Llamarte, Johana

El reclamo por su aparición no termina de convertirse en un grito masivo y todo apunta a que es víctima de una red de trata de personas. Marta Ramallo, su madre, abrió la puerta de su casa a La Pulseada para reconstruir las últimas horas antes de que la joven fuera vista por última vez. El relato de una lucha contra un sistema de justicia que hizo todo lo posible para perder las pistas.

Por Paula Bonomi y María Soledad Vampa
Fotos Gabriela Hernández

 

Subnota > Los desafíos de nombrar

 “Cada vez que se van a la plaza tiemblo”, dicen las mamás en el barrio. La Plata tiene una plaza cada 6 cuadras, pero en Villa Elvira “la plaza” es Plaza Matheu. Los pibes y pibas de ese contorno de la ciudad llegan por diagonal 73 hasta caer en 1 y 66. La plaza los recibe con un territorio de fronteras difusas y dinámicas. Transas, proxenetas, trabajadoras sexuales y clientes prostituyentes se apropian del protagonismo de la escena en la llamada “zona roja”.

Ahí fue vista por última vez Johana Ramallo, que cumplió 24 años el 15 de noviembre estando desaparecida. “Yo soy Marta Ramallo, mamá de Johana Ramallo. Mi hija lleva más de 4 meses desaparecida acá en la ciudad de La Plata y yo afirmo que la raptó una red de trata de personas con la complicidad del Estado”. Con esa firmeza habla Marta al recibir a La Pulseada en su casa de Villa Elvira. La última imagen que vio de su hija es la de una cámara de seguridad de la estación de servicio de 1 y 63. Son fragmentos de un video que le mostraron en sede policial: “Los de la DDI me dijeron que me acerque. Fui y pusieron una computadora y me dijeron ‘le vamos a mostrar un video para que nos diga si es o no su hija la que se ve’. Lo pusieron y pasaba Johana con otra persona, entran y salen de la estación de servicio a un baño. No duraba ni un minuto. Me mostraron ‘acá cuando entra, acá cuando sale, tal hora y tal hora’”. Eran cerca de las 8 de la noche del miércoles 26 de julio y Johana tenía un jean nevado oscuro, una campera marca Reebook y zapatillas blancas. Era Johana”.

 

Yoa

Anochece y es julio, el frío húmedo del río cala los huesos. Ella sale rauda, camina a paso ligero por una vereda desolada. Las ventanas del barrio parecen de casas clausuradas. Sin detenerse, observa al grupo de pibes empecinados en no dejar la esquina. Alguno se anima y la silba para hacerle saber que la desea. Ella sólo camina. ¿Se siente el galope de su corazón?

La diagonal se expande, se vuelve ancha. Una abuela insiste en jugar a las cartas. Quizás sea tarde para escobas o canastas. La audacia es infinita para quienes de pibes y pibas desafían días en los que soñar parece un privilegio.

* * *

Johana es una chica de barrio, libre, deseante, de ojos negros vivaces, enérgica y de carácter intempestivo. Sus fotos muestran una sonrisa inmensa y quienes la conocen dicen que se ríe a carcajadas, que sabe burlarse de todo. Es la mayor de siete hermanos y fue madre adolescente, quizás siguiendo algo de un destino familiar: su mamá la tuvo a los 14 años. Se había incorporado como beneficiaria del programa  Ellas Hacen, un plan que intentó dar algunos pasos dentro de la construcción de empleo con formato cooperativo para subsanar la falta de propuestas de trabajo genuino y que en la actualidad se encuentra casi paralizado.

“A los cuatro días de búsqueda supe quién consume, quién vende”

Johana también tenía altibajos: su perfil provocador e insolente disimulaba la vulnerabilidad física y emocional de quedar dentro de un círculo de consumos y violencias que iba debilitando la fuerza de su risa. La noche del 25 de julio Johana no volvió a su casa y no respondía el celular. Marta la llamó con desesperación y no pudo dormir hasta que la vio llegar a las 8 de la mañana. Había estado internada en el Hospital San Martín y ya no tenía su teléfono. Se durmió, agotada, sin responder las preguntas y dudas de su mamá. A la tarde se levantó y quiso salir. “Esperame que cenamos”, le prometió a la abuela. “Mi mamá la esperó hasta las 10 de la noche y me dijo: ‘decile a la Johana que me llame cuando vuelva’. Y no vino más”.

