Vuelve al Congreso un proyecto para una nueva Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS

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Después de un año de trabajo colectivo, federal y aún frente a la pandemia de COVID19, desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH anunciaron que el proyecto de nueva ley nacional de respuesta integral al VIH, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las ITS volvió al Congreso de la Nación. Buscan que la legislación incorpore perspectiva de géneros y derechos humanos. 

Más de 30 organizaciones trabajaron en la propuesta y convocan el lunes 26 de octubre a las 13:00 hs. a la presentación de esta ley nacional tras un trabajo articulado de un año. Podrá verse por el canal de Youtube y el Facebook: Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH.

“Las personas que viven con VIH y con Hepatitis Virales en Argentina necesitamos una nueva ley que tenga perspectiva de géneros y de derechos humanos. Hoy en día, la ley de sida vigente (23.798) data de 1990, de hace más de 30 años, y tiene una perspectiva biomédica. Es por eso que las más de 30 redes y organizaciones en una enorme articulación federal y participativa, revisamos y actualizamos el proyecto de ley que incorpora los debates y demandas que tenemos hoy en día. No podemos pasar un día más sin acceso a derechos”, explicaron desde las organizaciones.

El proyecto se construyó de manera plural y participativa y eso se ve reflejado en los 17 diputados y diputadas de las distintas fuerzas políticas que acompañaron el proceso desde el Frente de Todos, la UCR, Coalición Cívica, Pro, Frente de Izquierda y los Trabajadores y el Partido Socialista.

Esta no es la primera vez que se presenta un proyecto de estas carcterísticas: en 2018 el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH ya había trabajado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones científicas y organismos provinciales, nacionales e internacionales, el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA pero esa iniciativa fue «cajoneada» en el Congreso y en diciembre de 2019 el perdió estado parlamentario. En 2016 había sucedido lo mismo, pese a contar con un dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud pública de la Cámara de Diputados.

 

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