Sindicatos, radios y televisoras comunitarias y cooperativas, universidades, pueblos originarios y comunicadores de distintos lugares del país se reunieron para elaborar un documento donde sintetizaron los puntos principales que debe tener la política de comunicación del próximo gobierno.
Por Martina Dominella
Fotos: Amancay Silva
El pluralismo informativo está en emergencia. La declaración de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) es contundente y trae el eco del intenso camino de la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que dejó en claro que “si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia”.
En junio, a 15 años de su surgimiento, la Coalición se refundó manteniendo las premisas de ser una organización multisectorial, federal y participativa. Durante un mes se propiciaron encuentros regionales en Córdoba, Quilmes, Marcos Paz, Viedma, Santiago del Estero, Rosario, Jujuy y La Pampa. Todos ellos confluyeron el 12 de julio en el Foro Federal por una Comunicación Democrática y Soberana en CABA. En ese lapso se elaboró un documento (ver recuadro) que tiene como eje la idea de que el sector de las comunicaciones audiovisuales y de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación en nuestro país está en emergencia. Ante este escenario, se plantearon una serie de propuestas en materia de educación, accesibilidad, equidad de género, derechos de las audiencias, pluralismo de voces y soberanía para garantizar la democracia informativa. Allí están contenidos los puntos principales que –afirman– debe tener la política de comunicación que encare el próximo gobierno.
Los foros son abiertos y funcionan como un ejercicio de debate ciudadano: permiten que las discusiones en torno a la comunicación superen los límites de un debate acotado a periodistas y académicos para ahondar en realidades territoriales y reunir así a una diversidad de experiencias. El formato es análogo al que dio origen a las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°26.522.
“La producción nacional de bienes y servicios culturales está amenazada por el incumplimiento de pautas de producción nacional, independiente y local”
En la instancia del 12 de julio hubo más de 35 expositores en representación de sindicatos, de los movimientos cooperativo y feminista, de organizaciones sociales y de la economía popular, de legisladores, músicos independientes, y trabajadores estatales, además de radios y canales comunitarios, PyMEs, universidades y carreras de comunicación.
“La idea de los foros es que la emergencia comunicacional tenga rostro de organizaciones y de personas concretas en cada uno de esos lugares. Que sean los propios actores, con un sentido sumamente federal, quienes podamos hacer un mapa donde el diagnóstico no sea de expertos, sino de quienes llevamos adelante la comunicación en cada región. Buscamos reivindicar la comunicación como un derecho, que no es una abstracción, sino que su ejercicio tiene formas de anclaje concretas. Queremos poner en la agenda de la vida cotidiana el derecho a la comunicación y que esto esté en las agendas de las conducciones políticas”, afirmó Claudia Villamayor, docente y directora de la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios de la UNQUI, en diálogo con La Pulseada.
La emergencia tiene diferentes facetas: despidos en empresas públicas y privadas vinculadas a la comunicación, creciente concentración de grupos mediáticos, trabas en el acceso a frecuencias y limitaciones en su cobertura a medios universitarios, vaciamiento de contenidos en medios públicos, distribución arbitraria de pauta oficial. Esto se enmarca en un contexto general de ajuste, tarifazos, precarización y desfinanciamiento. Además, el documento elaborado de modo colectivo señala que “la producción nacional de bienes y servicios culturales está amenazada, a su vez, por el incumplimiento de pautas de producción nacional, independiente y local de contenidos audiovisuales, así como la penetración creciente de plataformas que comercializan productos audiovisuales internacionales sin exigencias fiscales o de cuotas de contenido nacional”.
“Hay otra coalición que es muy perniciosa que es de los medios concentrados y de un sector del capital y de la justicia” (Edgardo Form, cooperativista)
El marco legal también apuntala esa emergencia. Si bien la Ley 26.522 sigue vigente, fue mutilada en aspectos centrales. Desde el día de su asunción en 2015, el presidente Mauricio Macri impulsó por decreto modificaciones que eliminaron el Consejo Federal de Comunicación, ampliaron sustancialmente los límites a la propiedad de medios y permitieron fusiones de grandes grupos empresarios. En el orden nacional, por ejemplo, el límite de licencias pasó de 10 a 15. Además, como la televisión por suscripción ya no es considerada servicio audiovisual, no existen más límites en ese plano. También se derogó el artículo 48, titulado “Prácticas de concentración indebida” que ordenaba “verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social” (ver “Los DNU del verano contra la Ley de Medios: diez pasos atrás” en La Pulseada Nº 137 de marzo 2016).
Los medios gráficos no están contemplados en esta legislación, pero, en diciembre de 2018, la modificación de otra legislación trajo perjuicios para revistas y periódicos cooperativos y comunitarios. En esa ocasión se derogaron aspectos centrales de la Ley 26.736 que declaraba de “interés público” y establecía un marco regulatorio para la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. Otro retroceso en la protección, producción y promoción de los medios.
