Recortes que son letales

En 2019, se produjo una escasez en la entrega de retrovirales y elementos para el testeo, agravada por la devaluación y la desaparición del ministerio de Salud. El proyecto de Ley Nacional de Sida, que data de 1990, perdió estado parlamentario. Los desafíos del nuevo gobierno.

Por Melisa Randev

El 1° de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. A lo largo de 2019 las personas que conviven con VIH – que en Argentina llegan a 129 mil – se vieron fuertemente afectadas por las políticas de ajuste en materia de salud pública. A la falta de tratamientos, se sumó la denuncia de escasez y faltantes de reactivos para los testeos. Y el estigma social continúa siendo uno de los mayores desafíos. En esta lógica de descuidos perdió estado par­lamentario el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Sida, que data de 1990. Las organizaciones seropositivas repudian el accionar del bloque de Cambiemos por obstruir el tratamiento del proyecto.

En nuestro país, tres de cada diez personas portadoras del virus no saben su situación. Las relaciones sexuales sin protección siguen siendo la principal vía de transmisión. En 2019 los hospitales de todo el país sufrie­ron la desfinanciación de sus presupuestos y debieron cerrar áreas específicas de atención. Fueron las consecuencias de 14 meses en los que el Ministerio de Salud dejó de existir y fue rebajado a Secretaría.

Pese a que sobre las últimas semanas del año la medicación parece poder cubrirse en varios de los lugares denun­ciados con faltantes, el antecedente genera incertidumbre sobre cómo resolverá la situación la nueva gestión. Si bien se anunció el regreso del Ministerio de Salud, de lo que se trata es de planificar la reactivación de política pública que atien­da la demanda popular histórica que es la modificación de la Ley de VIH.

A pesar de que el proyecto de ley fue presentado en dos oportunidades y que logró el dictamen favorable de la Comisión de Salud, este año volvió a perder estado parlamentario por la voluntad política de los presidentes de las comisiones que debían tratarla. José María Di Bello, presidente de Fundación Grupo Efecto Positivo declaró: “Repudiamos la decisión política del Go­bierno de no tratar ni aprobar el proyecto, decisión ejecutada por el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, que a pesar de verse obligado a ponerlo en tratamiento nunca lo permitió. Es parte de la política de desfinanciamiento a la salud pública y la quita de derechos de estos últimos cuatro años”.

El sistema de salud pública asiste al 70% de las personas en tratamiento. Esto incluye a las personas sin obra social y a aquellas a las que su cobertura no les brinda el tratamiento

El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, integrado por más de 60 organizaciones, llevó adelante la presentación del proyecto de ley en 2018 en el Congreso. Uno de los principales reclamos es la producción nacional de medicamentos. El proyecto de ley contempla además un enfoque de salud integral, aggiornado con las normativas actuales, además de incorporar la perspectiva de Derechos Humanos, actualizando la legislación vigente, que ya ha quedado caduca a casi 30 años de ser sancionada.

Otras demandas de política social se orientan al principio de no discriminación y a contemplar cómo esta opera para restringir y obstruir el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación y a una mejor calidad de vida.

La noticia por el faltante de medicamentos explotó mediáticamente a me­diados del 2019 aunque se presentaron denuncias desde, por lo menos, dos años antes. A fines de julio, la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) denunció que lo pa­decían alrededor de 15.000 personas con VIH. Los informes presentados por las or­ganizaciones señalaron al Hospital Muñiz, con faltante de Darunavir 800/ R.

En agosto, en tanto, la Secretaría de Salud salió a desmentir los dichos de los activistas seropositivos y declaró que con el stock de 33 drogas para el tratamiento de las personas con VIH el Estado garantiza que están cubiertos hasta julio de 2020. Luego de una cuarentena de silencio, donde las casi 20 mil personas que dependen de este suministro vieron su vida devaluarse en el mercado de intereses especulativos del dólar, por una fal­ta de previsión inflacionaria de dicha cartera para la compra de los tratamientos antirretrovirales, se advirtió un funcionamiento es­purio y perverso de la Secretaría.

