La masacre de Quilmes: los candados del infierno

135-MasacreQuilmesEn 2004, cuatro jóvenes murieron quemados en un incendio en la comisaría 1ra de Quilmes. El hecho obligó a la Provincia a prohibir el alojamiento de niños y adolescentes en dependencias policiales. Once años después, la Justicia condenó a 10 policías por torturas y vejámenes. Y comprobó que los dejaron encerrados mientras se desataba el fuego. La Pulseada habló con sus padres.

Por Paula Bonomi

Producción María Soledad Vampa

Once años después del fuego, diez policías fueron condenados a penas de entre 3 y 19 años de prisión efectiva por los apremios ilegales, torturas y muerte de cuatro jóvenes adolescentes que estaban alojados en condiciones infrahumanas en la comisaría 1ra de Quilmes.

Elías Giménez, Diego Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa, de entre 15 y 17 años, murieron el 20 de octubre de 2004 cuando se incendió el calabozo en donde estaban presos. Fueron los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, acompañados por organizaciones sociales y de Derechos Humanos, los que lucharon todos estos años para vislumbrar un poco de justicia.

El 19 de octubre pasado, un día antes del 11° aniversario, el Tribunal Oral Criminal 3 de Quilmes finalizó el jucio y condenó a todos los acusados: al ex comisario a cargo Juan Pedro Soria, y a los oficiales Gustavo Altamirano, Jorge Gómez, Franco Góngora, Elizabeth Grosso, Basilio Vujovich, Fernando Pedreira, Humberto Ávila, Juan Carlos Guzmán y Hugo D’Elía.

El fuego

Esa tarde, 17 adolescentes estaba repartidos en dos calabozos ciegos, de 3 x 4 metros cada uno. Siete en uno y diez en el otro. Tras una pelea entre detenidos, los policías ingresaron, los hicieron desnudarse y los golpearon en una brutal requisa. Los amenazaron, y los chicos sabían que no mentían: ya conocían las torturas sistemáticas de aquel encierro.

Los jóvenes alojados en la comisaría estaban esperando ser trasladados a lugares adecuados para menores de edad; algunos debían ser derivados a un centro de rehabilitación para adicciones y uno estaba por error: el pedido de captura por el que estaba detenido era para un homónimo que lo doblaba en edad. Todos dormían en el suelo, varios se contagiaron sarna, ninguno recibía atención médica suficiente, y no podían salir al patio porque decían que eran peligrosos. Durante las visitas de sus familiares había custodia presente, por lo que no podían contar todo lo que allí les pasaba, cosas como, por ejemplo, que los obligaban a pelearse entre ellos mientras los efectivos apostaban por el ganador.

Esa noche pasó algo más. Los testimonios dicen que Diego Maldonado, recibió una nota que decía que su hermanita, de dos años, había muerto. Diego empezó a gritar, a patear los barrotes suplicando que lo dejaran salir, quería acompañar a su madre y despedir a su hermana. Los policías no sólo lo ignoraron sino que le negaron la posibilidad de contactar al juez en turno. Los demás detenidos se sumaron al reclamo y, sin respuestas, prendieron fuego un colchón para que lo dejaran salir. Pero, como en todos los lugares de encierro, en la comisaría no había colchones ignífugos, ni matafuegos, ni protocolo de evacuación.

Los policías, al escuchar los gritos, se acercaron pero, tal vez como lección, no abrieron inmediatamente la puerta. La luz se cortó, un humo negro inundó todo. Desesperación, ardor, ahogos. Las pericias indicaron que la temperatura dentro del calabozo ascendió a unos 1200 grados. Algunos policías comenzaron a tirar agua con baldes desde afuera de la celda hasta que “el Pastor” -el imaginaria de guardia al que apodaban así por ser evangélico- se animó a abrir ese candado al rojo vivo para sacar a los chicos. Durante la evacuación, se reiteraron los golpes. Los sobrevivientes contaron que los uniformados, desencajados, les pegaban en la cabeza, en las espaldas, sobre la piel quemada.

Diego Maldonado (16), Elías González (15), Manuel Figueroa (17) y Miguel Aranda (17) murieron por el incendio producto de las quemaduras y la intoxicación generada al aspirar humo caliente con alto contenido de cianuro.

