Las trabas en la justicia

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¿Qué hay detrás del fallo que condenó a cinco años de prisión a una trans por la tenencia de menos de dos gramos de cocaína? Una cadena de violencias que se inician en la calle, ajusta la Policía y se cierra con candado ante un juez. El caso de Claudia Córdoba Guerra, condenada con el agravante de su nacionalidad peruana.

Por Paula Bonomi

Fotos Luis Ferraris

Claudia llegó a La Plata hace 3 años. Como muchas se fue de Perú dejando atrás su casa, sus amigas y sin contarle a su familia que es travesti. Se fue, entre otras cosas, porque las condiciones para poder vivir una vida sin prejuicios y sin apremios no estaban a su alcance. En Argentina no tuvo mejores chances y volvió a trabajar en las calles ejerciendo la prostitución para sobrevivir (como muchas personas con recorridos de vida similares, como describió La Pulseada 141, de julio de este año).

En 2014 Claudia tenía 29 años y fue detenida arbitrariamente, sin orden judicial. Esa noche de febrero no era la primera en la que tenía problemas con la policía de la comisaría 9ª de La Plata. El capitán Marcelo Emilio Palomo, que estuvo presente en el procedimiento de su detención y declaró en el juicio en su contra, está denunciado como el “milico que negocia la seguridad”: cobra la parada y la tranquilidad para dejar trabajar en las calles a quienes ejercen la prostitución. A cambio promete no armarles una causa. Son numerosos los testimonios que afirman que la policía de La Plata pide coimas para dejarlas trabajar en la calle.

Desde enero de 2014 comenzaron en la Zona Roja una gran cantidad de operativos policiales y razzias violentas contra las mujeres trans y travestis. Al principio parecían casos aislados pero la cantidad de detenciones fue en aumento. Un pequeño grupo de abogadas penalistas comenzó a patrocinar a las chicas presentando habeas corpus para sacarlas de las comisarías. Al mismo tiempo empezaron a aparecer denuncias sobre las amenazas, tratos crueles y degradantes a los que quedaban sometidas.

En el caso de Claudia se tardó dos años en llegar al juicio oral para apelar su prisión preventiva. “Cuando ella quedó detenida por tenencia y comercialización de estupefacientes, la sala II de la Cámara de Garantías ordena la prisión preventiva pero con arresto domiciliario. Esto fue en respuesta a que la causa estaba flojita de papeles y, seguramente, flojita en cantidad de gramos. Los 2,8 del pesaje inicial incautado -contenido y continente- con la pericia química fueron en realidad 1,6 gramos de cocaína. Hay casos y cambios de carátula a tenencia simple habiéndose confiscado más de 5 gramos para consumo personal. Una causa por tenencia simple es excarcelable. Dada la cantidad de droga que tenia Claudia apelamos la prisión preventiva pidiendo el cambio de calificación y la nulidad del procedimiento”, explicó a La Pulseada Josefina Rodrigo, abogada penalista representante de Claudia Córdoba Guerra.

La abogada agrega que “la requisa es nula porque no tenían razón alguna para hacerla. La Policía argumentó que venían realizando tareas de investigación previas, pero lo único que se dijo en el juicio fue que vieron a una persona travestida tomando contacto por minutos con otra. Ahora, en el ejercicio de la prostitución viene un cliente, se acerca a las chicas, pregunta, se van a la vuelta de la esquina o ellas se suben a un auto, luego se bajan. Bueno, esto es lo que la Policía toma como venta de drogas. El cliente se acerca para comprar drogas, no sexo, según ellos. Ése es el supuesto motivo por lo que requisan a Claudia. Cuando la revisaron esa noche hacía una hora que estaba trabajando, le encontraron entre sus ropas íntimas 9 bolsitas de cocaína, le secuestraron el celular y dinero. Al supuesto comprador le iniciaron una causa por tenencia para consumo. Ahí es donde entra en el expediente otro testigo, llamado de actuación, que cuando declaró en el juicio, y no creo que haya mentido, cuenta que cuando él llega a la escena el material secuestrado ya estaba en el capot del patrullero. Nosotras insistimos que el procedimiento es irregular porque el testigo tiene que ver todo”.

El día del juicio

-Córdoba, ponete de pie – ordenó el juez a la detenida y pidió que se identifique con sus datos personales.

