Aborto ilegal, violencia institucional

Foto: Gala Abramovich

La decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de no adherir al protocolo nacional para Interrupción Legal del Embarazo vuelve a avivar el debate por la despenalización del aborto. Mientras en Argentina mueren más de 300 mujeres por año por abortos inseguros, el sistema de salud bonaerense ignora la ley. Mujeres organizadas cuentan cómo es abortar en la provincia donde el derecho a decidir se respeta a medias. 

Por Ayelén Vazquez

Abre la puerta del baño y va hasta la cocina. Se miran. Es enero y hace mucho calor. “Positivo”. Por un rato muy largo es la única palabra. Positivo. Como todos los veranos la ciudad parece haber sido arrasada por una bomba nuclear. De la calle sólo viene el sonido de los árboles que soplan. Positivo. No puede ser. “Vamos a dormir, mañana hacemos otro”, propone uno.

Juana tiene 27 años y llegó hace pocas semanas de un viaje largo. En el reencuentro con su novio, con su rutina y con su casa no preveía un embarazo. A la mañana siguiente, casi sin dormir, se levantan bien temprano y van a una farmacia de turno. Vuelven y otra vez en el baño, abre el paquete, hace pis; los minutos interminables y las dos indudables líneas azules. Se mira en el espejo y se acuerda que hoy es la última clase del curso del arte de vivir. Le parece una estupidez pero quizás respirar profundo un par de horas le sirva para algo, por lo menos para tranquilizarse. Juana se sienta en su cama. Su novio llega y se sienta con ella, ninguno puede hablar. De repente levanta la vista y ahí está. Pegada en la parte de arriba de su mesa de luz una calcomanía que le grita “Colectiva Feminista Decidimos” y un teléfono. Empezaba otro viaje.

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En Argentina una mujer tiene diez veces más probabilidades de morir por un aborto clandestino que por una complicación durante el parto. En el 2015 fueron más de 300 las que murieron por esta causa, la primera entre personas gestantes. Frente a este escenario en abril del 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó la “Guía para la atención integral de mujeres que cursan un aborto”, un documento que llama a todos los operadores de salud del país a implementar prácticas concretas para interrumpir embarazos no deseados.

El aborto no punible está reconocido por nuestra legislación en dos instancias: en el Código Penal en su artículo 86 y en el conocido fallo F.A.L. de la Corte Suprema de 2012 donde, entre otras cosas, el máximo tribunal nacional ratifica que esta práctica no debe ser penalizada si implica un riesgo para la salud de la mujer. El protocolo de Nación retoma esta idea y amplía la cobertura a todas las personas con capacidad de gestar más allá de su identidad de género. Además reconoce causas sociales y emocionales, habla de la importancia de la salud mental y no obliga a que haya un riesgo de vida para realizarse un aborto no punible. Desde su elaboración las organizaciones de mujeres exigen su reconocimiento y aplicación en la provincia de Buenos Aires.

Eso festejaron cuando el 12 de octubre el Ministerio de Salud de la Provincia publicó su adhesión a través de la resolución 2095. Esta nueva normativa implicaba que el protocolo tenía que aplicarse obligatoriamente en todos los establecimientos de salud bonaerenses, sin excepción. La satisfacción fue efímera. A los pocos días la gobernadora María Eugenia Vidal emitió una resolución que dejaba sin efecto la anterior.

Objetores en el hospital

Andrea Barcaglioni es trabajadora social en el Hospital San Martin desde hace veinte años. Empezó atendiendo casos de violencia de género y ahora está abocada a lograr que se garantice la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el hospital interzonal más grande de la región, un monstruo con más de cuatro mil médicos.

En el último trimestre, el servicio de Trabajo Social del Hospital San Martín atendió 13 casos (Foto: Gabriela Hernández)

“Los jefes del servicio son como señores feudales y nadie puede decirles lo que deben hacer”, dice Andrea que reconoce que la lucha es desigual porque las dos jefas de los servicios vinculados al tema (Ginecología y Obstetricia) parecen tener más fuerza que las propias autoridades, incluso las provinciales.

