Educar no es un trámite

201409 TapaNacionEl debate que propone Damián Lambusta, sociólogo y militante popular, sobre el reconocimiento formal a los jardines comunitarios en la provincia de Buenos Aires.

Son varios los discursos y debates que se (re)abrieron en torno a la reciente aprobación en la legislatura bonaerense de una ley impulsada por la Diputada Alicia Sánchez (Miles-FPV) que da reconocimiento formal a los jardines comunitarios de la Provincia. Abordaremos el tratamiento en los medios, las repercusiones en el escenario político provincial y un viejo debate con relación a lo público-privado, lo comunitario, lo estatal y la militancia.

Hablando de titulares…“Cobrarán como maestros, militantes sin título”

Simplificación, reduccionismo, estigmatización de la práctica militante y descontextualización. Esa fue la forma que utilizaron los medios masivos de comunicación, especialmente Clarín y El Día, para presentarle a la sociedad  el proyecto de “la mujer de D’ Elía”. El combo perfecto para el  anti-K de manual y el anzuelo que pescó a más de un distraído.

Lo que tampoco mostraron los medios  era el consenso de la normativa en otros sectores no afines al gobierno y el apoyo de diferentes sectores de la sociedad civil. La aprobación contó con el apoyo de representantes de Unión Pro Peronista, GEN, PJ Néstor Kirchner y Nuevo Encuentro, además de los legisladores del FpV. El Frente Renovador votó en contra en Senadores y se abstuvo en Diputados y la UCR eligió la abstención en ambas cámaras.

El uso de ésta fórmula discursiva  no escapa a los lugares comunes del enfrentamiento mediático entre el gobierno y “la Corpo”, en donde cada uno recita su parte de memoria, en un libreto vacío de ideas que ya nos aburre bastante.

Pasemos a lo que nos interesa.

 ¡Que alguien estudie!  … el proyecto

La Ley aprobada el 10 de septiembre pasado es una propuesta que ingresó en junio de este año en Diputados y pasó sin dificultades por el Senado. Sus puntos más controvertidos y tergiversados mediáticamente son aquellos que obligan al Ejecutivo (Dirección General de Cultura y Educación) a reconocer en la órbita del sistema educativo formal la tarea de los jardines comunitarios y con ello, el trabajo de quiénes llevan adelante dichas instituciones (Artículos. 2; 5; 6; 7 y 8).

El artículo 7  especifica: “El régimen laboral de educadores/as comunitarios/as de nivel inicial se regirá, en lo pertinente, por las normas que a tal efecto establece la Ley N° 10.579, Estatuto del Docente, y sus modificatorias”.

En tanto, el artículo 8 reglamenta el régimen laboral del personal administrativo, auxiliar y de maestranza bajo  la ley N° 10.430, Régimen para el Personal de la Administración Pública, y sus modificatorias.

Es decir, la ley busca formalizar, en el marco de la legislación existente, el vínculo laboral de los/as educadores/as y del personal auxiliar de los jardines, con  el Estado.

El reconocimiento con título docente para las/os mismas/os, según el artículo 11 de la ley  queda en manos de la DGCyE y de las medidas necesarias para que se obtenga dicha titulación. Será tarea del Ejecutivo disponer los medios y recursos necesarios para que ello suceda.

En cuanto a la creación de nuevos jardines y el requisito de titulación, el artículo 12, prevé que “Las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial que se crearen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, para brindar educación y cuidado a alumnos de cuatro (4) y cinco (5) años de edad, deberán contar con educadores/as comunitarios/as con título docente para atender esa matrícula. Idéntica disposición se aplicará a las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial existentes, que con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley comiencen a brindar educación y cuidado a alumnos de cuatro (4) y cinco (5) años de edad”.

Revisando el texto de la ley no quedan muchas dudas acerca de su aplicación, bastaba  tomarse unos minutos para demostrar que muchos argumentos que se esgrimen en su contra, no se corresponden con lo desarrollado en el texto de la normativa. ¿Los comunicadores sociales desconocían el proyecto? ¿No se informaron antes de informarnos?

Los dirigentes gremiales… mucho diario, poco libro

Además de las voces que representan los medios de comunicación y sus repetidoras; el seguidismo y la opinión de sus acríticos consumidores en las redes sociales, podemos encontrar posturas disidentes entre el resto de los actores de la política y la sociedad civil. Por ejemplo, el caso de los gremios docentes, FEB; UDA y UdocBA.

Según declaraciones de Miguel Angel Díaz, secretario general de Udocba, en Clarín, si los militantes sociales son considerados docentes, en la provincia de Buenos Aires, «cada uno va a a tener la escuela que se le cante”. (Clarín, 19/09/2014)

Ojalá su gremio, señor Díaz, se preocupara por disputar el sentido de la escuela, porque allí también se puede dar un debate político-pedagógico. Son muchas las escuelas que construyen “la escuela que se les canta”, haga la prueba, es una experiencia maravillosa.