Ella se paró, el juez repreguntó: ¿Querés que te digamos Claudia o cómo querés que te digamos? Ella pidió que la llamen Claudia. Igual a lo largo del proceso y del escrito que la condena fue tratada como varón, en un claro desconocimiento de la ley de identidad de género. En esa sentencia el juez Juan José Ruiz escribió 70 páginas donde no escatimó sentido común ni metáforas plagadas de prejuicios. Condenó a Claudia tomando como agravantes su condición de peruana y travesti, le revocó la prisión domiciliaria y la mandó a detener inmediatamente. Desde la subjetividad más inicua entendió que si bien es cierto que “existe el principio de igualdad ante la ley, esto no es tan cierto ni tan absoluto como parece”, y aseguró que “el Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de prisión, y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país”. Dicho de otro modo: por ser peruana, su delito es más grave y entonces la pena debe ser más dura.

Tras esos dos años de detención domiciliaria el juicio duró horas y se escucharon cuatro testimonios: tres de policías y otro del testigo convocado en el procedimiento policial. Las palabras de Claudia fueron interrumpidas por el juez que se mostró hostil tanto con ella como con sus defensoras. “El fiscal –Martín Chirazzo preguntó todo el tiempo con una clara animosidad de acusar. Una de las mujeres policía en la declaración no recordaba el operativo. La declaración del agente Palomo no fue específica, aunque luego de la insistencia del fiscal dijo reconocer a Claudia de la Zona Roja”, repasó Rodrigo y aseguró: “Rápido nos dimos cuenta que la cosa venía por otro lado”.

El fiscal en su alegato solicitó los cinco años y tres meses de condena y argumentó que las chicas camuflan la actividad de comercialización de estupefacientes con la prostitución. “Esto fue algo que dijo también el policía. Lo grave es que el fiscal lo tomó, luego lo escribió el juez en la sentencia como la verdad revelada. Es el fiscal el que solicitó se tome como agravante el hecho de que Claudia sea una persona extranjera y que vino a cometer delitos al país que le dio abrigo. Realizó un balance genérico de todas las travestis en la Zona Roja para culminar: son las que venden, pero de Claudia específicamente no pudieron acreditar nada”, resumió la abogada que aún se pregunta “¿por qué se presume que no es prostituta? Se pusieron certezas donde no las hay y dudas donde no corresponde. ¿Por qué se afirma que camuflan la actividad? Eso no surgió en el debate y mucho menos fue probado. Claudia declaró y explicó que es consumidora. La sentencia la nombra entre comillas, porque para la justicia ella es un hombre, y luego dijeron que ella es una ‘mala compañera’ y da un mal ejemplo a las demás travestis”, se quejó Rodrigo. Según la defensora Ruiz tenía dos opciones: la absolución de Claudia o la aplicación de la pena solicitada por la fiscalía. Resolvió lo segundo incorporando todos los agravantes y legitimó a rajatabla el discurso policial.

Las abogadas no se sorprendieron al confirmar que fue el mismo juez Ruiz quien solicitó la presencia de la prensa -solamente del diario El Día y la Red 92- durante la lectura de sentencia. Así le dio publicidad a la primera condena ejemplificadora sobre una ciudadana extranjera, pobre y travesti por el delito de comercialización de 1,6 gramos de cocaína, a pesar de que su detención fue arbitraria y en el debate no quedó acreditado el delito.

La condena además pretende intervenir en la regulación del espacio público y la moral y las buenas costumbres: exhortó al intendente Julio Garro a tomar todas las medidas que considere necesarias en la Zona Roja y dar urgente respuesta a los constantes reclamos de los vecinos por las molestias. También alertó a la Dirección de Migraciones para que informe bajo qué circunstancias legales se encuentran los ciudadanos extranjeros que ofrecen servicios como travestis.

Las noticias no tardaron en llegar a la casa materna de Claudia en el Perú, lo que generó un impacto muy fuerte para la mamá y hermanos y la llevó a silenciarse, y a no querer exponer más su historia para evitar el escarnio mediático.

El hilo se corta por lo más delgado

¿Qué información maneja la policía de la Zona Roja y qué tipo de investigaciones hace? ¿En qué basa esas investigaciones: en las opiniones editoriales de algunos medios; en denuncias, siempre anónimas, de los vecinos? ¿Qué grado de profesionalización tiene la inteligencia policial que en ningún caso logra determinar quién es efectivamente la o el que vende droga? ¿Qué tan al tanto está la Justicia? Preguntas, sospechas y una sola certeza: lo que nunca se investiga es la cadena de comercialización.