Nombrar a Manuel

“¿Querés que cuente un poco sobre Manuel? Es duro hablar sobre él”, comienza Isabel Figueroa, la mamá de Manuel Figueroa, muerto en el incendio. Tenía 16 años y problemas de adicciones, fumaba paco desde los 15. En septiembre de 2004 una vecina, aunque lo conocía, alertó a la Policía y lo detuvieron por intentar robar una bicicleta. “Manuel estuvo yendo a un CPA (Centro de Prevención de las Adicciones) pero para él no servía; cuando volvía a casa ya estaba fumado de nuevo”, relata Isabel. Entonces “el juez le ofreció ‘internarse’ en la comisaría 1° de Quilmes porque era un lugar ‘condicionado’ para menores, hasta que hubiera cupo en un centro de rehabilitación. Se suponía que iban a ser poquitos días”. Pasaron 27 días, Manuel cumplió sus 17 años en un calabozo y el traslado nunca llegó.

Isabel supo del incendio al otro día en el Juzgado de Menores, cuando estaba reclamando el cupo para su hijo. Con los otros familiares padeció horas de desesperación e incertidumbre en la vereda de la seccional, hasta que les informaron del traslado a los hospitales. “Cuando llegué, me llevaron a verlo a terapia intensiva. No me podía arrimar, tenía un tubo al lado, un respirador, una sábana que lo tapaba entero y un policía lo estaba custodiando. Levanté la sábana para tocarlo y veo las esposas en su pie, atado a la cama. En la cama siguiente estaba el chico Moreno en las mismas condiciones, con otro policía de custodia y esposado. Mi hijo estaba en coma, no pude quedarme. Me mandaron a mi casa hasta el nuevo parte médico y no lo vi más… cuando volví a escuchar al médico Manuel había fallecido”, recuerda Isabel con lágrimas. “No lo volví a ver jamás. Lo tuvieron en la morgue judicial dos meses y me lo entregaron en un cajón cerrado, recién ahí lo pude enterrar. Mi último recuerdo con él es del día de la madre en la comisaría cuando me dijo que le habían pegado”.

“La noche que mi hijo murió fui a hablar con el comisario Soria. Cuando me recibió se rodeó de toda la patota que él tenía. Yo era una mamá sola y ¡se estaba protegiendo de mí! Me dijo: ‘quedate tranquila, mami, que ya sabemos quién prendió el fuego’ ¡A mí qué me importa quién prendió el fuego! ¡Mi hijo estaba muerto y nunca se hicieron cargo! Jamás reconocieron el maltrato, los golpes, los insultos. Dormían peor que perros. Mi hijo me lo decía y yo creo en mi hijo. Los chicos sobrevivientes cuentan que la Policía les decía cosas como ‘ustedes tendrían que haber muerto todos, porque son todos chorros’”, cuenta Isabel, que también aportó su testimonio en el juicio.

“Nunca des la espalda a la policía”

Elvia “Telvi” González es la mamá de Diego Maldonado y de otros cinco hijos. En 2004, Diego tenía 16 años y también problemas con las drogas. Fumaba paco y ella había pedido ayuda en el Juzgado de Menores. “Cuando me enteré que Diego empezó a consumir le planteé al juez que mi hijo fumaba paco, y le aclaré que lo sabía porque me robaba a mí”, dice. La historia se repite: un funcionario judicial lo mandó a la comisaría 1ra a esperar un cupo para un centro de rehabilitación.

Hacía poco la policía bonaerense había asesinado a Víctor Balza en Quilmes, y Telvi sabía de ese caso de gatillo fácil: “Yo le pedí a mis hijos que en ningún momento le dieran la espalda a la Policía”, recuerda. “A los días de esa charla lo agarraron a Diego por doble A (averiguación de antecedentes). Me llamaron del juzgado y Diego pidió que le consiguieran un lugar piola para tratarse, dijo que quería dejar el paco por su mamá y por la abuela. Quedó detenido en la 1ra de Quilmes. Estuvo 20 días antes de morir”.

Los sobrevivientes declararon en el juicio que Diego aquella noche recibió una nota y se puso muy mal. Lloraba mucho y pedía llamar a un juez. “Yo no sé qué recibió él, qué leyó, porque nunca se encontró la maldita carta”, explica Telvi y lamenta: “Si él me hubiera contado lo que pasaba ahí dentro, yo iba, les decía ‘me lo llevo’. Las peleas de los calabozos no me las contó, yo sé por los chicos que sobrevivieron. Ellos me contaron, incluso uno me pidió disculpas hace 10 años porque a él lo obligaron a pelear contra Diego”.

