Voto electrónico: ¿la democracia hackeada?

Ilustraciones Leo Bolzicco

Hoy, tal como ocurre cíclicamente entre nosotros, vuelven a alzarse voces a favor de la informatización de los procesos electorales. Pero la creencia acrítica sobre las bondades de la tecnología choca con las opiniones de los expertos y las experiencias registradas en diversos países del mundo que advierten sobre el peligro que significa abrirles las puertas a formas inéditas de ciberfraude.

Por Carlos Gassmann

A mediados de marzo pasado, el pueblo de Chubut concurrió a las urnas para elegir a su nuevo gobernador. Pese a los pocos habitantes que viven en esa provincia patagónica, aún no se sabe quién ganó, aunque sí se tiene la certeza de que perdió la democracia por las demoras injustificadas en dar a conocer el escrutinio provisorio y por el fraude que se cometió al menos en algunas mesas.

Se volvieron a alzar desde entonces las voces que reclaman la implementación del voto electrónico, al que se le asigna la curiosa propiedad de solucionar problemas que solemos generar los seres humanos y constituir entonces un método rápido y transparente.

Los comicios realizados el mes pasado en Salta, donde un tercio de la población utilizó exitosamente el voto electrónico, parecen darle la razón a los que demandan la generalización de este sistema.

Poco o casi nada se habló, en cambio, de la experiencia piloto que el 28 de junio de 2009 se realizó en La Plata y Berisso con la instalación de urnas electrónicas en 20 mesas para extranjeros. Es que las primeras evaluaciones reflejadas por la prensa no resultaron auspiciosas. El tiempo promedio para emitir el voto fue nada menos que de 15 minutos. Mabel Accqua, designada como asistente técnica en las mesas abiertas en el Centro Vasco de 14 y 58, señaló que “como la gente no está acostumbrada a este sistema, termina demorando mucho más para hacer algo que no debería llevarle más de 3 minutos”.

Hoy, como dijimos, se vuelve a hablar del voto electrónico que ya había sido mencionado insistentemente después de las accidentadas elecciones nacionales de octubre de 2007, quizás las más desprolijas desde el retorno de la democracia. En esa oportunidad, en los centros urbanos más poblados las colas para votar se prolongaron hasta después de las nueve de la noche. Al día siguiente muchos exigieron la urgente implementación del voto electrónico. En el diario La Nación, por ejemplo, el artículo editorial y los comentarios de Joaquín Morales Solá y Fernando Laborda se quejaron airadamente porque “todavía continuamos votando con vetustas boletas de papel y urnas de cartón”. Lo mismo dijeron dirigentes políticos de distintas orientaciones ideológicas.

En ese entonces, casi nadie reparó en cuestiones que poco tenían que ver con la tecnología empleada, como la constante inflación sufrida por las mesas electorales. De 290 electores que votaban en cada mesa en 1983 se pasó en 2007 a 390. Eso significa que, si las mesas abren con puntualidad, cada elector dispone de un promedio de un minuto y medio para votar y terminar con el trámite a las 18 horas. Y eso sin contar ciertas pausas imprescindibles, como el ingreso de los fiscales para controlar el cuarto oscuro.

Lo concreto es que muchos sostienen que diferentes problemas políticos –que como tales requieren en realidad de respuestas políticas- pueden solucionarse simplemente echando mano a recursos tecnológicos. Así, el voto electrónico ha sido mencionado como remedio para otorgarle transparencia al acto electoral, terminar con el clientelismo, posibilitar un escrutinio infalible y prácticamente inmediato, bajar los costos de los comicios y aumentar la participación ciudadana.

Con más fundamento, pero sin preguntarse qué precio se pagaría a cambio, se ha planteado asimismo que la digitalización del acto electoral impediría el robo de boletas, el truco de ocultar las del adversario debajo de las de un tercer partido y la compra de sufragios mediante el llamado “voto en cadena”. También que ya no sería necesario contar con fiscales en todas las mesas y que eso favorecería a los partidos más chicos.

Desgraciadamente estas proclamadas virtudes no han sido respaldadas mediante argumentos sólidos ni probadas a través de la experiencia.

