 casos contabilizados. Esa baja en los homicidios no solo tiene que ver con los cometidos por jóvenes sino que la disminución es general. Nos llamó asimismo la atención lo que tiene que ver con las tentativas de asesinatos. Si bien hay un comportamiento zigzagueante, la tendencia es estable y no existe una suba que invite a encender las alarmas”, aclaró Santiago Galar.

El periodismo parapolicial

Los discursos a favor de la baja incluyen un cóctel de prejuicios, desinformación y oportunismo político y encuentran eco en el periodismo que día a día estigmatiza a los jóvenes pobres. ¿Qué percepciones y sentidos comunes se construyen desde las usinas mediáticas sobre los pibes y las pibas? ¿En qué hechos se basan?

A nivel local, por ejemplo, el diario “El Día” se vale de títulos tales como “Sobre extranjeros y menores delincuentes” (editorial del 11/1/2019), “Menores y delito, la combinación que ahora puso en tensión a Arturo Seguí” (27/1/2019) o “El centro de la ciudad acosado por la delincuencia juvenil” (25/3/2019). Son las etiquetas habituales del “periodismo parapolicial”, como lo denominó Benchi Calligo en su libro “La mala fama”, editado el año pasado por Malisia.

“Lo que permanentemente se fogonea desde los medios masivos de comunicación y desde algunas autoridades es el aumento del crimen, sobre todo juvenil, pero estamos viendo que los delitos más graves (sobre los que hay menor subregistro y se cuenta por lo tanto con datos más confiables) han descendido de manera importante. Y esta constatación no es algo que se ponga habitualmente sobre la mesa”, remarcó Oyahndy.

“Lo interesante es trabajar sobre datos. En principio porque hay pocos y, en segundo lugar, porque los pocos que existen no son utilizados ni por los voceros del progresismo, que prefieren emplear únicamente argumentos de tipo moral, ni por los sectores de derecha, que no prueban lo que denuncian”, acotó Galar.

Las organizaciones de Niñez coinciden en que es necesario dar el debate para que se derogue un decreto heredado de la última dictadura militar pero sin apartarse nunca de un marco que garantice los derechos de niños y niñas.

“Los discursos sociales hegemónicos que hacen hincapié en la intervención de instrumentos punitivos se olvidan de los numerosos derechos que han sido antes vulnerados para que un juez penal termine entrando en acción”, señaló Surache.

Especificó además que “la punibilidad tiene que ver con determinadas situaciones que para la ley no son castigables y la imputabilidad se relaciona en cambio con la capacidad del imputado de comprender aquel acto por el que está siendo juzgado”.

“No se puede plantear una polémica en la que se enfrenten los datos con las vivencias personales. Los homicidios son episodios muy dramáticos que siempre dejan sus marcas en los afectados. Por eso la discusión entre dato-experiencia es desaconsejable. Quienes debatan estos temas en términos legislativos deben hacerlo a partir de datos”, expresó Galar.

“Pero nuestra oposición a la baja va más allá de esos datos. Es un posicionamiento ético, moral, que tiene además fundamentos sociológicos. Una política de seguridad es muy necesaria. Pero sus propuestas y medidas tienen que basarse en diagnósticos correctos. Por eso nosotros tratamos de aportar intentando que esas cifras complejas y áridas se vuelvan comprensibles y transmisibles”, agregó Oyhandy.

Hay consenso entre los movimientos involucrados en que la discusión debe estar acompañada de planteos dirigidos a mejorar y fortalecer, tanto desde el diseño como desde la dotación presupuestaria, a las instituciones y los programas de Niñez, especialmente al sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes creado por la ley 26.061.

En 2016, organizaciones sociales de diferentes lugares del país fijaron al 9 de mayo como el “Día Nacional por la Niñez”. El cometido es que se trate de una jornada en la que se desarrollen acciones destinadas a poner en agenda a los derechos de las infancias y a lograr mejores políticas públicas con mayores sustentos presupuestarios. En 2019 esa fecha será clave para visibilizar la cuestión y para la movilización de las entidades comprometidas con el tema, porque se tratará precisamente del día elegido por el gobierno nacional para tratar en la Cámara de Diputados su proyecto regresivo . //

 

 

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