Nota principal: Asesinado por disputar la ciudad
El 5 de junio pasado se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes un “Juicio Ético y por la Verdad” por el caso Ramírez. Fue iniciativa del grupo de familiares y amigos de Agustín, que reivindican el “derecho a la verdad” y el “derecho a saber”. “Las víctimas por sobre todas las cosas tenemos derecho a saber la verdad de lo que ocurrió con nuestros familiares”, sintetizó Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, secuestrado y desaparecido por la Bonaerense en La Matanza en enero de 2009 (La Pulseada 77).
“Si bien no contempla la necesidad en lo inmediato de condena en sentido penal formal —explicaron los organizadores— la importancia de este juicio radica en que permite sistematizar información que puede ser utilizada en nuevas causas”. El objetivo es hacer una denuncia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, planteando que se trata de un delito de lesa humanidad.
La actividad siguió todas las formalidades de un juicio real: hubo querella, jueces, testigos e incluso una “defensa técnica” que cumplió su rol junto al banquillo de los acusados, ocupado por gorras que representaban a la institución policial. El tribunal estuvo integrado por la madre de plaza de mayo Nora Cortiñas, el rabino Daniel Goldman, el obispo y miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y de la Comisión por la Memoria Aldo Etchegoyen, el psiquiatra y militante de los derechos humanos Alfredo Grande y el padre Félix Gibbs, del decanato de Quilmes Oeste. Pimentel actuó de “fiscal” y Francisca, la madre de Agustín, fue la principal querellante. Participaron como testigos Javier y Jorge Ramírez —hermanos de Agustín—, compañeros de Latinoamérica Gaucha como Mario Manuel Melgarejo, Luis “El Cabezón” Fredes, amigos como Jorge Chambi, José Luis Calegari, Alberto “Palomo” Fredes, Luis Andrés Cáceres, José Cule; el actual obispo de Quilmes, Carlos José Tissera; el padre Carlos Manuel Vásquez; la abogada María Inés Mac Kenzie y el ex ministro durante la gobernación de Cafiero, Luis Brunatti.
También hubo testimonios en carácter de “Amicus Curiae”, como los del intendente municipal, Francisco Gutiérrez; la Directora de Promoción y Transmisión de la Memoria de la Comisión por la Memoria, Sandra Raggio; y el coordinador del programa de Educación Popular y Formación Laboral de la Universidad Nacional de Quilmes Daniel Carceglia. El jefe comunal —que en los ‘80 lideró la seccional quilmeña de la Unión Obrera Metalúrgica, desde donde se apoyaron reclamos de tierras— remarcó la importancia de que “el accionar policial sea visibilizado y esclarecido en cada caso. Hay que demostrar que hubo una planificación institucional para desterrar para siempre estas prácticas”. Carceglia agregó: “Este caso demuestra la vigencia del método de la dictadura, al hacerlo pasar como una pelea de bandoleros. Son los mismos asesinos, mismos métodos”.
El juicio se desarrolló en la Universidad y se transmitió en vivo por internet a través del campus virtual de esa institución. Entre los asistentes había estudiantes universitarios, jóvenes de escuelas y militantes de organizaciones sociales y políticas de la región. Quilmes tiene una universidad pública desde 1989, un año después del asesinato de Ramírez. La ley fue iniciativa de un diputado democristiano, aunque en aquellos años quedó identificada como una creación del menemismo. Hoy la institución tiene un fuerte anclaje territorial. En Ezpeleta, en uno de los barrios que Agustín caminó, este año se lanzó una Escuela Secundaria Técnica. También funciona una diplomatura en comunicación popular, en el centro comunitario que coordina Francisca.
Con ese compromiso territorial, al juicio también se presentó como “amicus curiae” el rector de la Universidad, Mario Lozano: “Este asesinato, junto con los de Ingeniero Budge fueron los primeros en democracia y se proyectaron en la impunidad con que después se cometieron otros como los de Miguel Bru, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Mariano Ferreyra, Luciano Arruga, Atahualpa (Martínez Vinaya), Daniel Solano. Estos crímenes que denotan la persecución sistemática a los jóvenes, especialmente a los militantes de barrios muy pobres, evoca con claridad la metodología utilizada por las fuerzas represivas durante la dictadura”. Por eso, sintetizó: “Creo que este asesinato debe ser enmarcado como delito de lesa humanidad, en continuidad de los que ocurrieron durante la última dictadura cívico militar”.
