Profesionales y funcionarios cuestionados

Nota principal: Buenos Aires indígena

En el predio de Punta Querandí se realizaron estudios arqueológicos en diciembre de 2008, durante la “campaña” financiada por el abogado y empresario Jorge O’Reilly, cara visible de EIDICO, una de las desarrolladoras de mega proyectos inmobiliarios más grandes de Tigre. El trabajo a cargo del equipo de Daniel Loponte (INAPL-CONICET) duró apenas diez días. Sus responsables son criticados por sectores indígenas y académicos, que los acusan de haber “entregado” el sitio sin haber hecho ningún estudio serio.

Los cuestionamientos no los realiza sólo por el Movimiento en Defensa de la Pacha, sino también el Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA), formado por los delegados de pueblos originarios reconocidos por el Estado provincial, y el Observatorio de los Derechos Indígenas y Campesinos de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. En diciembre pasado, además, la antropóloga Morita Carrasco -codirectora del Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires- presentó un trabajo titulado “Al rescate de una ‘historia apagada’: Significado y valor de la recuperación del Sitio Punta Querandí”, donde cuestiona a los antropólogos que trabajaron en el lugar y pide a las autoridades que resguarden ese espacio, recordando un convenio de la OIT según el cual “el Estado argentino debe consultar a los pueblos indígenas su opinión en lo que se refiere a los proyectos de excavación e investigación arqueológica, dando a los mismos participación en la toma de decisiones.

Además del equipo que intervino en el lugar, también es cuestionado el Centro del Registro Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de Buenos Aires –organismo provincial encargado de proteger ese tipo de espacios, dependiente del Instituto Cultural bonaerense-. Es que aquellos estudios realizados durante un brevísimo lapso, que determinaron la entrega de Punta Querandí y la liberación de otras 200 hectáreas para emprendimientos inmobiliarios, fueron aprobados con las firmas de Marián Farías Gómez, directora de Patrimonio Cultural, y de Fernando Oliva, curador del Centro de Registro, otorgando ‘concesiones’ (nombre técnico) a los investigadores para excavar en territorio provincial.

Las críticas tuvieron eco. El mes pasado hubo una reunión bastante tensa, de la que este periodista participó, en la que los funcionarios terminaron comprometiéndose a reevaluar los estudios de impacto aprobados por ellos a fines de 2011, en terrenos que contaban con una medida cautelar por tratarse de sitios que posiblemente tienen un altísimo valor arqueológico y espiritual. Concretamente, firmaron una carta dirigida a la magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, que había dado hasta el 15 de marzo para entregar pruebas sobre la existencia de sitios indígenas en la zona ubicada en los campos aledaños a Punta Querandí, en el norte de Tigre.

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