No obstante, en la Argentina ya existen numerosos proyectos de ley que impulsan el voto electrónico, como el presentado en marzo de 2008 por diputados del partido que orienta Alberto Rodríguez Saa. Sin embargo, recientemente en la interna que el PJ Federal realizó en la ciudad de Buenos Aires entre el gobernador de San Luis y Eduardo Duhalde, la electrónica estuvo por demás alejada del proceso electoral: “No necesita ir con una boleta, sino escribir en un papel su opción electoral o introducir una propaganda referida a uno de los dos candidatos. Es muy fácil, muy sencillo el trámite y, además, no se sella el documento”, recomendaba el ex mandatario bonaerense.

¿En qué se basa esta creencia acrítica en las bondades de la tecnología? La adopción de herramientas informáticas cada vez en más campos de actividad ha sido un proceso constante durante las últimas décadas. Ha ido acompañado por el predominio de un imaginario social que considera que, ante los distintos problemas sociales, la tecnología en general y la informática en particular constituyen la panacea. El número de adoradores de la Secta de San Byte, como la llama el experto brasileño en computación Pedro Rezende, no ha parado de crecer. “Informatización” se ha convertido en sinónimo de “modernización” y oponerse a ella, aunque sea en casos puntuales, parece propio de retrógrados. Plantear reparos frente al voto electrónico es correr el riesgo de ser considerado un defensor de lo viejo y lo malo de la política.

Lo cierto es que hasta el momento no ha habido entre nosotros un debate amplio y abierto acerca de las ventajas y los riesgos que puede entrañar. El sector académico argentino, por ejemplo, y a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, prácticamente no se ha involucrado en el análisis de la cuestión. Pero la discusión debe darse antes de que sea demasiado tarde.

El legislador porteño Martín Hourest del bloque Igualdad Social, dice que “las leyes electorales requieren de mayorías especiales porque lo que está en juego son las propias reglas del sistema político. Una vez que se logra un acuerdo es muy difícil revertirlo. Sólo si se produce un escándalo mayúsculo se podría volver atrás. Por eso hay que dar el debate antes de que se implemente. El sistema electoral es como la virtud de la novia: podés discutirla hasta el día que se casa; seguirlo haciendo después sólo hace daño porque hay que santificar el matrimonio. Esto funciona igual: una vez que se impuso, ya es tarde para hablar”.

El propio director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, reconoció que “el voto electrónico no asegura más transparencia. Tal vez todo lo contrario” y advirtió que “en Chubut, con la irresponsabilidad profesional de la administración electoral, el voto electrónico hubiera convertido un desastre en un absoluto desastre”.

Para estimular este imprescindible debate, la Fundación Vía Libre, que tiene sede en Córdoba, ha editado un valioso libro titulado Voto electrónico: los riesgos de una ilusión. Para conocer los argumentos a favor y en contra que brindan los especialistas, las experiencias que en ese sentido ya se han desarrollado en nuestro país y los antecedentes existentes en el resto del mundo, también se puede visitar la Página www.votoelectronico.org.ar. Todo ese cúmulo de información intenta ser sintetizado en esta nota.

Enchufar o no la urna: ésa es la cuestión

Se denomina voto electrónico al uso de sistemas informatizados para la emisión y el recuento de sufragios. De los tres grandes tipos existentes, los más difundidos son los llamados sistemas de Registro Electrónico Directo (RED), caracterizados por los denominados kioscos de votación o urnas electrónicas. El registro y la tabulación del voto es efectuado mediante un dispositivo informático que opera directamente el votante mediante un teclado o una pantalla táctil. En segundo término corresponde mencionar a los sistemas de escrutinio electrónico, que cuentan automáticamente los votos mediante el reconocimiento óptico de marcas hechas en la boleta por parte de los ciudadanos. En estos casos se aconseja que no debe faltar una auditoría manual de los resultados arrojados por una porción estadísticamente significativa de las máquinas usadas, seleccionadas al azar luego del acto eleccionario. De lo contrario, una programación amañada del software de tabulación de votos podría alterar los resultados sin ser detectada. Por último hay que citar a los sistemas de votación a distancia a través de Internet, que han sido escasamente utilizados debido a los inconvenientes que acarrean. Además de suponer la identificación del votante, porque el acceso al servidor permitiría conocer por quién optó cada elector, lo cual atenta contra el secreto del sufragio, posibilitan que una persona vote en lugar de otra o que lo hagan quienes no están habilitados. Por eso sólo se recomienda la votación por la WEB cuando no existe la exigencia del anonimato, los participantes cuentan con un alto grado de familiaridad y poseen un acceso equivalente a los recursos informáticos.

