Poner frenos

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Nota principal: Veneno en las vías

Al cierre de esta edición, dos noticias arrojaron un poco de luz en la lucha de los pueblos fumigados contra el envenenamiento progresivo. Por una parte, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco fijó límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y dos mil metros para las aéreas. Por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronunció respecto del uso extensivo de agrotóxicos. El dictamen remarcó la vigencia del principio precautorio (presente en la Ley General de Ambiente) y protegió los cursos de agua. “El mayor mérito del principio de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de los intereses comerciales”, asegura el fallo.

Por otra parte, el SENASA finalmente prohibió la importación de endosulfán, un insecticida altamente tóxico prohibido en los principales países del mundo, que todavía se utilizaba en Argentina. El organismo tomó la decisión a partir de recomendaciones internacionales y de una comisión local que estudió sus efectos.

Sin embargo, las organizaciones ambientales movilizadas contra los agrotóxicos siguen demandando una reclasificación de los agroquímicos utilizados. “Hoy por hoy se tiene en cuenta la toxicidad de los agroquímicos cuando afectan en dosis letales”, explica Gómez, “y se dejan de lado las pequeñas dosis, de las contaminaciones crónicas, pero el veneno aún en pequeñas dosis afecta al ser humano porque es bio-acumulativo, se va acumulando en las grasas y la exposición continuada al producto es altamente nociva. Cuando el glifosato se homologó (se aprobó para su comercialización) se lo hizo únicamente con el principio activo, no con los coadyuvantes, que terminan siendo más venenosos”.

Andrés Carrasco coincide con el reclamo: “estoy de acuerdo con toda medida que tienda a revisar el status quo porque implica que las instituciones responsables han tenido que hacerse cargo aunque sea de abrir una válvula de escape para buscar una solución. Me parece que esas son pequeñas victorias de un estado de debate que está en la sociedad, que muy de a poco se va instalando, pero se tiene que llegar a fondo. Veo bien las luchas ambientales, las peleas por las zonas de exclusión, las peleas por los cambios de categorización de la toxicidad, los controles de uso… Quizás uno no puede terminar con el problema hoy, pero lo que no puede hacer es decir que no tiene solución: uno tiene que comprometer toda su integridad, comprometer su acción para que eso sea considerado como una responsabilidad social que hay que resolver”.

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