Otro caso impune: Policía que dispara, absuelto

En  febrero  de  2014,  dos  jóvenes  de  Altos  de  San  Lorenzo  fueron  asesinados  por  un  policía del  Grupo  Halcón.  El  mes  pasado,  el  Tribunal  3  de  La  Plata  lo  absolvió  por  “legítima defensa”,  en  una  sentencia  poco  fundamentada.  Bajo  el  abrigo  de  la  «doctrina  Chocobar»,  se  prolonga  la  impunidad  de  las  fuerzas  de  seguridad.

Por Estefanía Velo

Fotos Gabriela Hernández

El lunes 5 de febrero el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de La Plata, integrado por los jueces Santiago Paolini, Ernesto Eduardo Domenech y Andrés Vitali, dispuso por unanimidad la absolución del policía del Grupo Halcón Cristian Daniel Duarte acusado de doble homicidio en ocasión de robo. “Se trata de una sentencia bastante parcial”, indicó a La Pulseada Raquel Ponzinibbio, la defensora oficial de la mamá de Mauricio Andrada, una de las víctimas, que se constituyó como particular damnificada.

Tras conocer los fundamentos, la abogada afirmó: “Han tomado las cosas que han querido, han fundando sin mucha lógica. Por ejemplo, me dicen que no fundé su comportamiento debido a que era policía. Yo dije que como era policía tenía que tener mayor cuidado y ya estaba probado que lo era, no sé en ese sentido qué querían. Esa lógica media perversa, arbitraria, porque se sabía que era policía, que tenía que actuar bien. Básicamente, me están diciendo que yo no probé el conocimiento que tenía el policía”.

Los jueces no evaluaron la formación y capacidad del efectivo para “reducir a dos personas” pero sí mencionaron los “antecedentes” de los jóvenes de una manera estigmatizante, tal como sucedió en el juicio por Omar Cigarán (ver La Pulseada Nº 149).

Se trata de un hecho que se repite continuamente: jóvenes de barrios humildes “intentan robarle” o se “enfrentan” a un efectivo policial quien de manera veloz saca su arma reglamentaria y gatilla a matar. La noche del 12 de febrero de 2014, Cristian Daniel Duarte esperaba el colectivo en 71 entre 23 y 24 cuando se cruzó con Ismael “Beiby” Perussatto, que murió a las pocas cuadras, y Mauricio Andrada, quien estuvo más de un mes internado y falleció el 17 de marzo de ese año en el Hospital San Juan de Dios.

En la sentencia, los jueces afirmaron que no pueden corroborar la huída de los jóvenes antes de recibir los impactos de la bala policial. Sin embargo, la campera de Ismael –quien hizo unas cuadras en su moto hasta que cayó tendido– tiene un orificio de entrada de disparo en la parte de atrás, según reveló la pericia balística, y al ser holgada se deslizó hacia el lateral del joven. Mientras que “Mauri”, como le decían su familia y sus amigos, sufrió una herida única producida por un proyectil de arma de fuego en tórax, que en su trayecto lacera el pulmón izquierdo y fractura la tercera vértebra dorsal, ocasionando una lesión medular cuya evolución con falla multiorgánica determinó la muerte.

A los tiros, en libertad y premiado

Este febrero, cuatro años después de los hechos, Duarte llegó en libertad y con un ascenso al juicio oral. En la gestión de Daniel Scioli y con Alejandro Granados en el Ministerio de Seguridad, este efectivo acusado por “doble homicidio en ocasión de robo” fue premiado por el poder político. Según el Boletín Informativo N°17 de ése ministerio provincial el teniente Duarte fue ascendido a teniente primero. La resolución (N°293) que promueve al grado inmediato superior a un centenar de agentes afirma que el personal ascendido “reúne las condiciones de idoneidad necesarias y los demás requisitos requeridos para su promoción”.

