Prioridades y prioridades

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Nota principal: Ciudad uniformada

El presupuesto provincial 2015, que creció 36% desde 2014, le asignó casi el doble de aumento, un 67,4%, al Ministerio de Seguridad, de Alejandro Granados, el re impulsor de la “tolerancia cero”, que se erige como uno de los mentores de la Policía Local, usa como latiguillo un hecho de inseguridad sufrido en carne propia y repite que más presencia policial significa menos delito. Incorporó también el refuerzo de personal en “áreas sensibles”: los 15.000 efectivos que llegará a tener la Policía Local y 10.000 más para la Policía Centralizada.

Como contrapartida, en la Secretaría de Niñez y Adolescencia —con rango de ministerio desde que dejó de depender de Desarrollo y encargada de diseñar y ejecutar políticas para garantizar el acceso a los derechos contenidos en la ley de promoción y protección para el sector más vulnerable de la sociedad— se estima invertir 20 veces menos que en Seguridad. Y en el Ministerio de Desarrollo Social, sin programas activos a la vista, un cuarto esa cifra. Este esquema, que no es nuevo, refleja toda una política de Estado apuntada a atacar las consecuencias de un largo proceso de desinversión en áreas sociales que siguen postergadas.

Ejecución

Las dificultades cotidianas que tienen las organizaciones en que la Provincia delega la atención de los chicos con derechos vulnerados, como la Obra del padre Cajade, evidencian que en la práctica no se revierte el criterio presupuestado. Carola Bianco, responsable del Programa de niñez, derechos humanos y políticas públicas de la Facultad de Derecho de la UNLP señala para La Pulseada: “A esta diferencia en las partidas entre la seguridad y la niñez la vemos también en el territorio”.

En cuanto a la cantidad de personal convocado para cada ámbito, mientras la Provincia anunció para este año un refuerzo de 25.000 policías, 10.000 docentes y 6.000 médicos, enfermeros y auxiliares de la salud, nada dijo sobre sumar operadores para servicios zonales o locales de niñez o regularizar a trabajadores de hogares y otras instituciones de abrigo. De hecho, es difícil conocer cuántos son los equipos provinciales y municipales destinados a atender a pibes. La Secretaría publica que su dependencia “involucra a 3.800 agentes públicos” y trabaja con 50.000 niños y adolescentes por año, pero la información no es suficiente para hacer un diagnóstico. Lo que sí se conoce es que Niñez es uno de los trabajos más desprotegidos (en remuneración, recursos y estabilidad), al que muchos se vuelcan por convicción militante.

Tampoco se han actualizado las becas. “Hemos verificado que se ha ido empeorando la situación: se encarece el costo de vida y las becas continúan con montos muy bajos”, afirma Bianco, que en 2013 patrocinó a 22 organizaciones en una medida cautelar contra la Provincia.  Hoy los montos por niño/a rondan los $120 en comedores, $600 en centros de atención, $1.800 en hogares convivenciales y $850 en centros de día.

“El único lugar con personal especializado que tiene condiciones laborales de estabilidad es el fuero de la responsabilidad penal juvenil —alertan desde el Programa—, que además se supone es subsidiario del sistema de promoción y protección. Así es que los fueros de responsabilidad penal terminan con más causas de las que debieran tener y necesariamente deben articular con un sistema que todavía no le puede dar respuestas”.

Soledad Vampa y Pablo Spinelli

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