La mañana siguiente al incendio, Telvi estaba en la comisaría. Luego de varias horas la llevaron a la oficina del subcomisario. “Me recibió Vujovich. Comenzó a decir ‘lamentablemente…’ y no lo dejé terminar. Grité: ‘¡Lamentablemente nada! Decime, ¿qué pasó con Diego Maldonado?’ y le tiré un manotazo. ‘¡No puede ser, vos me dijiste, con el otro infeliz -el secretario del juzgado- que lo iban a cuidar, que iban a preservarle la vida. Ahora me están entregando a mi hijo en un cajón!’”.

Diego murió en un móvil policial en el trayecto al hospital de Quilmes, esposado junto a un compañero.

Varios años después de su muerte, la familia de Telvi se mudó de Villa Itatí: al lado de su casa una mujer con sus hijos vendían paco. “No pude tolerarlo, tenía miedo de que me mataran a otro de mis hijos”, dice Telvi.

Miguel, preso por las dudas

Miguel Aranda tenía 17 años y era el menor de nueve hermanos. La Policía lo tenía marcado: había pasado por un instituto y registraba algunas caídas en comisarías. Ocho meses antes del incendio oficiales realizaron un allanamiento violento, de madrugada, en su casa. Acusaron a Miguel de participar en un secuestro y, bajo orden judicial, lo encerraron “preventivamente”.

“Nosotros vivíamos en Berazategui, mi marido fue concejal. Estuvimos bien hasta que falleció, Miguel tenía 6 años. Yo me quedé sola con ellos, fue muy difícil. A los 14 Miguel se puso muy rebelde. No sé qué le pasó, todos mis hijos son buena gente, de trabajo, pero él se desbarrancó”, relata Tomasa Nuñez, la mamá.

Durante el encierro Tomasa lo visitaba a Miguel con la mamá de su hijito, que en ese momento tenía dos años. “Ahora tiene 13, casi la edad de su papá. La última vez que lo vimos a Miguel fue el día de la madre. A mí no me contaba nada, pero a las hermanas sí, les dijo que lo maltrataban, que le habían pegado”, recuerda.

El 20 de octubre, el adolescente padeció torturas antes y después del fuego, cuando sufrió graves quemaduras. Estuvo 17 días en coma, “muy mal, quemado, inconsciente. No podía hacer nada pero lo tenían custodiado con un policía y esposado a los pies de su cama. Yo pedía que lo saquen, pero no lo hacían. Armaron un listado de la gente que podía entrar a verlo. Íbamos y veníamos todos los días, ¿sabés lo que es eso?”, recuerda Tomasa.

Cuatro días antes de que una hemorragia masiva apagara sus días, Miguel despertó y llegó a pedirle a su mamá que no diga nada de la Policía. “Creo que tenía miedo de que me pase algo a mí”, reflexiona ella. “A mí no me interesa el dinero, ninguna indemnización. Lo único que quiero es que esos tipos no estén más en una comisaría, que los saquen de sus trabajos, que les den un castigo. Tuvo que pasar esta desgracia para que exista esta ley que prohíbe que los menores estén alojados en comisarías”, dice Tomasa (ver recuadro).

Elías, el otro

El 18 de enero de 2004 la policía de Quilmes confundió a Elías Giménez, de 15 años, con un homónimo. Buscaban a un hombre de alrededor de 30 años que tenía una causa pendiente desde 1999. Por eso, detuvieron a este niño por averiguación de antecedentes. Tres días después, Elías murió como consecuencia del incendio. En ese lapso nadie cotejó el número de su documento. Nadie escuchó a su madre decir que Elías en aquel entonces tenía menos de 10 años. No hubo forma de aclarar la confusión en la comisaría ni en el juzgado. Elías dejó de soñar.