Vale la pena detenerse a analizar una a una las virtudes que sus adherentes le han adjudicado al voto electrónico y contrastarlas con las opiniones de expertos independientes.

Se dice que los sistemas electorales informatizados traen consigo una mayor transparencia. Pero numerosos especialistas de todo el mundo han advertido, en cambio, que lo que pueden acarrear son nuevas posibilidades de fraude, perpetradas esta vez por medios tecnológicos.

En la actualidad, controlar la limpieza de una elección no requiere ningún conocimiento que la escuela primaria no otorgue: basta con saber leer, escribir y realizar operaciones aritméticas elementales. Docentes y empleados públicos son convocados a actuar como fiscales en nuestro nombre y los partidos políticos envían sus representantes a las mesas de votación con ese mismo fin.

Pero una vez adoptado un sistema electrónico, la auditoría ya no está al alcance de cualquiera y se vuelve mucho más compleja. Actualmente, cuando las autoridades de mesa y los fiscales partidarios se aprestan a comenzar el comicio, realizan la operación –simple y confiable- de abrir la urna, verificar que se encuentra vacía y proceder a cerrarla y sellarla. En una urna electrónica, sea del tipo que sea, no existe el equivalente de esta operación. Comprobar que la máquina está efectivamente en cero y que no realizará operaciones espurias -como modificar los votos, por ejemplo- requiere de equipamiento adicional y de expertos imposibles de reunir para las 75.000 mesas que forman parte de una elección nacional.

La fiscalización de los comicios queda entonces exclusivamente en manos de una élite tecnológica a la que el resto de la población no tiene más remedio que creerle. La consecuencia es obvia: mientras cambiar los resultados de una elección en papel requiere corromper a un número muy alto de fiscales, en el caso del voto electrónico bastaría con sobornar a una cantidad mucho menor de personas fácilmente identificables.

La auditoría de los sistemas que desmaterializan el sufragio sólo es posible para técnicos altamente capacitados que puedan leer el código fuente del programa, detectar “puertas traseras” y evaluar el hardware. En especial, el código fuente de todo el software involucrado en el procesos eleccionario debería estar abierto a la inspección de expertos confiables, tanto independientes –de universidades públicas u organizaciones no gubernamentales, por ejemplo- como de los partidos políticos interesados, y de igual forma respecto de la ciudadanía en general.

El problema se plantea cuando están involucradas empresas privadas, porque los fabricantes de urnas electrónicas, amparándose en el resguardo de su propiedad intelectual, se niegan generalmente a mostrar públicamente el código fuente del software que las hace funcionar o los planos técnicos correspondientes. Ya hubo varios casos en el mundo donde los derechos de las corporaciones privadas se han puesto insólitamente por encima de los derechos de la ciudadanía. Irlanda, por ejemplo, invirtió 50 millones de euros en sistemas de votación electrónica y la empresa favorecida, Nedap, se negó a entregar los códigos fuentes del programa alegando protección de copyright. Algo semejante ocurrió en Nueva Jersey, donde la jueza Linda Feinberg prohibió divulgar los resultados de un estudio de seguridad de las urnas electrónicas Sequoia AVC Advantage, tras hacer lugar a un amparo presentado por la firma fabricante, que alegó que el código fuente de sus programas incluye secretos industriales que deben ser resguardados.

