Edición Impresa|29 Octubre, 2017

Protestar no es delito

Con la desaparición forzada de Santiago Maldonado como eje central, organizaciones de Derechos Humanos, gremiales y civiles alertan por la “criminalización de la protesta social” y respaldan un proyecto de ley para frenarla. ¿Profundización o continuidad del modelo represivo del Estado?

Por Matías Ortega

Escalada represiva. Ese fue el concepto que sobrevoló la presentación del proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social impulsado por organizaciones sociales, gremiales y de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados de la Nación.

La iniciativa fue presentada en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y el eje del debate estuvo signado por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tras la violenta represión en la Lof en resistencia Cushamen, Chubut, a manos de la Gendarmería. No podemos empezar este debate sin preguntarnos ¿dónde está?”, fueron las primeras de la presidente de la Comisión, Victoria Donda .

Si bien la protesta está reconocida en la Constitución Nacional el proyecto persigue el objetivo de “garantizar el derecho a la participación popular en la vía pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.

Lo más destacado del texto es que propone “la extinción de la pena o de la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social”. Dicha extinción no sólo comprende sanciones penales, sino también de tipo disciplinarias, administrativas o contravencionales. Asimismo se establece que “nadie podrá ser interrogado, investigado o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado” en la protesta.

A la hora de adentrarse en el debate del proyecto, Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA Autónoma, contextualizó la situación a nivel latinoamericano. “No es una cuestión exclusiva de la Argentina, sino que en toda la región estamos resistiendo contra el ajuste que nos quieren imponer”, dijo. “Protestar y reclamar es un derecho humano primordial porque lo que se hace es exigir derechos fundamentales: trabajo, comida, vivienda, salud”, añadió y rechazó el intento del gobierno nacional de reinstalar la teoría de los dos demonios o del “ algo habrán hecho” en el caso de Maldonado.

Durante la presentación, también tomaron la palabra distintos dirigentes que fueron víctimas de procesos de judicialización en el marco de protestas sociales. Fue el caso de Claudio Colque, de la Federación Azucarera Regional, quien relató la “persecución” que sufrió cuando su organización buscaba revertir despidos masivos en ingenios del norte argentino.

En representación de los organismos de Derechos Humanos, cerró la audiencia en la Cámara de Diputados, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien también reclamó por Santiago Maldonado. “Es como si fuera mi hijo, me lleva a 40 años atrás”, resumió.

En Argentina somos solidarios, tenemos jueces y fiscales que quieren hacer justicia y tenemos una juventud preciosa, como esos jóvenes que estuvieron bajo la lluvia todo el fin de semana para que liberen a los detenidos”, dijo, en relación a la respuesta solidaria frente al operativo que montó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de la manifestación del 1° de septiembre en reclamo por Maldonado. “Tenemos que contar con nosotros, nunca más compañeros desaparecidos, ni procesados, ni criminalizados”, cerró la referente de Madres Línea Fundadora.

Los números de la escalada

Entre enero de 2016 y marzo de 2017 se registraron un total de 186 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular. El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (51% del total) seguidas por la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (26%) y la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (23%). Estos datos surgen del relevamiento realizado por Liberpueblo y el Observatorio del Derecho Social de la CTA sobre las formas de respuesta estatal y de los empleadores a las acciones de protesta social.

Otro dato que llama la atención es que, si bien la distribución geográfica de estos hechos atravesó a todo el país, se destaca una mayor concentración en el Conurbano de Buenos Aires (26%) y en la Patagonia (25%), región atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el conflicto de tierras en manos de grandes terratenientes extranjeros.

A su vez, más de 100 de los casos relevados de represión se produjeron en el contexto de demandas laborales, seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda, que constituyeron 41 casos en el primer año de gobierno macrista. Las principales demandas de los hechos represivos estuvieron asociadas a mejoras en las condiciones de trabajo, despidos y demandas de puestos de trabajo (48%) seguidas por los reclamos de tierra y vivienda (24%).

La audiencia en la que CTA presentó el proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social

En menor medida se registró la utilización de la violencia estatal frente a reclamos por servicios públicos (tarifas, obras públicas), seguridad y crimen (gatillo fácil o mayor presencia policial) y asociados a cuestiones de género, como las detenciones arbitrarias luego de la marcha “Ni una menos” en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

En el período relevado por este informe se identificaron al menos 43 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 337 personas. Se trata de detenciones ocurridas principalmente en el marco de acciones de protesta social.  


Tomar las calles: una cronología

En su última publicación, titulada “El derecho a la protesta social en Argentina”, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -disponible en http://www.cels.org.ar/protestasocial/- traza una línea histórica de la protesta como núcleo central de la democracia. Considera que desde 1983 “la vuelta al espacio público está ligada al fin del estado dictatorial, a la lucha por los derechos humanos y a las reivindicaciones de los sectores populares”. En cuanto al ciclo de gobiernos kirchneristas, desde 2003 al 2015, el CELS entiende que “incorporó la cuestión del abordaje estatal de la protesta como un aspecto central de su agenda y, con decisiones muchas veces criticadas, sostuvo en general y a nivel federal una posición de intervención no violenta”.

El panorama que dibuja para la actualidad es más bien pesimista, en torno a una perspectiva restrictiva de la movilización social: “Están en discusión protocolos y normas muy regresivas en materia de persecución de manifestantes e intervención policial en protestas”.

Las prácticas policiales han abandonado algunas medidas que reflejaban amplios acuerdos sociales y políticos respecto de la necesidad de evitar la ocurrencia de muertes en protestas: en particular, en muchas situaciones recientes se ha ignorado la prohibición de que los policías porten armas de fuego en estos operativos”, sostiene la publicación del CELS.


“Hay una profundización de la represión”

La presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda (foto), adelantó que gestionaría que los legisladores que integran el cuerpo se reúnan formalmente en Esquel, Chubut, para reforzar el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado y solidarizarse con la causa mapuche en el territorio patagónico. Los intentó en la reunión del 19 de septiembre pero no consiguió quórum. Finalmente viajó ella con el mandato de los legisladores opositores “de colaborar en todo lo posible en la causa”. Al cierre de esta edición seguía insistiendo con sus colegas para que la Comisión se instale en la Patagonia.

En diálogo con La Pulseada, Donda consideró que actualmente “hay una profundización de la criminalización de la protesta en respuesta a la movilización social de rechazo a las políticas de hambre”. No obstante, dijo que se trata de “una herramienta que han utilizado todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia hasta ahora”.

Argentina ha sido condenada en el año 2011 por la desaparición forzada de Iván Torres . No es que la desaparición forzada es un fenómeno de este gobierno. Tiene una línea de continuidad, que es el accionar de las fuerzas de seguridad, hacia ahí hay que enfocar las políticas públicas”, recordó la diputada.

En tanto, a 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, recordó que se está avanzando en un proyecto de la ex diputada de izquierda Myriam Bregman que busca “abrir los archivos para que puedan ser conocidos por los familiares, los querellantes, todos los interesados en el caso”. El texto prevé que el Poder Ejecutivo disponga la apertura de los archivos que están en manos de fuerzas de seguridad estatales como la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, así como cualquier información que pueda conservar las Fuerzas Armadas.

“Buscamos el apoyo de todos aquellos partidos que hablaron de la importancia de conseguir justicia para todos los desaparecidos. La impunidad depende de que la sociedad se olvide y muchos y muchas estamos comprometidos en que eso no suceda”, dijo.

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