El Suteba de Baradel, en cambio,  no omitió opinión pública al respecto, ni a favor ni en contra.  Quizá prefiriendo no contribuir al escenario de la interna kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, o privilegiando vaya a saber qué tipo de acuerdos con los diferentes actores.

Lo concreto es que detrás de las voces de los representantes gremiales, se encuentran las voces de muchos y muchas docentes,  que vieron desprestigiada su formación, y su esfuerzo, por insertarse en el sistema educativo formal en condiciones dignas de salario y estabilidad.

Otro de los argumentos esgrimidos por este sector es el ataque a la escuela pública y el fortalecimiento de estructuras, que con el carácter de comunitarias, abren paso a la privatización y desestructuración del sistema universal de educación. Tema de debate que abordaremos más adelante.

Los debates que se abren (o se cierran)

De variado tinte y complejidad, se relacionan y se presentan de manera tal que nos obligan a  pensar la concepción del Estado que se esconde detrás de cada argumento. Independientemente de los discursos maniqueístas del oficialismo y la oposición, el debate por la Ley vuelve a poner sobre el tapete cuestiones centrales en relación a rol del Estado, las políticas educativas, las organizaciones sociales y la situación de la niñez y la adolescencia más postergada.

 ¿Quiénes son responsables de la educación de nuestros pibes y pibas? ¿Quiénes son responsables de su crecimiento y desarrollo, de una vida saludable y con afecto? ¿Quiénes están preparados/as para hacerlo? ¿Quién tiene la autoridad para decir quién puede hacerlo y quién no?

Las preguntas buscan interpelar(nos) y asumir el rol que nos compete a todos/as, obviamente con diferentes grados de responsabilidad.

Parte de la polémica se desató con relación a la preparación-formación que deben tener aquellas personas que trabajan en los jardines comunitarios. Las voces que se opusieron al reconocimiento de la tarea de las educadoras tienen diferentes argumentos, pero de alguna manera se vinculan:

«El Poder Ejecutivo había manifestado resistencias. El subsecretario de Educación, Néstor Ribet, explicó que “nos opusimos desde un principio. La Directora de Escuelas (Nora de Lucía) envió su disconformidad por escrito y advirtió sobre la inconveniencia de la ley. No estamos para nada de acuerdo en que personas sin título estén al frente de alumnos”.  (Clarín, 18/9/2014)

Muchas de las opiniones docentes que circularon por (los acalorados debates de) las redes sociales y los foros virtuales, fundamentaban la necesidad de reconocimiento de los años de formación de quiénes pudieron acceder a dicho derecho-privilegio. Dejando en total evidencia su disconformidad ante la posibilidad de que “militantes” o personas sin formación alguna  tuvieran el mismo estatus que ellos/as.

No quedan dudas, y todos coincidimos, en la necesidad de la formación y la preparación de los/as docentes, para fortalecer las bases de nuestro sistema educativo, brindando a nuestros niños y niñas la mayor cantidad de herramientas posibles que les permitan convertirse en sujetos y ciudadanos plenos de derechos.

Tampoco creemos que la formación se alcance de una vez y para siempre, sino que es un proceso constante, aun para los que ya tienen su título. De allí se desprende el legítimo reclamo de los/as trabajadores/as de la educación que luchan desde hace años por el reconocimiento de un mínimo salarial para un solo cargo y no por la suma de dos o mas, hasta cubrir las canasta familiar.  La gran cantidad de horas frente a un curso, para llegar a fin de mes, sin dudas atenta contra la posibilidad de seguir formándose con responsabilidad y dedicación. Así que, señor gobernador, si está tan preocupado por nuestra formación, tome nota.

Ahora bien, ¿sólo la formación en una carrera docente, la formación profesional en áreas como la psicología, la pedagogía, el trabajo social, garantizan educadores/as preparados/as para la crianza y el cuidado de nuestros pibes y pibas? ¿Son éstos/as los/as mejores? ¿Quién lo dice?

Parte del debate con relación a las diferentes formas de educar tiene que ver con diferentes concepciones acerca de cómo se produce el saber, la experticia, dónde está y donde no, el conocimiento. Y, obviamente, cuáles son las instituciones que legitiman el saber.

Además de los sentidos que buscan reconocer la importancia de las organizaciones territoriales en la década de los ’90, se busca también, valorar  los saberes construidos, producto de los años de trabajo y formación de las mujeres en los jardines comunitarios. Incluso  de algunas que poseen el título en cuestión, así como otras  que cuentan con años de estudio en carreras de grado, que no han finalizado. (Me pregunto qué pasaría si un investigador “recupera” esos saberes y los traduce en términos académicos, seguro serían valorados por el sistema… harina de otro costal).

