La resistencia de la manta

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La Policía rodeó la plaza San Martín para evitar que se instalen quienes venden ropa usada. La mayoría son mujeres que siguen en la vereda de la Legislatura porque no quieren ir al predio privado que se abrió en Los Hornos. La disputa por el espacio público y la impotencia de quienes tuvieron que abrir su ropero para poder comer.

Texto: Pablo Spinelli
Fotos: Gabriela Hernández y Luis Ferraris

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Desde que los desalojaron de la plaza, los manteros están en la vereda de la Legislatura de 13 a 16. Luego se van para que nos los corran.

Es viernes 28 de junio, está por llover y el contraste que se da en el centro de La Plata, en la plaza que separa a la Gobernación de la Legislatura, es un insulto a la sensibilidad. Impactaría a cualquiera que se pare a observar la escena o a conversar con alguna de las manteras que venden ropa usada en la feria americana. Ellas, porque el 90 por ciento son mujeres, están en la vereda de 51 entre 7 y 8 cargando sus carritos antes de que la mercadería se les moje. Se disponen a cruzar la avenida para atravesar el muro de policías que desde hace tres semanas tiene como única misión en seguridad impedirles ubicarse en ese espacio público a instalar sus mantas. La mayoría encontró en esa actividad informal un camino para sumar algo de dinero a economías familiares agotadas. Hay estudiantes, mujeres desocupadas o con empleos precarizados. Muchas que tienen más de 50 años son o fueron trabajadoras en casas de familias, son viudas, están pensionadas, o no tienen un horizonte posible de jubilación digna.

Atravesar el paredón de uniformados y caminar hasta la sede del gobierno provincial es el modo con el que intentan cerrar cada jornada, una protesta, una resistencia, la forma de decir que siguen existiendo y de revertir los discursos que se instalaron en torno a ellas. De negar que son una mafia o que vienen en manada desde el gran Buenos Aires regenteadas por algún patrón, de gritar que las prendas que venden son usadas y que “ya pasaron por IVA”, de explicar que no son una competencia para los comercios “legales” y que para muchas es el único camino de garantizarse un plato de comida.

Se nuclearon en una asociación civil y encontraron en la organización una herramienta. Se consideran parte de la “economía popular, equitativa y solidaria” que como contraparte tiene compradores a los que de otro modo en tiempo de crisis les resultaría muy costoso renovar su vestimenta.

Los valores que se manejan en ese mercado informal apenas competirían con el envoltorio de un producto nuevo en cualquiera de los locales de calle 8

La clientela es variada pero comparte con ellas las penurias para llegar a fin de mes. Del 1 al 10 las ventas suben porque van los cooperativistas municipales que cobran sus haberes. Pero también las beneficiarias de las asignaciones familiares que buscan algo de ropa para sus hijos. Suelen aparecer algunos estudiantes que vienen de otros lugares y se esfuerzan por sostener la carrera. Y vecinos de zonas más cercanas, que ya las conocen y tienen su cita mensual para renovar el placard y de paso ayudarlas.

La ropa que exponen en las mantas se adivina a simple vista que es muy usada. La sacan de sus placares, la compran en alguna iglesia, la reciben como donación o se la canjean entre ellos mismos. La lavan, la reparan, la dejan los más presentable posible e intentan venderla. Y los valores que se manejan en ese mercado informal apenas competirían con el envoltorio de un producto nuevo en cualquiera de los locales de calle 8. Un jean no está a más de 100 pesos, las camperas de abrigo entre 80 y 120, un buzo polar se vende a 50 pesos, al igual que los joggings para niños. Y además hay ofertas por cantidad, especialmente pensadas para las mamás con muchos hijos. Pueden destinar 500 pesos de la asignación para vestir a toda la familia.

La recaudación, como consecuencia, también es magra. Un día excepcional puede superar los 600 pesos, pero el promedio no supera los 150 o 200. No son pocos los días que se van a casa con los bolsillos vacíos. Parte de ese dinero, entre 40 o 60 pesos, se gasta en los pasajes de micro para llegar y volver del centro. La opción es caminar, pero muchos vienen de Berisso, de Ensenada, de Los Hornos, Villa Elvira, San Carlos o Romero.