El policía del Grupo Halcón Cristian Daniel Duarte

Durante los alegatos del juicio, Raquel Ponzinibbio, que adhirió en lo esencial sobre la materialidad y calificación legal a los planteos de la fiscal Graciela Rivero, sumó a sus argumentos que teniendo Duarte una preparación técnica especial como integrante del Grupo Halcón para efectuar disparos controlados a zonas no vitales y actuar con frialdad en momentos de tensión, se le debe exigir mayor rigor en su accionar, ya que podría decirse que para él la situación de los hechos es ya una “tarea ensayada”. Analizó que tres de los cinco disparos de Duarte fueron a zonas altas y vitales, como lo prueban los dos tiros que recibieron los jóvenes y el balazo rasante que impactó los vidrios del taxi y la casa vecina.

Además, la abogada dijo que la posición de huida de los jóvenes descarta una amenaza actual o inminente hacia Duarte, que las pericias de planimetría y química ponen a las víctimas a distancia del policía y que la desproporción del método usado por Duarte es palmaria habiendo tenido otras opciones como realizar disparos preventivos para detener a sus agresores o huir de la escena.

Según expresaron desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil, “ese accionar desproporcionado no podría concebirse como cumplimiento del deber”. La ley orgánica de la Policía Bonaerense permite mantener en sus puestos a los efectivos que han asesinado, aunque también permite la decisión política de, al menos, no darle un arma reglamentaria a quien ya mató y mucho menos construirlo como un “héroe”, como lo hizo recientemente el presidente Mauricio Macri con Luis Chocobar.

Trayectoria de vida

En la sentencia, el tribunal citó el testimonio de Carlos Casanoba, que pasó por el lugar cuando vio un tumulto de gente y reconoció al joven tirado en la calle, Mauricio. Ése testigo fue a relatar un supuesto hecho previo cometido por ese pibe y el fallo lo retoma para hacer hincapié en el modo de operar de Andrada: en moto y con un arma. Lo que implica construir “la historia” de Mauricio a través de antecedentes, como modus operandi, cargando de una cierta valoración la trayectoria de vida del joven, de esos estigmatizados constantemente por el discurso de los medios masivos de comunicación (ver recuadro), y también por los agentes judiciales. Sucede algo similar cuando hablan de que en el cabello de Perussatto “se encontraron vestigios de cocaína y otras sustancias” señalando que “padecía un consumo prolongado”.

La primera testigo en declarar frente a los jueces fue Claudia, la mamá de Mauri. “Mi hijo no merecía morir, y nadie es dueño de sacarle la vida”, dijo la mujer. Mientras ella daba su testimonio afuera de los Tribunales estaban las organizaciones del Colectivo Contra el Gatillo Fácil acompañándola y exigiendo justicia por los dos jóvenes. También, dentro de la sala, se hicieron presentes policías de civil acompañando a Duarte, quienes mantuvieron durante todas las audiencias una posición intimidatoria hacia la parte acusadora.

La mamá de Mauri le contó al tribunal que su hijo era un pibe del barrio Altos de San Lorenzo que se la rebuscaba para salir adelante y que dejó una pequeña, que en ese momento tenía tres meses. El joven participaba del Programa Envión de la provincia de Buenos Aires, un espacio en el que sus trabajadores y trabajadoras denuncian la falta de recursos materiales y profesionales para abordar los problemas que asedian a los jóvenes en los barrios. “Mauri” era un pibe de esos, uno más al que no le interesaba concurrir a los talleres promovidos por el programa porque “se aburría”; eran dos horas que debía ir a cocinar –sin ingredientes suficientes para que intervinieran más de 20 pibes–, o al taller de carpintería, que no contaba con herramientas ni materiales concretos para aprender el oficio; y así sigue la lista de opciones a medias y capacitaciones vacías que se les ofrecían a los jóvenes.

Claudia reconoció que su hijo tenía problemas de consumo de drogas y algunas causas menores en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Al tiempo que señaló que si tenía que ir preso ella lo aceptaba, “pero nunca que lo maten así”. Caso repetido: las y los pibes no deben ser asesinados a quema ropa. Con tan sólo 17 años, “Mauri” conocía “mucho de la calle”, sabía dónde resguardarse en una noche lluviosa, también sabía quién debía ayudarlo para salir de las drogas o a quién debía exigirle una vivienda digna. El joven conocía muy bien la Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio y a su director de aquel momento, Carlos Dabalioni, por la cantidad de veces que había pasado por distintos dispositivos del Estado para resguardar a la juventud. El problema es que la mayoría de las veces, esos mismos agentes del Estado son los que contribuyen a la criminalización de las y los jóvenes pobres en lugar de brindarles herramientas para su desarrollo.

