Inundación: la Justicia analiza otras 13 muertes y recorre YPF

Una visita con expertos a la destilería La Plata y el estudio de 13 “nuevos” certificados de defunción son las novedades en la fiscalía de Jorge Paolini, donde tramitan ya 15 causas ligadas a la catástrofe y 3 satelitales a ella. El juez Luis Arias sigue analizando casos y material de prueba en dos expedientes.

Terminó la feria judicial de invierno y desde los fueros penal y contencioso administrativo los investigadores volvieron a los numerosos expedientes abiertos tras el diluvio que en abril corrió el maquillaje de una ciudad sin planificación. E igual que en un principio, pese al tiempo transcurrido y a resoluciones dictadas, se mantiene la tensión sobre quién debe ocuparse del conteo de las víctimas.

De hecho, el fiscal  Paolini, que por el momento no procesó a ningún funcionario por responsabilidades en la tragedia, sigue la pista de nuevas víctimas, un terreno que le compete al juez Arias según resolvió la Suprema Corte de Justicia el 17 de abril.

Desde la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, donde tramitan al menos 18 causas anexadas al expediente madre “Averiguación causales de muerte”, Paolini dio salida a  varios oficios dirigidos a centros médicos de La Plata, Berisso y Ensenada, para pedir información sobre la causa de muerte de 13 personas. Son todos adultos y murieron en abril, por eso Ipensa, el sanatorio Los Tilos, el Instituto Médico La Ribera, la Clínica de la Comunidad y el Instituto Médico Argentino de Berisso deberán informar fecha de ingreso y deceso de Andrés Einar Genco, Carlos Enrique Domeneghain, Roberto Aníbal Carducci, Eloisa Vandia o Candia, Dina Esther Pérez, María Elsa Antúnez, María Haydée Fonseca, Hugo Alberto Erice, Olga Beatriz Gelabert, Oscar Alberto Zapiola, Miguel Altamirano, Clara Jurado Giménez y José Luis Sabolcki.

La fiscalía solicita que si esas personas murieron entre el 2 y el 4 de abril los centros médicos remitan copias certificadas de las historias clínicas. Al menos cuatro efectivamente fallecieron en ese lapso que delimita el fiscal. Esta nueva pista se impulsa recién a cuatro meses del desastre (estas muertes se conmemoraron oportunamente en los fúnebres de la prensa local) y desde un fuero sin competencia en la materia.

Las causas abiertas en torno a la inundación suman 20. Dos acumulan fojas en el juzgado de Arias (que debe hacer foco en errores, omisiones, irregularidades en la confección del listado de víctimas fatales) y 18 tramitan en la fiscalía de Paolini; de ellas, 15 están ligadas directa o indirectamente a la catástrofe y 3 son causas satelitales.

Los tres satélites

La denuncia penal que el juez de Garantías Atencio direccionó hacia su par en lo contencioso administrativo Arias es uno de los otros tres expedientes. Esta causa, motorizada por Atencio y el fiscal Marcelo Romero, está asociada a esta ya vieja cuestión de la “competencia” (quién se ocupa de las víctimas) y las “extralimitaciones”, y debe ser resuelta también por la Corte.

Los otros dos satélites son una denuncia del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta contra un testigo, por presunto falso testimonio, y el pedido de investigación del fiscal Romero por el incendio desatado en la destilería La Plata de YPF.

Condomí (de turno al momento del diluvio y luego apartado de la investigación) denunció al testigo Jorge Oscar Comesaña, que había afirmado en sede judicial haber visto siete cuerpos que no figuran en listado alguno. A partir de este planteo se dieron notificaciones internas dentro del fuero (a defensores oficiales de turno y al juez de Garantías).

En cuanto al incendio, el fiscal Romero había presentado un escrito ante la Fiscalía General para que se investigara de forma paralela la inundación y el fuego en YPF. El asunto es aquella impactante columna de humo que muchos recuerdan haber visto en el horizonte mientras el agua crecía en las paredes de su casa. Eso les pasó a Sofía y a Alicia, inundadas entre gritos y a una noche de encontrar muerta a Tati. Y a Nacho Guerrero, que no daba crédito a las imágenes de YPF que le mostraba Facebook, a  minutos de encontrar a su gemelo electrocutado en el agua.

Los comentarios en cada rincón de esta capital apuntan a ligar ambos siniestros: el agua que avanzaba y se estancaba en La Plata y el fuego en la Destilería La Plata de la petrolera de bandera. El expediente de Romero le llegó también al fiscal Paolini, que el pasado 7 de mayo, junto a sus colaboradores, recorrió el predio, ubicado en territorio de Berisso y Ensenada, para conocer entre otros puntos qué medidas de seguridad hay en el lugar y buscar indicios que vinculen ambos hechos.

Por el momento Paolini no considera que inundación e incendio estén ligados, pero las declaraciones de autoridades de la refinería que quedaron plasmadas en el acta que se labró durante esa visita dejaron temas para analizar en profundidad.

¡Fuego, fuego!

En YPF, el fiscal fue recibido por los ingenieros Gustavo Chaab (Director del complejo industrial) y Guillermo Celentano (Gerente de relaciones institucionales) junto al abogado de la firma, Fabián Carlos Valle.