A veces se argumenta que una urna electrónica es comparable a un cajero automático y que, en ambos casos, los que se oponen no tendrán más remedio que rendirse ante las evidencias. Pero el cajero electrónico y la urna informatizada presentan una diferencia fundamental. El primero registra operaciones sometidas a un proceso muy estricto de auditoría, para el que es importante identificar lo mejor posible quién realizó cada una, mientras que en la urna lo importante es, precisamente, evitar la identificación del sufragante para preservar el secreto del voto. Ello plantea dificultades muy especiales, porque tanto hay que verificar que la urna funcionó correctamente durante el comicio como hay que garantizar la imposibilidad de identificar a quien emitió cada voto.

Los especialistas aseguran que no existe ningún sistema electoral informatizado que sea ciento por ciento seguro. En una experiencia realmente aleccionadora, técnicos de la Universidad de Princeton realizaron una serie de pruebas de seguridad sobre urnas electrónicas fabricadas por la empresa Diebold. Los expertos pudieron manipularlas en minutos sin dejar huella del fraude. Inyectaron un virus en una de ellas, lograron que se reproduzca, modifique los resultados y se autoelimine para que no queden pruebas. Ningún fiscal convencional tendría capacidad para detectar esta manipulación.

En general, los expertos coinciden en que la única manera de preservar la seguridad electoral es emplear urnas electrónicas que al mismo tiempo lleven un registro físico en papel de los votos emitidos. En ese mismo sentido, los miembros del National Institute of Standards (NIST) de los Estados Unidos concluyeron que una urna es confiable sólo si puede obtenerse el resultado correcto independientemente del software instalado en la máquina. En otras palabras, la urna debe llevar una contabilidad doble de los votos: una interna, digital, que es la que el software usa para calcular sus resultados, y otra externa, analógica y legible por seres humanos sin asistencia técnica, que permita hacer un recuento independiente a mano. Esta posibilidad es la única que nos permite verificar, aún luego de realizado el comicio, si la urna se comportó correctamente o no: basta con tomar un muestreo aleatorio estadísticamente significativo de todas las urnas y hacer un recuento manual. Si el resultado de todas las urnas auditadas es correcto, entonces podemos asegurar con alto grado de confianza que el resultado en todas las demás también debe haberlo sido. De lo contrario, debemos descartar el resultado obtenido automáticamente y recontar todos los votos a mano.

Tenemos un ejemplo de sistemas de este tipo en los dispositivos de automatización del escrutinio en los que el votante hace marcas sobre una boleta de papel que deposita en una urna. Luego los fiscales la abren y efectúan el escrutinio pasando las boletas por un scanner. En este caso, las boletas de papel ofrecen un mecanismo alternativo de recuento.

Suele afirmarse también que el voto electrónico combate la compra de sufragios asociada a las prácticas clientelares. Pero el clientelismo es una cuestión compleja que no se soluciona meramente con tecnología. Para que la compra de votos funcione es necesario que el comprador tenga mecanismos para comprobar que el votante sufragó efectivamente como se le había pedido. En las elecciones tradicionales esto se realiza a través del denominado voto en cadena, recurso que se hace efectivamente imposible con ciertos sistemas informatizados. Pero éste es sólo uno de los mecanismos que pueden atentar contra el secreto del sufragio. Las urnas electrónicas pueden ofrecer mecanismos alternativos potencialmente más eficaces. Los circuitos de la urna electrónica emiten radiación electromagnética y técnicos holandeses demostraron, usando aparatos que están comercialmente disponibles, que a través de esas emisiones podían detectar por quién votaba una persona desde una distancia de 25 metros.

Tampoco es verdad que con el voto electrónico disminuyan los gastos, sino que ocurre todo lo contrario. Estudios independientes realizados en los Estados Unidos han demostrado que los dispositivos electorales informatizados son, como mínimo, tres veces más caros que los sistemas tradicionales. En ciertos casos, pasar de la votación tradicional a la electrónica significó un incremento presupuestario del 866 %.

