La vida y la muerte de Omar Cigarán: Crecer sin justicia

Tenía 17 años cuando lo asesinaron de un disparo en el pecho. Diego Walter Flores, el policía que gatilló, llegó a juicio en libertad. El tribunal que lo juzgó consideró que había actuado en legítima defensa y lo absolvió.  “La Justicia no me escuchó”, dijo Sandra, la madre de Omar, después del veredicto. No era la primera vez.

Por Mariana Sidoti

Fotos: Gabriela Hernández

“El Tribunal por mayoría resuelve pronunciar veredicto absolutorio para el imputado Diego Walter Flores”. La secretaria del Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 4 sólo lee la parte resolutiva de la sentencia. Son las 2 de la tarde del martes 11 de abril, la sala está llena y la palabra “absolutorio” suena como un hachazo que corta la tensión. Un silencio de tragedia se extiende por varios segundos hasta que el llanto desconsolado de Sandra Gómez, la mamá de Omar, interrumpe el letargo.

Sobre el pasillo, un cordón de oficiales penitenciarios se apretuja contra los militantes y las madres de víctimas de gatillo fácil que acompañan a la familia, del lado izquierdo de la sala. A la derecha y por primera vez, asiste público por parte del imputado: son familiares, amigos y compañeros de fuerza.

El silencio se prolonga más de lo esperado, hasta que alguien grita: “¡Asesino hijo de puta!”. Y después, mirando a los jueces: “¡Cómplices!”. Alcanza para que el presidente del Tribunal Germán Alegre se levante. Él también, hasta entonces, miraba como hipnotizado la angustia de esa mujer que durante todas las audiencias se sentó en primera fila con la cara de su hijo estampada en una remera.

El estallido de furia después de unos segundos de silencio tras la lectura de la absolución

El juez Juan Carlos Bruni lo sigue. Se retiran por la sala de atrás. Lo mismo harán Flores y sus abogados segundos más tarde. Una breve indignación se sobrepone a la sorpresa. “¡Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar!”, cantan algunos militantes mientras Sandra se abraza como puede a quienes sea que tenga cerca.

La salida es torpe, resignada; el dolor pesa en el ambiente y la prensa permanece lejos de la familia mientras cruza las rejas del Fuero Penal platense. “No sé si voy a poder ser la misma que antes”, se anima a decir Sandra en la puerta. Ella esperaba otra cosa. Milton Cigarán, su  marido y padre de Omar, no. “Si la justicia no existió antes de que lo mataran, no iba a existir ahora”, dice el hombre con una expresión cansina. “Que el policía se vaya preso a mí no me hacía nada, porque el daño ya está hecho. Pero hubiese ayudado por otros pibes, futuras víctimas, que es por lo que peleamos”.

María del Carmen Verdú, histórica militante de la Correpi y una de las abogadas que patrocinó a la familia Cigarán, afirma: “Lo que hicieron los jueces fue una vez más creer la versión del policía y negar la realidad, negar la contundencia de las pruebas. Naturalmente vamos a ir a Casación; eso no garantiza nada pero vamos a seguir denunciando en las calles que a Omar Cigarán lo mató la policía”. La dispersión posterior al veredicto dura poco. Con un par de gritos y las banderas al aire, la militancia se convoca en calle 57 entre 7 y 8 para repudiar la decisión judicial. Un par de horas más tarde, el policía Flores sale de Tribunales escoltado por sus abogados en un camión del Grupo Apoyo Departamental (GAD).

***
Otro allanamiento. Buscaban motos y armas de fuego. Recién pasaban las 7 de la tarde del 14 de febrero de 2013, y lo primero que vio Sandra cuando abrió la puerta fue una itaka apuntando a su cabeza. Llevaba a upa a su hijo más chico, Mateo, y a regañadientes dejó entrar a los efectivos de la comisaría Segunda. Ellos revisaron todo: las habitaciones, el baño, el patio; destrozaron un ropero de cuatro puertas en la búsqueda y, como siempre, no encontraron nada.

-Vos no podés estar acá, tenés restricción.

Eso fue lo único que atinó a decir Sandra mientras miraba fijo al teniente Leonardo Chavarrito. El hombre –en realidad, toda la seccional– era objeto de un hábeas corpus que la defensora penal juvenil de Omar había presentado en la Justicia porque lo hostigaban continuamente. La fuerza no podía tocarlo a menos que tuviera elementos suficientes. Esa vez, parece, los tenían. Cinco denuncias por robo apuntaban a Omar como principal sospechoso y la fiscal Ana María Medina había ordenado un allanamiento.