Ni siquiera una sanción del Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió contra el Estado argentino por la actitud del Policlínico en el caso L. M. R. frenó los abusos y las maniobras para evitar la aplicación del derecho. Ella sufre una discapacidad mental y fue violada por un familiar. En el 2006 deambuló junto a su mamá y su hermana durante semanas por los pasillos del hospital a la espera de interrumpir el embarazo. El caso generó incluso un pedido de perdón y resarcimiento por parte del Estado, pero no tuvo mayores consecuencias para Blanca Campostrini, la médica que todavía es jefa del Servicio de Ginecología del San Martín.

“Acá el protocolo nunca se aplicó. Ni siquiera el provincial que es más restrictivo. Los médicos no lo conocen. Establece que no puede haber objetores de conciencia institucionales, pero los dos servicios involucrados son objetores. Esto es ilegal desde donde lo mires”, dice la trabajadora.

Entre enero y agosto de este año en los servicios de Obstetricia, Ginecología y Guardia fueron atendidas 10.670 mujeres. Andrea lleva un registro de personas que llegan al hospital solicitando una ILE: sólo en los últimos tres meses Trabajo Social atendió 13 casos pero sólo uno se resolvió allí. El cuadro puede ser todavía peor si se cuentan los que no logran registrar, simplemente porque a veces no se enteran. Respecto a la aplicación del protocolo, la trabajadora social hace una lectura estratégica: “Vidal responde a la línea que todos conocemos pero también está muy insegura respecto de este tema. Y eso es un buen punto para nosotras, que estamos muy seguras de lo que queremos”.

Las mujeres que recurren a hospitales como el San Martín muchas veces lo hacen rebotando desde otros lugares, sin cobertura médica, sin entorno que las contenga, incluso con toda la familia en contra. “Llegan abatidas. Lo único que quieren es resolver este tema y se encuentran con un aparato gigantesco armado para demorar algo que debería ser simple”. Las técnicas de manipulación utilizadas para desalentarlas son variadas: “Esta ecografía no me sirve porque es de guardia”, “este médico no, andá a otro”; “lo vamos a charlar en el comité de ética”.

S. llega al Hospital San Martín en un estado emocional crítico. Es julio de 2014. Un compañero de trabajo la violó y está embarazada de casi veinte semanas. Quiere abortar. Cuando habla con las trabajadoras sociales les confiesa que en los últimos días pensó en tirarse debajo del tren con su hijo de cinco años. Después de horas de discusiones, la Dirección la acepta y queda internada. Pero a las dos horas, a Barcaglioni le suena el teléfono. A S. la echaron de la habitación, no van a practicar la intervención.

Pero S. no estaba sola. María Julia de Las Azucenas es una de las feministas que acompañó el caso. “Cuando nos reunimos con las autoridades del hospital la doctora Soria de Obstetricia le preguntó por qué no había evitado la violación. Nosotras la interrumpimos y le dijimos que exigíamos que se cumpliera con un derecho previsto por un fallo de la Corte Suprema, pero nos respondió que para ella ese dictamen no tenía ningún valor”.

El periplo de traumas que atravesó S. incluyó una ecografía donde los médicos le hicieron escuchar los latidos del corazón y le dijeron el sexo del feto. Cuando Las Azucenas intervinieron para que apagaran el sonido del ecógrafo las profesionales le preguntaron si le molestaban las preguntas. S. contestó que sí, que con cada una se acordaba del momento en que la habían violado. Finalmente lograron que se concrete la ILE. Un médico vino especialmente desde un hospital de Ezeiza. A S. la intervinieron en una cama del Pabellón de Quemados.

Después de años de machacar, Barcaglioni y el equipo de trabajadoras sociales lograron que algunas guardias les avisen por teléfono cuando ingresa una paciente solicitando un aborto. De esta forma ellas pueden adelantarse a los maltratos que seguramente reciban si llegan solas al servicio de Ginecología. “Parece una avance ínfimo, pero para nosotras es enorme”, aseguran.

