Sobre las huellas del terror

111-ESMA
Foto Luis Ferraris

El mes pasado, junto a otros medios comunitarios y organizaciones sociales, La Pulseada recorrió las entrañas del mayor centro clandestino de detención de la última dictadura. La actividad fue organizada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, para contar por qué se opone a una “resignificación” de ese espacio del que lograron sobrevivir sólo 100 de 5.000 secuestrados.

 Por M. Laura D’Amico y M. Soledad Iparraguirre

“Siempre les decimos a los que vienen que no lo vean como un lugar donde un par de locos un día se volvieron más locos, salieron a secuestrar y nos traían acá a torturarnos y asesinar. Esto formó parte de un plan cuyo objetivo era destruir toda forma de organización de nuestro pueblo en base al terror para transformar política y económicamente el país. Fuera de ese contexto sería una película de terror y nada más”. Así, Enrique “Cachito” Fukman, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), invita a hacer el mismo recorrido que efectuó él a los 22 años, cuando lo “chuparon”, el 18 de noviembre de 1978.

Detrás de la reja de entrada principal, sobre la avenida del Libertador, en la ciudad de Buenos Aires, numerosos edificios se yerguen entre caminos asfaltados, césped y árboles. Decenas de ex detenidos, militantes, integrantes de organizaciones sociales y periodistas avanzamos primero hacia el edificio donde funcionaba el “Grupo de Tareas” (GT), en el Casino de Oficiales.

Sus cuatro emblemáticas columnas blancas simbolizan las 17 hectáreas que abarca la Esma, fundada en 1924, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear. Originariamente, el Casino de Oficiales era donde residían quienes daban clases en la Escuela. Subsisten todavía detalles acordes al rango de quienes usaban ese espacio: columnas revestidas en madera, escaleras de granito y el “Dorado”, un amplio salón con piso de parquet en el que, antes de que se convirtiera en el principal centro de inteligencia de la Marina, los uniformados celebraban casamientos y cumpleaños.

Éste era “el corazón del funcionamiento represivo del GT”, dice Carlos Lordkipanidse, “el Sueco”, que contextualiza: “Hubo más de 600 centros clandestinos de detención y éste no hubiese funcionado sin los otros 599”.

“Acá había una escalera que iba para el sótano, continuación de ésta que va para arriba y es por la cual nos bajaban a nosotros encapuchados y engrillados”, cuenta Fukman. Frente a la escalera había un ascensor que ya no está y detrás, una sala de proyecciones donde se enseñaban los métodos de tortura con filminas. “Todo oficial de la Armada participó alguna vez de un secuestro, sesión de tortura o vuelo de la muerte. No hay quien no lo haya hecho”, asegura.

En 1979, cuando las denuncias internacionales trajeron al país a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades militares modificaron el edificio para ocultar las marcas del horror. Taparon escaleras, quitaron ascensores, blanquearon paredes y trasladaron a los detenidos a una isla en el Tigre.

El Sótano

Una escalera que fue tapiada conducía al Sótano, donde se perpetraba el grueso de las torturas. También donde hacían trabajo esclavo muchos detenidos. Hoy es un salón extenso, sin divisiones, con piso de granito y paredes descascaradas. Por angostas ventanas se cuela la luz. El frío húmedo se siente apenas se ingresa por esa puerta por donde metieron a 5.000 secuestrados pora razones políticas. Algunos fueron sacados de la Esma adormecidos por inyecciones de Pentotal y arrojados al mar. Otros sobrevivieron, como los tres integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) que ahora guían el recorrido por lo que fue un campo de concentración.

“Esto fue cambiando según las épocas”, dice Fukman, e indica dónde estaban la ‘Huevera’       —una sala acondicionada acústicamente con cartones de huevos para que no se oyeran desde afuera los ruidos de la tortura—, el comedor, el laboratorio fotográfico, la sala de máquinas de impresión y la enfermería. Del otro lado había un baño y el área donde se falsificaban documentos. “Acá se llegaron a hacer más de 10.000 pasaportes”, calcula.