Corresponde también desestimar el mito de que la informatización electoral provoca un aumento de la participación ciudadana. Elegir una boleta de papel y depositarla dentro de una urna es el más simple de todos los sistemas posibles. Al implantarse dispositivos automatizados, las personas mayores o aquellas que por razones económicas, sociales o culturales no están familiarizadas con las computadoras se sienten discriminadas y no concurren a sufragar por miedo a equivocarse o por vergüenza. Eso sin contar la desventaja que, como ya se dijo, las personas comunes tienen respecto de los expertos para participar de la crucial instancia de fiscalización.

Sí en cambio es generalmente cierto que con el voto electrónico se agiliza notoriamente el escrutinio. Pero terminar de inmediato con el conteo tiene más que ver con la ansiedad periodística que con una necesidad política del sistema democrático. Con la modalidad tradicional los resultados se conocen comúnmente a pocas horas de terminado el comicio con aceptable precisión. Tener los datos unos minutos o unas horas después no incide en la salud de la república. No tiene sentido perder confianza y seguridad para ganar rapidez. En estos casos, hacerlo bien es mucho más importante que hacerlo con velocidad.

Quizás sí tendría consecuencias políticas e institucionales indeseables una incertidumbre acerca del resultado que se prolongase por varios días. Pero curiosamente eso ocurrió con la intervención de los sistemas más modernos. La elección presidencial norteamericana de 2000, en la que se enfrentaron George Bush y Al Gore, dio lugar al denominado escándalo de Florida. Los resultados se definieron recién tres semanas después de realizados los comicios. Y no hubo entonces boletas de papel y urnas de cartón involucradas sino un moderno sistema semiautomático que incluía lectores ópticos y conteo automatizado.

La mayoría de los fabricantes de urnas electrónicas son empresas privadas que no se cansan de hacer lobby a favor de la modificación del sistema electoral y que emplean todos los recursos del marketing para convencer sobre los beneficios de los dispositivos informatizados. Podemos encontrarnos de este modo frente a una nueva forma de privatización contraria al interés público. ¿Es aceptable privatizar un proceso ciudadano como el acto de votar?

En principio, para evitar nuevas relaciones peligrosas entre la política y los negocios, es imprescindible conocer la composición accionaria de las empresas que operan en este rubro.

Lo ocurrido en los Estados Unidos prueba que los riesgos no son sólo hipotéticos. En ese país, Walden O´Dell, gerente de Diebold, se hizo famoso no sólo por ser uno de los grandes aportantes financieros a la campaña por la reelección de Bush, sino por haber dicho, en una cena de recaudación de fondos para los republicanos, que se comprometía “a entregar los votos de Ohio al señor presidente”. Diebold es una de las principales firmas del mercado norteamericano de urnas electrónicas. Y que nadie piense que tras ese bochorno la firma desapareció: simplemente cambió su nombre y continuó operando como Premier Elections Solutions Inc. En Estados Unidos tres de las grandes empresas que proveen urnas electrónicas tienen vínculos probados con el Partido Republicano. Incluso una de ellas, ES&S, tiene entre sus mayores accionistas a un senador republicano, con obvios intereses en los resultados electorales

El voto de Homero Simpson

En uno de los capítulos de los Simpson, Homero trata desesperadamente de elegir a Obama, pero la máquina de votación se lo impide de tal manera que su sufragio va, multiplicado por seis, hacia John McCain. La imagen del pobre Homero luchando contra ese aparato sin poder impedir que cambie su voluntad y manipule su voto, fue seguramente más eficaz para advertir del problema a millones de ciudadanos comunes que las numerosas advertencias que muchas personalidades y organizaciones vienen formulando desde hace tiempo.

La mayoría de las denuncias sobre irregularidades producidas con el sistema de votación electrónica proceden de los Estados Unidos, pero también las hubo en otros países, como Irlanda, Holanda y Brasil.

En las elecciones norteamericanas de 2000 y 2004 se abrieron numerosas causas por fraude, sobre todo en los estados de Ohio y Florida, siempre con urnas electrónicas involucradas. La poca agilidad de los comisiones también fue cuestionada y en las elecciones realizadas en 2004 se formaron colas aún más largas que las registradas en 2007 en la Argentina. Tanto fue así que algunos jueces electorales ordenaron imprimir boletas para volver de urgencia al sistema tradicional.

