Sin justicia ni verdad a un mes del 2 de abril

Foto Luis Ferraris
Foto Luis Ferraris

Un cadáver en el Ministerio de Seguridad no integra la lista oficial de víctimas fatales, detenida en 52, y es una metáfora del tratamiento que han dado las autoridades bonaerenses a la catástrofe que hoy cumple un mes que parece un año.

A pesar de los cuerpos y los datos sobre irregularidades en su tratamiento (policial, administrativo y judicial) que fueron desmintiendo enunciados tajantes del Ejecutivo provincial, éste sigue firme en sus cifras, sus criterios y sus silencios sobre el desastre que anegó La Plata hace hoy un mes. Que parece un año.

De lo que expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, al visitar la comisión de Seguridad del Senado esta semana y referirse a las víctimas fatales de la inundación se desprende, por ejemplo, que sería necesario poner en marcha toda una investigación judicial para determinar si puede ingresar en la lista oficial de fallecidos por la inundación alguien como Alejandro Santiago Nuccitelli. La historia de este hombre de 45 años es así: desconocidos lo rescataron de un auto en 66 y 28 durante el temporal. En una camioneta, lo llevaron hasta el hall del hospital Italiano, entre las 2 y las 4 de la mañana del 3 de abril. Entró inconsciente, con hipotermia pero aún con pulso. Intentaron reanimarlo durante unas dos horas. Estuvo en la unidad coronaria y en terapia intensiva. Murió 15 días después, el 18 de abril, a la 1.45, por “Encefalopatía hipóxica. Sumersión”, según el certificado de defunción fechado el 19 de abril. La falta de oxígeno por una inmersión dañó su cerebro y falleció.

Nuccitelli estaba casado y tenía dos hijas pequeñas. Natividad Mangarella, su esposa, contó en El Día el domingo pasado que el último mensaje que recibió de él fue: “Llamame”, a las 17:50 del 2 de abril. Alejandro trabajaba en una remisería de 66, 30 y 31. Quiso subir el auto a la rambla de 66 a la altura de 28 durante el extraordinario temporal del 2 de abril, pero no pudo. Estuvo atrapado en el vehículo hasta que lo sacaron, varias horas después. Su familia lo reconoció después de rastrearlo por otros centros médicos de La Plata y Berisso.

La víctima sucumbió en el agua y en la vía pública. Como Nicolás Guerrero, un joven que murió electrocutado al prestar ayuda en la tormenta en 38 y 11, ingresó en el hospital Español y sí integra el listado oficial. Nuccitelli tardó en morir. Su caso no es computado, como pasa con varios. La singularidad es que el remisero era también empleado hacía años de la Dirección de Antecedentes del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fue “Jefe de Capturas” y últimamente revistaba como Jefe de Turno los fines de semana, mientras sumaba ingresos con el remís. Empleado del ministro Casal, quien plantea que es necesario que la Justicia analice si casos así están ligados a la inundación, pero convalidó el apartamiento de los agentes judiciales que intentaban ampliar en esa perspectiva el criterio de ingreso al listado oficial de víctimas fatales: el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias y el defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil Julián Axat.

Luces y sombras, velas y paraguas

“Y no se cortó la luz en hospitales, aclarémoslo”, dijo Daniel Scioli, en su última conferencia de prensa, el 8 de abril, cuando delimitó un cambio de etapa en la post inundación. Sin embargo, varios testimonios contradicen esa aseveración, que entonces parece tan incomprensible como el cierre de la lista en 51 con la emergencia caliente, cuando no había pasado ni una semana.

Al menos en el Italiano y en el Español hubo problemas con la electricidad, dijeron a esta revista trabajadores y familiares que estuvieron en dichos centros médicos. En el Español una fuente refirió que no sabe cuánto tiempo estuvo cortada a luz pero que esto perjudicó a pacientes que estaban en estado terminal. Arribar a una certeza de ese orden no sería menor para la controversia por el número de víctimas fatales, ya que por ejemplo el director del Español, Pedro Belloni, volvió a afirmar esta semana: “Hubo muertos. Ingresó un electrocutado y luego fallecieron cuatro enfermos que estaban ingresados en el hospital. Pero eran enfermos terminales: cáncer de pulmón, cáncer hepático, insuficiencia respiratoria severa, etc. Eran enfermos terminales”.

Las declaraciones de Belloni fueron durante una recorrida por el hospital junto a Pablo Bruera, Daniel Scioli y Alejandro Collia en la que agregó que el Español fue “el hospital más dañado” y remató: “Acá no se murió nadie más de los que se deberían morir por ser enfermos terminales”.

Si la luz se cortó o no por el temporal no parece intrascendente para nadie, pero menos para un paciente de estas características, conectado quizá a un respirador.