Desde el desalojo de la plaza son muchos menos. Hasta ese momento habían hecho un censo propio con más de 600. Ahora son unos 150. De todos modos son suficientes para armar una feria americana que los lunes, miércoles y viernes desborda las veredas de 51 y parte de 7 y de 8, dejando un pasillo en el centro para que pasen los peatones y potenciales compradores. A veces son tantos que se tienen que turnar, ponerse de acuerdo para ir rotando día a día.

Las otras 450 vendedoras buscaron otros espacios, algunas plazas de barrios o lugares como el centro cultural El Colibrí, de 10 y 59. Unos pocos aceptaron ir al predio privado que promovió la Municipalidad en Los Hornos con el objetivo de erradicar la venta ambulante.

No saben hasta cuándo los dejarán estar en esas veredas. Hasta el cierre de esta nota podían hacerlo respetando el mismo horario con el que se regían cuando estaban en la plaza. De 13 a 16 porque alrededor de las 17 ya llegan los agentes de Control Ciudadano y la situación se puede tornar más tensa.

El desalojo

El ingreso al espacio de la plaza San Martín que ocupaban a la altura de la avenida 51 les está vedado desde el viernes 7 de junio. Esa madrugada decenas de micros de la Policía se instalaron en las inmediaciones y ya a las ocho de la mañana se armó un vallado humano de unos 350 uniformados a lo largo de todo el perímetro. Era el fin de una etapa de negociaciones con la Municipalidad ante la inminencia de la apertura del paseo de compras privado en 80 y 134 de Los Hornos, a donde se supone que los feriantes de ropa usada debieran integrarse. Son varios los motivos que alegan para no ir. Hablan de la distancia y los costos de transporte y mencionan la zona gris respecto de la relación con el grupo que lo regentea. Pero fundamentalmente apelan a la urgencia, la necesidad de obtener el dinero para el día a día.

Jaqueline Agüero, una mujer de 27 años que vende ropa usada desde principios de 2016 cuando la echaron de un local de venta de ropa de diagonal 80 porque estaba embarazada, es ahora una de las referentes de la Asociación Civil Manteras de Plaza San Martín. Tiene en claro todo el proceso que se dio desde la aparición de la feria a la multiplicación de “mantas” ocurrida a partir de febrero último y al desenlace final con la expulsión.

Trabajaron sin demasiados problemas hasta noviembre de 2018, cuando la Municipalidad empezó a proyectar, en coordinación con una ONG de vendedores ambulantes, la apertura de un predio del estilo del que ya existe en la calle 96 de Villa Elvira, el Paseo de Compras del Sur al que en el barrio todos llaman “feria paraguaya”. La proyección del nuevo espacio, todo un síntoma del criterio que se aplicó, fue encabezada por la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la de Producción. Y el interlocutor fue el titular de la primera de las reparticiones, Darío Ganduglia, quien en una de las primeras comunicaciones les avisó que ya no podrían seguir en la plaza más allá del 31 de diciembre de ese año.

Cuando llegó la fecha pautada el predio de Los Hornos seguía en pañales por lo que las manteras lograron un plazo de gracia que se prolongó casi medio año. Dos días antes del operativo blindaje, el miércoles 5 de junio, Ganduglia convocó a los referentes de la feria americana para avisarles que ese sería el último día de trabajo y que el viernes iría en persona a comunicar la decisión en la plaza. “Nosotros, como Asociación, somos sólo un nexo para informarle al resto de los compañeros y compañeras, así que tomamos ese compromiso”, dice Jaqueline. Pero esa instancia no se dio porque el viernes el perímetro de la plaza amaneció cubierto de policías y nunca más pudieron instalarse.

