La situación en radios comunitarias: Más de lo mismo, y no

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Gonzalo Comito

El doble desafío de los medios comunitarios en un contexto de crisis y despidos en los medios de comunicación.

Por Pablo Antonini, presidente de FARCO

Como casi toda la población, las radios comunitarias padecemos los tarifazos (esencialmente en la electricidad), la inflación y la caída del consumo, así como su fuerte impacto en las instituciones, organizaciones, comercios y personas que sostienen, a través de publicidades, aportes, actividades o co-producciones, nuestros medios en los territorios.

Como casi todos los medios, enfrentamos la marginación de la cada vez más arbitraria y concentrada distribución de pauta publicitaria oficial, particularmente dura con radios y canales comunitarios, donde el Estado nacional no pone un centavo en todo el país. Similar situación se da en la provincia de Buenos Aires –agravada por la ausencia de datos– y La Plata, pese a algún teatral amague en contrario a principios de gestión.

Como casi todas las radios, estamos a merced de los “superpoderes” que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM, creado por decreto 267/15 en los primeros días de gobierno macrista) se autoadjudicó con tres resoluciones administrativas entre fines de 2016 y principio de 2017, que permiten clausurar e ilegalizar emisoras al discrecional criterio y firma de funcionarios de segunda línea. Es el caso de FM Ocupas de Moreno, integrante de FARCO, gestionada por una asociación que trabaja con niños, niñas y jóvenes con discapacidad, y de otras varias víctimas de operativos con comunicadores procesados, equipos decomisados y hasta irrupción de policía con armas largas durante un programa al aire.

Como radios gestionadas por organizaciones sociales, cooperativas y comunidades de pueblos originarios, nos toca en particular atravesar todo esto viendo cómo el Estado retiene cientos de millones de pesos legalmente asignados al sector: los fondos de Fomento Concursable (FOMECA), devenidos del impuesto que todos los medios audiovisuales –comunitarios incluidos– pagamos todos los meses. Recursos destinados por ley 26.522 a equipamiento, producciones, gestión de la comunicación sin fines de lucro, para garantizar diversidad, federalismo, democracia informativa y cultural, que el ENACOM niega o sub ejecuta a cuentagotas mientras sus destinatarios pasan penurias.

Hay una contracara de esta política planificada que merece destacarse: no funciona. Tenemos el cuero duro, forjado en décadas de organización bajo un decreto-ley de la dictadura que nos siguió considerando “clandestinos” durante la mayor parte de la democracia. Tal vez por eso y a pesar de este contexto, en casi todo el país las radios comunitarias suman audiencias, la red suma radios, las comunidades y organizaciones que las sostienen suman brazos y nuevas estrategias de sostenibilidad. La comunicación popular se reinventa, aprende y sigue, entendiendo la lucha por la dignidad del trabajo, el ejercicio del periodismo y el derecho a la democracia informativa como una misma e indisoluble causa.

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