Los calabozos que nadie cierra

El Estado Provincial lleva 13 años incumpliendo medidas judiciales que le ordenan dejar de usar los calabozos de las comisarías para alojar detenidos. Mientras la población privada de su libertad crece a niveles históricos, la crisis humanitaria se profundiza.

 

Por Joaquín Plantamura
Fotos: Luis Ferraris-Gabriela Hernández / Archivo La Pulseada

“Hay que evitar que las comisarías sean utilizadas como unidades penitenciarias ya que traen aparejado el hacinamiento y epidemias que lesionan la dignidad del hombre”. La proclama no corresponde a organismos de Derechos Humanos, sino al exgobernador Daniel Scioli. El anuncio fue realizado el 12 de febrero de 2012 en la inauguración de la Alcaidía Departamental II de La Plata, uno de los últimos centros de detención construidos en la Provincia de Buenos Aires. La obra se enmarcaba en dar cumplimiento al “fallo Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2005, por el cual la Provincia de Buenos Aires debía dejar de alojar detenidos en comisarías.

El camino del “fallo Verbitsky” se inició en 2001 con una presentación de hábeas corpus en la justicia provincial, frente a las condiciones de detención en las 340 comisarías, en las que la capacidad de 3.178 cupos se veía desbordada con el número de 6.364 personas detenidas. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se advirtió que los calabozos no son lugares dispuestos para el alojamiento permanente y se destacaron las condiciones en que se desarrollaban esas detenciones son ilegales: “Los calabozos se encuentran en un estado deplorable de conservación e higiene; carecen por lo general de ventilación y luz natural (…) toda la actividad (comer, dormir, etc.) que desarrollan los internos debe llevarse a cabo en el piso (…) El riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas es, sin dudas, mucho mayor y el aumento de casos de violencia física y sexual entre los propios internos es más que significativo”.

El planteo fue rechazado en la Justicia provincial, pero fue aceptado y obtuvo la razón en la Corte Suprema. Ésta dispuso una serie de medidas para que el Estado Provincial garantice las mínimas condiciones de detención según estándares internacionales y para despoblar los calabozos.

En noviembre el fallo que dictó el ahora suspendido juez Arias quedó firme y la Provincia se vio obligada a presentar un plan para bajar la cifra de detenidos, que es de 3732

En los siguientes años el cumplimiento del fallo tuvo un rumbo oscilatorio. En 2007 la cantidad de detenidas y detenidos en comisarías en relación a 2005 ya había bajado en un 70%. Sin embargo, en 2010 se alojaba a 4.126 personas, apenas un 24% menos que en 2005. Cuando el fallo judicial cumplía cinco años, la Relatoría sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una inspección en las comisarías bonaerenses. El organismo comprobó el incumplimiento de la resolución y exhortó al Estado “a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como centros de detención”.

Efectivamente, durante los siguientes años se presenció un marcado descenso de la población alojada en calabozos, reduciéndose a 894 la cantidad de detenidos en 2012. Fue en aquel año cuando Scioli inauguró una de las últimas alcaidías construidas en la Provincia, anunciando la proximidad del fin de los calabozos.

 

Marcha atrás

Sin embargo, los calabozos habían empezado a ser vaciados sólo para ser llenados con el próximo anuncio de seguridad. En abril de 2014 Scioli eligió profundizar su política criminal con el objetivo de lograr un encarcelamiento masivo. Para lograr su objetivo promulgó la “emergencia en seguridad”, que tenía como puntos más destacados la reincorporación de policías retirados, la limitación de las excarcelaciones, y la reapertura de los calabozos clausurados. Mediante la resolución 642, el ministro de Seguridad Alejandro Granados argumentó que “la inhabilitación de numerosos calabozos de dependencias policiales ha impactado en forma negativa respecto a las condiciones de alojamiento de detenidos en aquellos que se encuentran actualmente habilitados” y dispuso la utilización de los cientos de celdas clausuradas entre 2011 y 2012.

Con sólo 4 meses de ejecución, comenzaron a llegar los primeros resultados de la “emergencia en seguridad” informados por el gobierno: “388 enfrentamientos. 76 delincuentes abatidos. 131 delincuentes heridos”. En cuanto a las detenciones, éstas aumentaron un 21%, y las personas detenidas en cárceles y comisarías en un 11%. La población alojada en comisarías –que ya había aumentado en un 70% en 2013– subió otro 40% en 2014.

Para enfrentar esta situación, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el CELS  presentaron un pedido de medida cautelar en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°1 de La Plata. El ahora suspendido juez Luis Arias les dio la razón considerando que en “los relevamientos efectuados por los peritos como en los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”.

La gestión de Scioli terminó en 2015, pero la emergencia continuó y se profundizó con el gobierno de María Eugenia Vidal. Sin el fallo judicial firme, la población en cárceles y comisarías continuó aumentando, marcando índices de encarcelamiento históricos.