Se consideran parte de la “economía popular, equitativa y solidaria” que como contraparte tiene a clientes que de otro modo no podrían renovar su vestimenta

La resistencia de la mayor parte de las vendedoras a ir al predio de Los Hornos parece ser el motivo de la ofensiva municipal. Una mínima parte se anotó en los registros. Las manteras se quejan porque es un emprendimiento privado y reclaman que la solución venga de la mano de un lugar en el que el único interlocutor sea la Municipalidad. La Asociación asegura que les cobrarían 12 mil pesos para entrar y 400 pesos por día en un lugar bajo techo. Esa interpretación difiere con lo que expone la Municipalidad a través de su secretario de Producción, Rogelio Blesa, consultado por La Pulseada para dar la versión oficial. “Los espacios pagos cuentan con una estructura determinada y son constituidos como emprendimientos privados”, dice el funcionario. Los diferencia de otro sector, al aire libre, destinado a los manteros, que “es gratuito” y que tiene los gastos de luz, limpieza y seguridad eximidos por seis meses.

Jaqueline se queja porque recién este año les informaron que era un emprendimiento privado como el de la calle 96 de Villa Elvira. “Nosotros pedimos un predio municipal”, dice. Y aclara que en la última reunión del 10 de junio, el lunes siguiente al desalojo, participó uno de los integrantes de la comisión directiva del paseo de compras que les advirtió que ese período de gracia al que hace referencia la Municipalidad podía bajar a tres o cuatro meses si el predio no empieza a rendir ganancias. “La cuestión es que uno entra y no sabe si te pueden cambiar las condiciones al primer mes”, se queja.

Suma su voz Julián Casellas, uno de los pocos varones que tiene su manta. “Agradecemos la invitación al predio que el Municipio organizó detrás del cementerio, pero ni siquiera tenemos los fondos para tomarnos el micro hasta allá”. Su explicación es más profunda, excede la discusión en torno a la administración de ese lugar y apunta a una diferencia de concepción entre un paseo de compras y la feria americana. “En el paseo de compras hay reventa y otras cuestiones, pero no se contemplan situaciones totalmente distintas, como la de una jubilada que sale a vender la pollera que usó toda su vida para poder comprar los remedios, como pasa acá literalmente”, dice.

Casellas carga las tintas sobre una decisión política. “La respuesta oficial siempre fue estigmatizarnos o mandarnos la Policía. Y como la gestión de Julio Garro dejó acéfalo el cargo de director de ferias, no hay nadie que esté capacitado para manejar el tema, ni mínimamente interesado en la economía popular”. El área más relacionada con la cuestión no ha aparecido involucrada en la discusión: es la Subsecretaría de Economía Solidaria que opera bajo la Secretaría de Desarrollo Social.

Historias de manteras

Sandra Elías vive en la zona del Hospital San Juan de Dios y se quedó sin trabajo porque la despidieron de una casa de familia donde limpiaba. Con 51 años se encontró sin muchos horizontes laborales por lo que decidió salir a la calle a vender su propia vestimenta. “Es ropa usada pero en buen estado, no tiene que estar manchada ni rota, por lo que antes de traerla hacemos un trabajo para ponerla a punto”, dice.

Teme que la posibilidad de seguir vendiendo se termine definitivamente porque no está dispuesta a ir al predio de Los Hornos. “Ahora estamos acá –dice, parada cerca del ingreso a la Cámara de Senadores bonaerense– pero algún día nos van a sacar”, se lamenta. Tiene ocho hijos de los cuales tres, que a su vez le dieron siete nietos, viven con ella.

Recuerda que le costó mucho salir a la calle a vender su propia ropa. “Con mi trabajo yo estaba organizada, pero no me quedó otra”.

A unos metros está Marta Cristina Jara, una de las históricas. Ella también trabaja en una casa de familia pero lo que le pagan no le alcanza para nada. Con 57 años cada vez le cuesta más, porque tiene presión alta, le duelen los huesos y sufre de tiroides. “Pero tengo que seguir”, dice. “A veces vendo algo que sirve para comprar un pedacito de carne o algo de pollo. Mis hijos me dicen ‘otra vez alitas’, cuando no puedo comprar otra cosa”. Se viene desde Berisso a vender la ropa que consigue usada y muchas veces recauda sólo para el micro. En su manta tiene, entre otras cosas, un piloto a 200 pesos y un par de zapatillas a 150. Son cosas que le regala su patrona o alguna amiga. Carmen lleva la tristeza tatuada en el rostro y no oculta las lágrimas. Se justifica, como si fuera necesario pedir perdón. “A veces me pongo triste, me pone mal cuando no tengo ni para un pan”.