Cuenta Marta que a la mañana siguiente salió a buscarla recorriendo hospitales y comisarías. Al radicar la denuncia en la dependencia de su barrio, la de Villa Ponsati, los policías opinaron: “Andará con algún machito”. “Y ya en ese mismo momento yo me sentí mal como mamá. ¿Por qué se dirigían así hacia Johana, si ellos no la conocían? Yo declaré que no, que no está faltando de casa porque ella quiere, o por tener 23 años y es todo una rebeldía. A mi hija me la sacaron y no me la están queriendo devolver”, Marta repite el nombre de Johana, insiste, arrastra la ye, pronuncia cada letra, le dice “Yoa”, la llama cada vez que la nombra. La invoca para que vuelva.

En Argentina son 3.228 las niñas, adolescentes y mujeres adultas desaparecidas de acuerdo con el informe sobre búsqueda de personas en democracia que elaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (ProTEx) a fines de 2016. El organismo encuentra en “la explotación sexual prostibularia, interna o externa, y/o de los femicidios, que en ocasiones conllevan una apropiación del cuerpo de las víctimas por parte de sus autores” las principales causas de estas ausencias (ver La Pulseada Nº 150).

A pesar de la desesperación y la incertidumbre, Marta no está sola. En 2010 se había sumado junto a sus hijos a la experiencia de promoción de derechos y contención que constituyó la Olla popular de Plaza San Martín. “Nosotros salíamos a callejear, a recorrer en bicicleta, y cuando veíamos pibes y pibas en el centro, cartoneando o haciendo los bares los invitábamos a que se acerquen. Hacíamos un guiso y Marta con su familia fue de las primeras en venir. Ella era una de la que más se comprometía con el proceso de llevar a los pibes a la Olla y habilitarles el espacio para que participen de todos los talleres que se armaban ahí: de cumbia, de alfabetización, de salud. Por eso fuimos un montón a su casa, era una de las familias que más seguíamos”, recuerdan Agustina Barrena y Sandra Di Seri, dos militantes y ex integrantes de la Olla que acompañan a la familia Ramallo. Son quienes ponen encarnadura a las iniciativas que, junto a un grupo autoconvocado y heterogéneo, vienen denunciando la desaparición de Johana y la desidia estatal para dar con ella (ver recuadro).

El lobo en el gallinero

Johana había vuelto a vivir con Marta y sus hermanos un mes y medio antes de su desaparición, al separarse del padre de su hija. La casa de los Ramallo es una vivienda precaria, prolija y acogedora. Durante la entrevista la abuela llega de visita y se suma a la charla, un compañero trae mercadería y una vecina amiga ceba el mate dulce. La mujer comenta con los ojos rojos de impotencia: “Es una barbaridad, he visto chicos comprando en moto, pibes chiquitos y sacan y les venden, y yo pasaba en el micro, es una vergüenza… yo tengo hijos grandes y cada vez que se van a la plaza esa tiemblo, porque vienen dados vuelta. Esperando en la esquina a las 3 de la mañana a ver si vienen vivos o les pasó algo, es la verdad”.

“Yo a los cuatro días de búsqueda sé quién consume, quién vende, todo. Vos pasás a la hora que pases y mientras los pibes se drogan, mientras hay delito, la Policía pasa en moto. Te aseguro que no es un fin de semana, vos vas un miércoles, un lunes y hay consumo igual”, denuncia Marta, que en pocos días se convirtió, como muchas otras madres, en detective. Recorrió varias tardes y noches la zona roja, recabó datos, alias, actividades y  direcciones. Escuchó relatos crueles y degradantes, la marearon con pistas falsas y encontró la solidaridad de algunas voces que la ayudaron a identificar proxenetas.

Todo lo llevó a la Justicia. “Acá declararon muchos, hubo gente que habló. Si hubiesen ido por esa línea de investigación a Johana la teníamos hoy en casa”, dice. La causa la llevó inicialmente la UFI Nº 2 a cargo de Betina Lacki, que la caratuló como “averiguación de paradero”.

Durante el 2016 la ProTEx recibió más de 1.800 denuncias por la línea 145 de asistencia y denuncia por trata de personas. El 75% fue derivada a organismos con competencia penal para su investigación, o sea que había sospechas fundadas de que existía algún delito, y al 20% de los casos se le dio tratamiento de extrema urgencia. En el caso de Johana fue la misma Justicia la que dejó que la policía condujera la investigación, desalentó la denuncia por trata o delitos conexos y desatendió el contexto en el que desapareció la joven.

