Inundación, Ultimas Noticias|Junio 2013, 2

Cifras de la catástrofe: a dos meses, saldo negativo

Al menos 72 muertos; 8 causas judiciales; ningún funcionario imputado; más de 58.500 propiedades afectadas y de $2.600 millones en pérdidas materiales; 6 reclamos desde las asambleas barriales; e innumerables promesas. El balance muestra un saldo deudor hacia la sociedad. El Intendente está “tranquilo” .

Un balance de pérdidas, itinerarios judiciales y promesas ejecutivas le da rojo a un Estado que se reveló improvisado para actuar ante lo inédito el 2 de abril y sigue siendo ineficaz para hacerlo hoy. Por eso no se evapora en los barrios el recuerdo del extraordinario temporal que anegó media capital bonaerense. Las experiencias de gritos, incomunicación y muerte, las nubes de versiones disparatadas (hijas de una comunicación oficial desprolija ), la marca del agua en la pared y los deseos de obras y verdad se repiten entre vecinos tanto como las promesas, mientras se avecinan las elecciones.

8 causas, ninguna imputación

Cuando el agua empezó a bajar el 3 de abril comenzaron a llenarse casilleros en los fueros penal y contencioso administrativo del Departamento Judicial La Plata, y emergió una lucha de poderes y competencias donde se entreveraron lo político y lo burocrático para empantanar la búsqueda de la verdad. Con idas, vueltas y desplazamientos, hoy todo tramita en dos dependencias que buscan no superponerse.

Por un lado, desde la fiscalía de Delitos Complejos, Jorge Martín Paolini lleva adelante al menos 7 expedientes penales. Como parte acusadora, le corresponde investigar las responsabilidades por la tragedia. Una vez apartado de la investigación el primer fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta, todo lo penal ha quedado en manos de Paolini.

Por otro lado, en el juzgado en lo contencioso administrativo 1 de La Plata, a cargo de Luis Federico Arias (que recuperó injerencia tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia), tramita otra causa. Allí se indaga sobre eventuales irregularidades en la confección de certificados de defunción, manejo de cuerpos y procedimientos oficiales para el conteo de víctimas fatales.

En el fuero penal no hay ningún funcionario procesado. La figura en juego es el “estrago culposo” (artículo 189 del Código Penal), que establece: “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Si (…) pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte (…), el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”. Se trata de un delito excarcelable y nadie irá tras las rejas pese a que el máximo de la pena permite el encierro preventivo. Pero es criterio en la Cámara de Apelaciones (instancia de revisión de las causas) desestimar detenciones de procesados con penas de castigo que no superan los 8 años.

En su exposición en la comisión de Derechos Humanos del Senado a mediados de mayo, el fiscal Paolini había advertido que no quería “dejar ningún punto flaco en la investigación” pero que “los tiempos judiciales no son los de la política”. En este momento, el fiscal se aboca únicamente a los expedientes de inundaciones.

Bruera: “Estamos absolutamente tranquilos”

Consultado por esta revista sobre su situación judicial, el intendente Pablo Bruera dijo que por el momento no fue citado a comparecer ante la fiscalía. “Me parece que es muy previo todavía. Creo que lo que se está haciendo es juntar pruebas, trabajar sobre los fallecidos, no hay una lista final, me da la impresión… Supongo que en algún momento que me necesiten… estoy a 4 cuadras, así que…”, respondió el Intendente, y agregó que están “aportando todas las pruebas posibles desde el Municipio. Desde el primer momento hemos trabajado con la Justicia, somos colaboradores”.

“Estamos absolutamente tranquilos. Tengo absoluta tranquilidad de lo que hemos hecho —manifestó Bruera en diálogo con La Pulseada, y aseguró—: A mi criterio no hay posibilidades de entender esto como una situación donde el Estado pudo preverlo. Esto fue único. No hay manera… después se va a investigar, pero si me decís a mí… estoy totalmente tranquilo de cuál es el encuadre… en el medio se van a meter un montón de cosas pero no es que me incomode”.

Quien sí empezará a entrevistar a funcionarios —de menor rango— desde el 10 de junio es Arias, como adelantó esta revista. Declararán bajo juramento ante su juzgado directores del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Registro de las Personas, así como funcionarios policiales, médicos y familiares.