Guillermo Alejandro Piombino, por ejemplo, murió en el Español. Estaba internado hacía 27 días, por una afección pulmonar. A su esposa le informaron que murió el miércoles 3 a las 8 de la mañana, de un paro. El parte médico en la víspera del temporal había sido el más esperanzador de toda su internación. Plombino fue inhumado en el cementerio municipal. Su esposa declaró en sede judicial. Las circunstancias de muerte descriptas por ella se suman a oscurecer el “aclarémoslo” de Scioli. La mujer describió un pasillo en penumbras a la medianoche y dijo haber tenido que subir cuatro pisos por escalera.

En el hospital San Roque, de Gonnet, ingresó a la medianoche Fernando Peña, para morir por no haber recibido a tiempo atención médica. Es uno de los cuerpos hallados por Axat y Arias a principios de abril cuyo vínculo con la inundación desmintió Casal: el paciente estaba hospitalizado con una cardiopatía severa que lo llevó a la muerte, dijo. Pero en la declaración judicial que firmó, su compañera, Mirta Liliana Saggese, asegura que quedó “perpleja” ante el episodio, “porque esa misma tarde, Fernando estaba bien, al igual que el día anterior; era una persona deportista, con el físico sano”. También declaró en el juzgado un amigo de Peña: “No es ahogado pero tal vez se podría haber salvado”, dijo, con referencia a “la falta de las disposiciones y capacidad que debería tener un hospital referente de una vasta zona de La Plata”. El cuerpo de Peña, dijo, fue cremado.

En muchos hospitales el clima fue tenso durante abril, sobrevolados por todo tipo de disparates sobre cuerpos escondidos, e interpelados por periodistas y oficios judiciales. Lo cierto es que los trabajadores estaban y están, en su mayoría, haciendo frente al caos dentro y fuera de centros médicos desmantelados. La falta de insumos, personal, obras de infraestructura y mejores salarios en hospitales y salitas sanitarias se venía denunciando hacía rato y en ese contexto cayó el aguacero. Por eso sorprende que en la recorrida con funcionarios por el Español el intendente haya elegido calificar al sistema de salud de La Plata como “de vanguardia”.

Para despejar dudas sobre la luz y sobre las víctimas, esta revista presentó en abril 8 pedidos formales de información pública vinculados a la inundación, en 6 dependencias estatales, una empresa y un ente regulador. Entre otras cosas, se consultó al ministro de Salud de la provincia, Alejandro Collia, a la distribuidora Edelap y al Organismo de Control de la Energía (Oceba), sobre detalle de interrupciones en el suministro eléctrico entre el 2 de abril y el 9 de abril de de 2013 en los hospitales Italiano, San Roque, San Martín, Sor María Ludovica, San Juan de Dios y Español. Cumplidos los plazos del decreto provincial de acceso a la información pública, cuyas autoridades de aplicación son la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Gobierno, no fueron respondidas las solicitudes, en un contexto de habladurías y de dudas sobre la palabra oficial en la trama de la inundación. Con una lista de 51 (52) víctimas en la que ya cuesta encontrar un caso libre de errores. Los otros funcionarios consultados formalmente son César Albarracín, Daniel Scioli, Eduardo Camaño y Juan Courel. Uno de ellos realizó un llamado para negociar la falta de respuesta pero ninguno respondió ni hizo uso de la prórroga para responder que contempla el marco legal.

Procesar el tendal social, económico, político, psicológico, judicial, periodístico que dejó abril llevará mucho tiempo. No ayudan ni los mensajes truchos de funcionarios ni su hermetismo; ni las desprolijidades policiales; ni la rapiña de piratas funerarios que quisieron desplumar en el dolor a familiares de ahogados; ni las fábulas propaladas hasta por profesionales sobre cadáveres que no habían visto; ni las trompadas en el Concejo Deliberante; ni las denuncias cruzadas en mera clave electoral.

Hoy se cumple un mes. Parece un año. Y volvió a llover. El lunes hubiera cumplido 79 años Beatriz Velinzas, “Tati”, una de las primeras víctimas oficializadas. Se ahogó dentro de su casa en La Loma, sola. Toda su familia estaba con el agua al cuello, incomunicada, desesperada pero refugiando gente, y sin poder llegar a ella. Su hija y su nieta pudieron alcanzarla al amanecer de una pesadilla de gritos, agua y autos dados vuelta. En lo de Tati ya había policías —cuyas familias también estaban inundadas— y una ambulancia con otros seis cuerpos, para llevarse a Tati. La encontraron arrodillada sobre su cómoda, como rezando, entre muebles deshechos. La imprevisión de los funcionarios le quitó la vida, y hasta alguien le robó las alianzas, así como a otros muertos les robaron dinero de la billetera en la morgue.

Hoy habrá una marcha con velas y paraguas. Y monseñor Héctor Aguer celebrará una misa en la catedral para “rezar por el eterno descanso de quienes han muerto a causa de la inundación y por la consolación cristiana de sus familias y de todos los afectados; por todos los que con tanta generosidad han ayudado a sus hermanos”, y para que “el Señor que proteja a nuestra ciudad y libre a sus habitantes de todo peligro”. Pero ningún funcionario dijo estar evaluando su renuncia. Alguno ofreció disculpas inocuas.

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