Lo que existe es una relación cada vez más evidente entre la criminalización de las personas trans y travestis, los delitos motivados por el odio, los abusos de la Policía y la estigmatización de carácter homofóbico y transfóbico en un momento donde se refuerza a través de la prensa la decisión política de combatir al narcotráfico cueste lo que cueste. Y las fuerzas de seguridad realizan procedimientos violando todos los derechos. “Las personas trans y travestis han denunciado la práctica de requisas ilegales y vejatorias, tactos anales, daños en los allanamientos: maltratos e insultos, simultáneas desnudeces, abuso, abusos sexuales como modalidad de transacción, entre otras prácticas que forman parte de los actos iniciales de las investigaciones por tenencia de estupefacientes. Las personas denuncian estos hechos en los expedientes, pero en ningún caso se refiere que se hayan anulado procedimientos que se practicaron en abierta contradicción con derechos y garantías. Como consecuencia, se invisibiliza la violencia recibida por ese colectivo por parte de los operadores judiciales”, afirma el informe sobre Vulneración de derechos de las personas trans y travestis en la provincia de Buenos Aires del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, coordinado por Laurana Malacalza.

Rodrigo lo confirmó: “Se dieron operativos en casas particulares sin orden, allanan, no encuentran nada pero se llevan detenidas a las chicas que viven ahí. Nada de esto sería posible sin la convalidación posterior de los jueces. Si la Policía tuviera límites, y esos límites los pone la justicia, no procedería de manera arbitraria como lo hace. Convengamos que zonzos no son y no se mandan solos”.

Las únicas estadísticas disponibles sobre estas violencias son las producidas por las organizaciones, que para dar cuenta de la vulneración de derechos aunaron esfuerzos y en noviembre de 2016 presentarán un informe ante el Comité de la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas). Buscan reflejar la violencia producida contra personas trans y travestis como resultado de acciones u omisiones estatales y/o perpetrada por funcionarios de la provincia de Buenos Aires (incluyen fuerzas de seguridad, centros de privación de la libertad, profesionales de la salud). Uno de los datos destacados es el aumento significativo -en los últimos meses- de causas iniciadas en la justicia bonaerense contra mujeres trans y travestis por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. “Muchas de estas personas criminalizadas son mujeres travestis y trans peruanas y ecuatorianas, quienes además son afro descendientes o pertenecientes a comunidades indígenas”, expresa el documento al que tuvo acceso La Pulseada.

Para las organizaciones, la sentencia judicial que condena a Claudia con agravantes fundamentados en su condición migrante y convalidando prácticas policiales denigrantes mereció un párrafo destacado. “El grado de vulnerabilidad de las compañeras que se encuentran en situación de prostitución es alarmante y todas corren peligro. Entendemos que después de este fallo no pueden caminar por las calles libremente. Sabemos muy bien que estas prácticas arbitrarias se repiten y habilitan la impunidad de la policía. Y por otro lado la justicia avala este tipo de acciones”, se lamentó Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS La Plata.

Mientras tanto, el fallo judicial fue apelado ante el Tribunal de Casación, cuya sala V está presidida por el juez Martín Manuel Ordoqui, quien deberá decidir en un lapso razonable si absuelve a Claudia Córdoba Guerra.

Razzia en 1 y 64

A principio de septiembre se montó un operativo policial nocturno dirigido por la comisaría 9ª en la intersección de las calles 1 y 64 de La Plata, dentro de la llamada Zona Roja. Alrededor de una docena de policías bajaron de sus autos y, apuntándoles con armas, comenzaron a requisar a 25 mujeres trans y travestis que ejercen la prostitución en la zona.

“Nos hicieron arrodillar, eran todos hombres, una sola femenina. Nos desnudaron a todas en plena vía pública bajo insultos y amenazas”, afirman las damnificadas en su mayoría peruanas y ecuatorianas. “Nos hicieron poner contra la pared, nos pusieron de rodillas y nos ordenaron que nos saquemos la ropa, que nos bajemos las bombachas en la calle. Había una mujer policía pero los hombres estaban ahí, mirando y tocándonos”, relató una de las testigos, integrante de OTRANS y dispuesta a declarar ante la justicia.