El “juicio y castigo” a los responsables es uno de los puntos centrales del petitorio consensuado por la unión de asambleas, que marcha este lunes por segunda vez (ver más adelante). Otro de los reclamos del petitorio de los autoconvocados es conocer qué ocurrió en YPF, algo que también se tradujo en una causa judicial, iniciada por el fiscal Marcelo Romero. Dicho expediente registra un solo movimiento procesal: la notificación al juez de Garantías y al defensor oficial de turno acerca de que la denuncia quedó radicada en la fiscalía 8, de Paolini. Aunque por el momento esa Investigación Penal Preparatoria no se encuentra anexada, vinculada, a los expedientes por “inundación”.

Senda judicial

Registro de las Personas, cementerios, escuelas y centros médicos de la región son algunos de los ámbitos donde han ido requiriendo datos, para reconstruir el circuito del 2 de abril en adelante, los distintos actores judiciales que han tenido intervención en la materia: el defensor Julián Axat (ahora fuera de la causa), el fiscal Paolini y el juez Arias.

Desde que asumió en la causa (primero en simultáneo a Condomí Alcorta y ahora solo), Paolini tomó declaraciones testimoniales a vecinos y a expertos en hidráulica, pidió información en dependencias oficiales y recorrió barrios para intentar chequear versiones sobre fallecimientos no oficializados y personas desaparecidas, así como posibles circuitos de cuerpos en otros distritos de la región.

Similares pasos procesales dio el juez Arias desde su fuero, adonde unos 100 testigos comenzarán a comparecer mientras el juez revisa casos oficializados escrutando “irregularidades” en determinados procedimientos —manejo de cuerpos en la vía pública y disposición final de ellos, principalmente—. “Hay mucha desprolijidad en los datos consignados en su momento”, le dijo a esta revista el magistrado, que busca no superponer sus líneas de trabajo con las de Paolini. El juez debe ocuparse de irregularidades (y por lo tanto, de la cantidad de víctimas fatales). El fiscal debe acusar por responsabilidades penales. A Arias le incumben las consecuencias; a Paolini, las causas

72 víctimas y muchas pistas

Fuentes judiciales oficiosas aseguran que la lista de víctimas fatales tiene 72 casos en este momento. Son 20 más que los admitidos por el gobierno provincial hace poco menos de dos meses, en la última conferencia de prensa, cuando se comunicó oficialmente el “cambio de etapa” y se cerró el comité de crisis. Aunque en esa ocasión se admitía por primera vez que había “37 fallecidos más”.

Los fallecimientos que están en lista por ahora como vinculados a la inundación van desde el 2 de abril hasta el 18 (los fallecimientos “tardíos” admitidos son los casos de Alejandro Nuccitelli  y Francisca Berta Ibarra).

Los núcleos de la trama inundaciones que viene reconstruyendo esta revista se mantienen: el criterio para considerar si una muerte está asociada directa o indirectamente al anegamiento; la competencia (quién se aboca a qué entre los actores judiciales: la semana que pasó, de hecho, Arias difundió un comunicado para separar las aguas entre su labor y la de Paolini); las presuntas irregularidades (cremaciones, pocas autopsias, actuaciones del primer fiscal y certificados dudosos, como admitió la semana pasada la Procuradora, María del Carmen Falbo); algunos casos puntuales: como el de los paraguayos ahogados en Villa Elvira y el de Josué Gonzalo Suárez Salazar (primero incluido en lista, luego aparentemente excluido y ahora reconsiderado).

Un hueco en Tolosa

11 y 530 II

Una especie de boca de tormenta nueva existe tras el temporal en 11 y 530, como muestra la foto.

Esa esquina, ese agujero —probablemente un pluvial en desuso cuya tapa se “voló” con el agua—, ya fue visitado al menos dos veces por personal de la fiscalía, bomberos y buzos tácticos, tras la pista de un testigo que habría visto allí el cuerpo de un nene, según pudo reconstruir La Pulseada en el territorio. La última visita de funcionarios fue el viernes pasado, por eso el agujero se encuentra tapado y con un precinto de seguridad.