El Sueco trabajó durante su detención falsificando documentos y evoca el caso de Víctor Basterra, detenido junto a su esposa y su hija, María Eva, de dos meses de vida. Recuerda que mientras torturaban a Víctor, le dejan la beba a otra compañera, Bety Firpo. “Como Víctor no ‘cantaba’, el torturador entra al comedor y le dice a Bety: ‘Dame la nena’. Bety gira y pone el cuerpo entre el torturador y la nena. Fue tan natural la reacción que (Fernando) Peyón se quedó duro, no reaccionó y se fue. Y salvó de que torturaran a la nena. Porque lo que estos hijos de puta hacían era torturar a los chicos —cuenta con voz entrecortada—. Pero éste no fue sólo un sitio de tortura y muerte: también fue un lugar de resistencia —continúa quien se ganó su apodo por los largos años de exilio en Suecia que vinieron después—. Si te ponían a trabajar tenías posibilidad de sobrevivir”. Entonces generaban “puestos de trabajo” averiguando el oficio de algún compañero que estaba en “Capucha”: “Si era carpintero, rompíamos las sillas para que hiciera falta uno. Gracias a eso hoy ese compañero está vivo”, reconstruye.

Capucha y Capuchita

La escalera de granito por la que se asciende hasta el sector Capucha tiene los bordes de los escalones carcomidos por los golpes de los grilletes de los presos, que subían y bajaban varias veces al día. En el segundo piso dormían los oficiales. La Capucha estaba en el tercero, donde el frío es todavía más intenso. El techo es bajo y cae casi hasta el piso. Hay algunas ventanas y una luz lúgubre. Allí los secuestrados permanecían todo el día con la capucha puesta, engrillados y acostados en colchonetas, uno al lado del otro, divididos por tabiques de madera que ya no están. Un guardia armado vigilaba que nadie se sentara o se quitara la capucha. A él había que pedirle autorización para ir al baño.

Los guardias eran estudiantes del último año de la Escuela que recibían un extra por cumplir esa función. Eran cabos segundos y promediaban los 17 años de edad. Algunos les permitían a los detenidos quitarse la capucha, conversar y contar chistes. Otros —la mayoría—  los golpeaban, los obligaban a hacer gimnasia y violaban a las mujeres en una pequeña sala contigua.

“El desayuno era un vaso de mate cocido con un pedazo de pan. El almuerzo, pan con un pedazo de carne quemada por fuera y cruda por dentro, con un vaso de agua y una naranja. Merienda igual que el desayuno. Cena igual que el almuerzo. Siempre con la capucha. Nos sentábamos, comíamos por debajo de la capucha y después teníamos que volvernos a acostar. A la noche nos llevaban a bañarnos. Era el momento más esperado porque podíamos estar tres minutos sin capucha y porque sentir el agua era como decir que estábamos vivos”, dice Fukman.

Osvaldo Barros, detenido entre el 21 de agosto de 1979 y el 22 de febrero de 1980, cuenta: “El ruido del tránsito nos sirvió para orientarnos: se escuchaban los aviones, el tren, el tráfico, la cancha de River, y eso le permitió a uno ubicar dónde estaba”. Los oficiales dormían en el segundo piso, donde no llegaba el ruido de los grilletes golpeando contra los escalones y  los gritos de las torturas que se practicaban en los niveles de arriba y abajo.

Subiendo una escalera más está la Capuchita, un recinto más pequeño pero con el mismo sistema de colchonetas tabicadas, capucha y grilletes.

“Fue el peor lugar en el que estuve, porque habíamos quedado sólo seis compañeros y, como ya nos habían condenado, los guardias tenían piedra libre —agrega Fukman—. Cuando íbamos al baño aprovechaban para darnos. Terminamos tratando de no ir en todo el día, sólo para la ducha, así evitábamos más castigo”.