En mayo de 2016, la provincia recibió otra medida cautelar, esta vez, de la CIDH. El CELS con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Defensoría General de Casación habían acudido a dicho organismo dos años atrás, frente a la situación en comisarías de La Matanza y Lomas de Zamora. Habían consignado allí dependencias con una sobrepoblación del 500%, heridos y enfermos sin atención médica y personas detenidas en calabozos clausurados reiteradamente por órdenes judiciales específicas. El nuevo fallo internacional contra la Provincia exigió implementar medidas para garantizar la integridad de los detenidos, así como “tomar acciones inmediatas para reducir sustancialmente el hacinamiento al interior de las comisarías” que fueran objeto de la causa.

Una masacre anunciada

Con el aumento constante de la población en calabozos (casi tres mil a fines de 2016), la masacre de Pergamino acabó mostrando las consecuencias de las políticas estatales en seguridad. El 2 marzo de 2017, de los 19 privados de su libertad en la comisaría 1° de Pergamino, 7 perdieron la vida al iniciarse un foco de incendio. El fuego duró una hora, durante la cual la policía no intentó salvar a los detenidos, y los bomberos fueron avisados por vecinos que vieron el humo (ver La Pulseada Nº 149 – Mayo 2017).

“Son los magistrados quienes ordenan los ingresos a las distintas Unidades Penales, Alcaidías y Comisarías, en pleno conocimiento del estado de sobrepoblación”, advierten desde los organismos de Derechos Humanos

Ese mismo año, el CELS y el CIAJ volvieron a insistir con el cumplimiento de la cautelar dictada en 2014 que en primera instancia revocaba la rehabilitación de los calabozos. En noviembre de 2017 la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de La Plata dictó una nueva medida cautelar, que quedó firme en diciembre último. Los organismos habían destacado que para entonces la cantidad de detenidos en comisarías seguía aumentando, llegando a 3.192.

Sin respuestas ni plan alguno 

El 15 de marzo de este año se realizó la primera audiencia judicial entre los organismos de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Justicia. El gobierno llevaba 3 meses con la orden de hacer cesar el alojamiento de detenidos en calabozos y presentar un plan de contingencia para su cierre. Desde la cartera sólo indicaron que en los dos meses que llevaba firme la medida la población detenida había aumentado a 3.542 personas, sin mayores detalles. Frente a la falta de respuestas del gobierno provincial, la Justicia estableció que para el 16 de abril los ministerios debían entregar un informe detallado una semana antes.

El informe presentado consistió en una serie de argumentaciones donde el gobierno se excusa de no poder cumplir con la disposición judicial, alegando la complejidad del problema. Enumera allí la falta de cupos en el sistema penitenciario y asegura que “son los magistrados quienes ordenan los ingresos a las distintas Unidades Penales, Alcaidías y Comisarías, en pleno conocimiento del estado de sobrepoblación”. Concluye ese apartado del informe con el siguiente argumento: “Los mismos magistrados penales son los que tienen el deber y la obligación de disminuir al máximo posible los efectos nocivos del encierro”.

Lejos de presentar una respuesta a la altura de la crisis, el Gobierno dio cuenta a través de números del agravamiento de las condiciones de detención en comisarías: “En la actualidad a nivel provincial se cuenta con 137 dependencias habilitadas, con un total de 1.003 camastros para el alojamiento de detenidos, alojados en el día de la fecha un total de 3.732”. Esto se traduce en una sobrepoblación de un 251,4%.

El informe también ilustra las graves condiciones de detención cuando indica que mientras 223 comisarías cursan clausuras de calabozos realizadas entre 2011 y 2012 por el mismo Ministerio de Seguridad, la mitad continúan alojando la tercera parte de todos los detenidos en comisarías de la Provincia.

Inflación de detenidos

“Lo que falla es la política criminal de encierro”, advierten desde el CIAJ, al destacar que más allá de despoblar las comisarías es necesario observar el cuadro completo para comprender por qué se volvieron a habilitar los calabozos, y porque se incumple la medida judicial.

Según el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), la población en cárceles de la provincia desde el año 1996 –año en que empieza a contar con un registro constante– sólo disminuyó en 2006 (un 8%) y en 2007 (un 4%). Si se incluyen las alcaidías y las comisarías, esta población disminuyó también en 2011 (en un 1,8%).

El crecimiento de la población se clasifica en dos momentos claros: entre 1996 y 2005 la cantidad de detenidos y detenidas aumentó en un 146%. Por otra parte, el endurecimiento penal producido desde 2011 a la fecha impactó en un aumento de la población detenida del 44,5%, y de un 48,5% si se incluye a las personas con monitoreo electrónico.

La suba en la tasa de encarcelamiento también es ilustrativa de la situación en que se vive: en la provincia de Buenos Aires hay 243 personas detenidas por cada 100.000 habitantes. Lo que es lo mismo que decir que por cada mil habitantes, 2 están detenidos. Hoy en día, la Provincia no sólo tiene un record histórico de detenidos, sino también de su tasa de encarcelamiento.