Ningún vecino consultado en la zona confirma la versión, que se suma a varios otros testimonios firmados en sedes judiciales, ni oyó sobre niños perdidos en la zona. Pero algunos cuentan una y otra vez cómo vieron que insólitamente el agua se arremolinaba con furia por un hueco que no conocían. A toda velocidad y sin aparente explicación, botellas y tablas se dejaban tragar por ese agujero antes cubierto de césped donde antes jugaba el sobrino de Walter, cuentan él, su hermana y su madre en la puerta de la casa, frente al escenario ahora precintado. La noche de la tormenta tuvieron el agua al pecho y oyeron pedidos de auxilio a los gritos. En esa zona el agua creció hasta 1,50 m.; así lo denuncian las paredes de casas donde se perdieron muebles, bienes, dinero y, por supuesto, adultos que figuran en el listado oficial de víctimas fatales.

Walter y su familia hicieron innumerables reclamos al 0-800 municipal y terminaron por sentir que les estaban “tomando el pelo”. Así se lo dijeron a empleados del Municipio. Recién tras las visitas de los funcionarios judiciales se tapó el hueco. Al Municipio, dicen, lo siguen esperando.

Alberto, que vive sobre 11, pasó la peor noche refugiado en una estación de servicio cercana donde calcula que había unas 100 personas, contando familias con chicos. También señala que personas muy humildes fueron rescatadas “por dos camiones de Gendarmería en 32 y 120”, y que otros pasaron la noche en unidades de la línea TALP. Él perdió muebles, su sueldo en efectivo y toda la fe, cuenta entre mates, custodiado por su perro Facundo y una vecina amiga. Nadie los visitó del Municipio hasta una semana después, cuando les llevaron pañales para chicos y ropa, y hasta ahora en la zona no se hizo limpieza, asegura. Apunta en especial a varios autos que quedaron en la zona (enumera un R12, un Ford K y otros rodados) abandonados.

Enfrente de lo de Alberto, otro vecino mira hacia la esquina precintada y confirma el estado de situación: no vio cuerpos ni tiene precisiones sobre niños perdidos, se inundó por completo y no recibió ayuda municipal. Otro hueco.

Dos meses, dos marchas

Las asambleas vecinales autoconvocadas luego del 2 de abril se movilizarán por segunda vez para reiterar sus reclamos. Se concentrarán en la plaza Moreno este lunes, 3 de junio, a las 18, con la consigna “los mismos responsables, ninguna respuesta”. Tolosa, parque Castelli, barrio Norte y otras —son aproximadamente 20 los espacios vecinales nucleados desde abril— irán hasta la Gobernación “esperando que algo cambie”.

Desde la asamblea de Tolosa evalúan que “todo es un poco peor que antes del 2 y 3 de abril: vidas que ya no están… casas agrietadas, paredes ennegrecidas, puertas que no cierran, autos que no arrancan y el olor que sigue; respuestas que no llegan y reclamos que vuelven a la calle, buscando lo mismo que hace 1 mes, cuando presentábamos el petitorio unificado”.

Según difundieron desde Tolosa y parque Castelli, la unión de asambleas barriales sintetiza en estos seis puntos sus reclamos:

1.Esclarecimiento del número real de víctimas.

2.Juicio y castigo a los responsables políticos.

3.Subsidios y resarcimiento de bienes perdidos, suspensión por un año de impuestos y tasas para La Plata, Berisso y Ensenada

4.Inmediata ejecución de obras hidráulicas bajo control y participación de las asambleas.

5.Derogación del actual Código de Reordenamiento Urbano (COU) (ver “Promesas”).

6.Esclarecimiento de lo sucedido en la misma fecha en YPF.

Cuentas oficiales

Uno de cada cuatro inmuebles se vio directamente afectado por la tormenta y cada familia afectada necesitaría en promedio $78.000 para arreglar su vivienda y reponer los bienes que perdió. El 25% de los vecinos de La Plata sufrió directamente la catástrofe. El porcentaje supera el 55% de la población del partido si se contempla a quienes que perdieron un vehículo o sufrieron otro tipo de perjuicios.

$2.618 millones suman las pérdidas que causó el anegamiento.

58.582 propiedades afectó la lluvia, según un informe preliminar que realizó el Municipio. De ese total, 55.716 son viviendas y 2.846, comercios y cocheras.

$44.096.000 “fueron solicitados por comercios y Pymes”, informó el ministro de Producción bonaerense, Cristian Breitenstein.

1.244 locales comerciales, de un total de 3.423 relevados desde la cartera de Breitenstein (hasta el viernes 24 de mayo inclusive, puerta a puerta), han sido afectados por la inundación.

