Walsh, los papeles que faltan y los que sobran

El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py dictará esta semana una sentencia histórica a los represores imputados por el secuestro y el asesinato de Rodolfo Walsh, y por la desaparición de su cuerpo y parte de su obra. Las huellas ocultadas y las huellas administrativas que perviven como si nada.

Dónde está su cuerpo muerto, visto en el campo de concentración, no se reveló. Dónde están sus papeles, vistos en el mismo lugar luego de robados de la casa de San Vicente donde pasó sus últimos meses y escribió la Carta Abierta a la Junta Militar, más o menos. Patricia Walsh sostiene que en este juicio, “a través de relatos de sobrevivientes se los pudo ubicar saliendo de la ESMA y formando parte de la documentación que se mudara a la casa familiar de Jorge Radice, alias Ruger, uno de los acusados, ubicada en Zapiola y Jaramillo de la Ciudad de Buenos Aires”. Pero el tribunal no autorizó allanamientos para seguir esas pisadas.

Los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 1977 contra Rodolfo Walsh y “el grupo de la iglesia Santa Cruz” serán condenados pero se irán con sus secretos.

Las audiencias de esta parte de la megacausa ESMA conocida como “segundo tramo” se desarrollan desde fines de 2009 en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py. Se juzgan 86 delitos de lesa humanidad. Algunos imputados murieron, otros están prófugos y los hay también “incapaces” para la Justicia. Quedan éstos:

Alfredo Astiz (“Ángel Rubio”, “Cuervo”, “Gustavo Niño”, “Alberto Escudero”), Jorge Acosta (“Tigre”), Ricardo Cavallo (“Sérpico”), Jorge Radice (“Ruger”), Juan Carlos Rolón (“Juan”), Antonio Pernías (“Trueno”), Pablo García Velazco (“Dante”), Julio César Coronel (“Maco”), Adolfo Miguel Donda (“Gerónimo”), Raúl Enrique Scheller (“Mariano”), Juan Carlos Fotea (“Lobo”), Néstor Omar Savio (“Norberto”), Alberto Eduardo González (“Gato”), Oscar  Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Carlos Capdevilla (“Tomy”), Juan Antonio Azic (Piraña), Ernesto Frimón Weber ( “220”).

Sus defensas lo han hecho todo para dilatarla, pero la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº5 llegaría este miércoles.

La lectura del alegato de Myriam Bregman y Luis Bonomi, abogados de Patricia Walsh —hija de Rodolfo y cabeza de querella en el caso de su padre y otros— llevó dos días. En esas más de 200 carillas, pidieron un cambio de carátula, para que el crimen de Walsh se considerara, de acuerdo a datos aportados por testigos, homicidio además de la privación ilegal de la libertad que implica que cuerpo no haya aparecido. Y plantearon que el accionar de la patota conocida como Grupo de Tareas 3.3.2, que tenía base operativa en la Escuela de Mecánica de la Armada, se entienda como genocidio.

No fueron loquitos sueltos, no fueron errores, no fueron excesos, fue toda la institución —dijo sobre la Marina Bregman en su alegato—. Quedan miles de ellos en funciones”. Habló de una “Gran Operación masacre” y de un “plan sistemático de exterminio, un genocidio contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social para cambiar regresivamente al país, aumentar la explotación de la clase trabajadora y disciplinarla, a la vez que redoblaban las ataduras al imperialismo”.

El hilo conductor de ese alegato fue la Carta Abierta a la Junta Militar, que durante el juicio sonó más de una vez en la sala de audiencias.

Papeles que faltan

Estos integrantes de la Unidad de Tareas 3/3.2 realizaron el viernes 25 de marzo de 1977, entre las 14.30 y las 16, un operativo de gran magnitud en las inmediaciones de San Juan y Entre Ríos, para secuestrar a Rodolfo Walsh, interrogarlo bajo tortura y someterlo a condiciones inhumanas”, recordó Bregman. Armado, Walsh se defendió. Pero le dispararon y lo llevaron a la ESMA.

El sobreviviente Martín Grass lo ha contado así: “Me van arrastrando, empujando por las escaleras, en el momento en que empiezo a subir alcanzo a ver algo y veo pasar delante mío una camilla con el cuerpo desnudo en la parte de arriba, era Walsh, me parece ver disparos en el pecho, cierran la puerta de la enfermería, supongo que intentaron alguna reanimación”.

Mientras lo metían en el campo de tortura y exterminio, a Walsh le reventaron y esquilmaron la casa ubicada en Triunvirato (hoy Rodolfo Walsh) e Ituzaingó, San Vicente. Algunas cosas robadas allí fueron vistas por prisioneros en la ESMA.

Susana Ramus, otra sobreviviente, le contó a La Pulseada el año pasado: “Una noche, muy tarde, me llaman para que vaya al Altillo [donde estaba el “archivo”]. En uno de los escritorios había mucho material. Eran papeles manuscritos y escritos a máquina. Esto había venido de San Vicente. Eran del grupo de tareas 3.3.2 los que me lo entregaron. No pude leer bien de qué género era, pero creo que había de todo. Y eso se puso en tres o cuatro cajas de cartón. Era muy tarde. Me entregaron eso, que dijeron que era de Walsh, y me fui. Se veía que era importante y había que guardarlo.