La Pecera

En el ala opuesta del tercer piso estaba la Pecera. Allí Osvaldo realizó resúmenes de las noticias de los diarios que luego eran distribuidos entre distintas oficinas de la Armada, el Canal 13 (que estaba bajo su órbita) o el ministerio de Relaciones Exteriores. “Yo tenía la sección política nacional —relata— y debía trascribir en una vieja Olivetti una síntesis y hacer un boletín, muy rápido. A las 5 de la mañana Cachito hacía fotocopias y las distribuía entre las principales dependencias controladas por la Marina. A veces venía (Luis) Abdala, que era el jefe del GT, a charlar para ver qué pasaba en el mundo. En esa época, julio de 1979, estaban en pleno desarrollo las revoluciones de Nicaragua y El Salvador y nos pedían opiniones. Además, acá se producían materiales para el proyecto político de (Emilio Eduardo) Massera y había una teletipo donde llegaban las noticias del mundo, como si fuera la Redacción de un diario”.

Muchos de los objetos que usaban para realizar el trabajo esclavo les habían sido sustraídos de sus domicilios al momento del secuestro: “En ese rincón había una biblioteca que entrabas y te quedabas deslumbrado. Tenía todos los libros que nos robaban de nuestras casas. Toda la biblioteca del mundo estaba puesta ahí”, recuerda Osvaldo.

Entre la Capucha y la Pecera hay un largo pasillo a cuyos lados se ubican habitaciones muy pequeñas y un baño. Dos de esos recintos servían de maternidad para las presas embarazadas en hora de parir. Son salas que no superan el metro y medio de ancho por dos de largo. Siguiendo por el pasillo hay dos baños. “Allí se producían las violaciones a las compañeras que estaban en Capucha por parte de los guardias —dice el Sueco—. Hubo dos tipos de violaciones: la de los oficiales, que bañaban, vestían lindas a las compañeras y las llevaban para fuera, y la de los guardias, en esos baños” (ver aparte).

Carlos explica que el baño quedó distinto tras las reformas del ‘79, con artefactos y divisiones de mármol: “Era un agujero inmundo, lleno de pis y cosas en el piso, completamente sucio, con una lamparita que apenas iluminaba, donde la ducha era un chorro de agua y había un piletón donde alguna vez nos dejaron lavar la ropa”. Y concluye: “Suficiente, bajemos, ya me quiero ir de acá”.

 

La memoria renga

A partir de un intento de “resignificación” del predio de la Esma propuesto por el Gobierno nacional, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) manifestó su rechazo a cualquier acción que desnaturalice o modique el sentido del lugar.

El proyecto oficial de “puesta museográfica” planea, entre otras cosas, la construcción de salas de exhibición, instalaciones artísticas y juegos de luces. Los recorridos grupales, con guías y abiertos al intercambio de ideas, tal como se hacen en la actualidad, se verían reducidos ante la posibilidad de visitas individuales, y los plasmas del salón. El Dorado del Casino de Oficiales tendrían proyecciones de 15 minutos con información sobre represores y desaparecidos. Además, la iniciativa contempla una instalación artística con piedras, fotos y agua, una especie de cascada, en un ambiente donde existen altos niveles de humedad: el sótano del Casino de Oficiales, donde se torturaba y se sometía a trabajo esclavo. Y para concluir los futuros recorridos una vez visitado el sótano, se proponen dos alternativas: ir a dar a un cubo de vidrio sin salida o egresar por la escalera por la que eran llevados los secuestrados hacia los vuelos de la muerte. Allí, un espacio vidriado tendría información sobre víctimas.

Desde la AEDD rechazan categóricamente que el mensaje final sea que no hay salida o que ésta es una desaparición. De ningún modo aceptan “que se instale en el mismo lugar físico a los genocidas y a los detenidos desaparecidos”. Y piden que se preserve a la Esma como testimonio material del genocidio y como prueba judicial. Cabe recordar que el Casino de Oficiales fue declarado monumento histórico nacional (decreto 1333/2008) y aún es objeto de inspecciones oculares como prueba en las causas por crímenes de lesa humanidad en trámite.