Quizá nunca se llegue a precisar cuánto se perdió en total, pero según el colectivo de abogados “De eso no se habla” deberían ser incluidas varias otras cuestiones al contabilizar y al indagar las responsabilidades penales y patrimoniales. Así lo plantearon en abril estos especialistas de la UNLP en un documento centrado en la difundida controversia por el conteo de las víctimas fatales pero que va mucho más allá.

 El Municipio se declaró en “emergencia económica”.

Promesas

“Todos los planes del Municipio van a ser revisados”, vamos a reconstruir la ciudad y “trabajar para que esto no pase nunca más”  (Bruera, el 10 de abril, al abrir las sesiones del Concejo Deliberante, y después en entrevista con este medio, en mayo).

“Diagramar la ciudad a la luz de lo que pasó”, según el “modelo Santa Fe”  y “preparar a la ciudad para duplicar la capacidad de recepción de agua” (Bruera ante La Pulseada).

Reformar el Código de Ordenamiento Urbano (una de las demandas de las asambleas barriales). “En este momento estamos presentando las modificaciones ante el Concejo Deliberante” (Bruera ante La Pulseada). No quedó claro si cambió de perspectiva o no con respecto al COU, que impulsó, pero lo reformaría. Tampoco si la propuesta de reforma del Departamento Ejecutivo es total o parcial; pero apuntaría sobre todo a “los puntos de absorción de agua” para “aminorar” efectos ante lluvias similares. A pesar de esto, el intendente señaló que “es de una gran ignorancia” apuntar a los efectos de esta ordenanza como causal de las inundaciones.

“Redefinir el mapa de riesgo” (Santiago Martorelli, jefe de Gabinete municipal, en su exposición ante la Comisión Especial del Concejo Deliberante)

“Estamos reformulando el protocolo de emergencia” (Bruera, entrevistado en Radio Provincia). Habrá “una nueva secretaría de prevención del riesgo”. “La Cruz Roja se va a quedar un año entero para hacer un plan de asistencia y prevención del riesgo”.

El Fondo (especial de reparación para familiares de víctimas) “se va a repartir por todas las víctimas oficiales”. El monto va a depender de lo que se recaude. “Vamos a hacer un depósito judicial con toda la plata que entre. Toda víctima oficial tiene derecho a ser reparada por lo menos con este fondo” (Bruera, en entrevista con este medio).

“Relocalizar a 700 familias que viven por el arroyo Del Gato. En el arroyo Maldonado y los del Norte se está haciendo un censo de cuánta gente está viviendo al lado del arroyo o por lo menos en la cuenta” (Bruera, ante este medio y ante otros). “De esa manera (con ayuda de Provincia y Nación) nos permitiría  desarrollar la obra del arroyo Del Gato para por lo menos duplicar la capacidad de absorción”. Ya consiguieron la ayuda, ahora están “diagramando los terrenos”.

“Vamos a hacer zona protegida cada uno de los arroyos” (Bruera, ante este medio y en el periódico oficial).

“Obras hidráulicas y viales estructurales; adecuación y limpieza de arroyos; sistema de reservorios y puentes; nuevo sistema de recolección de residuos (‘se aumentó en 3.019 cuadras y el barrido creció en un 50%’); adecuación ambiental y a nuevos parámetros climáticos; sistema de retardadores de pico de crecida (‘6 veces aumenta el escurrimiento’); readecuación de alcantarillas; un pequeño robot con cámaras para vigilar los conductos” (Poder Ejecutivo Municipal, en el periódico oficial distribuido en mayo y en entrevistas con La Pulseada y Provincia).

$2.000 millones gestionó de créditos el Intendente para “grandes obras” (a través de un endeudamiento de la Provincia): “ensanchamiento de los principales arroyos y construcción de nuevos conductos”.

4 obras por $43 millones se adjudicaron por licitación junto a la Provincia para “tareas que ya se iniciaron” (“readecuación y limpieza de arroyos que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos”).

Hay que hablar de un estrago, planteaban desde “De eso no se habla”, porque hace a la seguridad ciudadana y “porque urge exigir que el Estado provincial garantice a todas las víctimas y damnificados el derecho a la tutela judicial efectiva del interés afectado por el delito, y el derecho a la verdad”. Y agregan: “Sin dejar por ello de recordar que, como bien decía Edmond Locard, uno de los pioneros de la criminalística, ‘el tiempo que pasa es la verdad que huye’”.

 

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