También vio cosas de Walsh Martín Grass. Según una nota publicada en Página/12 en 2006, Grass le dijo a Lilia Ferreyra, viuda de Walsh, que en la ESMA había leído Juan se iba por el río, el último cuento escrito por Walsh, y “los documentos críticos sobre la política de Montoneros que escribió como aportes internos de la organización”. Entre otros escritos que habrían ido a parar a la ESMA Ferreyra recuerda “la carpeta con sus memorias, los borradores de los cuentos El 27, El aviador y la bomba, Ñancahuazú” y el último cuento, escrito “desglosando el material de la novela que ya había decidido no escribir” sobre “el argentino derrotado del siglo XIX, del último argentino antes de la grandes inmigraciones”.

De la casa de San Vicente “se robaron la obra literaria inédita de mi padre, que sigue desaparecida”, reafirma Patricia Walsh, y agrega que en este juicio “a través de relatos de sobrevivientes se la pudo ubicar saliendo de la ESMA y formando parte de la documentación que se mudara a la casa familiar de Jorge Radice, alias Ruger, uno de los acusados, ubicada en Zapiola y Jaramillo de la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, dice, “de testimonios surgió con claridad que toda la documentación que se encontraba en la ESMA fue microfilmada y se hicieron tres copias, una de las cuales estuvo destinada al Servicio de Inteligencia Naval, otra copia fue para el ya fallecido genocida ex almirante Emilio Eduardo Massera y otra para el genocida Jorge Acosta, alias “Tigre” Acosta. Mi abogada y yo pedimos, en una de las audiencias, allanamientos a la sede del SIN y a los domicilios de Acosta y familiares de Massera. Pero no fueron resueltos favorablemente por el tribunal”. Para denegar el allanamiento a esos lugares, donde podrían haberse encontrado los textos robados o huellas de ellos, el TOF utilizó argumentos formales.

Algunos creen que el cuerpo puede estar en el campo de deportes de la ESMA. En ese lugar que él desde ANCLA —la agencia que motorizó desde 1976 “para informar a los que informan”— había denunciado. También lo había denunciado el periódico Evita Montonera, como recordó la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, en su reciente testimonio en el juicio oral por una parte del “Circuito Camps” que lleva adelante el TOF 1 de La Plata.

Se buscaba a Walsh, a sus producciones, a los escribas de ANCLA. Una pormenorizada persecución previa —probada por documentos de distintos servicios de inteligencia de la “comunidad informativa” que ahora obran en la causa— los ayudó a meterlo en la ESMA, allí donde se ha llegado a picanear a un secuestrado con su hijo recién nacido sobre el pecho, como contó el sobreviviente Carlos Lordkipanidse.

Papeles que sobran

El ex comisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires Rubén Salas usurpó la casa de mi padre durante la última dictadura militar, tras su desaparición, y llevó allí a vivir a su madre, ya fallecida, y luego continuó viviendo allí su hermana, María Salas, hasta hoy —cuenta Patricia Walsh—. Rubén Salas es un hombre grande pero no anciano, está jubilado y ahora reside en el mismo pueblo, en una casa que no queda tan lejos de donde vive la hermana. Va a pescar los domingos a la laguna. Y allí se encuentran muchos vecinos. Algunos denunciaron en este juicio. Todos pescan en la laguna de San Vicente. María me dijo que no se irá de esa casa, que está a nombre de Freyre, porque lo que más le gusta del lugar es la tranquilidad absoluta el silencio, los pajaritos. Justamente, pensé al escuchar eso. La tranquilidad y el silencio”.

Patricia Serrano publicó en 2009 en una nota titulada El refugio de un tal Norberto Freyre, donde contaba que en el municipio de San Vicente, en la Agencia de Recaudación y en el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, Norberto Freyre —el seudónimo que Walsh inauguró en la época de Operación Masacre— figuraba como si debiera plata por esa casa de la que salió el 25 de marzo de 1977.

Por esta investigación, Serrano fue llamada a declarar en el juicio que está llegando a su fin. Su testimonio condujo a observar quiénes revistaban en la comisaría 2da de Almirante Brown en 1977. Por ejemplo, ¡Salas! (el que ocupó la vivienda comprada por Freyre) y a reconstruir quiénes participaron del operativo en la casa Freyre.

Hay otras huellas de Walsh-Freyre. En el Ministerio del Interior figura como si pudiera ir a tramitar su nuevo DNI. En el padrón electoral provisorio que la Justicia Electoral difundió para las elecciones primarias del 14 de agosto “podía votar” en la mesa 1304 de la Escuela de Educación Técnica Nº 6 de La Plata, ubicada en 1 Nº 1220, entre 57 y 58. Y en el padrón definitivo para hoy, de consulta en línea, también.

Hubo varias modificaciones interesantes en el marco legal electoral, como el fin de la división entre mesas femeninas y masculinas y el impedimento para que puedan ser precandidatos o candidatos los condenados o procesados “por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”. También la obligación de que en los casos pertinentes las planillas y el registro informatizado de electores aclaren “ausente por desaparición forzada”. Pero en el padrón on line todavía Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Miguel Ragone, Raymundo Gleyzer, Jorge Julio López y Luciano Arruga siguen “pudiendo votar”.

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