Cargar la SUBE de su hijo que cursa la carrera de Informática, pagar la cuota de la computadora que usa para estudiar o mantener a su otra hija que va a Bellas Artes, son prioridades de Concepción Izquierdo, una mujer de 61 años, viuda, que extiende su manta con ropa que antes donaba y ahora tiene que vender. Saca cuentas, pragmática: “En casa tengo gastos por ocho mil pesos pero yo cobro cinco mil de pensión”. Entonces sale a cubrir el déficit trabajando en casas de familia a la mañana y como mantera a la tarde.

En un día excepcional, la recaudación puede superar los 600 pesos, pero el promedio no supera los 150 o 200 pesos. No son pocas las jornadas que vuelven a casa con los bolsillos vacíos

“La necesidad me obligó a no donar más la ropa que me daba mi patrona, ahora vengo a venderla”, dice la mujer que llega al centro desde Los Hornos, cargando su carrito. Puede llevarse hasta 300 o 400 pesos por jornada, pero eso era cuando con las otras manteras estaban en la plaza. “Se junta más del 1 al 10, después de que la gente cobra, cuando viene a comprar ropa usada porque la nueva está muy cara”, dice.

Carmen Argañaraz es una cuidadora que hace un año es desempleada porque murieron los dos abuelos a los que les dedicaba su tiempo. No pudo tener continuidad con otras personas que tenían cobertura de PAMI porque la cifra que cobraba era irrisoria: 40 pesos la hora, por lo que trabajaba 9 horas para juntar menos de 400 pesos. “No me alcanzaba para nada y era un esfuerzo enorme, bañar a dos personas, limpiar la casa, hacer la comida”. “Tuve que optar por esto, conocía el lugar porque veníamos con mi hija a comprar ropa para sus hijos, pero después me tocó a mí ponerme a vender”, cuenta .

El primer día llegó con ropa de la familia, seleccionó lo que no iba a usar y se instaló con su manta. Tiene 61 años y el esfuerzo que hace le pesa en la voz y la mirada. “Venir acá a veces vale la pena y a veces no. Yo ya no estoy para esto porque tengo artrosis en las rodillas”, dice. Cuenta que el día anterior a la charla con La Pulseada tuvo que dejar el puesto e ir al hospital a hacerse un control. Cuando volvió pudo vender un abrigo e irse con 200 pesos a su casa.

Economía equitativa

Con dificultad, la asociación civil que nuclea a las manteras busca replicar en la vereda de la Legislatura la organización que tenía en la plaza. Allí se respetaban los lugares que tenían quienes venían trabajando desde hace tiempo y los nuevos, que desde febrero de este año triplicaron la cantidad total, se fueron acomodando por orden de llegada en los espacios vacíos. El compromiso con la Municipalidad era no extenderse a otras sectores de las plaza, mantenerse siempre sobre la zona de 51. “Entre les manteres hay solidaridad”, dice Julián quien expone un lenguaje inclusivo entrenado. No es casual, es comunicador social y tiene antecedente de “trabajador precarizado” en la facultad de Ciencias Jurídicas.

Por eso no se le niega a nadie un lugar para poner su manta. Tampoco si viene alguien que no es de la región, un elemento que fue incorporado a los discursos persecutorios que circularon, muchas veces a través de la prensa, para cuestionar el avance de la feria americana sobre el espacio público. Jaqueline desmiente que fueran tantos los vendedores que llegaban del conurbano. “Se decía que bajaban de la estación y venían por diagonal 80 cargando cajas numeradas para darnos ropa para vender, traída de no se dónde, y eso es mentira, la ropa que nosotros vendemos es de nuestros roperos”, acentúa. Solo registra el caso de una familia de Solano que tenían un comedor y probó suerte en La Plata después de que cerraran la feria adonde iban.