La Provincia batió sus propios records en tasa de encarcelamiento. Ahora hay 243 en cárceles detenidos cada 100 mil habitantes. Es decir, cada 1000 personas, dos están presas

La consecuencia más visible de estos números es la sobrepoblación carcelaria: en 2017 el CELS calculó que se encuentra en el 122%. En un informe presentado ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, el organismo sostuvo que la Provincia se encuentra en una situación de sobrepoblación crítica, y afirmó que la misma “acentúa la escasez de bienes y servicios básicos como el acceso al trabajo y a la educación, promueve el aumento de la conflictividad y los niveles de violencia”.

Las estadísticas dan cuenta de una decisión clara: el Estado provincial definió al encarcelamiento como política exclusiva de seguridad. Esta lógica se profundiza periódicamente al realizarse reformas legislativas que profundizan la crisis al aumentar las penas de delitos específicos o limitar las excarcelaciones. Fue lo que sucedió en julio de 2017, cuando el Congreso de la Nación aprobó una ley para impedir las salidas transitorias y la libertad condicional para aquellos penados por delitos considerados graves. Ni la queja de los organismos de Derechos Humanos, ni la de los presos que en distintos penales realizaron protestas y huelgas de hambre, pudieron frenar la reforma.

Las organizaciones consideran que la solución no puede pasar por la creación de más plazas en las cárceles sino en buscar alternativas a la pena. Esto significa llevar adelante una reevaluación de las reformas penales realizadas, pero también detener el abuso de la prisión preventiva ordenado por la justicia provincial (el 50% de las personas privadas de su libertad no tiene condena), con el fin de terminar con la crisis humanitaria que se vive en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y agregan desde ese sector que en el largo plazo sólo el abandono de una lógica de seguridad basada en la pena podrá abordar la problemática de raíz.


Cronología

2001: El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presenta un hábeas corpus para que cese el alojamiento de detenidos en comisarías de la Provincia que llegaba a ser de 6.113 personas.

2005: La Corte Suprema de Justicia dispone medidas para que el Estado Provincial garantice las mínimas condiciones de detención y para despoblar los calabozos. Ese mismo año se produce la masacre en la Unidad Penal N°28 de Magdalena con el fallecimiento de 33 personas detenidas (La Pulseada N°152).

2010: Organismo de la CIDH exige al Estado provincial que cumpla con la medida judicial.

2012: Se alcanza el número más bajo de detenidos en comisarías con 894 personas alojadas en calabozos.

2014: El gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad Alejandro Granados, decretan la Emergencia en Seguridad y mediante la Resolución 642/14 rehabilitan los calabozos clausurados. El CELS y el Centro de Investigación y Acción Jurídica presentan un recurso judicial contra esta medida. El juez Luis Arias da lugar al pedido. El Ministerio de Seguridad apela y la sentencia no queda firme.

2017

2 de marzo: incendio en la comisaria 1ra de Pergamino, la mayor masacre de la historia en una seccional, con 7 muertos.

15 de noviembre: Queda firme la sentencia que prohíbe volver a alojar detenidos en comisarías.

El año cierra con 3.192 personas alojadas en esas condiciones de encierro, el número más alto en 7 años.

2018

4 de enero: Motín en la comisaría de 3ra de Merlo, donde había 29 detenidos. El CELS denunció que los calabozos se encontraban clausurados por orden judicial.

16 de abril: El gobierno provincial informa a la Justicia que no puede cumplir la medida judicial, y que el número de detenidos en comisarías aumentó a 3.732 personas, con una sobrepoblación de 251,4%


La Plata, capital penitenciaria

Según las estadísticas elaboradas por el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de acuerdo a su último informe elaborado en 2016, la ciudad de La Plata concentra 6.486 personas detenidas en Unidades Penales, lo que significa casi el 20% de la población penitenciaria de la provincia y el 8,5% de la población encarcelada en todo el país.

A su vez, en el Departamento Judicial de La Plata, en 2016 se realizaron 3.148 detenciones y aprehensiones con intervención de fiscalías. Sólo es superado por el departamento de Lomas de Zamora, pero registra más detenciones que La Matanza, San Martín, San Isidro y Quilmes, a pesar de que estos departamentos judiciales lo superan en población.

Los datos surgen del Registro Único de Personas Detenidas, donde también consta que la tasa de detenidos es de 302 personas cada 100.000 habitantes. Este último número ubica a esta jurisdicción judicial en el cuarto lugar de personas detenidas a disposición de la justicia local.


Mujeres presas

2.207 mujeres están privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, representando el 5% de la población total. El porcentaje es constante con el paso de los años, pero para aquellas alojadas en cárceles significa un aumento del 120% desde el 2004. En el mismo período, la población carcelaria total aumentó en un 38%.

Si bien el 22% de las mujeres cuenta con arresto o prisión domiciliaria, aún hay 51 alojadas en cárceles con sus hijos e hijas. 37 de ellas, se encuentran en la Unidad Penal 33 de Los Hornos.

Las estadísticas provenientes del informe de Registro Único de Personas Detenidas, a pesar de realizarse desde el 2012, en ninguno de sus informes realizados a la fecha refiere a otras identidades de género.

 

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