Porqué hablar de comunicación criminalizada

En el segundo cuaderno de formación y acción colectiva del CIAJ, cuyo eje es el derecho a la protesta, se incluyó un resumen parcial de ataques, ahogo y censura a medios populares y comunitarios en la Argentina de Mauricio Macri

Por Pablo Antonini

Dos situaciones entre muchas otras se toman como muestra para hablar de “criminalización y desfinanciamiento de medios comunitarios” en el cuaderno sobre “Derecho a la Protesta” presentado por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) en marzo en La Plata. Una es el incumplimiento del fomento a medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, a pesar de que no fue alcanzado por los decretazos que descuartizaron la norma en otros aspectos. El otro es el avance de un juicio penal contra la señal comunitaria Antena Negra TV, cuya señal es disputada por la empresa de seguridad privada PROSEGUR.

Estos dos casos son apenas la punta de un iceberg cuya dimensión sigue siendo difícil de percibir, tanto por la ausencia de estadísticas o relevamientos nacionales desarrollados por organismos públicos, como por el inocultable sesgo de los publicados por entes privados. Un ejemplo es la Fundación Led, encabezada por la actual directora del Enacom Silvana Giudici, una de las más estridentes espadas legislativas contra la ley 26.522. La Fundación en su informe “Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión en Argentina 2016” dedica grandes párrafos a hechos muy difundidos -y claramente repudiables- como la agresión al periodista Miguel Wiñazki en La Plata o los insultos recibidos por la movilera Mercedes Ninci, del mismo Grupo, pero no ocupa ni una línea a ninguno de los hechos que aquí se reseñan.

La lista que sigue es producto de información y relevamientos realizados por las mismas redes de medios populares. Es una muestra incompleta,  pero alcanza para percibir la magnitud de la situación que sufren los medios comunitarios en todo el país, y por qué es correcto hablar de “criminalización” como parte de una lógica y política sistémica actual,  y no sólo de simples “ataques” aislados al derecho a la comunicación de las personas, comunidades y organizaciones que por estos medios se expresan.

Clausuras y cierres de radios

En los primeros cinco años de vigencia de la ley 26.522 no se concretó el Plan Técnico que debía darse en un año. Tampoco los concursos y adjudicaciones de licencias ausentes sobre todo en las zonas urbanas -denominadas en la jerga técnica como “de conflicto”-. Esto hace que la inmensa mayoría de los medios comunitarios y privados de las ciudades medianas y grandes continúen con permisos provisorios o no tengan ni siquiera eso, lo que los vuelve particularmente vulnerables. Más aún desde la sanción de la resolución 9435/16 publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2016 que, con el argumento de reglamentar o “protocolizar” la actuación frente a interferencias, habilita la declaración “de ilegalidad, la clausura, decomiso o secuestro de toda fuente de interferencias, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del Poder Judicial y la Fuerza Pública en caso que así corresponda”. Una puerta abierta a abusos y zonas grises que permiten la irrupción y desconexión de equipos sin aviso previo.

FM Ocupas de Moreno es gestionada por una asociación barrial que trabaja problemáticas de discapacidad. En febrero irrumpió personal de Enacom en su sede y les desconectó los equipos mientras se emitía un programa. Antes pasó con FM Sol y Verde de José C. Paz. También fueron allanadas FM Milenium, FM Popular y FM La Torre en Formosa durante una serie de procedimientos realizados entre fines de febrero y principios de marzo por una camioneta de Enacom acompañada por Gendarmería, con el secuestro de equipos en los dos últimos casos.

Los radiodifusores se defendieron en un comunicado argumentando con inapelable lógica que “colocarnos en situación de radios ilegales en realidad demuestra la mora y la deuda que el Estado Nacional tiene con los radiodifusores por no regularizar el espacio radioeléctrico (…) por lo que no se puede cargar en cabeza de las FM la desidia del propio Estado”.

No siempre estos hechos son planificados y ejecutados desde un poder central. El contexto también envalentona, habilita y legitima a actores y poderes locales para perpetrar ataques que en otro momento tal vez no se darían. Es el caso de la FM Atilra de General Rodríguez, donde la clausura fue realizada por el propio municipio.

Prohibido el aire gratuito

Encuentro en TV (EnTV) de Viedma, Río Negro, es el primer y único canal comunitario de aire, y por lo tanto gratuito, de la zona. Está gestionado por la Fundación Alternativa en Comunicación Social que también lleva adelante la histórica FM Encuentro desde hace 27 años. Cuando en 2015 se abrieron los concursos para licencias de canales comunitarios EnTV se presentó, pero el trámite permanece sin resolverse y así el Estado le niega al canal su posibilidad de plena legalización en los términos que el propio Estado exige.