Los cuatro años que pasaron compartiendo el lugar alimentaron las relaciones solidarias. Por eso el daño por el bloqueo de la plaza es mayor. “Habíamos generado un ámbito de contención social, teníamos un merendero para los chicos u organizábamos festejos del día del niño o en Navidad”, dice Casella. También se contemplaba la situación de los clientes. “Es la razón de ser la economía equitativa –dice–, no se beneficia solo quien vende sino también el que consume, familias enteras que se han podido vestir en estos tiempos de necesidades gracias a las ferias americanas”.

En el momento de la charla con La Pulseada, Julián tiene una oferta de seis prendas por 30 pesos o un carrito lleno de ropa a un peso por unidad para que quien no tenga el dinero igual pueda llevársela. La ayuda entre los vendedores suele tomar forma de olla popular, como la que hicieron en Plaza Moreno el lunes posterior al desalojo. También se compran entre los propios manteros cuando alguno estuvo flojo con las ventas, como para que tengan para cargar la SUBE y volver a su casa.

La competencia

Los feriantes insisten en remarcar que no hay competencia desleal con los comercios establecidos. “Es un argumento malicioso”, dice Julián. Coincide el resto de las manteras. “Lo que vendemos es ropa reciclada, reutilizada varias veces y ya pasó por IVA cuando fue comprada por primera vez”. Esa es una de las condiciones para quien quiera sumarse: “Mientras sea ropa usada cualquiera puede venir”.

Con matices, los comerciantes platenses nucleados en organizaciones como la Cámara de Comercio, las asociaciones de los centros comerciales de calle 8 y 12 o la Federación Empresaria de La Plata (FELP), tienen una postura unívoca de rechazo a la venta callejera, aunque no existan cifras concretas respecto al impacto real que ésta tiene en los niveles de venta en los locales.

Fue Gustavo Vetere de la FELP quien respondió a la consulta de La Pulseada. “La venta ambulante, que en realidad no es ambulante porque se instalan puestos fijos en las veredas, está extendida y la cuestionamos porque no está encuadrada y es una competencia”, dice. Pero reconoce el contexto social en que esto se produce y que es necesario una respuesta. También marca la diferencia con quienes venden ropa usada y no abrevan en el mismo mercado, aunque sí plantea la cuestión de la “legalidad” como argumento. “Hay que dar una solución pero no puede ser ponerlos en el corazón de un centro comercial”, sentencia.

Casellas, por su parte, no acepta esas razones. “El operativo policial está puesto especialmente para ponernos en contra de la comunidad y en contra de los comerciantes. Pero ellos saben que si tienen que cerrar no es porque estamos nosotros vendiendo ropa usada, sino por las tarifas impagables o por la baja de consumo que hay en general. Cualquiera sabe la diferencia entre una feria americana y un comercio”.

Y remarca que la que funcionaba en Plaza San Martín los lunes, miércoles y viernes “estaba totalmente regulada, cumplía con las reglas de convivencia, con los días y lugares de armado, con la limpieza del espacio. Con esto han pisado todos nuestros derechos, porque evidentemente se niegan a que los pobres puedan ser emprendedores”.


Canteros custodiados

Según el parte oficial de la Jefatura Distrital, surgido como respuesta a un habeas corpus de la Comisión Provincial por la Memoria, “con motivo de un solicitud de la Municipalidad de La Plata pidiendo apoyo para realizar operativos de prevención de venta ambulante”, se dispuso desde las 5 de la mañana del 7 de junio implementar un dispositivo de seguridad “a los fines de prevenir cualquier accionar ilícito”.

Foto: Luis ferraris

Fueron convocados alrededor de 350 policías a la Plaza San Martín. El detalle al que tuvo acceso La Pulseada es el siguiente:

64 efectivos de la Dirección de Infantería.
10 efectivos del Comando de Patrullas de La Plata con 6 motoristas.
15 efectivos de los Comandos de Patrulla de Berisso y Ensenada.
40 efectivos de la Policía Local de La Plata con 6 motoristas
15 motos bitripuladas de la Policía de Seguridad Vial
100 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).
40 policías de la Superintendencia de Drogas Ilícitas.
40 de la DDI La Plata.