Muchos de nosotros, sin haber aprobado una sola materia de pedagogía, nos paramos frente a un curso de alumnos teniendo sólo el 55% de nuestros estudios universitarios cursados, respetando el mínimo que exige la normativa provincial. Nadie se escandaliza por eso.

Los límites son difusos y las exigencias selectivas. Al parecer deberíamos exigirles también a nuestros funcionarios la acreditación necesaria que los habilite a desempeñar sus cargos, a pararse frente a los millones de bonaerenses. Pienso en una  Ministra de Educación como Nora de Lucía, abogada y escribana, con nula experiencia como docente  de escuela pública, o en el gobernador Daniel Scioli, motonauta formado en Marketing en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE); los ejemplos podrían seguir.

Pero está bien, eso  sí es política, a ellos no hay que exigirles nada. Esos cargos son elegidos libremente por el pueblo, en esta democracia en la que todos los ciudadanos tenemos igual derecho a ejercer cargos públicos, incluso una educadora popular de La Matanza (?)

Párrafo a parte merecería el debate sobre la escueta formación de los agentes policiales en la provincia, que al cabo de 3 o 4 meses están habilitados para portar un arma y decidir nada más ni nada menos que sobre nuestras vidas ¿Alguien lo cuestiona?

¿Quiénes se benefician?

Los jardines maternales son una experiencia que se desarrolló fundamentalmente en los distritos y las zonas más pobres del conurbano bonaerense, aunque existen más experiencias en el resto de la Provincia. Asisten a familias y principalmente  a madres, que deben delegar el cuidado de sus hijos/as para poder ir a trabajar, o simplemente para que sus hijos reciban la alimentación y los cuidados mínimos que por sus carencias no le pueden brindar.

Según la diputada Alicia Sánchez , “en el Conurbano hay unos 1.500 jardines y centros maternales comunitarios que atienden a 70 mil chicos de entre 45 días y 5 años” (Clarín, 17/09/2014).

Gran parte de la fundamentación que  pide el reconocimiento de esta tarea se basa en resaltar el rol que tuvieron las organizaciones territoriales post década del ’90, cuando el Estado neoliberal dejaba a gran parte de la población bajo la pobreza y la indigencia.

Es por ello que a veces resulta incomprensible la oposición desde los propios sectores del pueblo que también sufrieron el despojo de esas políticas, ¿no sería tarea de los y las de abajo avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, disputando recursos y consolidando un estado con políticas para la vida?

Lo comunitario debe pensarse como posibilidad de cristalizar en el Estado, políticas que a su vez  fortalezcan aún más la organización del pueblo y no en forma dicotómica. Incluso lo comunitario a veces se sigue pensando como si fuera lo mismo que la privatización o el desguace neoliberal del los ’90. Sobran experiencias que, surgidas de las entrañas y  las búsquedas del pueblo,  se convirtieron en políticas públicas o conquistas de derechos.  También debemos decir que las políticas estatales en los planos nacional y provincial, lejos han estado de fortalecer la organización popular.

¿Militás? ¿Trabajás?

La tarea que vienen llevando adelante muchas organizaciones desde hace años, se sostiene en el trabajo desinteresado de sus militantes.  No podemos hablar de “la militancia” como algo unívoco, y es en este punto cuando se vuelve imperante defender la práctica política como una de las más nobles  actividades que pueden desarrollar los hombres y mujeres que buscan soluciones colectivas a los problemas comunes.

Sin dudas, volviendo al  binomio K-antiK  y a los reduccionismos que desde allí se desprenden, es difícil mostrar en este escenario que la militancia no es sólo lo que hace La Cámpora, desprestigiada o sobreestimada,  según el canal que miremos.

El reconocimiento, en tanto trabajo, de lo que algunos/as consideran militancia, es un viejo debate en el seno de algunas organizaciones de carácter social y político. Incluso hoy en día muchas organizaciones con años de trabajo en niñez y adolescencia, se encuentran discutiendo esa cuestión, tratando de lograr un reconocimiento de las condiciones mínimas y los derechos a los que acceden algunos trabajadores y trabajadoras del resto de la economía formal: obra social, jubilación, etc.

Para finalizar, podemos decir que la actitud del sciolismo no nos sorprende: sabemos de primera mano la situación de nuestros pibes, el abandono y la persecución que sufren.

Mientras tanto las mujeres, madres y laburantes, los pibes y las pibas más pobres que aún no lograron ponerse de pie, seguirán esperando que les llegue el momento.

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