Finalmente, la Policía detuvo a nueve de ellas, cuatro quedaron presas con causa. Diez días después, luego de la presentación de un habeas corpus realizado por OTRANS, la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías de la Plata anuló un procedimiento policial por considerar el accionar policial vejatorio en grado sumo y otorgó la libertad a las chicas.

Más casos

El 18 de marzo A.Z.P. fue detenida, golpeada, desnudada en la vía pública en los alrededores de Plaza Matheu por personal policial. Estuvo detenida todo el fin de semana en la comisaría 4ta. y se le formuló una causa por infracción a la ley 23.737 (de tenencia y tráfico de estupefacientes). La Policía alega que encontró en su poder 1 gramo de cocaína pero ella denunció ante el juzgado interviniente que la droga le había sido plantada. A.Z.P. continua siendo investigada por tenencia simple de estupefacientes bajo supervisión del Juzgado de Garantías 2, a cargo de César Melazo.

Una semana después OTRANS denunció públicamente otra detención arbitraria de la policía platense, esta vez contra J.D.M., quien fue procesada por la infracción a la misma ley. La policía alega haber encontrado en su poder 2 gramos de cocaína.

Al iniciar abril E.G.Z. se encontraba en la calle charlando con un conocido cuando fue abordada por policías de la Comisaría 9na, y desnudada en la vía pública. Fue detenida solamente ella, imputándosele infracción de la ley 23.737. Según la policía se incautó en la requisa menos de 1 gramo de una sustancia blanca. E.G.Z. permaneció detenida 15 días, primero en la comisaría 4ta y luego en la alcaidía de Pettinato de Olmos, dado que el fiscal Fernando Cartasegna sostuvo los cargos en su contra y apeló la excarcelación. E.G.Z. continúa procesada.

(Fuente: informe sobre Vulneración de derechos de las personas trans y travestis en la provincia de Buenos Aires producido por el OVG, coordinado por la Lic. Laurana Malacalza)

 

Las redes solidarias

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Las organizaciones trans y travestis reclaman por una ley de cupo laboral que las saque de las calles (Foto: Gala Abramovich)

“Desde la Campaña por la implementación del la ley de cupo laboral trans nos solidarizamos con todas las compañeras que están en situación de prostitución” difundió Valentina Pereyra, integrante de ATTTA La Plata (Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina). Según la trabajadora recientemente reincorporada a su puesto municipal “las razzias policiales tienen diferentes objetivos. Por un lado hacerse de la recaudación para la caja chica de las comisarías a través de las coimas que se les exigen a las trans y travestis para poder trabajar tranquilas; por otro se criminaliza y estigmatiza a los cuerpos disidentes, migrantes, pobres, siendo la única política pública que hasta el momento ha tenido tanto el gobierno municipal como el de la Provincia de Buenos Aires”.

La activista asegura que por eso salen a “denunciar, visibilizar y exigirle a los Estados, provincial y municipal que se dé el cumplimiento efectivo de la ley de cupo, porque las compañeras siguen estando ahí paradas no porque quieren sino porque no tienen otra posibilidad de inserción laboral real. Con el gobierno provincial estuvimos reunidas en la Secretaría de Derechos Humanos hace un mes porque es la encargada de la reglamentación. Hicimos observaciones porque hay varios puntos en la redacción de la ley que son excluyentes para la comunidad trans. Quedaron en llamarnos para un debate final. Estamos esperando”.

Patente para el maltrato

La organización OTRANS presentó ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires varios reclamos sobre el accionar policial. Refieren haber sido maltratadas sobre todo por un agente de la policía bonaerense perteneciente a la Comisaría 9ª. También advirtieron que quisieron hacer la denuncia en la fiscalía correspondiente donde se negaron a tomarla en forma individual a cada una de las personas que habían sido hostigadas. Al policía lo identifican por sus características físicas con uniforme, y sin identificación personal, en un móvil policial, camioneta cabina doble, patente LBJ-871.

En marzo este funcionario se bajó de su auto una madrugada y le arrojó gas pimienta a B. (quien además recibió patadas) y F., en 4 y 65. La situación se repitió en varias oportunidades y con distintas víctimas. Siempre por parte del mismo policía, sin identificación: el hombre se baja del rodado policial y maltrata con diferentes elementos (desde un bate a picanas) y lastima a las chicas.

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