Respetar una decisión

El trabajo de las Azucenas, el de Andrea y el de las consejerías pre y post aborto son como hilos que se cruzan y tejen un telar. Como toda red, cuando tocan uno de los puntos, se mueven todos. Es un arduo trabajo de construcción de vínculos, de mantener una lenta pero incansable marcha, y también de tomar las calles. En ese marco emerge la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nació en 2005 en Córdoba cuando un grupo de setenta mujeres decidió que era momento que el debate llegue al Congreso. Desde ese momento el proyecto de ley se tuvo que presentar seis veces, porque cada dos años pierde estado parlamentario. “Si bien hay más de 70 firmas de diputados, cuando llega el momento de tratarlo y dar quórum hay indicaciones desde arriba para que no se discuta. Pasó con el kirchnerismo y pasa ahora”, dice María Julia, 55 años, docente, pañuelo verde y rulos cobrizos.

Este año la plenaria nacional de la campaña decidió presentar nuevamente el proyecto con dos modificaciones: quita la figura del objetor de conciencia y se modifica el tiempo límite para practicarlo, pasando de 12 a 14 semanas. “Después de todos estos años vemos que hay más aceptación social porque la gente entiende que los abortos se hacen igual. Ya no discutimos si debe existir o no, existe y es lo que mata a las mujeres gestantes”, afirman. María Julia conoce bien los números del aborto. En nuestro país son 500 mil por año, la mayoría en condiciones de gran inseguridad para las mujeres, y de gran rédito económico para los médicos que los practican en la clandestinidad.

“Las mujeres abortamos todos los días y en muy diversas circunstancias. El Estado lo niega y dice que es ilegal, pero las mujeres abortamos de todas maneras”, afirma Luciana. Es socorrista de la Colectiva Feminista Decidimos desde su creación en 2013. El trabajo de las socorristas empieza cuando una mujer llama a la línea que se difunde desde la organización. “Las primeras comunicaciones siempre son iguales. Te dicen: ‘estoy desesperada’. Ahí les decimos que no están solas, y les damos información, eso ya es un montón. Les brindamos la posibilidad de un encuentro y de una comunicación telefónica mientras están realizando el aborto”. Cuando Luciana habla quiere que se entienda una idea clave: las mujeres abortan siempre en una red de mujeres. Ninguna se hace un aborto sin otra al lado. Pero para que un aborto sea seguro se necesita información para que potencie su autonomía en la decisión que tomó y en el cuidado del propio cuerpo.

El teléfono de las socorristas suena todo el día a toda hora. No para. Las llamadas llegan a un celular que va rotando entre ellas. Cuando la socorrista de turno atiende es muy probable que escuche algo parecido a “necesito ayuda urgente”. Sus respuestas también son casi siempre las mismas: “Quédate tranquila que todo va a estar bien”. Aunque las dos saben por qué están hablando, la mujer que está pidiendo ayuda puede no decir más que eso. Poner palabras en ese momento se hace denso, sobre todo porque no sabe quién está del otro lado. Solo le queda confiar. El paso del tiempo es como una gota que va cayendo siempre en una misma herida, generando angustia, haciendo que las horas pasen lento. Cada minuto es un minuto menos para volver a la vida como era antes de ese embarazo no deseado.

Luciana empezó como socorrista sin saberlo. Fue en Córdoba, cuando la amiga con la que vivía quedó embarazada. No quería tenerlo. Quiso acompañarla. Una agrupación feminista le dijo dónde podían ir. Cuando llegaron entendieron que iba a ser algo que recordarían aunque no quisieran. Era una clínica oscura y tenebrosa. Las obligaban a mantener silencio y no hablarse entre ellas. Se fueron espantadas. Al final, lo hicieron con una médica que hacía Aspiración Manual Intrauterina (AMEU) y no cobraba muy caro. El trauma, dice, no tiene que ver con la decisión de abortar, sino con todas las violencias que se viven antes, durante y después del aborto.

Las feministas pueden diferir en métodos de lucha, en abordajes, en conceptos, pero cuando hablan de aborto todas sostienen lo mismo: cuando una mujer decide abortar ya no hay marcha atrás. Pocas veces se arrepiente y siempre siente alivio cuando lo concreta. Esto no significa que es una decisión más en su vida. Explica Luciana: “No es algo que las mujeres vivan con liviandad. Ante la posibilidad de gestar una decide cortar con eso. Y nos enseñan que somos como una incubadora, nuestro cuerpo es un objeto”.

