En la investigación del fuero en lo contencioso administrativo, donde se estudian errores e irregularidades en el registro de víctimas fatales de la catástrofe de abril, se esperan desde esta semana los testimonios de empleados de la central de llamadas de emergencia.
Entre este martes, 15 de octubre, y el martes posterior, 32 trabajadores del 911 están citados a declarar ante el juez Luis Federico Arias. Muchos de ellos revistaron en la central de llamadas en los momentos más álgidos de la emergencia de abril, cuando tronaron teléfonos desde todo el Gran La Plata, con pedidos desesperados de evacuación, denuncias de hallazgo de cadáveres o alertas por vecinos al borde de la muerte dentro de casas o en la vía pública.
Los miles de llamados realizados al 911 entre el 2 y 3 de abril pasado desde teléfonos fijos y celulares de La Plata estuvieron entre los grandes botines informativos desde el comienzo de la trama judicial post inundación. El acceso a dichos audios, o bien a las “cartas de llamada” —donde los operadores de la central de atención asientan en campos estándar las coordenadas principales de la emergencia y su curso— fue una de las cruzadas principales del juez Arias, que debió solicitar ese material varias veces.
En su momento, desde el 911 le respondieron al juez que las llamadas se habían dejado de grabar porque no tenían luz ni teléfono en el edificio, pero que en la tormenta el 911 nunca había dejado de funcionar. En tanto, desde el ex Ministerio de Justicia y Seguridad le explicaron que trabajaban para “recuperar” audios pero que sería “materialmente imposible” entregarlos todos. Una parte del material está en manos el equipo de Arias hace algunos meses, y ahora que la investigación va llegando a una primera conclusión esperan los testimonios de los trabajadores de esa central.
Cabe recordar que la causa que tramita en el fuero en lo contencioso administrativo se caratula “habeas data” y, si bien una sentencia de Arias establecerá un primer número real de víctimas fatales, el fondo de la cuestión son los errores y las irregularidades en los registros públicos. Es decir, el acceso a la información pública. Y las rectificaciones que muy probablemente el Estado provincial deberá hacer sobre sus errores en causas, horas y lugares de muerte, por ejemplo, como viene surgiendo de testimonios periodísticos y judiciales hace medio año.
Médicos, rescatistas, familiares de fallecidos y vecinos completan el cronograma de testimoniales previsto por el juzgado de Arias para el corto plazo.
Damnificados protestaron en el estadio Único
Ayer, integrantes de asambleas barriales que nuclean a familiares de víctimas y damnificados llevaron sus banderas a la esquina de 20 y 32, para protestar a más de seis meses de la catástrofe. A pocas cuadras de allí, en el estadio Ciudad de La Plata, el gobierno de Daniel Scioli había montado “un circo” de rock, skaters y bicivoladores, según definió Nicolás Scioli, hermano menor del gobernador y titular del grupo Bapro, que auspiciaba la actividad.
Como resumen de la jornada, el funcionario consideró que el festival RockeaBA fue “un gran circo, un gran entretenimiento”. Los asambleístas repitieron: “El Estado tiene plata para pagar muchas cosas y a nosotros no nos asisten. Y cómo única solución nos ofrecen créditos, es decir, perdimos todo y encima nos quieren endeudar”.
Más de medio centenar de manifestantes quieren que se vean sus remeras y banderas con el reclamo de memoria, verdad y justicia. “Memoria”, para no olvidar lo sucedido ante el próximo proceso electoral del 27 de octubre; “verdad” para que se conozca el número real de víctimas fatales; y “justicia” para que se procese y juzgue a los funcionarios nacionales, provinciales y municipales que por acción u omisión no realizaron las obras que podrían haber amortiguado la tragedia y sus consecuencias sociales.
