Pena máxima

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a la Corte de esa instancia el caso de los cinco chicos argentinos condenados a cadena perpetua a fines de los ‘90. Llevan 15 años presos en el único país latinoamericano que tiene a menores de edad condenados a la pena máxima. El tema estuvo presente en La Pulseada Radio.

“Al pibe chorro hay que darle posibilidades, no como dicen muchos: ¡Hay que matarlos a todos!”, decía el cura Carlos Cajade. “Tengo homicidio en ocasión de robo cuando tenía 16 años. Algunos no tienen un futuro, los padres no pueden ocuparse y cuando se hacen como son se encargan de encerrarlos y tirar la llave”, dice un pibe hablando de sí mismo. “Si fuesen nuestros hijos los que estuviesen ahí necesitaríamos la comprensión de un país que se piense con infancia, adolescencia, juventud, guardapolvo, pan y trabajo”, cerraba el “separador radiofónico” Carlos Cajade para dar paso a la entrevista, una noche de julio, en La Pulseada Radio.
La Comisión Interamericana de DD. HH. elevó a la Corte Interamericana (CIDH) el caso de los cinco chicos argentinos condenados a cadena perpetua. Se trata de pibes con nombre y apellido, que cometieron delitos y lo están pagando más caro que si fuesen adultos. Son César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Ricardo David Videla Fernández, Saúl Cristian Roldán Cajal y Claudio David Núñez.
Facundo Hernández, miembro del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia -una coalición nacional de organizaciones no gubernamentales de incidencia en políticas públicas de infancia y adolescencia- dio detalles de estos casos en el único país latinoamericano que tiene a menores de edad condenados a la pena máxima.
-¿Cómo se iniciaron las causas?
-Los delitos por los que estos chicos fueron condenados sucedieron en 1996 pero la condena fue en 2001-2002, la época de “meter bala a los delincuentes” de Carlos Ruckauf, la mano dura. Estos chicos fueron condenados a los 16 años, pero previamente transitaron por todas las instituciones de menores. El Estado no hizo nada por ellos entonces y estuvieron cada vez peor. Los casos quedaron firmes en 2002. La Corte Suprema del menemismo no los trató y la que era la Defensora ante la Corte Suprema de Justicia -y hoy es Asesora General de la Nación- Stella Maris Martínez, los presentó a la Comisión Interamericana… Si bien los hechos que cometieron estos chicos fueron muy graves, y tienen que cumplir una pena, se debería contemplar la excarcelación… Lo dice la Convención de los Derechos del Niño en su Art. 37: “no se impondrá pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación” a menores de 18 años.  Pero lo que existe en Argentina es la libertad condicional para los chicos, que no es lo mismo que la excarcelación. Porque la condicional depende del buen comportamiento en la cárcel que evalúa el Servicio Penitenciario y los informes de un guardia cárcel…
-Son relativos…
-Por ejemplo, Ricardo David Videla. La historia oficial dice que se suicidó en la cárcel de Mendoza, también denunciada en la Comisión Interamericana, una de las peores cárceles del país porque las condiciones en que murió ese chico son confusas.
-¿Cómo puede pagar el Estado por condenar a chicos que cometieron delitos como si fuesen adultos?
-El caso ingresa a la CIDH y estipula algunas recomendaciones al Estado: que se presente un recurso de revisión que puede tardar más de un año porque es un nuevo juicio que se debe hacer; que sancione un nuevo régimen penal juvenil, una adecuación legislativa. El que está actualmente vigente es vergonzoso porque alguien menor de 16 años puede ser privado de su libertad y hasta un fallo de la Corte Suprema Argentina lo condena. Y por último avanzar en indemnizaciones a las familias de los menores por las condiciones de detención: en diciembre de 2007, Claudio Núñez y Lucas Mendoza fueron salvajemente agredidos en prisión. La CIDH debería expedirse en un plazo de tres a seis meses.
-¿Se han elevado otros casos a la Corte Suprema posteriores a estos?
-La Corte Suprema menemista ni trató estos casos y quedaron firmes. En 2005 la Corte actual trató el caso Maldonado donde dice que se deberá evitar la prisión perpetua y aplicar la misma pena que a un adulto, pero lo que no dice es que estas penas son inconstitucionales. Creemos que la Corte en materia de niñez fue conservadora. En el caso de estos cinco chicos, llevan 15 años presos. El peor proyecto de ley penal en el país preveía una pena máxima de 12 años. El Senado dio media sanción a un proyecto que contempla 7 años de prisión a los menores… Ellos llevan 15. La peor ley es que no existe una.  Como colectivo (www.colectivoinfancia.org.ar) presentamos un pedido de conmutación de pena para que recuperen en forma inmediata la libertad y en pedimos que todos adhieran a ese reclamo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a la Corte de esa instancia el caso de los cinco chicos argentinos condenados a cadena perpetua a fines de los ‘90. Llevan 15 años presos en el único país latinoamericano que tiene a menores de edad condenados a la pena máxima. El tema estuvo presente en La Pulseada Radio.

