Nota principal: Cuidado con el custodio
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que en teoría fiscaliza la actividad de las empresas de seguridad, se ha negado sistemáticamente a brindar información sobre el tema. En abril, La Pulseada solicitó datos referidos a la cantidad de agencias de seguridad, empleados, vehículos y armamentos registrados, a la propiedad, dirección o empleo de ex policías, penitenciarios o militares, al desempeño de la Dirección específica en la tarea de control, y a la contratación de servicios privados por parte de organismos del Estado. El pedido, que invocaba la ley y el decreto sobre acceso a la información pública (La Pulseada 66), fue presentado en la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada. También se consultó a la Secretaría de Derechos Humanos acerca de la periodicidad con que reciben consultas sobre agentes, directivos y propietarios que podrían estar vinculados a crímenes de la dictadura, y acerca de su conocimiento específico sobre el tema. Un tercer pedido fue ingresado en la Secretaría General de la Gobernación, órgano de aplicación del decreto que enuncia que “toda persona física o jurídica tiene derecho de acceso a documentos administrativos” y que “el procedimiento de acceso a documentos administrativos debe garantizar el respeto por los principios de publicidad, celeridad, informalidad, accesibilidad, igualdad y gratuidad”. A cinco meses, ninguna de las tres solicitudes recibió respuesta.
Tampoco la obtuvo un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados bonaerense el 23 de marzo pasado, que entró al Poder Ejecutivo el 6 de abril y descansa en el Ministerio de Seguridad desde mayo. Entre otras cuestiones, indagaba sobre los centros habilitados y los planes de estudio previstos para la capacitación del personal.
Al cierre de esta edición, en la web del Ejecutivo ni siquiera estaban publicados los nombres de las autoridades de la Dirección Fiscalizadora.