Hoy, la Colectiva Decidimos acompaña entre 8 y 10 mujeres por semana. En La Plata la mayoría son estudiantes y de barrios periféricos. Pero también hay de clase media alta. Una vez Luciana se encontró con una profesora de la facultad. La reacción fue de inmediata complicidad. Los lazos que se crean en estos casos son fuertes, ellas saben algo que quizás hasta su propia pareja ignora.

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Los choferes de la Línea Este se sumaron al reclamo por el protocolo derogado (Foto: Paula Bonomi)

Aunque la cita era a las 6 de la tarde el agobio del enero citadino no aflojaba. Juana caminaba lento. Tenía náuseas, mareos y calor pero ya había empezado a transitar su propia autonomía. “Nos encontramos en el monumento de Plaza Italia”, le dijo Lía, su socorrista. Juana todavía no lo sabía, pero parte del trabajo de la consejería es convocarse en espacios públicos. Un poco por seguridad, otro para alejar al aborto de la idea de algo lúgubre y peligroso. Estaba sola. En el monumento una mujer con una panza enorme charlaba animada con otra. No podía dejar de mirarla, casi se desmaya. Un nene chiquito correteaba por los juegos y una puertorriqueña se impacientaba, quería recibir rápido las indicaciones y continuar la rutina. Estaban allí por lo mismo. Juana pensaba en irse, creía que no podía compartir esa situación con otras, lo que le pasaba era algo individual, se decía. Hoy lo recuerda como un gran momento. La diversidad le mostró que había otras formas de atravesarlo. Se tranquilizó. Después de esa tarde se empezó a informar, siempre acompañada por las chicas de la consejería.

Un día, cuando ya estaba llegando a las doce semanas, se asustó, o se cansó de tanta información y se fue al pueblo de su novio. Quería pensar, dejó de responder los mensajes de las socorristas. Cuando volvió sacó un turno en el Hospital José Ingenieros. Se decidió por la Aspiración Manual Intrauterina, conocida por ser segura, práctica y económica. Julián, el médico que la atendió, le explicó todo lo que iba a sentir y la dejó escuchar los Beatles mientras realizaba su ILE.

Un tiempo después, Lía la invitó a la consejería. Empezó paulatinamente, yendo a las marchas y los encuentros. Y así decidió que quería ser socorrista. Desde ese día su vida dio un giro. La militancia se hizo más intensa, se lo pudo contar a su mamá y a otras mujeres. Hoy hace acompañamientos de embarazos de segundo trimestre. Son los más complicados porque el uso de la medicación es distinto y generalmente el proceso termina en el hospital. A Juana le han llegado a pujar en el oído mientras ella del otro lado del teléfono acompañaba, silenciosa y paciente. Los hace porque no muchas se animan y alguien lo tiene que hacer. Juana siente que ser socorrista la sanó, no sabe bien de qué herida, ni dónde está, pero devolver la compañía que recibió desde ese enero caluroso le hace bien, mucho mejor que los cursos del arte del vivir.

 

Misoprostol

En marzo de 2005, la OMS incluyó al Misoprostol en su lista de medicamentos esenciales, por haberse demostrado su eficacia y seguridad para el tratamiento del aborto incompleto y del aborto espontáneo. Entre sus indicaciones se encuentran: maduración cervical, inducción del aborto en 1° y 2° trimestres, prevención y profilaxis de la hemorragia post parto, aborto incompleto, preparación instrumental del cuello uterino.
Las organizaciones pro aborto exigen que se elabore en el país para garantizar el acceso de las mujeres a la droga.
Provoca contracciones del músculo liso del útero, estimula la maduración cervical y aumenta el tono uterino. La sensibilidad del útero al Misoprostol aumenta con la edad gestacional, por lo que la dosis más efectiva e inocua varía de acuerdo a cada trimestre. Hasta las 12 semanas de embarazo puede ser usado de forma oral en el domicilio. Está contraindicado para personas que se hayan realizado una cesárea.

 

Números del aborto

700 mil nacimientos al año
500 mil abortos al año
2015: hubo 300 muertes por abortos inseguros.

Colectiva Decidimos La Plata

20 socorristas
8-10 acompañamientos por semana
2015: hicieron 300 acompañamientos.

Para contactarse con DECIDIMOS en La Plata el celular es la línea CLARO Nº 221 5361279.

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