Los argumentos estigmatizantes también fueron desarrollados por los abogados del Ministerio de Seguridad que patrocinaron a Duarte. “Lo usan como para justificar”, señaló Raquel Ponzinibbio.  Sin embargo, “no se evalúa lo anterior, acá se evalúa si en ese momento se da la circunstancia de homicidio, no la historia del chico. Los jueces lo usan también para justificar algo que en realidad no tiene que ser valorado. No tendría que tener una consecuencia en ese momento”.

Ahora, la familia de Andrada apeló la sentencia y vuelve a esperar justicia por los dos jóvenes.


La fuerza del Halcón

La División Especial de Seguridad Halcón (conocida como Grupo Halcón) nació dentro de la Policía Bonaerense en 1986 y está integrada por efectivos que ingresan de manera voluntaria al curso de capacitación efectuando previamente un examen eliminatorio. Superado dicho examen, ingresan al curso de capacitación, de seis meses de duración, para alcanzar la aptitud de comando policial y formar parte de la División de Fuerzas Especiales.

El curso está regido por normas de carácter internacional. Según el Ministerio de Seguridad, del total de postulantes de ingreso, aproximadamente el 40% califica para iniciar el curso y con el transcurrir del mismo, “sólo el 10% finaliza satisfactoriamente”. A partir de allí el efectivo queda incorporado a la fuerza especial, pero como mínimo necesitan 12 meses para que consolide los conocimientos a través de la experiencia operativa. Esta fuerza es una de las más capacitadas para enfrentarse a diferentes situaciones donde corren peligro su vida y de terceros.

El Grupo Halcón está instruido en el orden nacional e internacional, por ejemplo con cursos de entrenamiento en conjunto al SWAT Team de Laredo EEUU, en la DEA (Drug Enforcement Administration), con cursos de negociación, respuesta táctica y antiterrorismo en la Academia de Policía de Louisiana EEUU, entre otras, en reiteradas oportunidades. Esos son los conocimientos técnicos que tiene Cristian Daniel Duarte


Todo es cíclico

Muchos amigos y amigas de Mauri durmieron hace varios años en la Glorieta de Plaza San Martín, pateaban la calle juntos, muchos pertenecían a un grupo al que los medios de comunicación masivos denominaron “la banda de la frazada”; una etiqueta para corporizar la inseguridad en esos niños e intentar bajar la edad de punibilidad.

Raquel Ponzinibbio, defensora oficial del Fuero Penal Juvenil, resaltó que la situación de los jóvenes pobres es cíclica y se preguntó “cuál es la respuesta que se da”. “Me parece que estamos pasando un límite, que algo hay que contraponer a todo esto porque se genera un imaginario social negativo”, agrega. Esas ideas son las que legitiman la baja en la edad de imputabilidad o la  justicia por mano propia y matar a golpes a esos jóvenes.

La defensora se refirió a las últimas publicaciones que realizó el diario El Día, donde habla recurrentemente de acciones violentas por parte de “la banda de los nenes” o “los pibes pirañas”. Se trata de “delitos callejeros pero no estamos hablando de delitos graves, el tema de fondo es que hay muchos pibes en situación de calle y las políticas no se generan en ese sentido”, explica Ponzinibbio. Además resaltó que mientras ella se encontraba de turno en el Fuero Penal no recibió ninguna denuncia de los “delitos cometidos por estos niños” aunque sí los leía en el diario.

En tanto, Julio Avicento, integrante de la agrupación HIJOS La Plata, señaló que “no hay ningún análisis apoyándose e investigando la cuestión estadística de menores y delitos. Los estudios más serios son los de la Procuración General y desde que existe el Fuero Penal Juvenil indican que los menores de edad cometen entre un 3 y un 5% del total de los delitos en la provincia de Buenos Aires”.

Mientras, las políticas públicas centrales para las y los pibes parecen ser las armas, las rejas, la persecución constante y la estigmatización, lo cual nada tiene que ver con la posibilidad de que las niñas y los niños de las barriadas tengan una vida digna.

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