La Cámara de Diputados bonaerense reformó esta semana la ley provincial de Ejecución Penal, que regula aspectos de la privación de la libertad como atención sanitaria, alimentación, educación, comunicación, visitas, vestimenta, seguridad, resguardo de objetos personales, tiempo libre, ejercicio de la religión, trabajo, acceso a la información sobre la detención, asesoramiento legal y orientación para transitar el después de la cárcel, entre otras cuestiones. La modificación, que obtuvo la media sanción del Senado en abril último, estaba pendiente desde 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Provincia que ajustara su legislación en esta materia para acercarla al piso de derechos que marca la ley nacional de Ejecución Penal. La iniciativa convertida en ley fue del Ejecutivo provincial pero recogió aportes de distintos sectores compenetrados con la problemática carcelaria. La Pulseada se refirió al tema en mayo, con una entrevista sobre la historia y las características del proyecto de reforma, y las discusiones actuales en materia de ejecución de la pena en la provincia de Buenos Aires.
Cambió una ley que incide en la vida cotidiana de los presos
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