Los titulares de las comisarías 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 9°, cada uno con un móvil policial y dos efectivos “correctamente uniformados», más un camión de traslado de detenidos.


“Vengo porque no tengo otra alternativa”

Jaqueline Agüero, una de las referentes de la asociación civil que nuclea a manteros y manteras, empezó a ir a la plaza cuando la despidieron porque estaba embarazada. Arrancaba el año 2016 y las políticas de ajuste empezaban a castigar a sectores cada vez más amplios. Con su propia ropa ingresó al mundo de las ferias americanas y hoy considera que con aquella decisión pudo subsistir.

“No hubiera tenido otro recurso, porque después de perder el trabajo presenté currículums en todos lados, pero no pude conseguir nada, y no tener el secundario terminado tampoco ayudó”, dice.

“Me han pegado, me han sacado la manta, y eso me ha hecho un poco más fuerte”, dice Jaqueline

En aquel tiempo no había más de 15 puestos en la plaza. Recuerda a cinco mamás que iban con sus hijos y el encuentro con un mundo diferente. “Ellas me contaban que a veces las levantaban, que les decían que no podían vender, pero siempre al final nos dejaban porque era todo usado”.

De todos modos Jaqueline sigue buscando trabajo. “Uno va ahí no porque le gusta, simplemente porque no tiene otra alternativa”, dice y reconoce que tiene que diversificarse. Ahora empezó a llevar hamburguesas porque a veces con la ropa apenas le alcanza para cargar la SUBE. “Hay mujeres que llegan con nada y se van con nada, eso es lo que no entiende la Municipalidad cuando nos quiere hacer ir a un predio que está lejos y en el que encima vamos a tener que pagar por el derecho a estar”.

Los años y algunas situaciones hicieron que Jaqueline se fortaleciera y se convirtiera en una referente, en alguien a quien el resto de las mujeres suelen consultar. “He vivido algunas situaciones con Control Urbano, me han pegado, me han sacado la manta, y eso me ha hecho un poco más fuerte”, admite.


“Feria americana es subsistencia”

“Soy un trabajador de la economía popular, equitativa, soberana, autogestiva, familiar y solidaria producto de la crisis socioeconómica nacional”. Así se define a sí mismo Julián Casellas, uno de los pocos manteros hombres que resiste en la vereda de la Legislatura después de haber sido desalojado de Plaza San Martín. Tiene un perfil universitario y un análisis de la situación que lo lleva a hablar de la lucha de clases y de la opresión. Dice que es un trabajador de la UNLP al que la precarización empujó a la calle cuando en enero de 2016 no le pagaban el sueldo. “Empecé feriando en el Parque Saavedra con todo el calor de enero, con una frazada sobre la que puse un buzo y una remera”, recuerda. Aquel día pudo vender las dos cosas y tener su plato de comida.

Julián Casellas es uno de los pocos varones que tiene su manta en la plaza

Un tiempo después aquella feria fue desalojada y los manteros tuvieron la primera experiencia de resistencia colectiva. “Empecé a ver que casi nadie tenía la suerte mía de tener otro trabajo, aunque sea precarizado. Eran personas con alguna discapacidad, jubilados, desempleados, entonces me empiezo a involucrar con ellos, hasta que nos contactamos con la gente que ya estaba en Plaza San Martín”.

Julián, como muchas de las manteras, está sorprendido de cómo creció la cantidad de feriantes en el último año. “Por eso nos peguntamos por qué el Estado se hace presente acá con la Policía para no dejarnos trabajar y no está en los barrios que están en emergencia por la violencia que hay o por las necesidades que existen. La respuesta es que están solo para criminalizarnos por ser pobres”, afirma.

Con suerte, Julián, como casi todas las manteras, puede juntar entre 150 y 200 pesos. “Feria americana es subsistencia, no es enriquecimiento de patrimonio, es sobrevivir día a día”, afirma.

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