Pelagio Giménez trabaja en la construcción y es el papá de Elías y de cinco jóvenes más. “Realmente nunca pude darme una explicación de lo que le pasó, por qué estuvo detenido. Lo único que puedo explicarme es que lo agarraron porque tenían que hacer número en la comisaría, agarrar alguno para ponerle una causa”, reflexiona, once años después. Pelagio se indigna: “A Elías lo detuvieron por confusión, pero había un montón de chicos detenidos. Algunos por drogas, otros por hurto, hayan hecho lo que hayan hecho nada justifica que les peguen, los maltraten. Esa fue la ayuda que les dieron a los chicos: los terminaron entregando a sus madres en una bolsa”.

El papá cuenta que después del incendio nunca se acercó nadie de la comisaria ni del juzgado a hablarles. Nunca recibieron información oficial acerca de lo que había pasado, ni contención psicológica o económica. “Sobre la gente humilde hay un total ensañamiento por parte de la sociedad y de la Policía. Si vivís en la villa, sos villero. Si sos morocho, un negro de mierda, un chorro. La Policía se abusa todo el tiempo siendo de la misma clase de la gente que detiene”, analiza, y agrega más datos a esa realidad invisibilizada por el Estado: “Nuestra familia se desarmó luego de todo lo que pasó. Con la madre de Elías nos separamos, cada uno hizo lo que pudo, por suerte nos llevamos bien y seguimos peleando por justicia. Uno no puede, cuesta mucho volver a armar la vida. Hasta el día de hoy voy al cementerio, lo visito a Elías y hablo con él… lloro, no puedo parar nunca de llorar. Yo me vengo preparando para este momento hace mucho tiempo pero el dolor de la ausencia de mi hijo no me lo repara nada”.

 

Un fiscal bajo sospecha

El fiscal de instrucción Andrés Nieva Woodgate quedó en el centro de la sospecha por su actuación en la causa. El Tribunal de Quilmes que condenó a los policías lo mandó a investigar. Es que, según los querellantes, la actuación del funcionario fue “justificatoria de la masacre” ya que trabajó con “la teoría de los dos demonios”.

Según el abogado de la Liga por los Derechos del Hombre, Rodolfo Yanzón, para Nieva Woodgate “el comisario Soria pidió matafuegos y sistema contra incendio pero el Ministerio de Seguridad no respondió con la celeridad necesaria. De esta manera, el dictamen hizo recaer la culpa en los chicos por el motín”.

Repetir la historia

Cuando se produjo el incendio, había 12 mil chicos alojados en institutos de menores y más de 300 detenidos en comisarías, por falta de otros espacios para alojarlos. Tras la Masacre de Quilmes, y mediante la resolución 1623/04, el entonces ministro de Seguridad, León Arslanián, dispuso prohibir “el alojamiento de menores en dependencias policiales, instruyéndose a los titulares de las mismas para el cumplimiento estricto” de la normativa.

La masacre de Quilmes se erigió como caso testigo de una época. La muerte de los cuatro jóvenes evidenció la inexistencia de dispositivos de protección y promoción de derechos de los detenidos en las comisarías. El fallo Verbitsky, en abril de 2005, puso límites al hacinamiento, el maltrato y la violencia en las comisarías. Sin embargo, diez años después, la Emergencia de Seguridad dictada por el gobierno provincial implicó la reapertura de muchos de esos calabozos.

Las condenas

El tribunal integrado por Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato dictó las siguientes condenas:

-19 años de prisión para Fernando Pedreira por los delitos de apremios ilegales en concurso real con tortura;

-10 años para el comisario Juan Pedro Soria por estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar torturas;

-10 años para Hugo D’Elía y 9 años para Juan Carlos Guzmán por apremios ilegales en concurso real con torturas;

-Entre 3 y 4 años de prisión para Basilio Vujovic, Elizabeth Grosso, Franco Góngora, Daniel Altamarino, Jorge Gómez y Gustavo Ávila, por apremios ilegales.

Días después del veredicto, cuatro de los condenados fueron beneficiados con un arresto domiciliario, dispuesto por la Cámara Penal de Quilmes.

Aprender a celebrar la lucha

Por Tobías Corro Molas*.

La tarde del 21 de octubre de 2004 volvía de Villa Itatí cuando me dicen “¿sabías lo de Telvi? Su hijo murió en la comisaría por un incendio”. Conmovidos por la noticia fuimos a su casa. Así llegué a la familia de la primera víctima.

Era de noche y no conocía bien aquel barrio, sólo tenía un teléfono. Llegué a la casa de Isabel, mamá de Manuel Figueroa. No sabía qué decirle a una madre arrasada por la muerte de su hijo. “Te vengo a proponer que nos juntemos con otra mamá”, le comenté.