Las llamas se desencadenaron en los sectores “Topping” y “Coque” del complejo. El siniestro fue calificado de “grandes dimensiones” y se planteó que ocurrió “debido al gran caudal de agua de lluvia caída y a su acumulación en el interior de la planta”, ya que las piletas destinadas a contener el agua “estaban colmadas”, explicó Chaab. Para él los “restos de hidrocarburos” que flotaban en el agua tomaron contacto “con el calor que aún tenía un horno que trabaja a más de 400 grados centígrados, provocó el incendio”, según se desprende de su declaración en el acta judicial a la que accedió este medio.

El fuego se inició entra las 19.30 y las 20 de aquel 2 de abril, horario en que había caído la mayor cortina de agua, pero seguía lloviendo, según los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. El siniestro duró “más de doce horas” y “no hubo heridos ni muertos”, según el profesional. Las llamas dejaron un paisaje gobernado por gran cantidad de instalaciones de metal, tanques y, cañerías retorcidas y tiznadas.

Esta declaración tiene su correlato en la versión que había aportado un policía del Gran Buenos Aires convocado a La Plata para ayudar en tareas de rescate: “Nosotros y los bomberos que vinieron de afuera estábamos desorientados, no conocíamos el territorio, no había nadie local que nos guíe —describió, y explicó—: Todos los bomberos de La Plata estaban apagando el fuego en YPF”.

Las compuertas, ¿un mito?

El intendente Pablo Bruera sospecha que desde Berisso y Ensenada se produjeron “situaciones” que evitaron el escurrimiento del agua hacia el río que, si bien no hubiera evitado la inundación, la hubiera mitigado. Al menos así lo expresó a su círculo íntimo de colaboradores y a un puñado de periodistas de su confianza a los que convocó a su despacho del palacio de calle 12 al comienzo de toda esta trama.

En los pasillos de las fiscalías algunos abonan esa versión; otras fuentes judiciales y técnicas no le dan crédito. Los primeros sostienen que “de golpe el agua escurrió” y que “al momento del diluvio la cota del río era baja y podía receptar agua”. La existencia de compuertas es una idea casi terca que sostienen en silencio desde la intendencia platense. Pero tales mecanismos de diques artificiales fueron desmentidos desde el corazón de la petrolera.

La destilería está entre los canales Este y Oeste. “El Este no se encuentra en terrenos de la planta, no tenemos acceso ni dominio sobre él (…); el Oeste, un tramo, se encuentra en nuestros terrenos, donde se vuelcan aguas tratadas según estándares vigentes”, explicó el ingeniero Chaab al fiscal Paolini. “El complejo industrial no posee compuertas que regulen el paso del agua del canal Oeste” sentenció, aunque agregó un dato que no es menor: “Una vez que el canal Oeste deja de pertenecer a la planta, es de incumbencia de la municipalidad de Ensenada, tanto es así que a la altura del barrio Mosconi existen bombas que colocó YPF” pero aclaró que “son del municipio” donde se vierte “agua de lluvia caída en la zona” y “existe una compuerta, paralela al curso de agua, ubicada sobre la margen de Ensenada (frente a la planta), que permite la salida del agua de los barrios cercanos hacia el canal Oeste.”

Ese canal no está conectado a los arroyos Del Gato y Maldonado, que desbordaron en La Plata. Desde esta ciudad “recibe únicamente aguas provenientes de un sector del zoológico y alrededores” aseguró Chaab, que no dudó en asegurar que “ningún manejo puede hacer la empresa para impedir o regular la recepción” de aguas en el canal Oeste.

Edelap y Ensenada

El 4 de abril, cuando el agua había bajado pero no el dolor y la angustia, el intendente de Ensenada, Mario Secco, fustigó a Edelap, la distribuidora de la energía eléctrica en la región: “Si las bombas hubiesen funcionado la inundación no hubiera sido ésta”, fueron sus declaraciones a una radio.

“Nos inundamos porque Edelap hace 20 años que no invierte un peso en Ensenada y nos dejó sin luz por lo que no pudimos usar las bombas” para paliar la entrada de agua a las viviendas, relató Secco. Y sugirió: “Lo mejor que puede hacer Edelap con lo que le hizo a Ensenada es renunciar e irse”.

El intendente de la ciudad ribereña manifestó que “la situación fue caótica, empezó a diluviar a las tres de la tarde y media ciudad se quedó sin luz”. La falta de luz evitó que las bombas drenadoras funcionaran. La primera pregunta que emerge es: si las bombas se accionaban ¿se hubiera evitado el desastre? La respuesta deberá darla la Justicia, ya que la empresa lo niega. Pero Edelap no ha sido foco ni del juez ni del fiscal por el momento. Ni siquiera por el dramático caso del gemelo de 30 años electrocutado en 11 y 38.

Edelap tampoco fue alcanzada por la ordenanza por medio de la cual 57 empresas deben financiar la reparación económica para los familiares de víctimas, que aún no se efectivizó. Inmobiliarias y empresas constructoras tampoco nutren dicho fondo, a excepción de Credil S.R.L. Tal vez sí así fuera sería un reconocimiento de que el Código de Ordenamiento Urbano (COU) vigente, que permitió el avance indiscriminado de torres de cemento en una ciudad con infraestructura de principios del siglo veinte, pudo haber incidido en el desastre. Así lo sospechan los vecinos y ambientalistas organizados en asambleas, pero para el intendente pensar eso es “una burrada” y “de ignorante”, según expresó en distintos medios cuando ofreció disculpas por el mensaje emitido desde su cuenta de Twitter. Había asegurado estar trabajando en la emergencia pero estaba de vacaciones en Brasil sin licencia autorizada por el Concejo Deliberante y con su gabinete acéfalo en lo formal.

 

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