Chavarrito se fue de la casa Cigarán sin emitir palabra. El resto siguió haciendo. Recién a las 11 de la noche salió el último policía dejando atrás una estela de adornos tirados en el piso, sillas por cualquier lado y la expresión horrorizada de Mateo, que por entonces sabía poco pero a la vez entendía todo.

-Si al guacho no lo entregás a la comisaría, mañana lo tenés muerto.

Eso dice Sandra que le gritó el policía, uno al que nunca pudo identificar pero que sin dudas confirma una de sus únicas certezas: a Omar lo tenían de punto y no iban a descansar hasta matarlo.

La persecución policial no era nueva en el barrio Hipódromo. Sobre todo en esa cuadra, 40 entre 119 y 120, donde la muerte de Ezequiel “el Alfa” Heredia a manos de “un azul” sentaba el precedente de una enemistad casi inevitable entre la policía y los pibes de la zona. En septiembre de 2012 Omar salió en libertad del penal juvenil Nuevo Dique, donde pasó nueve meses acusado de dispararle en el brazo a una víctima de robo.

Volvió a su casa como dividido en dos: una parte de él buscaba rescatarse, terminar la escuela, tener un hijo con su novia y nunca más volver al encierro. La otra estaba resignada, consciente de que haber cumplido su pena no le garantizaba un mundo mejor allá afuera. También volvió desintoxicado a la fuerza.

Milton Cigarán, el papá de Omar

Omar decidió retomar los estudios –había dejado en cuarto grado de la primaria– y empezar a trabajar con Milton en la construcción. Pero la tranquilidad duró apenas un mes: el 1º de octubre ya estaba radicando con su defensora el hábeas corpus que, suponía, lo protegería de abusos y maltratos por parte de la comisaría Segunda.

Según denunciaron sus padres, Chavarrito solía esperarlo a la salida del colegio para amedrentarlo, sacarle lo que tuviese y golpearlo. “A vos guacho hijo de puta, cuando te agarre solo te mato”, le habría dicho esa última vez, cuando decidieron tomar medidas en la Justicia. El teniente lo había llevado a la comisaría para averiguar su identidad, algo que nadie desconocía en esa dependencia.

“Que te quede claro, viejita: yo voy a ser chorro para mí, no para la cana”, cuenta Sandra que le dijo cuando volvieron del juzgado. Ella nunca lo apañaba en sus robos y trataba de mantenerlo lejos de sus hermanos –Jonathan, Gabriel, Mailén y Mateo– cuando llegaba a  casa con regalos de origen dudoso. Sandra prefería vivir con el destino que le había tocado antes que arrebatar otro por la fuerza y sufrir las consecuencias. Para Omar no era lo mismo: las consecuencias eran parte de su vida cotidiana desde que tenía 9 años.

Porque él era un pibe de la calle. A los 8 escapó por primera vez de su casa y Milton tardó 15 días en encontrarlo en un hogar del barrio 25 de Mayo. Fue el inicio de un recorrido tortuoso y sin muchas victorias por juzgados, hogares, centros de adicciones y la calle, siempre la calle. Los estudios dejaron de ser prioridad cuando en 2005 lo echaron de la escuela por pelearse con un compañero. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a juntarse con un grupo de pibes que deambulaba por el centro de La Plata. Los conoció en el cyber, pidiendo monedas o algún resto de comida, caminando entre la gente impasible. Eran pibes pobres, nacidos y criados en barrios de la periferia, con madres golpeadas, padres presos y la certeza de que una vida mejor sería inalcanzable.

Sus historias se repiten: al principio salían sólo a callejear; después, cuando la calle los curtió, hicieron de la urgencia un hogar. Un día los echaron de la facultad de Humanidades, donde dormían apretujados entre colchas y cartones. Se mudaron a la glorieta de Plaza San Martín; ninguno con más de 13 años, casi todos involucrados con el poxiran. Por un robo quedaron marcados: quisieron arrebatarle a una pareja tirándole una manta encima y en pocas semanas, los medios y la policía ya los habían bautizado como La Banda de la Frazada.

***

-¡Alto, policía!

Flores empuña su arma reglamentaria. Está uniformado, con la mitad del cuerpo afuera de su Ford Escort bordó, apuntando directo contra Omar. Inmediatamente después del grito, dispara. Mucha gente alrededor escucha la detonación, pero nadie logra ver el momento preciso. Horas más tarde, declarando en Fiscalía, Flores dirá que fue legítima defensa y que su víctima no dejaba de apuntarlo.

