La mayoría de los acusados por tráfico de estupefacientes son mujeres y pibes jóvenes de barrios marginales. El caso de los chicos de un búnker de Rosario que resultaron ser víctimas de explotación laboral
Por Sebastián Ortega
Ingrid aceptó el trabajo: 4 mil dólares por viajar desde La Paz -Bolivia- hasta Buenos Aires, y luego embarcarse en un avión hacia Europa con una cápsula de cocaína en la vagina y otras 83 adheridas con una faja en el estómago. Pensaba usar ese dinero para pagar la cirugía auditiva de su hija. La detuvieron en Ezeiza y la condenaron a cuatro años y siete meses de prisión.
La historia de Ingrid forma parte del libro “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina” que escribió el abogado Alejandro Corda, de la Asociación Civil Intercambios, quien durante años entrevistó a migrantes pobres detenidas en el país. Según el estudio, aproximadamente el 70% de las mujeres que están en prisión cayeron por delitos relacionados con drogas. El 90% de ellas son extranjeras, en su mayoría de países latinoamericanos. Este número creció con los años. En 1995, las mujeres condenadas por infracción a la ley 23.737 componían el 45,7 por ciento de la población carcelaria; en 2006, de acuerdo con un informe de la Defensoría General de la Nación, en dos unidades distintas alcanzaban el 65 y el 72 por ciento (ver más en «La ley de drogas criminaliza a las mujeres«)
Los búnkers son construcciones de no más de tres metros de largo por otros tres de ancho, con paredes reforzadas de hasta 45 centímetros de espesor resistentes a las balas que pueblan los barrios marginales de la ciudad de Rosario, en una clara connivencia con el poder policial. A través de un pequeño agujero, los jóvenes entregan bochitas de cocaína y marihuana. Trabajan en turnos de hasta 48 horas sin salir de ese pequeño espacio en el que no tienen más que un tacho que cumple la función de inodoro. Son los “soldaditos”, la escala más baja del comercio de drogas.
En julio de este año, en una resolución inédita, el titular del Juzgado Federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a cuatro personas por narcotráfico y trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. Las víctimas eran dos hermanos -uno de ellos menor de edad- que lograron escapar y contaron que los encerraron en un búnker en el que los obligaban a vender marihuana y cocaína en turnos de 12, 24 y 48 horas, en un espacio de dos por dos metros sin comida, ni baño. El caso de los hermanos constituye la excepción a la regla. La mayoría de los expedientes por drogas que hay en la Justicia Federal de Rosario tienen como imputados a jóvenes de entre 16 y 24 años que trabajan en búnkers.
Al igual que muchas de las políticas en materia de seguridad de tinte represivo, la política punitiva en materia de drogas apunta a un sector claramente definido: jóvenes y mujeres de sectores marginales. “Son personas con un grado de responsabilidad muy bajo en la cadena de tráfico y absolutamente sustituibles. Y están detenidos con penas importantes. Este tipo de discursos tiende a incrementar esa desproporcionalidad”, explicó la presidenta de la Asociación Civil Intercambios, Graciela Touzé.
“Para lograr su plan, el grupo criminal se vale de los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. De allí la coincidencia entre las distintas manifestaciones del crimen organizado. El tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero encuentran un punto de confluencia en sus damnificados que son, generalmente, los más débiles”, sostiene el fiscal federal Diego Luciani. Según el funcionario judicial “el circuito que atañe a las drogas supone, en muchos casos, un medio de subsistencia para determinados sectores de la población, y tal vez una buena oportunidad de obtener ingresos para satisfacer necesidades básicas”.
