Los primeros habitantes llegaron al predio de Los Hornos en febrero de 2020, un mes y medio antes de que la pandemia de coronavirus derivara en el inicio de la cuarentena. En ese momento hubo una denuncia de la Municipalidad que detectó la oferta de lotes para la venta en las redes sociales, un desalojo y una reinstalación de 188 familias que fueron censadas.
A diferencia de otras ocupaciones como la de Guernica, cuya propiedad era privada, los terrenos de Los Hornos pertenecen al Estado nacional, son administrados por la Agencia de Bienes del Estado (ABBE) y fueron cedidos a la Provincia para desarrollar el proyecto urbanístico que incluye la generación de “suelo urbano” para atender la demanda habitacional.
En principio esa idea fue trabajada en conjunto por la Municipalidad de La Plata y la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad provincial, e incluyó un compromiso para impedir nuevas radicaciones para favorecer la planificación. Eso no se cumplió y es una de las principales objeciones del gobierno municipal.
Desde la Provincia lo atribuyen a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) de marzo de ese mismo año, que modificó las prioridades de las fuerzas de seguridad que debían custodiar la zona. La media docena de gendarmes que fueron apostados no evitó que se multiplicaran las familias que llegaban para asentarse. Para mediados de aquel año la cantidad de habitantes se había multiplicado por diez y extendido a la totalidad del terreno.
La decisión política de la Provincia de no avanzar con desalojos en ese contexto sanitario no fue compartida por la Municipalidad y marcó un antes y un después, tanto para el proyecto de urbanización como para la relación entre ambas administraciones.
Una consecuencia fue práctica, ya que clausuró para siempre la posibilidad de avanzar con la planificación sin población sobre el terreno. Desde entonces, las autoridades tuvieron que lidiar con las tensiones propias de toda ocupación de tierras: disputas internas, denuncias de compra-venta de lotes, peleas por liderazgos y malestar en los barrios linderos que ven en la toma una amenaza.
Otro desenlace fue político, porque marcó una ruptura del trabajo conjunto. La Municipalidad, gobernada por Juntos por el Cambio con el intendente Julio Garro, abandonó esa mesa de trabajo, llevó la ocupación a la Justicia y endureció su discurso: habló de mafias y acusó al Frente de Todos, la fuerza política que gobierna en la provincia de Buenos Aires y es oposición en la ciudad, de fomentar las tomas de tierra.
En ese plano se asientan varias de las dificultades para que el predio se encamine hacia un ordenamiento definitivo. El diálogo entre la Provincia y la Municipalidad está cortado y eso impide la concreción de pasos burocráticos indispensables para la consolidación de un barrio integrado al resto de la zona urbana.
Entre otras cosas, el área de Planeamiento de la Municipalidad no aprobó el trazado de calles. Tampoco se avanzó en una nueva zonificación para que los terrenos puedan ser de uso residencial. Sin las autorizaciones municipales no es posible dotar de servicios al barrio, que se quedaría sin un suministro continuo de agua potable, sin posibilidad de acceder a las cloacas ni a un uso seguro de la energía eléctrica.
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