Sólo han quedado tres naciones en el mundo –Brasil, India y Venezuela- que continúan empleando actualmente el voto electrónico integral, sin correlato en papel. Algunos países han retrocedido incluso respecto de la incorporación de dispositivos parcialmente informatizados. Holanda, por ejemplo, que venía utilizando urnas electrónicas desde 1997, resolvió que las elecciones vuelvan a efectuarse con boletas de papel a ser marcadas mediante lápices.

En América Latina el ejemplo más frecuentemente citado para promover la informatización electoral es el de Brasil, país pionero en el mundo en la implantación total y universal del voto electrónico. En esa nación vecina, una ley de 1995 habilitó el uso de las urnas electrónicas y otra norma de 2000 puso fin al voto impreso verificable por el elector. Es decir, ya no se creyó necesario mantener una representación física tangible –mediante la impresión en papel- de cada voto emitido para permitir eventualmente la fiscalización manual del escrutinio. Muchas personalidades y organizaciones se opusieron, pero fueron desoídas. A través del Manifiesto de los Profesores Universitarios, que ya lleva más de 1.700 firmas, los técnicos independientes alertaron a los parlamentarios y a la sociedad sobre los riesgos de los sistemas electorales electrónicos que no permiten la auditoría del escrutinio. La Sociedad Brasileña de Computación y los especialistas de la Universidad de Río de Janeiro también recomendaron la impresión en papel de cada voto. Actualmente en Brasil, con la excusa de no afectar la credibilidad del sistema político, los expertos en seguridad informática tienen prácticamente censurada toda opinión que ponga en duda la fiabilidad del procedimiento electoral.

Muy llamativo en ese sentido es el doble standard puesto en evidencia por la OEA. En ocasión del referéndum que en agosto de 2004 puso en juego la continuidad del gobierno de Chávez, ese organismo internacional exigió a Venezuela que los resultados fuesen fiscalizados mediante el recuento manual de los votos impresos por las urnas electrónicas en un porcentaje estadísticamente representativo de las secciones electorales. Pero para otros países latinoamericanos, la OEA ha alentado el uso de sistemas electrónicos como el brasileño, que al prescindir del papel no permiten la auditoría mediante el recuento manual

En el sur se cayó el sistema

En la Argentina ya se han efectuado varias experiencias piloto, en general en elecciones no vinculantes, como las pruebas realizadas en 1999 en Mendoza o por Jorge Telerman durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque en realidad el papel pionero respecto de la desmaterialización del voto le corresponde a la región patagónica. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, fue la primera que utilizó el sistema de voto electrónico en una elección vinculante desarrollada en nuestro país. Para las elecciones municipales de 2003, la firma española Indra puso a disposición gratuitamente equipamientos de votación. La empresa ibérica le ofreció al entonces intendente Garramuño no cobrar el alquiler de las urnas, aunque sí el traslado, la instalación y el asesoramiento. No se previó una auditoría del hardware ni del software empleados. Se consideró que bastaba con entregar anticipadamente algunas urnas a ciertas instituciones para que comprueben su funcionamiento. A quienes reclamaron un control previo del software les contestaron que ya no había tiempo. Aunque en principio se había estipulado que cada equipo debía contar con una impresora que permitiera al ciudadano ver su voto antes de emitirlo, sólo se cumplió con ese requisito en el diez por ciento de las máquinas.

En 2007 Ushuaia se dispuso a repetir la experiencia y llamó para eso a licitación para la compra de equipos. Gracias a su gentileza de 2003, Indra era la que tenía mayores ventajas. Pero los concejales de Ushuaia exigieron que se contemplaran ciertos recaudos de seguridad, entre ellos que las urnas emitieran un comprobante en papel. Ofendida por la exigencia y alegando que una elección de ese tipo dejaría de ser mediante voto electrónico, la firma española retiró su oferta.