Son las 2 de la tarde del viernes 15 de febrero del 2013. Omar y un amigo corren por diagonal 115 hasta 122 siguiendo una moderna Yamaha negra. La calle está llena de autos amontonados detrás de un semáforo que pareciera no llegar al verde jamás. Leandro Martín Junquera –ex policía, empleado del Ministerio de Seguridad y dueño de la moto– siente cómo lo agarran del cuello y le ponen algo frío en la garganta. Le dicen: “Dame la moto o te mato” y “corré porque te tiro”. Por eso se baja y empieza a alejarse del lugar. Escucha el grito de alto, también el disparo, pero sigue sin darse vuelta. Recién gira al oír un ruido como de choque: es su propia moto cayéndose contra el auto de Flores. Omar acaba de recibir el impacto y ya no puede manejarla.

Diego Walter Flores, el policía que mató a Omar Cigarán y fue absuelto

Varios testigos lo ven a él y a su cómplice correr hacia 122. Ambos están en cuero. Se encuentran a la altura de la panadería Santa Rosa, cruzan miradas y vuelven a separarse. Uno escapa por calle 43; el otro regresa trastabillando, se toca el pecho y mira sus manos empapadas de sangre.

En pocos segundos, la bala de Flores atraviesa las costillas, el hígado, los pulmones y el corazón de Omar. Cae sobre el asfalto, al lado de una boca de tormenta, en la esquina de diagonal 115. El policía camina hacia él, todavía con el arma en la mano, y se queda mirándolo. Sólo cuando cruza la calle para mover su auto empieza a escuchar los aplausos.

***
-Este chico está loco. Hay que internarlo en Romero.

Así expulsaron a Omar de la Escuela Primaria N° 7. La directora fue contundente, después de todo la escuela estaba rodeada de policías. “Era como si hubiese entrado uno del ISIS”, recuerda Milton, que fue a buscar a su hijo para no regresar. Omar se había peleado con otro compañero. No respondía los llamados de maestras ni autoridades y por eso resolvieron llamar al 911. Después a los Cigarán. El establecimiento era, según Milton, de “alto riesgo” y “todos los pibes eran como Omar”: desatentos y reticentes a la autoridad.

Antes Omar había probado con la Escuela N° 37, a la que todos sus hermanos asistirían después. A él le costaba, se distraía y molestaba a sus compañeros en vez de estudiar. “Era muy eléctrico”, dice Sandra una y otra vez. A esos colegios todavía no habían llegado los gabinetes psicopedagógicos.

De todos modos, ninguno de los psicólogos o peritos que habló con Omar detectó alguna vez trastornos psiquiátricos. A lo sumo hiperactividad o déficit de atención. Pero a fines de 2005 la escuela pública se rindió. Y en su mundo no abundaban las alternativas.

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La resolución 1390 de la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia indica que los fiscales no podrán delegar en la policía la investigación de un delito cometido por la misma fuerza. En lo ideal, se trata de una medida que busca prevenir los casos de gatillo fácil, las torturas y los apremios ilegales. En lo terrenal, no dejan de ser sólo palabras: aunque la policía judicial y Gendarmería podrían actuar, en la resolución instan a que cada Fiscalía disponga los mecanismos necesarios para garantizar una instrucción “independiente”.

La investigación de la muerte de Omar, al menos hasta un punto, estuvo a cargo de la comisaría Segunda. Sus efectivos perimetraron la zona, encintaron sus manos, labraron las actas y hasta levantaron muestras para el dermotest. Una vez en el lugar, la fiscal de turno Ana Medina solicitó la presencia de peritos judiciales; pero según consta en el expediente el director de la Asesoría Pericial contestó que los especialistas “no concurrían al lugar de los hechos”, aunque sí harían la autopsia por estar involucrado un funcionario policial.

Así, Medina dispuso el traslado del cuerpo de Omar a la morgue policial. El lugar debía funcionar meramente como depósito hasta que la morgue judicial pudiera realizar la autopsia, recién a las 17. Pero algo la retrasó: una vez en la sala, dentro de los calzoncillos de Omar y en lo que el médico forense Marcelo Menzulo describió como un “hallazgo inevitable”, apareció un revólver plateado calibre 22 con la numeración borrada.

A la fiscal le alcanzó un año de instrucción para terminar pidiendo el sobreseimiento del policía por considerar que actuó en legítima defensa. Durante todo ese tiempo Sandra transformó en fuerza su dolor, consiguió ayuda y apoyo donde antes no había nada y arremetió contra la decisión de cerrar la causa. Un abogado de la Asociación Miguel Bru patrocinó a la familia y consiguió, aún después de que el Ministerio Público decidiera no acusar, elevar la causa a juicio como particular damnificado.