En abril de 2016, EnTV tuvo que dejar de salir al aire por una denuncia del operador de cable Supercanal (Grupo Uno – Vila/Manzano) que alega interferencias a su servicio de televisión paga. El canal comunitario respondió que le corresponde al Grupo poner los filtros adecuados para evitarla, y que no lo habían necesitado antes por la inexistencia de canales de aire locales. El Enacom no hizo lugar al argumento, ni avanza con la consustanciación del concurso. Un mes después, en mayo, la Defensoría del Público emitió una resolución a favor de EnTV, que también fue ignorada por el Enacom. EnTV continúa fuera del aire transmitiendo producciones sólo por internet.

Y la lista sigue (ver recuadro) en un contexto de ofensiva ideológica y cultural conservadora en el que el ataque sistemático a los medios populares no es casual, ni tangencial, ni improvisado: apunta al corazón de los insumos y recursos necesarios para dar esa batalla.  /// LP

 

Más perlas negras del mismo collar

Tal vez porque sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires y -sobre todo- por contar con lazos solidarios consolidados con organizaciones políticas y sociales y capacidad de difusión en redes y circuitos alternativos lograron cierta trascendencia los ataques violentos sufridos por medios emblemáticos como Resumen Latinoamericano y la cooperativa Por más Tiempo que edita el diario Tiempo Argentino recuperado por sus trabajadores, así como Radio América y otros jirones del vaciado ex emporio de Spolski-Garfunkel.

Menos conocidos son los ataques sufridos por medios comunitarios en otras localidades del país que se relevaron entre las radios asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) como los que aquí se mencionan:

FM La Correntada de San Pedro, provincia de Buenos Aires

Es una emisora popular gestionada por la Cooperativa de Consumo y Trabajo Las Canaletas (de conocida trayectoria en la región desde 1963). Tras un primer año sin sobresaltos, desde que asumió la gestión de Cambiemos en el Municipio contabilizan ya cinco ataques violentos en el último año con robos y destrozos en su sede.

FM Pocahullo de San Martín de los Andes

Esta emisora intercultural histórica de la región sufrió el robo de computadoras y otros equipos. “Reventaron la puerta a patadas, pusieron una escalera, forzaron la ventana, hicieron toda una ingeniería para entrar”, describieron. En el lugar también funciona un Centro de Formación Profesional gestionado por la radio y actividades de varias organizaciones.

Una bala 9 mm en la puerta de Radio Futura de La Plata.

En julio de 2016, manos anónimas depositaron una bala 9 mm en la puerta de esta radio pionera de la capital bonaerense, con casi 30 años de historia caracterizada por una fuerte agenda de Derechos Humanos, cobertura de los juicios a los genocidas y críticas a las políticas “manoduristas” y represivas. El proyectil fue dejado “en el borde de nuestra ventana de entrada, a la vista de todxs”, según detalló el equipo de la radio en un comunicado, en el que también se dirigieron a los perpetradores de la amenaza: “Gracias: la retiramos del mundo que podría usarla. Una bala menos, es una bala menos”.

FM Nexo de Villa Allende, Córdoba

En abril de 2016 la radio recibió un sobre anónimo por correo postal con fotocopias de textos con varios pasajes donde se reivindicaba la “Teoría de los dos Demonios” subrayados con resaltador. El hecho se sumó a una serie de episodios e intimidaciones similares sufridos por otros medios y comunicadores/as de la misma localidad.

FM La Ronda de Colonia Caroya, Córdoba

En mayo de 2016 el presidente Mauricio Macri visitó la localidad de Jesús María por el Tradicional Festival de Doma y Folclore y ofreció una conferencia de prensa en la Sociedad Rural. A la FM comunitaria La Ronda, que todos los años realiza una activa cobertura de este Festival, se le prohibió la entrada pese a que el periodista tenía la invitación de la comisión organizadora. La misma situación se había dado en enero, cuando a “La Ronda” se le impidió participar de una conferencia de prensa con la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.

FM La Posta de Pergamino, provincia de Buenos Aires

En agosto de 2016, José “Pepe” Zamora fue interceptado por un grupo de policías al salir de la radio. Sin argumento, lo intimidaron, revisaron sus pertenencias y, al constatar que llevaba material de una agrupación política, le advirtieron: “Tené cuidado con lo que hacés”. Dos meses y medio después inspectores municipales acompañados por efectivos de la bonaerense llegaron a la emisora con el argumento de “desbaratar una fiesta clandestina” que se habría “denunciado” en el lugar, pese a que en la radio no había ninguna clase de evento, solamente dos conductores de un programa con una invitada al aire y el operador. Fabián Ortiz, uno de los responsables de la FM afirma que en Pergamino “varios hechos de este tipo se van repitiendo, donde hay abuso de la fuerza pública”.

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