Según cifras del sector, el sistema de sa­lud pública asiste al 70% de las personas en tratamiento. Esto incluye a las personas sin obra social y a aquellas a las que su cobertu­ra no les brinda el tratamiento. Emir Franco, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescen­tes Positivos (RAJAP) que integra a personas de entre 14 y 30 años que viven con el VIH, cuenta: “Quienes vivimos con VIH debemos de tener garantizado el tratamiento antirre­troviral reglamentado por la Ley Nº 23.798. Sin embargo, estamos muy preocupados, y eso afecta tanto nuestra salud física como emocional. Hay quienes están en pareja, que corren el riesgo de perder la indetectabili­dad y de transmitir el virus a sus parejas. Al igual que las personas gestantes que pueden transmitir el virus a sus hijes”. Hasta el mo­mento, la RAJAP ha recibido denuncias de faltantes en los municipios de Moreno, Morón, La Plata y Florencio Varela.

Los recortes en materia de políticas sociales pueden ser letales, pero sobre todo porque denotan el nivel de especulación de los laboratorios con la complicidad del Estado para recortar suministros de medicación a determinados sectores, que casualmente suelen ser los más vulnerados en la escala social. “A nosotros nos afecta, primero porque pone en riesgo nuestra adherencia y si cortamos el tratamiento corremos riesgo de perder la indetectabilidad y de volvernos resistentes a la medicación, eso sumado al recorte de análisis de carga viral y CD4, hay orden de que sólo se puede hacer un análisis por año”, agrega Franco, confirmando que a la actualidad los faltantes también son en reactivos para quienes quieran hacerse el testeo.

Las demandas de política social se orientan al principio de no discriminación y a contemplar cómo ésta opera para restringir y obstruir el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación y a una mejor calidad de vida

Ante un nuevo pedido de informe a la Dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis de la Secretaría de Salud y la falta de respuesta (los últimos informes del área de epidemiología datan del 2017), Franco manifestó que la estrategia para superar esta situación es que los activistas puedan unirse con otros sectores que militen por el bienestar en salud y solicitó “salir, reclamar, hacer ruido y que la sociedad en su conjunto escuche nuestros reclamos y nos acompañen”.

En este contexto de retroceso, donde faltan todo tipo de insumos en los hospita­les del país, los recortes son en derechos, y recaen sobre la calidad de vida de las perso­nas con VIH, de las personas trans, travestis y no binaries, y sobre todo en los sectores más vulnerados de la sociedad, que no pue­de acceder a una atención de calidad.

Trabajo en Positivo

En este 2019 la RAJAP se sumó a la cam­paña internacional #YoTrabajoPositivo Sin discriminación por VIH que promueve desde España la organización Trabajando en Positi­vo. La campaña tiene como objetivo contri­buir a erradicar la discriminación asociada a la infección por el VIH en el ámbito laboral.

Emir Franco trabaja en un laboratorio farmacéutico en el departamento de con­trol de calidad, y decidió ponerse al fren­te de esta campaña para poder visibilizar que las personas con VIH tienen derecho al trabajo digno, sin discriminación.

Él considera que el Estado “debe hacer campañas para sensibilizar a la población de que no somos un agente infeccioso. Las personas con VIH podemos tener una fa­milia o trabajar porque no tenemos impe­dimentos físicos para realizar ninguna pro­fesión. No infectamos a nadie por el hecho de trabajar. La gente tiene que entender que la ciencia ha avanzado mucho y, hoy en día, las personas con VIH tenemos una vida normal. Queremos y debemos tra­bajar normalmente porque tenemos las mismas capacidades de pensar y de actuar que cualquier otra persona”, explica.


Toda la información sobre cómo participar y mostrar su apoyo por la no discriminación por VIH en el trabajo se encuentra en www.yotrabajopositivo.org, una web que además ofrece información sobre el VIH y el mundo del trabajo.

 

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