Carlos Lordkipanidse señala durante el recorrido en el centro clandestino: “La mayoría de la gente tiene un concepto de lo que es Auschwitz. Están los pabellones, los hornos, las oficinas. Cada lugar tiene una misión específica. Suponer que la Esma funcionó solamente en el Casino de Oficiales es negar la idea de un centro clandestino. Sin las otras 16 hectáreas, el campo de deportes, las quintas en zona norte o la isla del Tigre no hubiera sido posible que esto existiera. Hoy hay mucha publicidad oficialista en la Esma. Decir que los salvadores de la patria son fulano y mengano es un despropósito. Ojo con apropiarse de una bandera histórica de nuestro pueblo, que con su resistencia y memoria llevó a juicio a los genocidas”.

Cachito Fukman agrega: “No acordamos con ninguna modificación mobiliaria que altere la significación del espacio ni cambie recorridos. Queremos que se promueva el debate abierto, que todos sepan qué fue el Casino de Oficiales como centro de detención clandestino. No queremos monumentos ni ver los nombres de nuestros compañeros cristalizados en un vidrio. Queremos continuar con la posibilidad de relatar sus vidas, sus ideas, sus luchas”.

La AEDD presentó ante la Justicia dos pedidos de “no innovar” para detener las reformas del Casino que el Gobierno planea inaugurar el 24 de marzo de 2014. La Pulseada pidió reiteradamente acceder al texto de la propuesta museográfica, pero desde el Instituto Espacio Memoria prefirieron no difundirlo por ahora: “Está en proceso de elaboración y construcción de consensos con muchos de los actores involucrados”, respondieron.

 

Violadores todopoderosos, juzgados

Con un relato que se entrecorta, estremece e interrumpe, Fukman y Lordkipanidse recuerdan, mientras guían por la Capucha, las violaciones sufridas por detenidas en aquel infierno. “De los guardias, el que no te castigaba bien podía violar a una compañera. Eran todopoderosos”, dice Cachito, y trae una vez más a su memoria el caso de Nora Irene Wolfson: profesora de inglés, 27 años, militaba en el Peronismo de Base, desaparecida. “Cuando vino la CIDH nos llevaron a la isla del Tigre. Luego volvimos para la Esma y ella siguió siendo violada sistemáticamente por los guardias”, relata. En Capuchita las condiciones de cautiverio eran infinitamente más duras: las presas eran violadas  cada vez que pedían ir al baño.

El año pasado, Blanca González, sobreviviente, contó a la Justicia cómo los represores abusaron de ella y de otras detenidas. Por videoconferencia desde Suecia, donde vive desde el exilio del ‘83, dio testimonio de la brutalidad ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que lleva adelante la megacausa Esma: “Nos violaban cada vez que pedíamos ir al baño y a partir de eso decidimos no ir más. En Capuchita hacíamos nuestras necesidades en baldes. Un día, siempre con los grilletes puestos y encapuchada, fui violada por un guardia. Pedí que me llevaran al baño para higienizarme y entonces me volvieron a violar”.

Los delitos sexuales en el marco del genocidio recién están empezando a ser juzgados. En las audiencias que se realizan en Comodoro Py fueron incorporadas declaraciones de sobrevivientes sobre violaciones en la Esma. La abogada querellante del colectivo Justicia Ya! Liliana Alaniz señala a La Pulseada: “Hemos logrado incorporar a la causa los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad (es decir, no prescriben). Abusos y vejaciones fueron perpetrados en forma sistemática y configuraron una práctica tan extendida como el resto de los delitos (tortura, privación ilegítima de la libertad, etc.) investigados”. Juzgar de forma autónoma la violencia sexual representa un avance fundamental al admitir que formó parte del plan general.