“En ningún momento la fiscal se puso a disposición de la familia, no nos recibía, no planteó una relación de ida y vuelta para conocer qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaban buscando, para dónde estaban yendo”, cuenta Josefina Rodrigo, una de las abogadas de la causa. Ella, Silvina Perugino y Víctor Hortel conforman el equipo jurídico que patrocina a Marta y que decidió presentarse como particular damnificado para activar la investigación. “Lacki se quedó con lo que la Policía le trajo. Nos planteó que confiaba ciegamente en la DDI que iba a llevar adelante la investigación porque había encontrado a Rut Ávila, a pesar de que estaba claro que la desaparición de Johana tiene otras características”. La relación con Lacki se tornó cada vez más hostil. Las abogadas se encontraban con información retaceada, “siempre la causa estaba a despacho y no la podíamos ver, si no estaba en la DDI, estaba en el Juzgado de Garantías. Y veíamos que no se investigaba un delito, no había ningún tipo de acción con las personas que fueron a declarar en la causa. No se avanzaba sobre nada ni sobre nadie”, describe Rodrigo.

Llegando al mes de la desaparición se solicitó el cambio de calificación a “desaparición forzada de persona” y el apartamiento de la Policía de la provincia de Buenos Aires de la investigación. La fiscal tardó 15 días en rechazar el pedido  y argumentó que la averiguación de paradero es una investigación que no tiene límites y que circunscribir la causa a un delito achicaba sus posibilidades. “El pedido de apartamiento de la fuerza en cuestión nunca lo contestó. Ella decía que buscaba a sabiendas que Johana estaba privada de su libertad, pero lo que formalmente estaba haciendo era buscar a una persona extraviada. Son dos cosas distintas, en la intervención y modo de investigar”, explica Rodrigo.

 

Según Marta pasaban 10, 15 días y la fiscal no leía las declaraciones que se iban sumando a la causa. En esos testimonios aparecieron personas que incluso admitían “cuidar” a las chicas en la zona roja. “Hoy se sigue cometiendo delito porque en la zona hay pibas menores y esas chicas siguen siendo explotadas. La impresión que me da a mí es que Lacki cuando vio todo esto, que se abrió una puerta, chusmeó y dijo: ‘ah no me meto’, y trabó la puerta otra vez. Entonces yo digo que es el Estado el que abandona a nuestros hijos, con la complicidad de estas ratas de mierda. ¿Cómo puede ser que la DDI esté a 4 cuadras y no conozcan a los proxenetas?”, se indigna la mamá de Johana.

La abogada Rodrigo acota: “Creo que muchos actores dentro de la justicia tienen un funcionamiento corporativo y funcional y que ni la fiscal, ni la jueza, ni nadie desconoce el funcionamiento de la DDI a cargo de Pedro Beltrán, y si eligen trabajar con eso nada más es su responsabilidad. No quiso cambiar en la investigación a la fuerza a sabiendas de que la misma podía estar implicada en el delito y claramente la investigación no la manejaba ella sino el director de la DDI”.

Delito federal

En septiembre, cuando la causa ya llevaba 10 cuerpos de allanamientos infructuosos, datos desorganizados y viendo que las pistas más certeras no se siguieron, el equipo jurídico decidió no esperar más y hacer la denuncia a nivel federal para que se investigue el delito de trata. Un día después del pedido la fiscal admitió que podía tratarse de ese delito, recuperó en su escrito una cantidad de testimoniales y pidió la declinatoria de la competencia. “Eso fue sorpresivo porque antes ella había dicho que no quería circunscribir la causa a un solo delito y no quería cambiar la carátula y de pronto dice ‘sí hay crimen y delito pero no es de mi fuero’”, apunta Rodrigo. La jueza Marcela Garmendia siguió a Lacki y el fiscal federal Hernán Schapiro pidió que se inhiba el fuero de provincia y que la causa pase totalmente al federal.

“Acá hay un entramado que tiene directamente que ver con la situación en la que ella estaba”, señala Rodrigo y aclara que aunque la investigación “no ha avanzado para poder saber ante quienes estamos” el diálogo con el juzgado federal ha sido auspicioso.  “El caso de Johana es la posibilidad de desentramar un montón de cuestiones –analiza la abogada– por ejemplo, que las causas vinculadas a la zona roja sean exclusividad de las chicas trans. Es lo único que se sabe y se saca de ahí. Después la realidad indica que hay chicas de 14 años en situación de prostitución y nadie hace nada con eso. Es todo un dato y la justicia está haciendo la vista gorda. Hay un sinfín de vinculaciones, un red existente”.

Frente a ese escenario, quienes acompañan a Marta evalúan que todas las acciones de visibilización y presiones políticas que el caso pueda tener son tan o más importantes que las que aparezcan en el expediente judicial. “Más allá de los actores políticos que intervengan, más allá de la misma Gobernadora, el juez (Ernesto Kreplak) necesita saber que atrás de esto hay personas que están moviéndose y reclamando para que aparezca Johana. Nosotras tenemos internalizado el reclamo de que necesitamos que el Estado se haga responsable y que la ejecución de esa responsabilidad se hace muy difícil. Acá es muy importante poder dimensionar la afectación de las víctimas, de la familia de la víctima. Marta está agotada de ser ella la investigadora de la causa, de sentarse a distintas mesas y que se hagan compromisos que no se cumplen, que no se efectivizan en medidas”, dice Rodrigo, que entiende que cuando las madres tienen que salir de un día para el otro a buscar a sus hijas hay otros hijos para los que necesitan un refuerzo, que puede ir desde lo económico hasta contención psicológica.