“El 11 de diciembre de 2015, lo primero que hizo el gobierno, devolviendo favores a los grupos concentrados, fue un desguace de la Ley que favorece a las corporaciones y favorece a la concentración de monopolios en la Argentina. Para Macri y su gestión, la comunicación no es un derecho, es un negocio, y la libertad de expresión es la libertad del que tiene el poder y el dinero”, agregó Villamayor.
En los últimos años se han perdido cuatro mil empleos en los medios de comunicación que se suman la pérdida del poder adquisitivo y los contratos flexibles
El reciente documento de la CCD avanza en la llamada “batalla cultural” y dispone que, ante los avances del criterio de mercantilización de las comunicaciones, se propicie el enfoque de derechos en la enseñanza de la comunicación en instituciones educativas de los niveles inicial, primario, secundario y superior.
Durante los foros, el sector cooperativo sumó sus aportes para describir este estado de situación. Uno de sus referentes, Edgardo Form, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vicepresidente de Cooperar, expresó: “Así como hay una Coalición por una Comunicación Democrática, que es una coalición virtuosa, hay otra coalición que es muy perniciosa que es no solamente la de los medios concentrados sino la que se acompaña por su sector del gran capital concentrado y un sector de la justicia. Esas tres patas son las que están estrangulando la democracia y están jugando un papel nefasto seguramente forma parte de un libreto que viene del ‘gran país del norte’ para recuperar ‘su patio trasero’ y desestabilizar a todos los gobiernos que ellos llaman populistas”.
Las voces del 33%
La situación de los medios comunitarios tiene sus particularidades en esta emergencia. Son discriminados mediante el recorte millonario al Fondo Concursable de Fomento (Fomeca) previsto en la legislación, al tiempo que se clausuran y decomisan emisoras o se criminaliza la legítima protesta. El Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), que nuclea a más de 100 emisoras comunitarias de todo el país, fue una de las organizaciones impulsora de la Coalición en sus orígenes. En esta etapa de refundación, integrantes de estas radios también son protagonistas. “Desde FARCO venimos promoviendo estos debates y estos planteos, no sólo desde un lugar sectorial, sino entendiendo que las radios comunitarias tenemos un lugar importante y queremos tener un espacio en el debate de la comunicación en general, no como una entidad gremial solamente. Esto es una política histórica del foro”, expresó Pablo Antonini, presidente de FARCO e integrante de Radio Estación Sur de La Plata.
Trabajadores y medios
Un informe en La Pulseada Nº 162 de agosto de 2019 sintetizó la situación de quienes trabajan en prensa bajo el título “Menos medios, mucho trabajo y menos voces”. En el lapso de un año, las cifras presentadas en esa nota han empeorado. Hoy, la Coalición señala que, en materia laboral, en los últimos años se han perdido cuatro mil empleos en los medios de comunicación (en empresas editoriales, agencias de noticias públicas y privadas, radios, canales de televisión, imprentas, grandes y pequeños medios comerciales), que se suman a la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y flexibilidad en contrataciones. Por eso, el aporte de organizaciones gremiales fue clave en la elaboración de este panorama. Uno de ellos fue el Sindicato de Prensa de Rosario, otro de los organismos fundantes de la CCD y también protagonista en esta etapa actual. Stella Hernández, secretaria de organización del sindicato, resaltó que el número de despidos fue uno los principales temas abordado en el foro local. “También hablamos de casos de cierre de empresas de las que se han hecho cargo los y las trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, en la ciudad tenemos el periódico El Ciudadano, que es un medio cooperativo, y la emisora LT3 que fue prácticamente abandonada por sus dueños”, señaló. También apuntó que existe una hiperconcentración mediática entre grupos de Santa Fe y de provincias aledañas, lo cual acarrea precarización laboral, baja en la calidad informativa y pérdida de fuentes laborales. “En los medios más chicos los despidos son por goteo, también hay muchos compañeros en negro o fuera de convenio, las inspecciones a las empresas terminan en multas pero nada más, no se cumplen las cuotas de contenido local y eso es menos trabajo. Estamos en una desprotección total”, sintetizó.
“Las organizaciones nunca abandonamos el tema de la comunicación, pero estuvimos este tiempo muy atacadas y cada una ocupándose de sus conflictos y temas puntuales. Esta convocatoria es un aire nuevo para seguir en defensa de la comunicación y de la información”, expresó Hernández.
Feminista e integradora
La perspectiva de género en los medios de comunicación fue otro de los temas presentes en las exposiciones. Se propuso “fomentar la perspectiva de géneros y las identidades de género diversas en la producción de contenidos”, así como también “establecer mecanismos que garanticen la equidad de géneros en la conformación de los organismos de aplicación y control de la normativa que regulan las comunicaciones”.