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2 Comments

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  2. HIJOS LA PLATA

    viernes, 14 de marzo de 2014
    ANTE LA VISITA DE LA PRESIDENTA AL BIM 3,

    DESDE HIJOS LA PLATA DECIMOS…

    Antes que el festejo de inauguración de cualquier nuevo edificio público está la Memoria de hombres y mujeres ausentes por responsabilidad del Estado. La Memoria de los compañeros militantes revolucionarios de los ’70 y de todas las víctimas del Terror de Estado que lucharon por otro país diferente al de aquellas décadas, y mucho menos parecido al actual. La probable enumeración de logros edilicios en nuevas universidades nacionales que la presidenta quizás hará el miércoles 9 de abril en este predio lindante entre La Plata y Ensenada, no deja de parecernos una nueva afronta a la Memoria. En su última visita a la ciudad, donde hace falta Jorge Julio Lopez, se encargó de decir a sus acólitos reunidos en el Colegio Nacional que ahora gracias a la democracia “nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando”. En esta ocasión se nota la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, pero esta vez nos representa una oportunidad para señalar los crímenes impunes de uno de los centros operativos más grandes de los grupos de tareas de la Armada en la ciudad, que jugaron un rol central en la represión al combativo movimiento obrero de la ribera del Río de la Plata hace casi cuatro décadas. Lo ocurrido con el predio del Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM 3), ubicado en 122 y 52, límite entre La Plata y Ensenada, muestra un camino sembrado de desidias judiciales, abonado con las semillas de deficiente Nemosina, y madurada esta en jugosos negocios inmobiliarios del Estado.

    El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de denominado “Grupo de Tareas Nº 5”, desde el BIM3 y en conjunto con el Servico de Intelgencia Naval (SIN), el Hospital Naval y el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF.
    El BIM 3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
    En más de tres 38 años nunca se resguardaron las 9 hectáreas del predio como prueba judicial. La Marina se desprendió de los terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.
    Hoy el intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco, festeja la nueva sede universitaria como una supuesta victoria del necesario emprendimiento público por sobre la desmedida ambición privada. En realidad, desde julio de 2001 con HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
    En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
    En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
    En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, mientras Tauber declaraba: “hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra que fue inaugurada recientemente. Esto porque la obra en el BIM 3 siempre estuvo mucho más avanzada que la causa federal N°35 por los crímenes de la FT5 en nuestra ciudad, que durmió años su siesta impune en los tribunales platenses a cargo del siniestro juez Humberto Blanco, y que a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad no ha llegado a condenar a un solo marino por su accionar específico en el esquema represivo contra el activismo obrero en la zona.

