Nota principal: Trata, el infierno consentido
Desde que en 2008 se aprobó la ley de trata hasta septiembre de 2012, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró la liberación de más de 3.500 personas sometidas a explotación sexual o laboral. Pero no hay datos sobre sus posteriores destinos y en muchos casos, por situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad volvieron a manos de los proxenetas.
En la mayoría de las provincias faltan recursos específicos para dar cobertura a las víctimas o esto depende exclusivamente de organizaciones sociales. Ya en 2011, la abogada nigeriana Joy Ngozi Ezeilo, relatora de la ONU sobre trata, advirtió que en el país una de las principales limitaciones es la “falta de adecuados y suficientes albergues” para mujeres rescatadas de las redes. Sin ir más lejos, el vasto territorio bonaerense carecía de refugios específicos para estos fines y recién el 22 de diciembre pasado la Legislatura aprobó su creación a partir de un proyecto de la diputada Nancy Monzón (PRO).
La reciente reforma legislativa de la ley nacional de trata también recoge el guante y extiende la asistencia más allá de la condición de denunciante que la víctima pueda asumir en el proceso penal, así como prevé que “los decomisos aplicados en virtud de esta ley [tengan] como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas” (que será más que flaco si los fiscales siguen tan poco la pata económica de la trata).