A los tres días fuimos al juzgado. Allí conocimos a Pelagio, papá de Elías Giménez. En medio de una reunión con la Asesora de Menores, sonó su celular y Pelagio dijo: “Me voy, mi hijo está grave”. Todos nos levantamos. En el camino avisaron que Elías había fallecido, era la tercera víctima fatal. Estábamos atónitos, sin poder despertar de la pesadilla de las muertes sucesivas.

Fuimos a ver a Tomasa, mamá de Miguel Aranda, la cuarta víctima. “No nos dejan ver a Miguel, nos controlan y requisan todo”. La violencia policial no tenía límites. Miguel estuvo 20 días internado hasta fallecer el 11 de noviembre. Asistimos a los cuatro velatorios. Ese es el recuerdo más violento y triste de la causa. Familias desgarradas, juventud violentada, impunidad reinante.

Del otro lado, ellos. El comisario Soria con sus declaraciones públicas culpando a los pibes por el incendio, por las muertes. Él y los otros imputados siempre se creyeron héroes porque “salvaron las vidas” que pudieron. El fiscal Nieva Woodgate nos dijo, lapidariamente: “Hay golpes que a veces son bien dados”. Cintia Castro, nuestra primera abogada, replicó que eso era tortura. Nievas respondió: “No voy a mandar detenciones porque no le quiero arruinar la vida a ningún policía”.

Seguimos pidiendo audiencias, aprendimos que la organización debía ser democrática y respetuosa de los silencios de cada familiar. Las primeras marchas fueron numerosas pero las fuerzas disminuyeron. Conocimos a otras organizaciones, tomamos sus consejos y empezamos a participar de causas compartidas. Cuando aparecían caras de políticos, les exigimos que actúen antes de sacarse la foto. La Policía seguía nuestros pasos y nos lo hacía saber. Los familaires eran demorados.

Hubo batallas difíciles: el ascenso del comisario Soria en 2006. Reclamamos al Ministerio de Seguridad y lo quitaron. La sanción y expulsión de los policías no fue fácil pero se logró luego de tres años de insistencia y reuniones con Asuntos Internos. Las lágrimas se mezclaron con la emoción cuando el Auditor nos dijo “el Comisario Soria está fuera de la Policía”. También logramos que el imputado Pedreira sea echado de la Policía Metropolitana, donde había sido incorporado.

Volvimos a Quilmes. Allí estaba la causa penal. Pasaron cuatro largos años hasta que el fiscal elevó la causa a juicio oral. Luego llovieron las nulidades de la defensa que produjeron más demoras. Pasaron otros seis años.

En agosto de este año, nos presentamos ante el fiscal de Juicio, el Dr. Pelayo. Intercambiamos datos y ayudamos a encontrar a los testigos. Logramos dar con tres que eran claves.

Soportamos el primer día. Llegaron caminando, vimos sus rostros indiferentes y sonrientes. Escuchamos con atención a los sobrevivientes y nos conmovimos con sus relatos. Sabíamos que la verdad estaba saliendo a la luz.

Llegó el día de la sentencia. No esperábamos demasiado, nos preparábamos para otro revés. Pero para nuestro alivio, fueron todos condenados y detenidos. Aprendimos algo que nunca habíamos ensayado: a celebrar la lucha y los logros. Nos queda aún algo por aprender: comunicar esta lucha contra la impunidad. Pues hoy sentimos que la Masacre de Quilmes no ha quedado impune.

*Ex párroco salesiano de Don Bosco, militante social.

 

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2 Comments

  1. Nombre (obligatorio)Gustavo Avila

    las publicaciones no revelan toda la verdad, la justicia de menores encontrandose involucrada en los hechos que devinieron en la muerte de 4 menores, articularon una investigacion paralela y coordinada entre el juez Entio y el fiscal Nievas Woodgate, para que los responsabilidad por el hecho recayera en la policia. Le vendieron muy bien la mentira a los familiares de las victimas que apoyados por abogados de organismos de derechos humanos que vieron la oportunidad para reclamar indemnizaciones a posteriori. En conclusion todos salieron ganando, menos los familiares y la policia.

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  2. Pingback: Violencia institucional – Violencia policial |

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