Con su petitorio vigente, la unión de asambleas barriales se concentra por novena vez este 2 de enero, desde las 19, en las puertas del palacio municipal de La Plata, para luego movilizarse hacia la Gobernación bonaerense.
En la marcha de esta tarde, las organizaciones de vecinos inundados y los familiares de víctimas fatales de la catástrofe social renovarán los reclamos que los reúnen desde el 2 de abril de 2013: “esclarecimiento del número de personas fallecidas, juzgamiento a los responsables, obras para evitar que se repita la inundación, un plan de contingencias, revisión del actual Código de Ordenamiento Urbano platense, subsidios y exenciones impositivas por al menos un año”.
“Porque la indiferencia es cómplice de la impunidad le pedimos a toda la comunidad que nos acompañe —plantean desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tolosa, que integra la unión de asambleas—. Hay mucho por reclamar”.
El 2 de abril de 2013, La Plata padeció la peor inundación de su historia. Por esos hechos existen causas judiciales abiertas en dos frentes. Por un lado, en el fuero en lo contencioso administrativo el equipo del juez Luis Federico Arias trabaja en una voluminosa causa de “habeas data” que concentra la investigación sobre errores e irregularidades en el registro y el cómputo de las víctimas fatales y encierra interrogantes sobre prácticas vinculadas al tratamiento de la muerte a partir del 2 de abril.
Por otro lado, en el fuero penal el fiscal Jorge Paolini tiene a su cargo el establecimiento de responsabilidades políticas por un supuesto estrago. Por el momento no hay en este ámbito funcionarios procesados y aquellos que concurrieron a testimoniar son los de menor rango: delegados comunales. A fin de año, Paolini libró oficios a la entonces presidenta del Concejo Deliberante, Valeria Amendolara, y al ministro de Infraestructura, Alejandro Gaspar Arlía.
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