Una figura legal complicada

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Si bien todos celebraron que la ley contemplara prestadores “sin fines de lucro” y les garantizara una proporción de las licencias, una preocupación de los medios alternativos o comunitarios durante el debate de 2009 fue que la figura legal utilizada no los representaba cabalmente. Los proyectos de comunicación popular son mucho más que “sin fines de lucro”: son medios “con fines de transformación social”. Con aquella definición laxa –advertían algunos- era factible que el espacio fuera reclamado por las fundaciones Noble o Telefónica, o por enormes estructuras cuasi empresarias como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Algo de eso ocurrió: en ese sector se inscribe Construir TV, “el primer canal digital de un sindicato”, perteneciente a la UOCRA que dirige el burócrata Gerardo Martínez, actualmente denunciado por haber cumplido funciones de inteligencia en el Batallón 601 durante la dictadura. Con su capacidad de lobby, Construir tiene espacio entre las señales de televisión digital sin haber participado de ningún concurso.

Por otra parte, el decreto reglamentario de la LSCA, lejos de arrimar la definición de los prestadores “sin fines de lucro” a las experiencias de comunicación comunitaria, incluyó en ese sector –al que se reserva un 33% de las licencias- a las micro y pequeñas empresas. “Obviamente son chiquitas, en relación a una mediana o a una gran empresa. Pero claramente no son medios comunitarios sin fines de lucro –objeta Natalia Vinelli-. Tendrían que tener un tratamiento en otro lugar. Nosotros, que veníamos peleando por un tratamiento específico y diferenciado dentro de los sin fines de lucro, no pudimos obtener esa reivindicación. Es decir que el lobby que los medios PYMES han realizado evidentemente fue muy fuerte. No es una cuestión menor y me preocupa. Ahí, el espíritu de la ley de medios está quedando bastante trunco”.

Actualmente, la mayoría de los medios alternativos en radio y televisión se mantienen en una situación de “alegalidad”, según define Vinelli. “Hay una promesa de no decomisar pero no tenemos ninguna garantía jurídica. Y hay una demora ostensible en la relación de concursos que puedan legalizar las experiencias de televisión que funcionan hace rato. Esto tiene que ver con una batalla que se perdió, que era hacer aparecer dentro de la ley la figura de medios alternativos, populares o comunitarios”.

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