Pese a contar con urnas electrónicas y no obstante tratarse de una elección más sencilla –sólo para autoridades municipales-, los comicios realizados en Ushuaia el 28 de octubre de 2007 produjeron una de las demoras más exasperantes de esa jornada. A los problemas del siglo XIX, como las demoras en la entrega de las urnas, se le agregaron los propios del siglo XXI, como máquinas de votación tildadas o impresoras atascadas. Finalmente la capital fueguina decidió retornar al sistema tradicional.

Otro caso muy sonado tuvo lugar en Río Negro, provincia cuya legislatura aprobó por unanimidad una ley de implantación del voto electrónico. Se decidió efectuar una prueba inicial del sistema en la mitad de las mesas electorales –dos masculinas y dos femeninas- constituidas para las elecciones municipales efectuadas el 16 de diciembre de 2007 en el balneario de Las Grutas. Se le encargaron las urnas electrónicas a la empresa estatal rionegrina Altec S.E, cuyo único antecedente era la fabricación de parquímetros. Así resume lo ocurrido la concejal María Liliana Gemignani: “Todo funcionó muy mal y los principales problemas no tuvieron que ver con la inexperiencia de la gente sino con errores en las máquinas. Las dos mesas femeninas fallaron, sólo una mesa masculina funcionó regularmente. En las mesas femeninas de voto electrónico, las mujeres se presentaban a votar y no aparecían en el padrón ingresado en la máquina, pero sí en el de papel que utilizaban los fiscales para su control. Hubo que terminar anotándolas a mano en otras mesas femeninas de voto tradicional. En una mesa masculina se terminó el papel y las máquinas se abrieron, perdiendo su carácter inviolable. Un señor planteó que el papel no se había cortado y había visto a quién había votado la persona anterior. Lo más trágico fue cuando se cerraron las mesas y en una mesa masculina electrónica la máquina se tildó y emitió un papel que daba 0. Hubo que custodiar la máquina con la policía por horas, por miedo a que se cometiera fraude y se abrió a la noche cuando ya hacía rato que había terminado el comicio. Se tuvieron que cortar los papelitos de adentro de la máquina a mano. Todo fue muy lento y desesperante”. Tras tantos infortunios el Concejo Deliberante derogó por unanimidad la ordenanza que había establecido el sistema informatizado. En las siguientes elecciones Las Grutas volvió a votar en forma tradicional.

Unplugged sigue siendo mejor

El modo en el que actualmente llevamos a cabo los procesos electorales puede mejorar sin cambios tecnológicos. El desarrollo de mejores padrones y más actualizados es una necesidad más perentoria que la incorporación de urnas electrónicas. Un padrón más exacto facilitaría el rediseño de circuitos electorales más pequeños, acercando el lugar de votación al ciudadano. En la provincia de Buenos Aires la mayor parte de los circuitos electorales se mantiene igual desde hace más de 50 años. La vuelta a mesas de 290 electores parece ser una necesidad apremiante.

Si se ha aumentado la cantidad de electores por mesa debido a la falta endémica de autoridades dispuestas a cumplir con su deber, reducir la cantidad de mesas no parece ser la solución adecuada, toda vez que hace más ingrata la tarea y quienes pasen por esa experiencia se sumarán a las filas de los reticentes en la siguiente elección.

Tal vez el sistema informático permita prevenir inconvenientes como la falta o el robo de boletas. Pero esto también puede solucionarse usando una tecnología más sencilla y conocida: en lugar de boletas preimpresas por cada partido puede implementarse un sistema de boleta única donde figuren las alternativas electorales y el ciudadano deba realizar una marca sobre la opción de su preferencia. Este mecanismo, que ya está propuesto por distintos proyectos legislativos, facilitaría además el recuento de votos.

En definitiva, las proclamadas ventajas de la automatización del voto terminan no siendo tales. La incorporación acrítica de tecnología no contribuye a perfeccionar nuestro sistema político sino que amenaza el derecho a votar en condiciones de secreto, transparencia y seguridad. Puede tratarse incluso de una nueva forma de privatización realizada en detrimento del interés público. Nuestra democracia no mejorará sustancialmente con más informática sino con más compromiso y participación ciudadanas.

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