Que aparezca

Hoy las paredes de ladrillo hueco sin revoque de la casa de Villa Elvira reflejan la angustia de los hermanos que esperan todos los días: “Aparece Yoa ya”, escribieron en la pieza. La hipótesis más dolorosa se fortalece e indica que Johana es víctima de una red basada en la narcocriminalidad y sostenida sobre la esclavización de los cuerpos de niñas, niños, mujeres e identidades disidentes a metros de la DDI, de la Comisaría 9na, a cuadras de los Tribunales y del edificio de gobernación.

Johana no está, el miedo irrumpió y las bocas callaron. El pacto de silencio, por acción u omisión está latente y no hay dato certero que conduzca a Johana. La zona roja emerge como ese lugar donde no quedan zonas marginales o excluidas de las ciudades sino como la forma en que esos territorios atraviesan el espacio urbano, tal como analiza la investigadora del CONICET e integrante del Colectivo Ni una menos Verónica Gago. Ahí se explicitan los fracasos de las políticas públicas de prevención que colisionan con las estrategias de supervivencia de los y las vulnerables, inmersas en el funcionamiento aceitado de las economías ilegales nunca alcanzadas por las más nefastas políticas de seguridad. Un gran caldero que escupe su fuego y quema de violencias a niños y niñas, jóvenes, mujeres, transexuales y travestis, incinerando esas vidas.

Cuando Marta pide justicia lo hace por todas. “Lo que yo le dije a jueces y fiscales es que no me pidan que yo les tenga toda la confianza porque ya perdí la confianza. Me va a costar muchísimo creer que hay una justicia, que me lo demuestren devolviéndome a mi hija, que encuentren a mi hija y a todas las chicas que estén pasando por lo mismo y que lo hagan ahora porque yo no quiero que mañana ni la semana que viene haiga otra piba desaparecida”.

 

Cronología de una búsqueda

26 de julio: Johana es vista por última vez en la estación de servicio de 1 y 63

27 de julio: Marta, su mamá, radica la denuncia en la Comisaría de Villa Ponzati después de recorrer hospitales y comisarías sin noticias de Johana. El lunes siguiente también va a la fiscalía de turno: la UFI Nº 2 a cargo de Betina lacki

5 de agosto: radio abierta en la puerta de la fiscalía para reclamar por la búsqueda.

10 de agosto: primera movilización a 14 días de la desaparición.

22 de agosto: toma pacífica del Consejo Provincial de la Mujer, dependiente  de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Allí los funcionarios se comprometieron a acompañar a la familia y se presentó el pedido de cambio de carátula.

26 de agosto: a un mes de la desaparición se realizó “la marcha lenta de la justicia” de Fiscalía a Gobernación.

5 de septiembre: la fiscal Betina Lacki rechazó el pedido de cambio de carátula de averiguación de paradero a desaparición de persona y al día siguiente como protesta se tomó de forma pacífica la Fiscalía.

20 de septiembre: presentación en los tribunales federales para pedir que se investigue la desaparición como trata, en el marco de la Ley 26.364.

26 de septiembre: a dos meses de la desaparición, conferencia de prensa en el Museo Arte y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria y marcha a Gobernación.

14 de octubre: en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Chaco se inició un juicio contra la justicia patriarcal donde Marta presentó el caso.

20 de octubre: mural en el Instituto de Formación Docente Nº 12, calle 7 y 76, donde el domingo 22 Johana debería haber votado.

24 de octubre: conferencia de prensa en la CTA de los Trabajadores de Ciudad de Buenos Aires con la intención de darle difusión nacional al caso.

26 de octubre: jornada cultural en Plaza San Martín a 3 meses de la desaparición

8 y 9 de noviembre: twitazo #DevuelvanAJohana #AudienciaConVidal y radio abierta en gobernación acompañando el pedido de audiencia con Vidal

15 de noviembre: audiencia pública por Johana en el Senado de la Nación

18 de noviembre: la familia de Johana presenta un video sobre su búsqueda en Chapadmalal, en el cierre del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria.

26 y 27 de noviembre: actividades a 4 meses de la desaparición jornada cultural y marcha desde 1 y 63 hasta la gobernación.

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