En sus fundamentos, el juez de Garantías Fernando Mateos consideró: que no era posible sostener rotundamente que Omar portaba un arma cuando intentó robarse la moto, ni que apuntara con ella  a Flores; que el hallazgo del arma entre sus genitales aparecía “rodeado de un halo de dudas” que merecían ser despejadas en un debate oral; y que resultaba “al menos peculiar” que después de haber recibido un disparo en el pecho –y que rozara su mano izquierda– Omar haya podido sostener y luego guardar el arma dentro de sus calzoncillos, entre otras cuestiones. Por primera vez en mucho tiempo, la familia de Omar ganaba una batalla contra el sistema.

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En marzo de 2008, un equipo de Niñez y Adolescencia municipal creó el programa “Hacete amigo”, destinado a pibes en situación de calle. Consistía en tres etapas: la primera era acercarse y conocer a los chicos que vivían o transitaban las calles del centro platense, generar un vínculo de confianza. Así comenzaron un taller de construcción de juguetes, otro de deportes y un cierre de reflexión.

Venían trabajando bien hasta que plantearon al gobierno comunal las otras dos etapas que tenían en mente. “Vení a dormir” sería un establecimiento con camas y cocina que sólo funcionaría de paso, ya que todavía no existían los paradores juveniles en La Plata. “Micrito solidario” era la gran apuesta: la Municipalidad debía ceder un predio donde los pibes tuvieran un espacio de recreación lejos del centro. Por cuestiones meramente políticas y de presupuesto, el programa sólo llegó a cumplir la primera de las etapas. A Omar le gustaba dibujar y construir, y su camión de madera fue uno de los más prolijos.

En julio de 2008, con el programa ya disuelto, una patota de policías de civil quiso limpiar la plaza San Martín. Corrieron a los pibes uno a uno, con cadenas, bastones y hasta armas de fuego. “Así van a aprender”, les advirtieron. Después del episodio, la Municipalidad delegó el problema: Omar terminó en el hogar Los Grillitos, un semiabierto de Villa Elisa donde nunca antes habían trabajado con pibes en situación de calle.

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Lunes 20 de marzo de 2017. La mirada atenta de los jueces Julio Germán Alegre, Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni da inicio a los lineamientos. Los abogados María del Carmen Verdú, Sofía Ballesteros y Pedro Auzmendi están acusando a Flores en un juicio sin fiscal: intentarán demostrar que fue un caso de gatillo fácil.

Los jueces Emir Caputo Tártara, Julio Germán Alegre y Juan Carlos Bruni

La defensa del policía está en manos de Fernando Pedersoli y Alejandro Fernández, abogados del Ministerio de Seguridad. Los letrados repiten una y otra vez que Flores no tiene antecedentes ni trabaja en La Plata; su objetivo es demostrar que el sargento cometió un homicidio “justificado” y los militantes resoplan indignados cuando escuchan el argumento: “Omar Cigarán no era un obrero o un trabajador, era un joven delincuente que realizó un robo a mano armada”.

Todas las audiencias transcurren con Flores en la sala. El hombre no habla pero tampoco quiere irse. Ni siquiera cruza miradas con sus abogados: se queda sentado masticando chicle o mirando hacia el techo con cara de circunstancia. El primer día declaran Milton y Sandra, que logra sostener la mirada fija en el Tribunal cada vez que responde las preguntas de las partes, sin distraerse con la presencia del imputado.

Los padres de Omar hablan de persecuciones, pedidos de internación a la Justicia que nunca consiguieron, tratamientos ambulatorios a los que su hijo se sometía para después quedar boyando entre fármacos legales e  ilegales. Hablan de amenazas posteriores a su muerte –tanto Milton como Mailén sufrieron sendos “mensajes” intimidatorios– y del allanamiento, ese último allanamiento en el que los policías habían mostrado la hilacha, sus intenciones de volar a Omar de la escena. También hablan de una reunión vecinal ocurrida pocas semanas antes del homicidio donde los vecinos, hartos de sufrir inseguridad, habrían pedido su cabeza.

Las intervenciones de la defensa van siempre en la misma dirección. Preguntan: “¿Su hijo trabajaba en ese momento?”, “¿estudiaba?”, “¿le consta que cometiera ilícitos?”, “¿tenía problemas con las drogas?”, “¿qué drogas consumía?”. El Tribunal intercede varias veces, pero los abogados tienen una meta que no piensan abandonar. Quieren desgastar a los testigos y “crear concepto”, o sea, dejar en claro a los jueces que Omar era un pibe chorro con todas las letras.