    A comienzos de este marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
    Antonio Vañek, comandante de la FT5, Jorge Alberto Errecaborde, director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, comandane del Batallón, José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3, Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, Roberto Eduardo Fernando Guitian, los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza; serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por el Centro Clandestino que en estas horas visita Kristina alegremente.
    Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades” o “Placintara”, que desde noviembre del ’75 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se institucionalizó como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura. El “Placintara” que fiscales y jueces investigan sólo incluye los casos de unas 40 víctimas: 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
    Hay una memoria que no se construye con inauguraciones de edificios, sino que merece justicia. La Memoria de los compañeros Miguel Orlando Galvan Lahoz y Roberto Pampillo (asesinados por la Armada y la Policía Bonaerense en octubre del ’76 en 7 y 58), de Guillermo Di Bastiano (secuestrado el 13 de septiembre de 1977 y destinado al Batallón 3), de Jorge Guastapaglia (que compartió cautiverio con Di Bastiano), de Carlos García (levantado en abril de 1977 por ser delegado de la sucursal del Banco Comercial, alojado sin capucha en el BIM, torturado y perseguido porque su hermano Horacio era delegado del frigorífico Swift), de José Panettieri (profesor de Historia en las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y Periodismo, secuestrado en el BIM en noviembre del ’76 y previamente removido de sus cargos por la intervención de Guillermo Gallo en la UNLP por “factores de alto potencial de perturbación”), por la primera detención de José Luis Barla (que estuvo primero en el BIM 3 en marzo del ’76 y luego en “La Cacha” en agosto del mismo año), por Osvaldo Busetto (estudiante de Arquitectura en La Plata, secuestrado en Plaza San Martín, herido y operado en el Hospital Naval de Río Santiago, y luego desaparecido en el circuito Arana/Pozo de Quilmes/Pozo de Banfield), y por el caso de María Eliana Acosta Velasco (chilena, de 34 años, detenida en La Plata en setiembre de 1976 y recluída en el BIM 3 -caso integrante de las querellas por Plan Cóndor); y por tantos otros compañeros cuyos verdugos aún están impunes.
    Seguramente ninguno de estos nombres serán evocados por la presidenta en el acto del BIM 3 en 2014. Quizás la Sra Fernandez ni siquiera sepa el interesante dato de que según el testimonio de una ex enfermera del Hospital Naval Río Santiago, en Juicio por la Verdad en el ’99, se supo que las religiosas francesas Alice Dumont y Leonide Duquet habrían pasado por esa dependencia luego de ser secuestradas por la Armada. Marta Ayala, que se desempeñó en el Hospital Naval desde diciembre de 1976, relató que los empleados de ese lugar trabajaban bajo una intensa presión de sus superiores militares y civiles: «Nos instruían para que no habláramos de lo que hacíamos en el Hospital», dijo ante la Cámara Federal de La Plata. Y contó que en el Hospital, en esa época, había micrófonos ocultos y teléfonos intervenidos, y que al salir los empleados debían usar una contraseña: «Si no hacíamos esto, nos bajaban con un FAL. Había gente armada por todos lados. Cuando salían, a los oficiales les decían que tenían ‘canilla libre’, que significaba vaciar los cargadores». Ayala reveló que “había cabos y oficiales que decían que se quedaban con las prendas de los detenidos, como camperas y zapatillas», y que «todos sabíamos que en el primer piso estuvieron internadas las monjas, una enfermera me dijo que las vio”. Hasta contó que el almirante Emilio Massera visitaba el Hospital «a tomar mate», y que también el capitán Alfredo Astiz, condenado por la Justicia francesa por el asesinato de las monjas, estuvo en el Hospital en la época del conflicto por el canal de Beagle.
    Estos datos, como el resto de la información clave para hacer avanzar la instrucción de las causas contra los genocidas, no vienen ni vendrán nunca de la sistematización de las investigaciones de parte del Estado. Son fruto de la Memoria Popular que se resiste a ser ninguneada. Pero el Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares específicos por sobre el conjunto de las ex dependencias militares y policiales que desplegaron el Plan Sistemático de Represión, y a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.
    La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es central, no sólo porque gestiona el incompleto Archivo Nacional de la Memoria, sino porque según la ley es autoridad de aplicación de políticas que deben completar las investigaciones sobre los lugares que fueron Centros Clandestinos de Detención, debe actualizar su nómina, debe gestionar la cesión de los espacios, preservarlos, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.
    Ocurre que, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política de “la placa y la foto”. A marzo de 2014, la Secretaría informa triunfalmente que “ya suman 76 los lugares señalizados en todo el país por estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de investigar, promover las causas y preservar los espacios, sólo han señalizado el 13 % de los 600 CCD identificados por la CONADEP hace 28 años.
    Las nuevas facultades en el BIM 3 se comenzaron a construir antes de que se termine de investigar los crímenes de la Armada en La Plata, y ahora se inauguran cuando la causa fragmentada por esos hechos recién fue elevada juicio oral, a realizarse en no menos de 2 años. A 10 años de anuladas las leyes de impunidad, en La Plata tenemos 1 sólo marino genocida condenado, Juan Carlos Herzberg, este año también juzgado por su actuación en “La Cacha”. En todo el país son sólo 36los navegantes del Terror condenados. En el caso del BIM 3 todo el tiempo y el esfuerzo por prsrvar el predio parecen haber sido en vano, ante un Estado enceguecido en la sed inmobiliaria para obtener un nuevo coto de caza político, aunque se construya sobre las ruinas del recuerdo de los compañeros.

    Por eso decimos:
    – BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
    – JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
    – RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS.

    HIJOS La Plata.
    Abril de 2014.

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