“Al pibe chorro hay que darle posibilidades, no como dicen muchos: ¡Hay que matarlos a todos!”, decía el cura Carlos Cajade. “Tengo homicidio en ocasión de robo cuando tenía 16 años. Algunos no tienen un futuro, los padres no pueden ocuparse y cuando se hacen como son se encargan de encerrarlos y tirar la llave”, dice un pibe hablando de sí mismo. “Si fuesen nuestros hijos los que estuviesen ahí necesitaríamos la comprensión de un país que se piense con infancia, adolescencia, juventud, guardapolvo, pan y trabajo”, cerraba el “separador radiofónico” Carlos Cajade para dar paso a la entrevista, una noche de julio, en La Pulseada Radio.
La Comisión Interamericana de DD. HH. elevó a la Corte Interamericana (CIDH) el caso de los cinco chicos argentinos condenados a cadena perpetua. Se trata de pibes con nombre y apellido, que cometieron delitos y lo están pagando más caro que si fuesen adultos. Son César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Ricardo David Videla Fernández, Saúl Cristian Roldán Cajal y Claudio David Núñez.
Facundo Hernández, miembro del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia -una coalición nacional de organizaciones no gubernamentales de incidencia en políticas públicas de infancia y adolescencia- dio detalles de estos casos en el único país latinoamericano que tiene a menores de edad condenados a la pena máxima.
-¿Cómo se iniciaron las causas?
-Los delitos por los que estos chicos fueron condenados sucedieron en 1996 pero la condena fue en 2001-2002, la época de “meter bala a los delincuentes” de Carlos Ruckauf, la mano dura. Estos chicos fueron condenados a los 16 años, pero previamente transitaron por todas las instituciones de menores. El Estado no hizo nada por ellos entonces y estuvieron cada vez peor. Los casos quedaron firmes en 2002. La Corte Suprema del menemismo no los trató y la que era la Defensora ante la Corte Suprema de Justicia -y hoy es Asesora General de la Nación- Stella Maris Martínez, los presentó a la Comisión Interamericana… Si bien los hechos que cometieron estos chicos fueron muy graves, y tienen que cumplir una pena, se debería contemplar la excarcelación… Lo dice la Convención de los Derechos del Niño en su Art. 37: “no se impondrá pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación” a menores de 18 años. Pero lo que existe en Argentina es la libertad condicional para los chicos, que no es lo mismo que la excarcelación. Porque la condicional depende del buen comportamiento en la cárcel que evalúa el Servicio Penitenciario y los informes de un guardia cárcel…
-Son relativos…
-Por ejemplo, Ricardo David Videla. La historia oficial dice que se suicidó en la cárcel de Mendoza, también denunciada en la Comisión Interamericana, una de las peores cárceles del país porque las condiciones en que murió ese chico son confusas.
-¿Cómo puede pagar el Estado por condenar a chicos que cometieron delitos como si fuesen adultos?
-El caso ingresa a la CIDH y estipula algunas recomendaciones al Estado: que se presente un recurso de revisión que puede tardar más de un año porque es un nuevo juicio que se debe hacer; que sancione un nuevo régimen penal juvenil, una adecuación legislativa. El que está actualmente vigente es vergonzoso porque alguien menor de 16 años puede ser privado de su libertad y hasta un fallo de la Corte Suprema Argentina lo condena. Y por último avanzar en indemnizaciones a las familias de los menores por las condiciones de detención: en diciembre de 2007, Claudio Núñez y Lucas Mendoza fueron salvajemente agredidos en prisión. La CIDH debería expedirse en un plazo de tres a seis meses.
-¿Se han elevado otros casos a la Corte Suprema posteriores a estos?

-La Corte Suprema menemista ni trató estos casos y quedaron firmes. En 2005 la Corte actual trató el caso Maldonado donde dice que se deberá evitar la prisión perpetua y aplicar la misma pena que a un adulto, pero lo que no dice es que estas penas son inconstitucionales. Creemos que la Corte en materia de niñez fue conservadora. En el caso de estos cinco chicos, llevan 15 años presos. El peor proyecto de ley penal en el país preveía una pena máxima de 12 años. El Senado dio media sanción a un proyecto que contempla 7 años de prisión a los menores… Ellos llevan 15. La peor ley es que no existe una. Como colectivo (www.colectivoinfancia.org.ar) presentamos un pedido de conmutación de pena para que recuperen en forma inmediata la libertad y en pedimos que todos adhieran a ese reclamo.

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