Junquera, el dueño de la moto, también declaró en el juicio y aseguró haber visto un arma, algo que no había mencionado cuando testificó en la UFI N° 1. En ese entonces había visto “algo plateado”, pero frente al Tribunal aseguró: “Me puso un revólver plateado que tenía tambor”. Otra testigo presencial, Susana B. Palacios, también revirtió su declaración de aquel entonces para afirmar que Omar indudablemente portaba un arma. Ningún testigo de la Científica pudo constatar la presencia del revólver.

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Omar está tirado en el paredón del hospital Gutiérrez con las manos llenas de sangre. Antes de cortarse para drenar la cocaína logró dar con el teléfono de uno de los operadores de Los Grillitos, el único lugar en el que logró vivir sin tener ganas de escaparse. El egreso, demasiado abrupto, lo puso de frente con el mismo barrio de siempre, con la misma junta y los mismos problemas que había creído dejar atrás durante un año y medio de niñez recuperada. La chance de algo nuevo, otra vez, se apagaba en un horizonte oscuro.

-Quiero ir a un penal, llevame a un penal- le repite al operador. Quizás se acuerde de Julián Müller, el Pimienta, otro de “La Banda de la Frazada” que mató por accidente a un nene florista y quedó preso muchos años, sin poder consumir.

Ahora, en la esquina del Gutiérrez no hay operadores ni Estado tutelar. No existen seguimientos o rutinas de preegreso. Para un pibe como Omar, de 14 años, recién salido de un hogar y con problemas de adicción, la única esperanza es terminar en la cárcel.

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“Cuando el Código Penal define el delito de homicidio, dice ‘el que matare a otro’. No dice ‘el que matare a un ciudadano probo sin antecedentes y con medalla de honor en el secundario’. El que matare a otro es el que matare a otro ser humano, a otra persona. Mal que le pese a la defensa, a la policía y al aparato estatal en su conjunto, Omar era una persona”, dijo Verdú antes de entrar a leer sus alegatos. Para la Justicia no fue suficiente.

La abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, intenta contener a la mamá de Omar tras la sentencia

Germán Alegre, el único juez que votó en contra del sobreseimiento, escribió en el fallo que la situación inicial del hecho era la de “un funcionario público efectuando con su arma reglamentaria y a corta distancia, un disparo en dirección al pecho de una persona que jurídicamente reviste el status de niño”.

Para él –al igual que para sus colegas Caputo Tártara y Bruni–quedó legalmente comprobado que Omar estaba cometiendo un robo y que portaba un arma. Pero hizo un llamado de atención: si Flores efectivamente disparó desde dentro de su auto y vio correr a su víctima unos metros para después regresar sin nada en las manos, estaba implícito que en algún momento Omar debió guardarse el arma entre los pantalones. Más aun teniendo en cuenta la aparición del revólver en la morgue.

“Aparece en principio como improbable que una persona que acaba de recibir un disparo que le perforó ambos ventrículos del corazón, pulmones e hígado y que le produjo una lesión que dejó expuestos los tendones y músculos de la propia mano en que empuñaba el arma tenga la fuerza, destreza y lucidez para tomar la resolución de ocultar el arma en su ropa interior. Además, ¿con qué propósito lo haría?”, se preguntó el magistrado en el escrito. Alegre postuló como “más probable” el hecho de que luego de robarse la moto, Omar haya guardado el arma para maniobrar mejor y recién después escuchado la voz de alto de Flores. Así, sin ningún arma que lo apuntara a él ni a terceros el policía no podía alegar legítima defensa. “Podría haberse analizado y discutido en el acuerdo la posibilidad de vislumbrar una hipótesis de exceso en la defensa”, dijo el juez.

Pero el resto del Tribunal no opinó igual.

Algunos dirán que son jueces amigos de la policía, otros que hicieron su trabajo a la perfección. Sólo algunos pensarán que no había ni habrá jamás elementos para saber si Flores mató a Omar por miedo o por encargo, por sentir en peligro su vida o por creer que estaba borrando del mapa a alguien al que todo el mundo quería borrar.

En casos como el de Omar Cigarán, las sentencias son parches que tapan pozos con la tierra fértil y brillante por la que todos queremos caminar. Debajo hay una historia de desamparo, de pedidos de ayuda que nadie nunca respondió. Debajo, el pozo permanece. Y quienes empezaron a cavarlo ya están muertos, son políticos, son muchos, o ya están muy, muy lejos de acá. LP.

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