Una de las representantes del Colectivo Ni Una Menos en los foros fue Gabriela Fiochetta, que integra la regional mendocina y también es parte de Radio La Mosquitera. En diálogo con La Pulseada, resaltó la importancia de reactivar las instancias de encuentro porque “implica visibilizar las situaciones concretas de avasallamiento, censuras, ninguneo que se viven desde los diversos espacios comunicacionales”. Y agregó: “Los feminismos han venido a interpelar diversidad de lógicas, por ello la comunicación, que implica el poner la voz a lo que creemos, lleva a preguntarnos cómo decimos lo que queremos decir. Y en ese sentido el diálogo entre feminismos y derecho a la comunicación pasa por apropiarnos y atravesar absolutamente todo por las perspectivas de género, garantizando una comunicación para todes».
Para pensar una comunicación para todas, todos y todes también es necesario trabajar la accesibilidad. Por eso, las organizaciones que integran la CCD hacen hincapié en que el Estado Nacional, en cumplimiento de los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (con jerarquía constitucional por Ley N°26.378), debe garantizar la accesibilidad a la información y a las comunicaciones, promoviendo el diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y tecnologías para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Organizaciones libres
Más allá de las PASO y de las elecciones de octubre, la CCD seguirá su trabajo y la idea es continuar impulsando encuentros allí donde surja la necesidad y haya referentes territoriales. “Todas las organizaciones libres del pueblo están convocadas. La razón es el estado de emergencia que, como en otros derechos, estamos viviendo: hay una emergencia habitacional, ambiental, de salud, de educación. Todos los derechos humanos ameritan que la ciudadanía se encuentre y se organice, básicamente porque el modelo socioeconómico que estamos atravesando vulnera los derechos, y eso también aplica a la distribución de la palabra”, explicó Villamayor.
Por eso, si bien esta reorganización se da un marco electoral, Pablo Antonini remarcó que “la Coalición se propone ser un actor que pueda debatir e incidir y que sus planteos, para que no sean mirados desde un lugar de si se está a favor o en contra de un gobierno sino como aportes a una política que entendemos que es la que corresponde para tener una comunicación donde se garantice el respeto a los derechos humanos” ///LP
La cocina de la ley
La Coalición por una Comunicación Democrática se fundó en 2004 con el nombre Coalición por una Radiodifusión Democrática y la participación de sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras comunitarias, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales. En sus orígenes, a 21 años de la recuperación democrática, planteó 21 puntos por el derecho a la comunicación.
El objetivo principal era generar acuerdos que sirvieran como base para una legislación democrática que reemplazara el decreto-ley de la dictadura que aún estaba vigente. “En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional”, expresaba el último ítem de ese listado. Imágenes de esta lucha son parte ya de la historia colectiva: movilizaciones masivas, vigilias, meses de debate, foros en todo el país.
La Coalición tuvo dos hitos en su historia: la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el 10 de octubre de 2009 y, en 2016, el planteo de nuevos 21 puntos para una comunicación democrática ante los decretos de Mauricio Macri que desintegraron aspectos vitales de esa norma.
El libro La cocina de la ley, publicado en 2011, relata el proceso de incidencia de este colectivo en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La ley es fruto de una extensa lucha de un amplio arco de actores sociales y políticos, que logró plasmarse en un contexto específico de la historia de nuestro país. Su sanción es producto de la acumulación de fuerzas”, escribieron sus compiladores, Néstor Busso y Diego Jaimes. Y resaltan en su prólogo que “no es posible transformar la realidad con un sentido de justicia sin mecanismos de comunicación que hagan visibles las problemáticas que aún están pendientes y son materia de conflicto”.
Si en su momento fundacional las organizaciones tuvieron como principal razón de ser delinear las bases de una normativa que debía ser reemplazada, hoy la situación tiene otros desafíos. “La mayor diferencia con respecto a la Coalición original, es que ésta tenía la ventaja de ser muy concreta respecto a que había una ley de la dictadura que aún estaba vigente y lo que se hizo fue consensuar los puntos que tenía que tener una ley de la democracia. En este caso, no se está queriendo sentar las bases de una nueva ley o limitándonos a plantear la recuperación de la ley tal como estaba antes de los decretos de Macri, sino generar las bases de lo que tendría que ser una política de comunicación, que garantice democratización, medios públicos plurales, medios comunitarios con posibilidad de funcionar y de tener su lugar en el espectro”, plantea Pablo Antonini.
Los principales puntos del documento
El documento completo “Compromiso 2019. Por una comunicación soberana, inclusiva y democrática” está disponible on line. Sus principales puntos son:
- Empleo y producción nacional
- Gobernanza federal y multisectorial
- Soberanía en las comunicaciones
- Producción nacional de contenidos
- Protección de PyMEs
- Fortalecimiento de medios comunitarios y cooperativos
- Fortalecimiento de medios de pueblos originarios
- Fortalecimiento de los medios públicos
- Accesibilidad universal a las comunicaciones
- Promoción de la educación en comunicación
- Derechos de las audiencias y los usuarios
- Promoción de la equidad de género
