Saturación policial y demagogia punitiva

Nota principal: Ciudad uniformada

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Foto: Gabriela Hernández

En todos estos años el sciolismo se caracterizó por pensar la seguridad con la tapa de los diarios, tratando de barrenar cada nueva ola propalada por las campañas mediáticas que actualizan el pánico moral. Esta nueva agencia, apadrinada por los intendentes, financiada por la Provincia y gestionada por la Bonaerense, es una Policía que le agregará mayor confusión a la gestión de la seguridad. Hoy confluyen en el territorio múltiples policías con la misma misión: la prevención. Al patrullamiento de las comisarías se le sumó el organizado por la Departamental, luego reforzado con el de los CPC (Comandos de Patrulla Comunitaria), y ahora el de la Policía Local. Eso no es todo: están las Patrullas Municipales —esa fuerza de choque sin marco regulatorio y exenta de rendir cuentas que cada intendente fue organizando— y los refuerzos que los intendentes negocian con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Si la prevención es el nuevo fetiche de los funcionarios, los operativos de saturación constituyen la respuesta de rigor. Nos hemos acostumbrado a que en cada coyuntura electoral o frente a cada escándalo político motivado por algún evento espectacular, de gran repercusión mediática, las calles se abarroten de policías.

Esa es una de las líneas duras que definen al paradigma de la Tolerancia Cero, cuyo objetivo principal no son las acciones individuales ilegales sino los colectivos de personas referenciados como peligrosos. Teóricamente, las policías de visibilidad ya no están para perseguir el delito sino para prevenirlo. Y prevenir significa demorarse en aquellas pequeñas incivilidades que si bien no constituyen un delito estarían creando las condiciones para que éste tenga lugar. En la práctica, el objeto central del patrullamiento es el miedo al delito. Los funcionarios saben que, cuando no saben, no pueden o no quieren hacer retroceder el delito, pueden esconderlo debajo de la alfombra; es decir, ocultarlo mediante el retroceso de la sensación de inseguridad. Se sabe, la gente se sentirá más tranquila si en la esquina de su casa hay un policía o cada 15 minutos pasa un patrullero; pero el emplazamiento ostentoso de más agentes en un determinado territorio difícilmente pueda hacer retroceder el delito callejero. En todo caso contribuirá a mudarlo de zona, porque difícilmente los “ladrones” vayan a inmolarse en las que confluyen todas las fuerzas policiales.

Por otro lado, destacamos la tendencia a superponer las policías locales en zonas que ya de por sí se encuentran sobreaseguradas, es decir, en barrios (del centro o determinados corredores o circuitos turísticos o comerciales) donde, además de la clásica Bonaerense existen efectivos contratados por agencias de seguridad privada y cuentan con sistemas de monitoreo municipal. Mientras los barrios pobres, donde más afecta el delito predatorio —prácticas violentas para distribuir la pobreza—, quedan desprotegidos. En definitiva, la seguridad sigue siendo la vidriera de la política. La pasarela favorita donde desfilan los candidatos prometiendo más policías, más penas y más cárceles a cambio de votos.

Esteban Rodríguez Alzueta. Docente e investigador de la UNQ. Autor de Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno. Miembro del CIA

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